El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, manifestó su preocupación frente a las recientes declaraciones de autoridades del Gobierno en torno al financiamiento municipal, en el marco de la discusión sobre la eliminación de contribuciones y sus efectos en el Fondo Común Municipal (FCM). El dirigente apuntó a una aparente contradicción entre lo planteado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que no corresponde intervenir en el gasto municipal, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien vinculó el apoyo a los municipios con exigencias en materia de probidad y transparencia. Alessandri enfatizó que es necesario contar con una postura clara y coherente desde el Ejecutivo, señalando que este tipo de diferencias genera incertidumbre en un tema clave para el funcionamiento de los municipios. En ese sentido, recalcó que avanzar en estándares de transparencia es fundamental, pero debe hacerse con reglas definidas y sin ambigüedades. Asimismo, el presidente de la ACHM reiteró que el Fondo Común Municipal es un instrumento esencial de equidad territorial, ya que permite redistribuir recursos entre comunas y garantizar el funcionamiento de aquellas con menores ingresos. En esa línea, advirtió que cualquier medida que afecte este mecanismo impactaría directamente en la gestión local. Desde la asociación también insistieron en que eventuales disminuciones de ingresos municipales deben ser compensadas en su totalidad, y plantearon la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales que otorgue mayor estabilidad y fortalezca la autonomía de los gobiernos locales.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Defensoría Penal Pública avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la labor de seguridad municipal, con foco en la protección, capacitación y respaldo jurídico de los funcionarios que cumplen funciones en esta área. La iniciativa surge en un contexto en que los municipios han asumido un rol cada vez más activo en tareas preventivas y de apoyo en los territorios. Desde la ACHM señalaron que el objetivo es “proteger a quienes nos protegen”, incorporando además un enfoque que garantice el respeto a los derechos fundamentales en cada intervención. El convenio en desarrollo contempla tres ejes principales. El primero es la capacitación de los funcionarios de seguridad municipal, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus estándares de actuación. El segundo apunta a la defensa jurídica del personal, entregando mayor respaldo frente a situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones. El tercer eje considera la elaboración conjunta de protocolos de operación, orientados a entregar mayor claridad en los procedimientos y asegurar intervenciones ajustadas a la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza a los equipos municipales. Como parte del proceso, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permitirá definir los contenidos del convenio y establecer una hoja de ruta para su implementación, buscando fortalecer la seguridad municipal con un enfoque preventivo, técnico y respetuoso de las garantías fundamentales.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, expresó su rechazo al anuncio del Ejecutivo de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, señalando que la reposición parcial de los recursos al Fondo Común Municipal resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de las comunas. Según indicó, el costo estimado de la medida alcanza los 200 millones de dólares anuales, mientras que la restitución propuesta sería de 130 millones, lo que —a su juicio— implica un déficit que afectaría directamente la gestión municipal. En ese contexto, insistió en que la compensación debe ser total para evitar impactos en los servicios que entregan los municipios. El dirigente sostuvo que estos recursos permiten financiar áreas clave como la atención social, la seguridad, la mantención urbana y el apoyo comunitario, especialmente en comunas que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal. Asimismo, recalcó que las municipalidades son la primera instancia a la que recurren los vecinos ante distintas necesidades. Alessandri también planteó la necesidad de avanzar en una Ley de Rentas Municipales III, que permita modernizar el sistema de financiamiento local y otorgar mayor estabilidad a los municipios, considerando el aumento de responsabilidades que han asumido en los últimos años. Finalmente, desde la ACHM se solicitó corregir la medida y asegurar una reposición total de los recursos comprometidos, advirtiendo que una decisión distinta implicaría trasladar a los municipios el costo de una política pública de alcance nacional.
