Los diputados Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Gabriel Boric.

DIPUTADOS DE CONVERGENCIA SOCIAL EXIGEN AL PRESIDENTE PIÑERA UN SISTEMA NACIONAL DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DDHH EN DEMOCRACIA

25-03-2020 - 12:18
Los diputados de Convergencia Social Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Gabriel Boric presentaron hoy un proyecto de resolución para crear un sistema nacional de reparación a las víctimas de violaciones de DDHH en manos de agentes del Estado desde el 18 de octubre a la fecha.

El proyecto de resolución solicita al presidente de la República que cree una política pública de reparación integral a los familiares y víctimas violaciones a los DDHH por agentes del Estado desde que se dio fin a la Dictadura Militar. Para esto, se insta a convocar una mesa con diversos actores sociales que puedan participar en la creación de un sistema de reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, propuestos por el Consejo Económico y Social y Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El diputado Gabriel Boric manifestó que "como parlamentarios de Convergencia Social y del Frente Amplio no olvidamos las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en Chile antes de la emergencia sanitaria, por eso presentamos este proyecto de resolución con el objetivo de que quienes han sido víctimas de estas violaciones sepan que vamos a estar acá para apoyarlos y apoyarlas, y para seguir trabajando para que se respeten sus derechos fundamentales. Y señalar de manera muy clara al gobierno y a las autoridades competentes que esto no se puede meter bajo la alfombra, pese a la emergencia sanitaria que, evidentemente, obliga a tener prioridades en torno a ella. Los derechos humanos siguen siendo fundamentales, hay gente que lo sigue pasando mal producto de lo que ha sucedido en Chile y nosotros vamos a estar ahí para defenderlos y colaborar con que se haga justicia".

A juicio del diputado por Valparaíso, Diego Ibáñez, “el Estado debe tener la voluntad de crear un sistema de reparación integral, porque sus agentes y sus instituciones han causado un daño inconmensurable a compatriotas, en su salud física, mental y en sus vidas. Eso, en un contexto de crisis social abierta por la pandemia que deteriora los estándares sanitarios, también provoca una revictimización frente a la cual el Estado no se ha hecho cargo”.

El diputado por Santiago, Gonzalo Winter, se refirió a la necesidad de crear un Sistema Nacional de Reparación, en el contexto de la crisis sanitaria actual. “Al pensar como sociedad no podemos permitirnos olvidar a quienes han quedado rezagados justamente por el actuar del Estado. Ante la situación de graves violaciones a los derechos humanos que se estaban viviendo en nuestro país, a raíz del estallido social, creemos que no podemos dejar para después la necesidad de crear un Sistema Nacional de Reparación que permita avanzar en dar una respuesta integral de parte del Estado a las víctimas y sus familias”, dijo. Y añadió: “Hay que recordar que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de gente que perdió los ojos e inclusive de gente que perdió la vida”.

Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, planteó que “es urgente avanzar en una política pública de reparación integral a las y los familiares y víctimas de dichas vulneraciones. Para eso proponemos una mesa con distintos actores sociales que puedan participar en la creación de un sistema de reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición de las graves y generalizadas violaciones a los DDHH que han ocurrido en el país”.

Se pide también que este Sistema Nacional de Reparación, entre otras cosas, se interrelacione con la red de salud pública, se oriente a dar protección a las víctimas y defensores de derechos humanos, cree los servicios que brinden atención médica, psicológica y los apoyos socioeconómicos necesarios para aminorar los efectos de la violencia en la víctima, así como la creación de una red de asesorías jurídicas especializadas que asegurar el real acceso a la justicia nacional e internacional.

Finalmente, se busca que las medidas se orienten a buscar la rehabilitación y la no repetición de la violencia estatal dada la normalización gestada en Chile de las conductas que vulneran los derechos humanos de aquellas personas que buscan manifestar el descontento ante un modelo económico, social y cultural, que por décadas no ha respondido a las necesidades básicas de la sociedad, discriminando la calidad de los bienes y servicios más elementales a los que accede cada cual según su situación económica.