La Dirección de Aeropuertos (DAP) acogió parcialmente las alternativas planteadas por los gremios de turismo, las que fueron transmitidas directamente por el parlamentario en una reunión. El nuevo esquema contempla para el mes de enero y primera quincena de febrero, 4 días de cierre y 3 de operación (jueves a domingo), y la segunda quincena de febrero y mes de marzo, 5 días de cierre por 2 de funcionamiento. El diputado Alejandro Riquelme Ducci informó que, tras gestiones directas ante la Dirección de Aeropuertos (DAP) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad se comprometió a estudiar una modificación al calendario de cierre de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, luego de que gremios del turismo, el comercio, la logística y la salmonicultura de la provincia de Última Esperanza alertaron sobre el grave impacto que tendría intervenir el único acceso aéreo de Puerto Natales en plena temporada estival. El plan original de la DAP contemplaba reparar la pista bajo la modalidad 5x2: cinco días de cierre por cada dos de operación, concentrados en enero, febrero y marzo de 2027, exactamente en el peak de la temporada turística de Magallanes. Nueve gremios productivos de la región —y posteriormente una quincena de organizaciones de la Provincia de Última Esperanza— advirtieron que esa fórmula dejaría al aeródromo funcionando apenas 28 de los 90 días del trimestre, con severas consecuencias para la conectividad, el turismo receptivo internacional que sostiene a Puerto Natales como puerta de entrada a Torres del Paine, y para funciones críticas como las evacuaciones médicas de urgencia y el apoyo logístico a la operación antártica. Frente a esta alerta, el diputado Riquelme sostuvo una reunión con la Dirección de Aeropuertos este jueves 23 de julio, para transmitir la gravedad de la situación para la economía y la conectividad de la provincia, y presentó en paralelo un oficio de fiscalización formal solicitando a la DAP evaluar alternativas técnicas —entre ellas la ejecución de trabajos en horario nocturno, el adelantamiento del inicio de las obras y un diseño de continuidad operacional similar al implementado en el Aeropuerto de Punta Arenas— que permitieran reducir el impacto sobre la temporada alta sin comprometer la seguridad de la pista. La respuesta de la DAP: estudiará las alternativas, pero con matices técnicos La Dirección de Aeropuertos recalcó que la experiencia internacional de continuidad operacional sin interrupciones —como la aplicada en aeródromos con más de una pista— no es directamente replicable en Puerto Natales, ya que el aeródromo cuenta con una sola pista. Con todo, la autoridad informó un ajuste al cronograma original, que contempla dos fases, durante enero y primera quincena de febrero del 2027 serán 4 días de cierre (lunes a jueves) para la ejecución de obras, y 3 días de operación (jueves a domingo). Mientras que durante el resto de febrero y mes de marzo la fórmula será de 5 días de cierre por 2 días de operación. Para el diputado Riquelme, este ajuste —aunque no resuelve completamente la demanda de los gremios— representa un avance producto de la fiscalización parlamentaria y abre una ventana para seguir perfeccionando la programación antes del inicio de los trabajos. Dos razones de fondo: seguridad de los pasajeros y riesgo de un cierre total El diputado insistió en que la discusión no puede reducirse a una disputa entre turismo y obras públicas, y puso el acento en dos fundamentos que, a su juicio, deben primar por sobre cualquier consideración: la seguridad. “Debemos ser claros y transparentes, ¿quién será el responsable si ocurre un accidente en la pista? Estas reparaciones manifiestan una real preocupación por la integridad de los pasajeros, la que no puede ser ponderada con ninguna actividad económica” aseveró el diputado magallánico. La pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo ha recibido cerca de 40 parches en los últimos 12 meses, y ya existen antecedentes de vuelos cancelados por el mal estado de la carpeta asfáltica, como ocurrió el 8 de mayo de 2026. El diputado advirtió que si la intervención se sigue aplazando, existe el riesgo de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) determine el cierre completo de la pista por razones de seguridad. En ese escenario, ya no se hablaría de turnos de 4x3 o de 5x2, sino derechamente de siete días de cierre y cero días de operación, lo que constituiría un golpe letal para la conectividad y la economía de Puerto Natales durante toda la temporada alta. La opción de no hacer nada no existe. Si no actuamos ahora, con una programación ordenada y negociada, el riesgo real es que la autoridad aeronáutica termine decretando un cierre total de la pista, sin turnos ni ventanas de operación, lo que sería infinitamente más dañino para el turismo y la economía de Última Esperanza que cualquiera de las alternativas que hoy estamos discutiendo, afirmó el parlamentario. Un aeródromo postergado por más de una década El diputado Riquelme también hizo eco de lo señalado por el Biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en cuanto a que la urgencia actual es en gran medida el resultado del abandono histórico de la infraestructura: durante los últimos diez años, el aeródromo de Puerto Natales no fue objeto de obras de conservación mayor, lo que explica el deterioro acumulado de la pista y la necesidad de una intervención impostergable. Se anunciaron obras para una segunda pista Por su parte, la Dirección de Aeropuertos (DAP) confirmó que ya se encuentra estudiando el desarrollo y viabilidad de una segunda pista para el Aeródromo Teniente Julio Gallardo en los próximos años. Esta iniciativa de infraestructura permitirá resolver de manera definitiva la vulnerabilidad de la losa actual, garantizando que la capital de la Provincia de Última Esperanza no vuelva a enfrentar la incertidumbre del cierre de sus operaciones aéreas. Los próximos pasos Riquelme señaló que continuará fiscalizando el proceso hasta que la DAP entregue el informe técnico actualizado del estado de la pista y el análisis comparativo de costos y beneficios solicitado formalmente mediante su oficio de fiscalización, y reiteró su disposición a seguir trabajando junto a los gremios y las autoridades sectoriales en una solución que concilie la seguridad operacional del aeródromo con la protección de la temporada alta de Última Esperanza. “Mañana viajaré directamente a Puerto Natales para reunirme con los gremios del turismo de Última Esperanza. Mi compromiso es transmitirles de primera fuente todos los antecedentes, el calendario de obras y los acuerdos alcanzados con la Dirección de Aeropuertos” señaló el parlamentario.