El alcalde de Punta Arenas , Claudio Radonich , participó como expositor en el seminario Servicios Locales de Educación Pública: Una Mirada desde el Municipalismo , encuentro organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades que reunió a alcaldes, autoridades, centros de estudio y especialistas para analizar los avances y desafíos del sistema de Servicios Locales de Educación Pública. La actividad, realizada en el Centro Cultural Espacio Matta de la comuna de La Granja , convocó a representantes municipales de todo el país con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre la implementación del nuevo modelo de administración de la educación pública. Durante su intervención, el jefe comunal expuso la experiencia de Punta Arenas tras el traspaso al sistema SLEP, proceso que ya suma dos años desde su implementación en la comuna. Estamos en un seminario donde los alcaldes de Chile y las municipalidades estamos hablando sobre los SLEP. Ha sido una instancia de primer nivel, con ministros, centros de estudio, académicos, pero sobre todo escuchando a los diferentes alcaldes del país y también a representantes de los SLEP y de la Dirección de Educación Pública. Aquí el único objetivo es cómo mejorar el sistema, señaló Radonich. El alcalde explicó que una de las principales conclusiones del encuentro ha sido la necesidad de revisar algunos aspectos del modelo, particularmente en relación con su funcionamiento y la toma de decisiones. Después de esta jornada quedó claro que los SLEP han sido más centralizadores que antes, porque antes cualquier problema se resolvía en la corporación municipal o en la municipalidad, mientras que ahora muchas decisiones deben escalarse a otras instancias, incluso fuera de la región, indicó. En su exposición, Radonich también planteó la importancia de analizar el impacto del sistema en los distintos actores de la comunidad educativa, poniendo especial énfasis en la realidad de los estudiantes. Si uno pregunta hoy a los profesores, asistentes y familias de Punta Arenas, para muchos trabajadores del sistema ha sido algo positivo. Pero también tenemos que preguntarnos qué está pasando en el aula. La educación pública es fundamental para cientos de familias y en Punta Arenas son más de 10 mil los alumnos que estudian en establecimientos públicos, afirmó. Asimismo, la autoridad señaló que el proceso de implementación también ha dejado desafíos administrativos y financieros que aún deben resolverse, como recursos pendientes asociados al traspaso del sistema educativo. Hay temas que no podemos obviar, como deudas que no se han pagado hace dos años o situaciones que han sido observadas por la Contraloría. Por eso, de manera propositiva, lo que estamos haciendo en este seminario es informar lo que ocurrió en nuestro proceso y aportar a una discusión que permita mejorar el sistema, sostuvo. Finalmente, Radonich destacó que el encuentro permitió generar una instancia de diálogo transversal entre autoridades locales, especialistas y parlamentarios, con miras a perfeccionar el modelo en el futuro. Hay una ley que cumplir, pero también tenemos que mejorarla. Esperamos que este impulso que se ha generado permita abrir un diálogo con el Congreso y con el próximo gobierno para seguir fortaleciendo la educación pública en Chile, concluyó.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) encendió las alarmas en el sistema de salud tras sostener una reunión de trabajo con la futura ministra de Salud, May Chomalí. En el encuentro, la entidad entregó un informe sobre las “Presiones Estructurales con Impacto Local”, documento que advierte que la red de Atención Primaria de Salud (APS) está operando más allá de sus capacidades, situación que podría derivar en un colapso hospitalario. La reunión fue liderada por el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, junto al alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la asociación, Maximiliano Luksic. Ambos plantearon que la principal causa de la creciente congestión en hospitales de mayor complejidad se debe a la falta de recursos y a problemas de coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud. Desde la asociación señalaron que fortalecer la Atención Primaria es clave para sostener el funcionamiento del sistema. Alessandri afirmó que sin una APS robusta la presión continuará concentrándose en hospitales que ya operan al límite de su capacidad, mientras que Luksic advirtió que la brecha de financiamiento se ha vuelto “insostenible”, ya que el per cápita basal no crece al ritmo de la demanda, los costos laborales ni las necesidades en salud mental. El informe presentado identifica cuatro problemas críticos que presionan actualmente a la red: el aumento de pacientes en listas de espera que genera una “doble carga” en los consultorios, una brecha estructural de financiamiento, el incremento de casos de salud mental junto a situaciones de violencia hacia funcionarios y la falta de interoperabilidad clínica entre centros de salud y hospitales. Ante este escenario, la ACHM propuso instalar una mesa técnica permanente con el Ministerio de Salud para avanzar en una revisión estructural del financiamiento de la Atención Primaria, incorporar criterios de equidad territorial en la asignación de recursos y fortalecer las políticas de seguridad y salud mental con financiamiento garantizado. Desde la entidad indicaron que una APS con mayor capacidad resolutiva permitiría descomprimir los hospitales y mejorar la continuidad de la atención, un tema que también impacta a las comunidades a lo largo del país, incluidas regiones como Magallanes, donde la coordinación entre niveles del sistema de salud resulta clave para garantizar acceso oportuno a prestaciones médicas.