Por intermedio de una declaración pública que firma Alejandro Solar Gutiérrez, Presidente Regional y Mauricio Peña y Lillo, secretario general, se señala:
“La directiva Regional de la Unión Demócrata Independiente, ante las declaraciones formuladas por la señora Alcaldesa de Porvenir, doña Sylvia Vera Pérez, en las que hace alusión directa y en términos despectivos hacia la persona del concejal de nuestro partido, don Santiago Pérez Barrientos, se hace un deber en expresar ante la opinión pública, lo siguiente:
Primero: Nos parece impropio que un Alcalde, o Alcaldesa en este caso, no acepte ser sometido(a) a fiscalización por parte de los concejales que, por la naturaleza propia de sus cargos están, entre otras obligaciones, mandatados por ley a cumplir dichas funciones.
Segundo: Dicha labor puede y debe ser realizada por los concejales durante todo su mandato, no existiendo un periodo de tiempo predeterminado para cumplir la aludida función fiscalizadora, de modo tal que en absoluto se puede colegir que estos actos tengan intencionalidad alguna para enlodar la imagen política de un determinado alcalde.
Tercero: No es efectivo que las denuncias formuladas por el concejal Santiago Pérez Barrientos hayan sido infundadas como sostiene la señora alcaldesa. Muy por el contrario, todas y cada una de ellas fueron investigadas por la Contraloría Regional de Magallanes y, para cada una se determinaron acciones sumariales y correctivas que, lamentablemente, en algunos casos se le encomendaron a la propia afectada.
Cuarto: En cuanto a la interpelación del concejal Callahan, en relación a la firma de cheques fiscales por parte de ex funcionarios no habilitados para cumplir dicha obligación, sabemos que existe un Sumario Administrativo en ejecución. Para transparentar dicho caso, hubiésemos preferido que la propia Contraloría hubiese investigado y precisado las responsabilidades, habida consideración que tanto por medios escritos, radiales como televisivos, la propia Alcaldesa asume responsabilidad en el tema.
Quinto: En cuanto al último de los casos, referido a la contratación de su yerno, nuestro partido lamenta la difícil y delicada situación en que ha quedado el referido profesional de la educación y, por cierto, los trastornos que se han generado en el seno del establecimiento donde se desempeñaba. A este respecto, nos parece legítima la defensa que, en su favor, está realizando el abogado del Colegio de Profesores.
Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, y por haberse resuelto por parte de la Contraloría poner en manos de la Fiscalía de Porvenir el referido caso, nuestro partido estima que difícilmente podríamos convenir en que dicha denuncia es falsa o carente de fundamentos y, en consecuencia, nos parece prudente dejar que sea la Justicia quien se pronuncie sobre el fondo de esta falta a la Ley de Probidad Administrativa en que habría incurrido la Alcaldesa Sylvia Vera.
Por último, como colectividad política, no podemos sino solidarizar con nuestro distinguido concejal don Santiago Pérez Barrientos que, por cumplir fielmente con su mandato, ha sido públicamente denostado al ponerse en tela de juicio tanto su intención como sus reconocidas capacidades”.

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