El Bloque Productivo ha reiterado que la conservación del aeródromo es una inversión necesaria y que la seguridad operacional constituye una prioridad compartida por todos los sectores. No obstante, manifiesta su preocupación por los efectos que podría generar una disminución significativa de la operación aérea durante los meses de enero, febrero y marzo, período en que las empresas y las aerolíneas definen inversiones, programaciones y niveles de operación para la temporada alta. Para los gremios, la conectividad aérea representa mucho más que un medio de transporte. Constituye una infraestructura estratégica que permite sostener la actividad económica, fortalecer el empleo, facilitar el acceso a servicios esenciales y mantener el dinamismo de una provincia que, por su condición geográfica, depende de una adecuada conexión con el resto del país. Gestiones para encontrar una solución En reunión con el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, los representantes del Bloque Productivo solicitaron conocer los antecedentes técnicos que sustentan la programación propuesta y analizar alternativas que permitan compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de las operaciones aéreas. Posteriormente, durante un encuentro con el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se obtuvo el compromiso de llevar el planteamiento de la provincia ante las autoridades del nivel central, con el propósito de avanzar hacia una pronta definición. Paralelamente, los gremios continúan sosteniendo reuniones con parlamentarios de la Región de Magallanes y con los municipios de la Provincia de Última Esperanza, buscando consolidar una postura transversal que represente los intereses del territorio. Una decisión que trasciende la infraestructura El Bloque Productivo sostiene que la programación de estas obras tendrá efectos que van más allá del funcionamiento del aeródromo. La forma en que se ejecute esta inversión incidirá en la capacidad del territorio para sostener su actividad económica, mantener el empleo y continuar generando oportunidades para sus habitantes. Por ello, la propuesta presentada a las autoridades busca compatibilizar la ejecución de una obra indispensable con una programación que permita mantener la conectividad aérea durante el período de mayor actividad de la provincia. Pablo Ampuero: La seguridad debe ir de la mano con la protección de nuestra comunidad Uno de los voceros del Bloque Productivo, Pablo Ampuero, reiteró que el objetivo no es cuestionar la necesidad de las obras, sino encontrar una programación que resguarde tanto la seguridad como el bienestar de las personas. Siempre hemos dicho que la seguridad de los usuarios es una prioridad y nadie pone eso en discusión. Pero tampoco podemos perder de vista el profundo impacto social que una reducción prolongada de la conectividad tendría sobre toda nuestra comunidad. Afectaría el empleo, los servicios locales, la conectividad de las familias y también situaciones tan sensibles como las aeroevacuaciones. Esperamos que prevalezca el diálogo para encontrar una solución que permita ejecutar las obras sin perjudicar a nuestra provincia. Adriana Aguilar: La conectividad es una condición para el crecimiento y el desarrollo de Última Esperanza Adriana Aguilar Lagos, una de las voceras del Bloque Productivo, señaló que la conectividad aérea constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de la provincia y que las decisiones que hoy se adopten tendrán efectos que trascienden a un solo sector productivo. En un territorio extremo como Última Esperanza, la conectividad es una condición habilitante para el crecimiento. Permite que las empresas inviertan, que se generen nuevos empleos, que emprendedores desarrollen sus proyectos y que las personas accedan a mejores oportunidades. También fortalece la competitividad de nuestro territorio y entrega la certeza que requieren quienes deciden invertir, trabajar o visitar la provincia. Por eso creemos que la seguridad operacional y el desarrollo deben avanzar de la mano. Nuestro planteamiento nunca ha sido detener las obras, sino encontrar una programación que permita ejecutarlas protegiendo el crecimiento, el empleo y la calidad de vida de quienes vivimos en Última Esperanza. El Bloque Productivo reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades para construir una solución que permita ejecutar las obras con los más altos estándares de seguridad, resguardando al mismo tiempo la conectividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible de la Provincia de Última Esperanza.