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, manifestó su preocupación frente a las recientes declaraciones de autoridades del Gobierno en torno al financiamiento municipal, en el marco de la discusión sobre la eliminación de contribuciones y sus efectos en el Fondo Común Municipal (FCM). El dirigente apuntó a una aparente contradicción entre lo planteado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que no corresponde intervenir en el gasto municipal, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien vinculó el apoyo a los municipios con exigencias en materia de probidad y transparencia. Alessandri enfatizó que es necesario contar con una postura clara y coherente desde el Ejecutivo, señalando que este tipo de diferencias genera incertidumbre en un tema clave para el funcionamiento de los municipios. En ese sentido, recalcó que avanzar en estándares de transparencia es fundamental, pero debe hacerse con reglas definidas y sin ambigüedades. Asimismo, el presidente de la ACHM reiteró que el Fondo Común Municipal es un instrumento esencial de equidad territorial, ya que permite redistribuir recursos entre comunas y garantizar el funcionamiento de aquellas con menores ingresos. En esa línea, advirtió que cualquier medida que afecte este mecanismo impactaría directamente en la gestión local. Desde la asociación también insistieron en que eventuales disminuciones de ingresos municipales deben ser compensadas en su totalidad, y plantearon la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales que otorgue mayor estabilidad y fortalezca la autonomía de los gobiernos locales.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Defensoría Penal Pública avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la labor de seguridad municipal, con foco en la protección, capacitación y respaldo jurídico de los funcionarios que cumplen funciones en esta área. La iniciativa surge en un contexto en que los municipios han asumido un rol cada vez más activo en tareas preventivas y de apoyo en los territorios. Desde la ACHM señalaron que el objetivo es “proteger a quienes nos protegen”, incorporando además un enfoque que garantice el respeto a los derechos fundamentales en cada intervención. El convenio en desarrollo contempla tres ejes principales. El primero es la capacitación de los funcionarios de seguridad municipal, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus estándares de actuación. El segundo apunta a la defensa jurídica del personal, entregando mayor respaldo frente a situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones. El tercer eje considera la elaboración conjunta de protocolos de operación, orientados a entregar mayor claridad en los procedimientos y asegurar intervenciones ajustadas a la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza a los equipos municipales. Como parte del proceso, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permitirá definir los contenidos del convenio y establecer una hoja de ruta para su implementación, buscando fortalecer la seguridad municipal con un enfoque preventivo, técnico y respetuoso de las garantías fundamentales.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, expresó su rechazo al anuncio del Ejecutivo de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, señalando que la reposición parcial de los recursos al Fondo Común Municipal resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de las comunas. Según indicó, el costo estimado de la medida alcanza los 200 millones de dólares anuales, mientras que la restitución propuesta sería de 130 millones, lo que —a su juicio— implica un déficit que afectaría directamente la gestión municipal. En ese contexto, insistió en que la compensación debe ser total para evitar impactos en los servicios que entregan los municipios. El dirigente sostuvo que estos recursos permiten financiar áreas clave como la atención social, la seguridad, la mantención urbana y el apoyo comunitario, especialmente en comunas que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal. Asimismo, recalcó que las municipalidades son la primera instancia a la que recurren los vecinos ante distintas necesidades. Alessandri también planteó la necesidad de avanzar en una Ley de Rentas Municipales III, que permita modernizar el sistema de financiamiento local y otorgar mayor estabilidad a los municipios, considerando el aumento de responsabilidades que han asumido en los últimos años. Finalmente, desde la ACHM se solicitó corregir la medida y asegurar una reposición total de los recursos comprometidos, advirtiendo que una decisión distinta implicaría trasladar a los municipios el costo de una política pública de alcance nacional.
