La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
Con el despliegue territorial de la Directora Implementadora, Macarena Cortés, ya comenzó la ejecución del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, institucionalidad promulgada a fines del año pasado, la cual modifica la orgánica de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), encargadas de proporcionar ayuda jurídica gratuita, especialmente a la población más vulnerable. Se trata de un proceso que deberá completarse en un plazo de 18 meses en todo el territorio nacional, y que ya se inició de manera paulatina desde Arica a Valparaíso, para luego extenderse a otras zonas del país, como la Región del Magallanes. Consultada por una reforma que implica cambios drásticos en una garantía fundamental para la ciudadanía, la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (AFUNPRO), Mónica González, señaló que, si bien se trata de un paso histórico, requiere un apoyo robusto en logística y recursos para cumplir efectivamente su objetivo. Siempre hemos apoyado esta reforma desde nuestra experiencia, sin embargo, creemos que si no existe un informe financiero adecuado y un respaldo real del Estado en su conjunto, difícilmente se avanzará más allá de cambios cosméticos, sentenció la dirigente. La trabajadora social, que lidera a las y los funcionarios de las CAJs de la XII Región, destacó además que la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, así como del renovado Servicio, no se limita únicamente a patrocinar causas judiciales de quienes no cuentan con recursos para contratar asesoría particular, agregando que también incluye líneas de trabajo en infancia, adolescencia y personas mayores, ámbitos clave para el bienestar y la justicia social. Hoy la ciudadanía presencia una degradación de la justicia, asociada al tráfico de influencias y la corruptela. Por eso es tan importante valorar y fortalecer a quienes día a día recogemos los problemas y necesidades del Chile real, afirmó González. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, junto con poner término al modelo de las CAJ —vigente desde 1981—, establece una nueva estructura de apoyo legal para la población, incorporando un elemento innovador como la Defensoría de Víctimas, en un contexto donde la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
Con el despliegue territorial de la Directora Implementadora, Macarena Cortés, ya comenzó la ejecución del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, institucionalidad promulgada a fines del año pasado, la cual modifica la orgánica de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), encargadas de proporcionar ayuda jurídica gratuita, especialmente a la población más vulnerable. Se trata de un proceso que deberá completarse en un plazo de 18 meses en todo el territorio nacional, y que ya se inició de manera paulatina desde Arica a Valparaíso, para luego extenderse a otras zonas del país, como la Región del Magallanes. Consultada por una reforma que implica cambios drásticos en una garantía fundamental para la ciudadanía, la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (AFUNPRO), Mónica González, señaló que, si bien se trata de un paso histórico, requiere un apoyo robusto en logística y recursos para cumplir efectivamente su objetivo. Siempre hemos apoyado esta reforma desde nuestra experiencia, sin embargo, creemos que si no existe un informe financiero adecuado y un respaldo real del Estado en su conjunto, difícilmente se avanzará más allá de cambios cosméticos, sentenció la dirigente. La trabajadora social, que lidera a las y los funcionarios de las CAJs de la XII Región, destacó además que la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, así como del renovado Servicio, no se limita únicamente a patrocinar causas judiciales de quienes no cuentan con recursos para contratar asesoría particular, agregando que también incluye líneas de trabajo en infancia, adolescencia y personas mayores, ámbitos clave para el bienestar y la justicia social. Hoy la ciudadanía presencia una degradación de la justicia, asociada al tráfico de influencias y la corruptela. Por eso es tan importante valorar y fortalecer a quienes día a día recogemos los problemas y necesidades del Chile real, afirmó González. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, junto con poner término al modelo de las CAJ —vigente desde 1981—, establece una nueva estructura de apoyo legal para la población, incorporando un elemento innovador como la Defensoría de Víctimas, en un contexto donde la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