La discusión sobre las obras del Aeródromo Teniente Julio Gallardo no puede reducirse a una elección entre seguridad y temporada turística. Esa es una falsa disyuntiva. En el debate público se ha instalado la idea de que aquí se trata de elegir entre “pan para hoy y hambre para mañana”: que los gremios estaríamos defendiendo la próxima temporada a costa de aceptar una reparación precaria. La preocupación de fondo es legítima pero no describe lo que estamos planteando y, sobre todo, desvía la atención del verdadero problema. La seguridad es intransable. Nadie está proponiendo una reparación provisoria ni una obra de menor calidad. Resultaría impensable intervenir la pista para volver a enfrentar la misma crisis uno o dos años después. La solución debe quedar bien ejecutada y durar hasta que entre en funcionamiento el futuro aeropuerto. Pero exigir una obra definitiva no significa aceptar que exista una única manera de realizarla. Hasta ahora, se nos ha señalado que, debido a la temperatura, las condiciones del asfalto y la necesidad de continuidad de las faenas, la alternativa viable sería cerrar el aeropuerto durante cuatro / cinco días y abrirlo solamente dos / tres, afectando de lleno la temporada alta. Puede haber argumentos técnicos atendibles. El problema es que todavía no conocemos el informe completo que sustenta que todas las demás opciones son inviables. Sin ese antecedente, no es posible contrastar la propuesta con expertos independientes, nacionales o internacionales, ni evaluar soluciones utilizadas en otros aeropuertos que operan bajo condiciones de frío y nieve incluso más extremas. No estamos diciendo que esas experiencias puedan copiarse automáticamente en Puerto Natales. Estamos diciendo algo mucho más razonable: antes de cerrar una infraestructura estratégica durante el período más importante del año, deben agotarse todas las alternativas técnicas. Más maquinaria, más personal, turnos reforzados, trabajos nocturnos en las labores que sí lo permitan, operación las 24 horas durante los días habilitados, vuelos puente, nuevas tecnologías o un calendario diferente. Todo debe analizarse con seriedad. Y debemos hablar con honestidad: hacerlo de otra manera probablemente será más caro. De todas maneras. No existe una solución gratis. Pero aquí está el punto que parece ausente en la discusión: cerrar el aeropuerto tampoco es gratis, de hecho, es diametralmente más caro. Solo que ese costo no aparece en el presupuesto de Obras Públicas. Aparece en la caja de un pequeño hotel, en las reservas canceladas de una residencial, en los ingresos de un transportista, en las propinas de un garzón, en el trabajo de un guía y en el sueldo de miles de familias. La opción más barata para el Estado puede ser, por lejos, la más cara para Puerto Natales. El turismo no es un grupo de empresas defendiendo una temporada. Es una actividad de la que vive buena parte de la ciudad y su gente. Y el aeropuerto tampoco sirve únicamente al turismo: es fundamental para la construcción, la salmonicultura, el comercio, salud, los servicios y la conectividad de toda la provincia. Después de la pandemia y de sucesivas crisis, no parece justo que nuevamente sean los trabajadores, emprendedores y habitantes del destino quienes absorban el costo de una solución administrativa o presupuestariamente más conveniente. Si una alternativa técnicamente mejor y menos dañina cuesta más, ese gasto adicional debe compararse con la pérdida económica real que provocaría el cierre. Una pérdida que puede no figurar en los reportes oficiales, pero que se sentirá directamente en el bolsillo de las personas. No pedimos ignorar las restricciones técnicas. No pedimos milagros. Pedimos transparencia, creatividad, comparación de alternativas y una evaluación económica completa. La reparación debe hacerse bien, debe ser definitiva y debe garantizar la seguridad. Pero también debe existir la voluntad de encontrar una forma de ejecutarla sin paralizar una de las principales herramientas de desarrollo de Última Esperanza. El aeropuerto no puede cerrarse simplemente para que el presupuesto de la obra cierre. Agotemos de verdad todas las alternativas antes de pedirle a Puerto Natales que pague la cuenta. Ninguna obra pública debería financiarse con la temporada de un pueblo.
Pese a contar con flexibilidad logística para sus envíos, la industria salmonicultora respaldó a los gremios locales ante la propuesta de cierre “5x2” del terminal, advirtiendo un impacto transversal en el comercio, el turismo y la economía de la provincia. La alerta se encendió con fuerza en la Provincia de Última Esperanza tras conocerse, el pasado lunes, la propuesta de diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. El esquema de trabajo planteado inicialmente contempla un cierre bajo la modalidad “5x2”, cinco días consecutivos de faenas por sólo dos de apertura, lo que desató un rechazo transversal de gremios locales debido al severo impacto que esto significaría en plena temporada alta. Aunque la provincia de Última Esperanza representa un polo estratégico para la acuicultura, concentrando el 52% de la producción de salmón de la Región de Magallanes, las vías de exportación aérea directa de la industria regional por ese terminal bordean las 500 toneladas anuales, una fracción menor frente a las 150 mil toneladas totales que produjo la zona el año pasado año 2025. Debido a esto, las empresas cuentan con la flexibilidad necesaria para mitigar el cierre mediante desvíos terrestres hacia el aeropuerto de Punta Arenas o salida por nodos internacionales como Ezeiza (Buenos Aires). Sin embargo, desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes optaron por no restarse del conflicto y salir a respaldar decididamente el bloque regional de defensa productiva. En conversación con Salmonexpert, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, explicó las razones de este apoyo institucional: “Como industria entendemos que el cierre parcial del aeropuerto de Puerto Natales afecta a toda la comunidad local, a nuestros socios estratégicos también y el turismo es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el comercio a través de nuestros proveedores locales que verán afectada su actividad considerando que las obras se realizarán en plena temporada turística”. Un impacto transversal Nuevas concesiones Francisca Rojas, en tanto, dijo a La Prensa Austral que “en Magallanes lo que más nos interesa es poder crecer, y para crecer no son las micro relocalizaciones. Es poder despejar la solicitud de espacio costero para pueblos originarios, que tiene hoy día congeladas más de 57 concesiones acuícolas, y, por otro lado, la falta de plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. A nivel regional, el crecimiento no pasa por las micro relocalizaciones. Para crecer nosotros en Magallanes necesitamos nuevas concesiones”. La líder gremial y ex seremi de Bienes Nacionales enfatizó que la problemática va mucho más allá del movimiento de pasajeros o de carga en sí, impactando de forma indirecta en el tejido socioeconómico de la provincia donde operan las plantas en proceso y centros de cultivo. “El