El alcalde de Punta Arenas , Claudio Radonich , participó como expositor en el seminario Servicios Locales de Educación Pública: Una Mirada desde el Municipalismo , encuentro organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades que reunió a alcaldes, autoridades, centros de estudio y especialistas para analizar los avances y desafíos del sistema de Servicios Locales de Educación Pública. La actividad, realizada en el Centro Cultural Espacio Matta de la comuna de La Granja , convocó a representantes municipales de todo el país con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre la implementación del nuevo modelo de administración de la educación pública. Durante su intervención, el jefe comunal expuso la experiencia de Punta Arenas tras el traspaso al sistema SLEP, proceso que ya suma dos años desde su implementación en la comuna. Estamos en un seminario donde los alcaldes de Chile y las municipalidades estamos hablando sobre los SLEP. Ha sido una instancia de primer nivel, con ministros, centros de estudio, académicos, pero sobre todo escuchando a los diferentes alcaldes del país y también a representantes de los SLEP y de la Dirección de Educación Pública. Aquí el único objetivo es cómo mejorar el sistema, señaló Radonich. El alcalde explicó que una de las principales conclusiones del encuentro ha sido la necesidad de revisar algunos aspectos del modelo, particularmente en relación con su funcionamiento y la toma de decisiones. Después de esta jornada quedó claro que los SLEP han sido más centralizadores que antes, porque antes cualquier problema se resolvía en la corporación municipal o en la municipalidad, mientras que ahora muchas decisiones deben escalarse a otras instancias, incluso fuera de la región, indicó. En su exposición, Radonich también planteó la importancia de analizar el impacto del sistema en los distintos actores de la comunidad educativa, poniendo especial énfasis en la realidad de los estudiantes. Si uno pregunta hoy a los profesores, asistentes y familias de Punta Arenas, para muchos trabajadores del sistema ha sido algo positivo. Pero también tenemos que preguntarnos qué está pasando en el aula. La educación pública es fundamental para cientos de familias y en Punta Arenas son más de 10 mil los alumnos que estudian en establecimientos públicos, afirmó. Asimismo, la autoridad señaló que el proceso de implementación también ha dejado desafíos administrativos y financieros que aún deben resolverse, como recursos pendientes asociados al traspaso del sistema educativo. Hay temas que no podemos obviar, como deudas que no se han pagado hace dos años o situaciones que han sido observadas por la Contraloría. Por eso, de manera propositiva, lo que estamos haciendo en este seminario es informar lo que ocurrió en nuestro proceso y aportar a una discusión que permita mejorar el sistema, sostuvo. Finalmente, Radonich destacó que el encuentro permitió generar una instancia de diálogo transversal entre autoridades locales, especialistas y parlamentarios, con miras a perfeccionar el modelo en el futuro. Hay una ley que cumplir, pero también tenemos que mejorarla. Esperamos que este impulso que se ha generado permita abrir un diálogo con el Congreso y con el próximo gobierno para seguir fortaleciendo la educación pública en Chile, concluyó.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) encendió las alarmas en el sistema de salud tras sostener una reunión de trabajo con la futura ministra de Salud, May Chomalí. En el encuentro, la entidad entregó un informe sobre las “Presiones Estructurales con Impacto Local”, documento que advierte que la red de Atención Primaria de Salud (APS) está operando más allá de sus capacidades, situación que podría derivar en un colapso hospitalario. La reunión fue liderada por el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, junto al alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la asociación, Maximiliano Luksic. Ambos plantearon que la principal causa de la creciente congestión en hospitales de mayor complejidad se debe a la falta de recursos y a problemas de coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud. Desde la asociación señalaron que fortalecer la Atención Primaria es clave para sostener el funcionamiento del sistema. Alessandri afirmó que sin una APS robusta la presión continuará concentrándose en hospitales que ya operan al límite de su capacidad, mientras que Luksic advirtió que la brecha de financiamiento se ha vuelto “insostenible”, ya que el per cápita basal no crece al ritmo de la demanda, los costos laborales ni las necesidades en salud mental. El informe presentado identifica cuatro problemas críticos que presionan actualmente a la red: el aumento de pacientes en listas de espera que genera una “doble carga” en los consultorios, una brecha estructural de financiamiento, el incremento de casos de salud mental junto a situaciones de violencia hacia funcionarios y la falta de interoperabilidad clínica entre centros de salud y hospitales. Ante este escenario, la ACHM propuso instalar una mesa técnica permanente con el Ministerio de Salud para avanzar en una revisión estructural del financiamiento de la Atención Primaria, incorporar criterios de equidad territorial en la asignación de recursos y fortalecer las políticas de seguridad y salud mental con financiamiento garantizado. Desde la entidad indicaron que una APS con mayor capacidad resolutiva permitiría descomprimir los hospitales y mejorar la continuidad de la atención, un tema que también impacta a las comunidades a lo largo del país, incluidas regiones como Magallanes, donde la coordinación entre niveles del sistema de salud resulta clave para garantizar acceso oportuno a prestaciones médicas.
