En el marco del Plan de Acción Contra la Violencia Carcelaria, Gendarmería en Magallanes realizó un operativo de registro y allanamiento, en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. El procedimiento que fue encabezado por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez. Una vez finalizado, el coronel Rodrigo Campusano dio cuenta del trabajo desarrollado por el personal institucional, subrayando la eficiencia y eficacia del procedimiento, en el que participaron funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), Equipo de Canes Adiestrados (ECA), del Área Operativa Regional, así como personal del propio CP. Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró el operativo manifestando que se trató de un operativo impecable, profesional y con estricto apego a los derechos humanos, agregando que deberíamos estar todos orgullosos de la institución, que permanentemente demuestra el control efectivo de los establecimientos penitenciarios, por parte del Estado. Asimismo, la autoridad regional, enfatizó que este tipo de acciones son de suma importancia para la prevención de delitos mediante la pesquisa de estupefacientes, dispositivos de comunicación y elementos cortopunzantes. Queda claro que cometer delitos al interior de los recintos penitenciarios implica sumar años de privación de libertad y quedar excluidos de beneficios como la reducción de condena, agregó el seremi. Este operativo se enmarca en las acciones permanentes, que desarrolla Gendarmería de Chile, para fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos delictuales y resguardar el control de los establecimientos, en línea con el mandato institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En un masivo operativo coordinado entre la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la PDI, se realizaron múltiples allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Puerto Natales y domicilios particulares de exautoridades de la comuna. Las diligencias, lideradas por la fiscal Johana Irribarra, permitieron la incautación de teléfonos celulares, computadores y abundante evidencia documental. Según explicó el subprefecto Francisco Garrido, jefe de la Bridec Punta Arenas, estos peritajes buscan recuperar evidencia digital clave para la investigación de delitos funcionarios. Cabe recordar que este proceso judicial se gatilló a raíz de una querella criminal interpuesta por la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Mayorga, en contra de su antecesora, Antonieta Oyarzo Alvarado, y quienes resulten responsables. Diligencias en municipio La acción legal apunta a graves irregularidades financieras detectadas tras el cambio de mando. La denuncia sostiene que existió un “descalabro” administrativo en la Corporación Municipal, como el presunto desvío de fondos, donde se acusa el uso de 240 millones de pesos destinados a infraestructura escolar para el pago de sueldos. Otra arista son las deudas por convenios. Según se detalló, la firma de acuerdos colectivos sin respaldo financiero hoy significa descuentos millonarios desde el Fondo Común Municipal. A lo anterior se suman las subvenciones no acreditadas: más de mil millones de pesos en fondos escolares que no habrían sido debidamente justificados ante los organismos de control. El perjuicio total denunciado asciende a $9.018.838.492, cifra que la Fiscalía busca acreditar mediante el análisis de la evidencia incautada en este operativo. Fuente: canal9.cl
En el marco del Plan de Acción Contra la Violencia Carcelaria, Gendarmería en Magallanes realizó un operativo de registro y allanamiento, en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. El procedimiento que fue encabezado por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez. Una vez finalizado, el coronel Rodrigo Campusano dio cuenta del trabajo desarrollado por el personal institucional, subrayando la eficiencia y eficacia del procedimiento, en el que participaron funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), Equipo de Canes Adiestrados (ECA), del Área Operativa Regional, así como personal del propio CP. Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró el operativo manifestando que se trató de un operativo impecable, profesional y con estricto apego a los derechos humanos, agregando que deberíamos estar todos orgullosos de la institución, que permanentemente demuestra el control efectivo de los establecimientos penitenciarios, por parte del Estado. Asimismo, la autoridad regional, enfatizó que este tipo de acciones son de suma importancia para la prevención de delitos mediante la pesquisa de estupefacientes, dispositivos de comunicación y elementos cortopunzantes. Queda claro que cometer delitos al interior de los recintos penitenciarios implica sumar años de privación de libertad y quedar excluidos de beneficios como la reducción de condena, agregó el seremi. Este operativo se enmarca en las acciones permanentes, que desarrolla Gendarmería de Chile, para fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos delictuales y resguardar el control de los establecimientos, en línea con el mandato institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En un masivo operativo coordinado entre la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la PDI, se realizaron múltiples allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Puerto Natales y domicilios particulares de exautoridades de la comuna. Las diligencias, lideradas por la fiscal Johana Irribarra, permitieron la incautación de teléfonos celulares, computadores y abundante evidencia documental. Según explicó el subprefecto Francisco Garrido, jefe de la Bridec Punta Arenas, estos peritajes buscan recuperar evidencia digital clave para la investigación de delitos funcionarios. Cabe recordar que este proceso judicial se gatilló a raíz de una querella criminal interpuesta por la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Mayorga, en contra de su antecesora, Antonieta Oyarzo Alvarado, y quienes resulten responsables. Diligencias en municipio La acción legal apunta a graves irregularidades financieras detectadas tras el cambio de mando. La denuncia sostiene que existió un “descalabro” administrativo en la Corporación Municipal, como el presunto desvío de fondos, donde se acusa el uso de 240 millones de pesos destinados a infraestructura escolar para el pago de sueldos. Otra arista son las deudas por convenios. Según se detalló, la firma de acuerdos colectivos sin respaldo financiero hoy significa descuentos millonarios desde el Fondo Común Municipal. A lo anterior se suman las subvenciones no acreditadas: más de mil millones de pesos en fondos escolares que no habrían sido debidamente justificados ante los organismos de control. El perjuicio total denunciado asciende a $9.018.838.492, cifra que la Fiscalía busca acreditar mediante el análisis de la evidencia incautada en este operativo. Fuente: canal9.cl