cierre del aeropuerto constituye un problema complejo a nivel local. No se reduce solo al transporte de personas, sino el impacto a nivel de imagen país frente a los operadores turísticos internacionales, las reservas que ya están tomadas para la próxima temporada, y la proyección de abastecimiento del comercio local en base a dichas reservas. La comunidad completa se ve afectada y eso por supuesto que nos preocupa como industria”, detalló Rojas. Infraestructura con mirada de futuro Pese al conflicto actual, desde el gremio salmonero ven con optimismo la necesidad de renovar y mejorar el aeródromo de Puerto Natales, siempre y cuando los trabajos se ejecuten bajo una planificación consensuada que no asfixie a los emprendedores locales ni ponga en riesgo la competitividad. Al respecto, Francica Rojas proyectó que “desarrollar el mejoramiento de la pista requiere de mucha coordinación y logística por parte de los servicios públicos involucrados y la colaboración del mundo privado. Superando esta dificultad es posible proyectar el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria que nos permita optimizar los procesos logísticos logrando costos competitivos para nuestra industria y esto de la mano de un flujo de turismo que rompa la estacionalidad y aumente su presencia durante el invierno”. Finalmente, desde la Asociación hicieron un llamado directo al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para abrir canales formales de conversación que eviten una afectación mayor a la economía regional. “Como gremio estamos atentos a la propuesta final del MOP y la DGAC para la realización de las obras y nos ponemos a disposición para participar en las mesas de diálogo que se requieran. Creemos que es posible lograr un equilibrio y alcanzar un acuerdo beneficioso para todos quienes nos relacionamos con la ciudad de Puerto Natales”, concluyó la gerenta general de los salmonicultores magallánicos. Fuente: salmonexpert.cl
Quince organizaciones gremiales y productivas de la Provincia de Última Esperanza solicitaron al Ministerio de Obras Públicas abrir un espacio de diálogo para revisar la programación de las obras de conservación del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuya ejecución está prevista para los meses de enero, febrero y marzo de 2027, período que coincide con la principal temporada turística y productiva de la Región de Magallanes. Las organizaciones señalaron que valoran la inversión pública cercana a $7 mil millones destinada al mejoramiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria, reconociendo la importancia de mantener condiciones adecuadas de seguridad operacional. Sin embargo, enfatizaron que se trata de una obra de conservación y rehabilitación de pista, y no de la construcción de un nuevo aeropuerto o terminal, por lo que solicitan evaluar alternativas de programación que permitan disminuir los impactos sobre el territorio. De acuerdo con la planificación informada por la autoridad, los trabajos consideran una modalidad de ejecución durante lunes a viernes para el desarrollo de las faenas de obra, manteniendo la operación aérea durante sábados y domingos. Los gremios advierten que esta programación podría afectar la continuidad y disponibilidad de la conectividad aérea durante los meses de mayor demanda turística y actividad económica de la provincia. Los representantes productivos señalaron que su preocupación no está relacionada con la necesidad de ejecutar las obras, sino con la oportunidad definida para realizarlas y los efectos que una disminución de conectividad podría generar sobre una provincia extrema y aislada, cuya economía depende de múltiples actividades vinculadas al turismo, comercio, servicios, transporte, acuicultura y emprendimientos locales. “Una decisión de esta magnitud no puede analizarse únicamente desde el punto de vista técnico de la ejecución de una obra. También debe considerar los efectos económicos, sociales y territoriales que tendrá sobre una comunidad que depende de la conectividad aérea para su funcionamiento”, señalaron los representantes gremiales. El Bloque Productivo de Última Esperanza solicitará al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, una instancia de diálogo en Puerto Natales y la conformación de una mesa público-privada de trabajo, con participación de los organismos técnicos, autoridades regionales y comunales, aerolíneas y representantes del territorio. La instancia busca revisar alternativas de ejecución, evaluar sus impactos y analizar medidas que permitan compatibilizar la seguridad operacional del aeródromo con la continuidad de la actividad económica regional. “Queremos que las obras se realicen, pero considerando la realidad de un territorio extremo” La vocera del Bloque Productivo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, señaló que la solicitud busca incorporar la visión del territorio en una decisión estratégica para Magallanes. “Queremos ser muy claros: no estamos solicitando detener las obras. Valoramos la inversión del Estado y entendemos que la conservación de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo es necesaria para garantizar la seguridad operacional. Lo que estamos planteando es que se revisen las alternativas disponibles, considerando que esta intervención está programada para enero, febrero y marzo, meses donde se concentra la mayor actividad económica de nuestra provincia”. La representante gremial agregó: “El desafío es encontrar una alternativa que permita ejecutar una obra necesaria sin trasladar al territorio un costo económico y social mayor. En una provincia extrema como Última Esperanza, la conectividad aérea es una infraestructura básica que permite el funcionamiento del turismo, pero también el traslado de residentes, trabajadores, profesionales, proveedores e inversionistas”. Aguilar destacó que durante años el sector privado ha trabajado junto a instituciones públicas para fortalecer el posicionamiento turístico y económico de Magallanes. “Detrás de cada emprendimiento, cada empresa y cada trabajador existe un esfuerzo permanente por desarrollar este territorio. Por eso creemos que las decisiones de infraestructura pública deben considerar no solo el costo de la obra, sino también el impacto que una determinada programación puede generar en la comunidad y en la economía regional”. Las organizaciones solicitarán que antes de definir la programación definitiva se realice una evaluación integral de las alternativas técnicas y económicas disponibles, incorporando la realidad de Última Esperanza sociabilizando las propuestas con los distintos actores del territorio. Organizaciones representantes de los sectores productivos de Última Esperanza: Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE); Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile; Agrupación de Camioneros de Puerto Natales; Cooperativa Agrícola Campos de Hielo; Asociación de Hostales y Residenciales de Puerto Natales; Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Austro Chile A.G.); Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST); Asociación de Prestadores de Servicios para la Industria y Acuicultura de Natales A.G. (APSIA); Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike; Asociación de Artesanos Entre Maderas y Lanas; Asociación Gremial de Guías de Turismo Locales (A.G.G. Nat); ARMASUR A.G.; Asociación de Salmonicultores de la Región de Magallanes; Asociación Gremial de Porteadores de Magallanes (AGPM); y Asociación de Mujeres Patagonas. Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine HYST
