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Futuro de la reforma a la luz de los resultados presidenciales y parlamentarios.
CÓDIGO DE AGUAS: LAS DEFINICIONES QUE VIENEN PASADAS LAS ELECCIONES
21-11-2017 - 11:48:16

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La batalla entre la visión más neoliberal y la que ve el agua
como un bien común debiera reiniciarse tras las elecciones de este fin
de semana.

Las elecciones de este domingo, que ya definieron una segunda vuelta
presidencial para el 17 de diciembre y que despejó el Congreso que
asumirá el 11 de marzo de 2018, debieran incidir con fuerza en la
tramitación de los principales proyectos de ley que hoy se tramitan en
el Congreso. En especial, en aquellos donde el abanderado de la derecha
Sebastián Piñera ha expresado claramente su cuestionamiento o,
abiertamente, rechazo.

Para las organizaciones socioambientales del país, el foco está puesto
en un tema en particular: la reforma al Código de Aguas. La normativa
se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado,
específicamente en la Comisión de Agricultura luego de haber sido
despachada por la de Recursos Hídricos en agosto de este año.

PIÑERA ha sido claro en su programa de gobierno, donde propone
“_restablecer la certeza jurídica [1]_” a la propiedad de derechos
de agua, lo cual en la práctica significa revertir uno de los puntales
de la modificación en curso, que es ir avanzando en la
desprivatización de un bien común fundamental para salud y la
subsistencia tanto de las personas como de los ecosistemas. ALEJANDRO
GUILLIER, en tanto, ha planteado su apoyo a la reforma, la cual se
dirige a que el Estado pueda garantizar el derecho humano al agua, la
preservación de los ecosistemas y las condiciones de interés público
sobre los derechos otorgados por la autoridad. La propuesta de BEATRIZ
SÁNCHEZ fue, a su vez, impulsar una nacionalización progresiva del
agua, “_definiéndose como un bien común, derecho humano y derecho
social garantizado por el Estado, que debe ser recuperado_”.

Debido al sistema presidencialista chileno, quien asuma el Poder
Ejecutivo luego de la segunda vuelta será determinante en la futura
institucionalidad hídrica, en caso de no ser aprobado el proyecto
durante la actual administración. Por ello, aunque los primeros
análisis apuntan a un Congreso Nacional más progresista [2], desde la
socieda civil consideran urgente aprobar la reforma al Código antes del
11 de marzo de 2018.

Actualmente la Comisión de Agricultura, donde debiera ya a comenzar a
votarse la reforma, es encabezada por José García (RN, reelecto por
Araucanía Sur), e integrada además por Manuel Antonio Matta (DC, Maule
Sur que por asumir un cupo en la Cámara de Diputados será reemplazado
por su correligionaria Ximena Rincon), Felipe Harboe (PPD, Bío Bío
Cordillera), Víctor Pérez (UDI, Bío Bío Cordillera) y Rabindranath
Quinteros (PS, Los Lagos). Todos representantes de regiones del sur
donde la Sociedad Nacional de Agricultura, uno de los principales
gremios opositores a la iniciativa, tiene amplia influencia.

ESTADO DEL ARTE

Hoy depende del gobierno, mediante la figura legislativa de la
“_urgencia_”, la reactivacion de la tramitación de la reforma al
Código de Aguas que se encuentra “_congelada [3]_” en la Comisión
de Agricultura, acorde a lo que comprometiera el ministro del ramo
Carlos Furche, en el sentido de no apurar la tramitación antes de las
elecciones.

Dar “_urgencia_” o “_suma urgencia_” al proyecto sería
coherente no solo con el programa de Michelle Bachelet sino tambien con
lo comprometido por el programa de Guillier, y cercano a los
planteamientos de Sánchez y los otros candidatos a su izquierda del
periodista. Este será parte del debate si el abanderado de la Nueva
Mayoría aspira a superar a Piñera en segunda vuelta. Es muy probable
que el candidato de Chile Vamos durante el período que se inicia
insista en la visión productivista sobre el agua, reafirmando el
derecho de propiedad perpetuo y la mercantilización de los recursos
hídricos, algo que no necesariamente es seductor para cierta Democracia
Cristiana que cree en la función social de la propiedad y cuyos votos,
concentrados en Carolina Goic, Piñera necesita.

La Comisión de Recursos Hídricos del Senado ya hizo algunos cambios a
lo aprobado por la Cámara, como precisar en el artículo 5º lo que se
entiende por uso del agua para interés público, además de la
preeminencia del consumo humano, el saneamiento y la preservación
ecosistémica. También se incluyen las funciones productivas,
definiéndose como “_aquellas destinadas a promover un equilibrio
entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas_”.

Asimismo, aprobó un beneficio para los servicios sanitarios rurales,
permitiéndoles extraer hasta 12 litros por segundo mientras tramitan su
autorización definitiva, además de agregar un artículo para la
recarga artificial de los acuíferos, considerando en la extracción
posterior las pérdidas propias del proceso, la sustentabilidad de la
fuente y los derechos de terceros.

En términos de caudal ecológico, se mantuvo su imperativo para los
derechos de agua hoy vigentes en las áreas declaradas bajo protección
oficial (parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región
virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, humedales de
importancia internacional), y para el caso de sitios prioritarios para
la conservación de la biodiversidad de primera prioridad.

Eliminó la comisión la renuncia obligatoria del Estado a los derechos
de agua en remate cuando el Fisco sea el único compareciente. Con
esto, se avanzará en la recuperación de caudales para usos esenciales.


Amplió el plazo de declaración de zonas de escasez hídrica por
sequía, de 6 meses a un año prorrogable, especificando modos de
operación y coordinación tendiente a cubrir en primer lugar las
funciones de subsistencia. Y en el caso de los pueblos indígenas (como
individuos o comunidades) avanzó en el reconcimiento de sus derechos
ancestrales, eximiéndolos de plazo para la regularización de sus
derechos de agua.

Uno de los aspectos en que el interés público fue derrotado en la
Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue el aumento de los plazos
para la extinción de los derechos de agua: de 4 a 5 años en el caso de
los consuntivos y de 8 a 10 años en el caso de los no consuntivos,
contabilizados desde que se incluyan por primera vez en el listado de
pago de patente por no uso. Además, el Ejecutivo logró mantener el
concepto propietarista de “_derecho de aprovechamiento_” para los
nuevos derechos de agua –que tendrán una duración máxima de 30
años-, y aunque los nuevos se otorgarán como concesiones se eliminó
la mención específica de este concepto, que fue lo aprobado por la
Cámara de Diputados.

Y aunque en la Cámara Baja se había aprobado que las mineras estén
obligadas a solicitar autorización para utilizar las aguas halladas,
los senadores cambiaron esta carga por la de solo informar sobre estas
en un plazo de 90 días, entregando antecedentes sobre su ubicación,
caudal, y cantidad de agua a usar además de justificar en qué
actividad esta sería utilizada. Asimismo las mineras deberán
garantizar que no afectarán la sustentabilidad del acuífero o los
derechos de terceros.








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