La Dirección de Aeropuertos (DAP) acogió parcialmente las alternativas planteadas por los gremios de turismo, las que fueron transmitidas directamente por el parlamentario en una reunión. El nuevo esquema contempla para el mes de enero y primera quincena de febrero, 4 días de cierre y 3 de operación (jueves a domingo), y la segunda quincena de febrero y mes de marzo, 5 días de cierre por 2 de funcionamiento. El diputado Alejandro Riquelme Ducci informó que, tras gestiones directas ante la Dirección de Aeropuertos (DAP) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad se comprometió a estudiar una modificación al calendario de cierre de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, luego de que gremios del turismo, el comercio, la logística y la salmonicultura de la provincia de Última Esperanza alertaron sobre el grave impacto que tendría intervenir el único acceso aéreo de Puerto Natales en plena temporada estival. El plan original de la DAP contemplaba reparar la pista bajo la modalidad 5x2: cinco días de cierre por cada dos de operación, concentrados en enero, febrero y marzo de 2027, exactamente en el peak de la temporada turística de Magallanes. Nueve gremios productivos de la región —y posteriormente una quincena de organizaciones de la Provincia de Última Esperanza— advirtieron que esa fórmula dejaría al aeródromo funcionando apenas 28 de los 90 días del trimestre, con severas consecuencias para la conectividad, el turismo receptivo internacional que sostiene a Puerto Natales como puerta de entrada a Torres del Paine, y para funciones críticas como las evacuaciones médicas de urgencia y el apoyo logístico a la operación antártica. Frente a esta alerta, el diputado Riquelme sostuvo una reunión con la Dirección de Aeropuertos este jueves 23 de julio, para transmitir la gravedad de la situación para la economía y la conectividad de la provincia, y presentó en paralelo un oficio de fiscalización formal solicitando a la DAP evaluar alternativas técnicas —entre ellas la ejecución de trabajos en horario nocturno, el adelantamiento del inicio de las obras y un diseño de continuidad operacional similar al implementado en el Aeropuerto de Punta Arenas— que permitieran reducir el impacto sobre la temporada alta sin comprometer la seguridad de la pista. La respuesta de la DAP: estudiará las alternativas, pero con matices técnicos La Dirección de Aeropuertos recalcó que la experiencia internacional de continuidad operacional sin interrupciones —como la aplicada en aeródromos con más de una pista— no es directamente replicable en Puerto Natales, ya que el aeródromo cuenta con una sola pista. Con todo, la autoridad informó un ajuste al cronograma original, que contempla dos fases, durante enero y primera quincena de febrero del 2027 serán 4 días de cierre (lunes a jueves) para la ejecución de obras, y 3 días de operación (jueves a domingo). Mientras que durante el resto de febrero y mes de marzo la fórmula será de 5 días de cierre por 2 días de operación. Para el diputado Riquelme, este ajuste —aunque no resuelve completamente la demanda de los gremios— representa un avance producto de la fiscalización parlamentaria y abre una ventana para seguir perfeccionando la programación antes del inicio de los trabajos. Dos razones de fondo: seguridad de los pasajeros y riesgo de un cierre total El diputado insistió en que la discusión no puede reducirse a una disputa entre turismo y obras públicas, y puso el acento en dos fundamentos que, a su juicio, deben primar por sobre cualquier consideración: la seguridad. “Debemos ser claros y transparentes, ¿quién será el responsable si ocurre un accidente en la pista? Estas reparaciones manifiestan una real preocupación por la integridad de los pasajeros, la que no puede ser ponderada con ninguna actividad económica” aseveró el diputado magallánico. La pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo ha recibido cerca de 40 parches en los últimos 12 meses, y ya existen antecedentes de vuelos cancelados por el mal estado de la carpeta asfáltica, como ocurrió el 8 de mayo de 2026. El diputado advirtió que si la intervención se sigue aplazando, existe el riesgo de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) determine el cierre completo de la pista por razones de seguridad. En ese escenario, ya no se hablaría de turnos de 4x3 o de 5x2, sino derechamente de siete días de cierre y cero días de operación, lo que constituiría un golpe letal para la conectividad y la economía de Puerto Natales durante toda la temporada alta. La opción de no hacer nada no existe. Si no actuamos ahora, con una programación ordenada y negociada, el riesgo real es que la autoridad aeronáutica termine decretando un cierre total de la pista, sin turnos ni ventanas de operación, lo que sería infinitamente más dañino para el turismo y la economía de Última Esperanza que cualquiera de las alternativas que hoy estamos discutiendo, afirmó el parlamentario. Un aeródromo postergado por más de una década El diputado Riquelme también hizo eco de lo señalado por el Biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en cuanto a que la urgencia actual es en gran medida el resultado del abandono histórico de la infraestructura: durante los últimos diez años, el aeródromo de Puerto Natales no fue objeto de obras de conservación mayor, lo que explica el deterioro acumulado de la pista y la necesidad de una intervención impostergable. Se anunciaron obras para una segunda pista Por su parte, la Dirección de Aeropuertos (DAP) confirmó que ya se encuentra estudiando el desarrollo y viabilidad de una segunda pista para el Aeródromo Teniente Julio Gallardo en los próximos años. Esta iniciativa de infraestructura permitirá resolver de manera definitiva la vulnerabilidad de la losa actual, garantizando que la capital de la Provincia de Última Esperanza no vuelva a enfrentar la incertidumbre del cierre de sus operaciones aéreas. Los próximos pasos Riquelme señaló que continuará fiscalizando el proceso hasta que la DAP entregue el informe técnico actualizado del estado de la pista y el análisis comparativo de costos y beneficios solicitado formalmente mediante su oficio de fiscalización, y reiteró su disposición a seguir trabajando junto a los gremios y las autoridades sectoriales en una solución que concilie la seguridad operacional del aeródromo con la protección de la temporada alta de Última Esperanza. “Mañana viajaré directamente a Puerto Natales para reunirme con los gremios del turismo de Última Esperanza. Mi compromiso es transmitirles de primera fuente todos los antecedentes, el calendario de obras y los acuerdos alcanzados con la Dirección de Aeropuertos” señaló el parlamentario.
El Bloque Productivo ha reiterado que la conservación del aeródromo es una inversión necesaria y que la seguridad operacional constituye una prioridad compartida por todos los sectores. No obstante, manifiesta su preocupación por los efectos que podría generar una disminución significativa de la operación aérea durante los meses de enero, febrero y marzo, período en que las empresas y las aerolíneas definen inversiones, programaciones y niveles de operación para la temporada alta. Para los gremios, la conectividad aérea representa mucho más que un medio de transporte. Constituye una infraestructura estratégica que permite sostener la actividad económica, fortalecer el empleo, facilitar el acceso a servicios esenciales y mantener el dinamismo de una provincia que, por su condición geográfica, depende de una adecuada conexión con el resto del país. Gestiones para encontrar una solución En reunión con el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, los representantes del Bloque Productivo solicitaron conocer los antecedentes técnicos que sustentan la programación propuesta y analizar alternativas que permitan compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de las operaciones aéreas. Posteriormente, durante un encuentro con el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se obtuvo el compromiso de llevar el planteamiento de la provincia ante las autoridades del nivel central, con el propósito de avanzar hacia una pronta definición. Paralelamente, los gremios continúan sosteniendo reuniones con parlamentarios de la Región de Magallanes y con los municipios de la Provincia de Última Esperanza, buscando consolidar una postura transversal que represente los intereses del territorio. Una decisión que trasciende la infraestructura El Bloque Productivo sostiene que la programación de estas obras tendrá efectos que van más allá del funcionamiento del aeródromo. La forma en que se ejecute esta inversión incidirá en la capacidad del territorio para sostener su actividad económica, mantener el empleo y continuar generando oportunidades para sus habitantes. Por ello, la propuesta presentada a las autoridades busca compatibilizar la ejecución de una obra indispensable con una programación que permita mantener la conectividad aérea durante el período de mayor actividad de la provincia. Pablo Ampuero: La seguridad debe ir de la mano con la protección de nuestra comunidad Uno de los voceros del Bloque Productivo, Pablo Ampuero, reiteró que el objetivo no es cuestionar la necesidad de las obras, sino encontrar una programación que resguarde tanto la seguridad como el bienestar de las personas. Siempre hemos dicho que la seguridad de los usuarios es una prioridad y nadie pone eso en discusión. Pero tampoco podemos perder de vista el profundo impacto social que una reducción prolongada de la conectividad tendría sobre toda nuestra comunidad. Afectaría el empleo, los servicios locales, la conectividad de las familias y también situaciones tan sensibles como las aeroevacuaciones. Esperamos que prevalezca el diálogo para encontrar una solución que permita ejecutar las obras sin perjudicar a nuestra provincia. Adriana Aguilar: La conectividad es una condición para el crecimiento y el desarrollo de Última Esperanza Adriana Aguilar Lagos, una de las voceras del Bloque Productivo, señaló que la conectividad aérea constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de la provincia y que las decisiones que hoy se adopten tendrán efectos que trascienden a un solo sector productivo. En un territorio extremo como Última Esperanza, la conectividad es una condición habilitante para el crecimiento. Permite que las empresas inviertan, que se generen nuevos empleos, que emprendedores desarrollen sus proyectos y que las personas accedan a mejores oportunidades. También fortalece la competitividad de nuestro territorio y entrega la certeza que requieren quienes deciden invertir, trabajar o visitar la provincia. Por eso creemos que la seguridad operacional y el desarrollo deben avanzar de la mano. Nuestro planteamiento nunca ha sido detener las obras, sino encontrar una programación que permita ejecutarlas protegiendo el crecimiento, el empleo y la calidad de vida de quienes vivimos en Última Esperanza. El Bloque Productivo reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades para construir una solución que permita ejecutar las obras con los más altos estándares de seguridad, resguardando al mismo tiempo la conectividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible de la Provincia de Última Esperanza.
La discusión sobre las obras del Aeródromo Teniente Julio Gallardo no puede reducirse a una elección entre seguridad y temporada turística. Esa es una falsa disyuntiva. En el debate público se ha instalado la idea de que aquí se trata de elegir entre “pan para hoy y hambre para mañana”: que los gremios estaríamos defendiendo la próxima temporada a costa de aceptar una reparación precaria. La preocupación de fondo es legítima pero no describe lo que estamos planteando y, sobre todo, desvía la atención del verdadero problema. La seguridad es intransable. Nadie está proponiendo una reparación provisoria ni una obra de menor calidad. Resultaría impensable intervenir la pista para volver a enfrentar la misma crisis uno o dos años después. La solución debe quedar bien ejecutada y durar hasta que entre en funcionamiento el futuro aeropuerto. Pero exigir una obra definitiva no significa aceptar que exista una única manera de realizarla. Hasta ahora, se nos ha señalado que, debido a la temperatura, las condiciones del asfalto y la necesidad de continuidad de las faenas, la alternativa viable sería cerrar el aeropuerto durante cuatro / cinco días y abrirlo solamente dos / tres, afectando de lleno la temporada alta. Puede haber argumentos técnicos atendibles. El problema es que todavía no conocemos el informe completo que sustenta que todas las demás opciones son inviables. Sin ese antecedente, no es posible contrastar la propuesta con expertos independientes, nacionales o internacionales, ni evaluar soluciones utilizadas en otros aeropuertos que operan bajo condiciones de frío y nieve incluso más extremas. No estamos diciendo que esas experiencias puedan copiarse automáticamente en Puerto Natales. Estamos diciendo algo mucho más razonable: antes de cerrar una infraestructura estratégica durante el período más importante del año, deben agotarse todas las alternativas técnicas. Más maquinaria, más personal, turnos reforzados, trabajos nocturnos en las labores que sí lo permitan, operación las 24 horas durante los días habilitados, vuelos puente, nuevas tecnologías o un calendario diferente. Todo debe analizarse con seriedad. Y debemos hablar con honestidad: hacerlo de otra manera probablemente será más caro. De todas maneras. No existe una solución gratis. Pero aquí está el punto que parece ausente en la discusión: cerrar el aeropuerto tampoco es gratis, de hecho, es diametralmente más caro. Solo que ese costo no aparece en el presupuesto de Obras Públicas. Aparece en la caja de un pequeño hotel, en las reservas canceladas de una residencial, en los ingresos de un transportista, en las propinas de un garzón, en el trabajo de un guía y en el sueldo de miles de familias. La opción más barata para el Estado puede ser, por lejos, la más cara para Puerto Natales. El turismo no es un grupo de empresas defendiendo una temporada. Es una actividad de la que vive buena parte de la ciudad y su gente. Y el aeropuerto tampoco sirve únicamente al turismo: es fundamental para la construcción, la salmonicultura, el comercio, salud, los servicios y la conectividad de toda la provincia. Después de la pandemia y de sucesivas crisis, no parece justo que nuevamente sean los trabajadores, emprendedores y habitantes del destino quienes absorban el costo de una solución administrativa o presupuestariamente más conveniente. Si una alternativa técnicamente mejor y menos dañina cuesta más, ese gasto adicional debe compararse con la pérdida económica real que provocaría el cierre. Una pérdida que puede no figurar en los reportes oficiales, pero que se sentirá directamente en el bolsillo de las personas. No pedimos ignorar las restricciones técnicas. No pedimos milagros. Pedimos transparencia, creatividad, comparación de alternativas y una evaluación económica completa. La reparación debe hacerse bien, debe ser definitiva y debe garantizar la seguridad. Pero también debe existir la voluntad de encontrar una forma de ejecutarla sin paralizar una de las principales herramientas de desarrollo de Última Esperanza. El aeropuerto no puede cerrarse simplemente para que el presupuesto de la obra cierre. Agotemos de verdad todas las alternativas antes de pedirle a Puerto Natales que pague la cuenta. Ninguna obra pública debería financiarse con la temporada de un pueblo.
Pese a contar con flexibilidad logística para sus envíos, la industria salmonicultora respaldó a los gremios locales ante la propuesta de cierre “5x2” del terminal, advirtiendo un impacto transversal en el comercio, el turismo y la economía de la provincia. La alerta se encendió con fuerza en la Provincia de Última Esperanza tras conocerse, el pasado lunes, la propuesta de diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. El esquema de trabajo planteado inicialmente contempla un cierre bajo la modalidad “5x2”, cinco días consecutivos de faenas por sólo dos de apertura, lo que desató un rechazo transversal de gremios locales debido al severo impacto que esto significaría en plena temporada alta. Aunque la provincia de Última Esperanza representa un polo estratégico para la acuicultura, concentrando el 52% de la producción de salmón de la Región de Magallanes, las vías de exportación aérea directa de la industria regional por ese terminal bordean las 500 toneladas anuales, una fracción menor frente a las 150 mil toneladas totales que produjo la zona el año pasado año 2025. Debido a esto, las empresas cuentan con la flexibilidad necesaria para mitigar el cierre mediante desvíos terrestres hacia el aeropuerto de Punta Arenas o salida por nodos internacionales como Ezeiza (Buenos Aires). Sin embargo, desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes optaron por no restarse del conflicto y salir a respaldar decididamente el bloque regional de defensa productiva. En conversación con Salmonexpert, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, explicó las razones de este apoyo institucional: “Como industria entendemos que el cierre parcial del aeropuerto de Puerto Natales afecta a toda la comunidad local, a nuestros socios estratégicos también y el turismo es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el comercio a través de nuestros proveedores locales que verán afectada su actividad considerando que las obras se realizarán en plena temporada turística”. Un impacto transversal Nuevas concesiones Francisca Rojas, en tanto, dijo a La Prensa Austral que “en Magallanes lo que más nos interesa es poder crecer, y para crecer no son las micro relocalizaciones. Es poder despejar la solicitud de espacio costero para pueblos originarios, que tiene hoy día congeladas más de 57 concesiones acuícolas, y, por otro lado, la falta de plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. A nivel regional, el crecimiento no pasa por las micro relocalizaciones. Para crecer nosotros en Magallanes necesitamos nuevas concesiones”. La líder gremial y ex seremi de Bienes Nacionales enfatizó que la problemática va mucho más allá del movimiento de pasajeros o de carga en sí, impactando de forma indirecta en el tejido socioeconómico de la provincia donde operan las plantas en proceso y centros de cultivo. “El cierre del aeropuerto constituye un problema complejo a nivel local. No se reduce solo al transporte de personas, sino el impacto a nivel de imagen país frente a los operadores turísticos internacionales, las reservas que ya están tomadas para la próxima temporada, y la proyección de abastecimiento del comercio local en base a dichas reservas. La comunidad completa se ve afectada y eso por supuesto que nos preocupa como industria”, detalló Rojas. Infraestructura con mirada de futuro Pese al conflicto actual, desde el gremio salmonero ven con optimismo la necesidad de renovar y mejorar el aeródromo de Puerto Natales, siempre y cuando los trabajos se ejecuten bajo una planificación consensuada que no asfixie a los emprendedores locales ni ponga en riesgo la competitividad. Al respecto, Francica Rojas proyectó que “desarrollar el mejoramiento de la pista requiere de mucha coordinación y logística por parte de los servicios públicos involucrados y la colaboración del mundo privado. Superando esta dificultad es posible proyectar el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria que nos permita optimizar los procesos logísticos logrando costos competitivos para nuestra industria y esto de la mano de un flujo de turismo que rompa la estacionalidad y aumente su presencia durante el invierno”. Finalmente, desde la Asociación hicieron un llamado directo al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para abrir canales formales de conversación que eviten una afectación mayor a la economía regional. “Como gremio estamos atentos a la propuesta final del MOP y la DGAC para la realización de las obras y nos ponemos a disposición para participar en las mesas de diálogo que se requieran. Creemos que es posible lograr un equilibrio y alcanzar un acuerdo beneficioso para todos quienes nos relacionamos con la ciudad de Puerto Natales”, concluyó la gerenta general de los salmonicultores magallánicos. Fuente: salmonexpert.cl
Quince organizaciones gremiales y productivas de la Provincia de Última Esperanza solicitaron al Ministerio de Obras Públicas abrir un espacio de diálogo para revisar la programación de las obras de conservación del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuya ejecución está prevista para los meses de enero, febrero y marzo de 2027, período que coincide con la principal temporada turística y productiva de la Región de Magallanes. Las organizaciones señalaron que valoran la inversión pública cercana a $7 mil millones destinada al mejoramiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria, reconociendo la importancia de mantener condiciones adecuadas de seguridad operacional. Sin embargo, enfatizaron que se trata de una obra de conservación y rehabilitación de pista, y no de la construcción de un nuevo aeropuerto o terminal, por lo que solicitan evaluar alternativas de programación que permitan disminuir los impactos sobre el territorio. De acuerdo con la planificación informada por la autoridad, los trabajos consideran una modalidad de ejecución durante lunes a viernes para el desarrollo de las faenas de obra, manteniendo la operación aérea durante sábados y domingos. Los gremios advierten que esta programación podría afectar la continuidad y disponibilidad de la conectividad aérea durante los meses de mayor demanda turística y actividad económica de la provincia. Los representantes productivos señalaron que su preocupación no está relacionada con la necesidad de ejecutar las obras, sino con la oportunidad definida para realizarlas y los efectos que una disminución de conectividad podría generar sobre una provincia extrema y aislada, cuya economía depende de múltiples actividades vinculadas al turismo, comercio, servicios, transporte, acuicultura y emprendimientos locales. “Una decisión de esta magnitud no puede analizarse únicamente desde el punto de vista técnico de la ejecución de una obra. También debe considerar los efectos económicos, sociales y territoriales que tendrá sobre una comunidad que depende de la conectividad aérea para su funcionamiento”, señalaron los representantes gremiales. El Bloque Productivo de Última Esperanza solicitará al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, una instancia de diálogo en Puerto Natales y la conformación de una mesa público-privada de trabajo, con participación de los organismos técnicos, autoridades regionales y comunales, aerolíneas y representantes del territorio. La instancia busca revisar alternativas de ejecución, evaluar sus impactos y analizar medidas que permitan compatibilizar la seguridad operacional del aeródromo con la continuidad de la actividad económica regional. “Queremos que las obras se realicen, pero considerando la realidad de un territorio extremo” La vocera del Bloque Productivo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, señaló que la solicitud busca incorporar la visión del territorio en una decisión estratégica para Magallanes. “Queremos ser muy claros: no estamos solicitando detener las obras. Valoramos la inversión del Estado y entendemos que la conservación de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo es necesaria para garantizar la seguridad operacional. Lo que estamos planteando es que se revisen las alternativas disponibles, considerando que esta intervención está programada para enero, febrero y marzo, meses donde se concentra la mayor actividad económica de nuestra provincia”. La representante gremial agregó: “El desafío es encontrar una alternativa que permita ejecutar una obra necesaria sin trasladar al territorio un costo económico y social mayor. En una provincia extrema como Última Esperanza, la conectividad aérea es una infraestructura básica que permite el funcionamiento del turismo, pero también el traslado de residentes, trabajadores, profesionales, proveedores e inversionistas”. Aguilar destacó que durante años el sector privado ha trabajado junto a instituciones públicas para fortalecer el posicionamiento turístico y económico de Magallanes. “Detrás de cada emprendimiento, cada empresa y cada trabajador existe un esfuerzo permanente por desarrollar este territorio. Por eso creemos que las decisiones de infraestructura pública deben considerar no solo el costo de la obra, sino también el impacto que una determinada programación puede generar en la comunidad y en la economía regional”. Las organizaciones solicitarán que antes de definir la programación definitiva se realice una evaluación integral de las alternativas técnicas y económicas disponibles, incorporando la realidad de Última Esperanza sociabilizando las propuestas con los distintos actores del territorio. Organizaciones representantes de los sectores productivos de Última Esperanza: Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE); Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile; Agrupación de Camioneros de Puerto Natales; Cooperativa Agrícola Campos de Hielo; Asociación de Hostales y Residenciales de Puerto Natales; Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Austro Chile A.G.); Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST); Asociación de Prestadores de Servicios para la Industria y Acuicultura de Natales A.G. (APSIA); Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike; Asociación de Artesanos Entre Maderas y Lanas; Asociación Gremial de Guías de Turismo Locales (A.G.G. Nat); ARMASUR A.G.; Asociación de Salmonicultores de la Región de Magallanes; Asociación Gremial de Porteadores de Magallanes (AGPM); y Asociación de Mujeres Patagonas. Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine HYST
