El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, valoró las medidas adoptadas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que en su cuarta sesión resolvió instruir nuevas investigaciones en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura, además de dar cuenta de una serie de alertas detectadas en materia de transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y compras públicas. Entre los principales antecedentes del informe se establece que, entre 2022 y 2026, se transfirieron más de $5,4 billones a fundaciones sujetas a rendición de cuentas, de los cuales más de $1,4 billones aún no acreditan su rendición. Asimismo, de las 177 fundaciones creadas durante ese período, 79 no registran ninguna rendición, manteniendo más de $6.500 millones pendientes de acreditar. Frente a estos antecedentes, el seremi de Gobierno señaló que el Ejecutivo está actuando con responsabilidad, fortaleciendo los mecanismos de control del Estado. Las cifras conocidas son una señal de alerta que el Estado tiene el deber de investigar. No afirmamos que en todos los casos existan delitos, porque eso corresponde determinarlo a las instituciones competentes. Pero sí creemos que existen antecedentes que requieren una revisión profunda y, cuando corresponda, el establecimiento de responsabilidades. Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y asegurar que cada peso sea utilizado en beneficio de las personas. El reporte también detectó un uso intensivo del trato directo en distintos organismos públicos, identificando servicios donde más de la mitad de las compras fueron realizadas sin licitación pública y un incremento en la utilización de causales excepcionales para contratar. Sobre este punto, Roa afirmó que fortalecer la probidad exige mejorar permanentemente los mecanismos de control.Los mecanismos excepcionales deben utilizarse solo cuando la ley lo permite y las circunstancias realmente lo justifican. Cuando los informes muestran señales de riesgo, el deber del Gobierno es fiscalizar, revisar los procedimientos y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia. La confianza ciudadana se construye con instituciones que rinden cuentas y administran responsablemente los recursos de todos los chilenos. El informe también da cuenta de avances en investigaciones ya iniciadas, entre ellas el caso de más de $14.000 millones en raciones de alimentos no entregadas por JUNAEB, que fue denunciado al Ministerio Público, así como la revisión de más de $100.000 millones asociados al programa Becas Chile. Asimismo, el Comité instruyó nuevas investigaciones especiales en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura para revisar compras públicas, transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y ejecución de programas. Finalmente, el seremi de Gobierno reiteró que la administración del Presidente José Antonio Kast seguirá fortaleciendo la fiscalización del gasto público. Estamos avanzando en fortalecer los controles del Estado y en actuar cada vez que existan antecedentes que ameriten una investigación. Ese es el mandato que nos ha dado el Presidente: cuidar los recursos de todos los chilenos con responsabilidad, transparencia y sin espacio para la opacidad. La probidad no puede ser una consigna; debe reflejarse en acciones concretas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó esta mañana diversos temas de contingencia política y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la instancia se refirió al cambio de mando presidencial fijado para el próximo 11 de marzo, cuando asumirá el gobierno encabezado por José Antonio Kast. Al respecto, señaló: ojala que el equipo que la acompañe sea de los mejores que no sea un tema por cuoteo político o por amistad. Añadió además que soy de las personas que le gusta juzgar por el trabajo y no por lo nombres, vamos a ver como se conforman los equipos y como trabajan, enfatizando que la evaluación deberá centrarse en la gestión y resultados de las futuras autoridades. El consejero también manifestó que una de sus principales expectativas respecto al nuevo mandato es el cumplimiento de la legalidad. es importante que se cumpla una de las promesas que hizo el Pdte. electo, que se cumpla la ley, por lo menos a mi lo que me ha tocado ver en el consejo regional son cosas bastante graves, indicó, agregando finalmente: espero que este gobierno que entre haga cumplir la ley. Durante la conversación, Arecheta se refirió igualmente a las auditorías realizadas al Gobierno Regional de Magallanes, señalando que falta mucha plata por rendir y no sabemos en que se ocupo esa plata y eso es muy grave no se rindieron platas de actividades que no se hicieron que no se entregaron me consta que hay proyectos en donde la plata no se utilizo.
El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, valoró las medidas adoptadas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que en su cuarta sesión resolvió instruir nuevas investigaciones en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura, además de dar cuenta de una serie de alertas detectadas en materia de transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y compras públicas. Entre los principales antecedentes del informe se establece que, entre 2022 y 2026, se transfirieron más de $5,4 billones a fundaciones sujetas a rendición de cuentas, de los cuales más de $1,4 billones aún no acreditan su rendición. Asimismo, de las 177 fundaciones creadas durante ese período, 79 no registran ninguna rendición, manteniendo más de $6.500 millones pendientes de acreditar. Frente a estos antecedentes, el seremi de Gobierno señaló que el Ejecutivo está actuando con responsabilidad, fortaleciendo los mecanismos de control del Estado. Las cifras conocidas son una señal de alerta que el Estado tiene el deber de investigar. No afirmamos que en todos los casos existan delitos, porque eso corresponde determinarlo a las instituciones competentes. Pero sí creemos que existen antecedentes que requieren una revisión profunda y, cuando corresponda, el establecimiento de responsabilidades. Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y asegurar que cada peso sea utilizado en beneficio de las personas. El reporte también detectó un uso intensivo del trato directo en distintos organismos públicos, identificando servicios donde más de la mitad de las compras fueron realizadas sin licitación pública y un incremento en la utilización de causales excepcionales para contratar. Sobre este punto, Roa afirmó que fortalecer la probidad exige mejorar permanentemente los mecanismos de control.Los mecanismos excepcionales deben utilizarse solo cuando la ley lo permite y las circunstancias realmente lo justifican. Cuando los informes muestran señales de riesgo, el deber del Gobierno es fiscalizar, revisar los procedimientos y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia. La confianza ciudadana se construye con instituciones que rinden cuentas y administran responsablemente los recursos de todos los chilenos. El informe también da cuenta de avances en investigaciones ya iniciadas, entre ellas el caso de más de $14.000 millones en raciones de alimentos no entregadas por JUNAEB, que fue denunciado al Ministerio Público, así como la revisión de más de $100.000 millones asociados al programa Becas Chile. Asimismo, el Comité instruyó nuevas investigaciones especiales en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura para revisar compras públicas, transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y ejecución de programas. Finalmente, el seremi de Gobierno reiteró que la administración del Presidente José Antonio Kast seguirá fortaleciendo la fiscalización del gasto público. Estamos avanzando en fortalecer los controles del Estado y en actuar cada vez que existan antecedentes que ameriten una investigación. Ese es el mandato que nos ha dado el Presidente: cuidar los recursos de todos los chilenos con responsabilidad, transparencia y sin espacio para la opacidad. La probidad no puede ser una consigna; debe reflejarse en acciones concretas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó esta mañana diversos temas de contingencia política y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la instancia se refirió al cambio de mando presidencial fijado para el próximo 11 de marzo, cuando asumirá el gobierno encabezado por José Antonio Kast. Al respecto, señaló: ojala que el equipo que la acompañe sea de los mejores que no sea un tema por cuoteo político o por amistad. Añadió además que soy de las personas que le gusta juzgar por el trabajo y no por lo nombres, vamos a ver como se conforman los equipos y como trabajan, enfatizando que la evaluación deberá centrarse en la gestión y resultados de las futuras autoridades. El consejero también manifestó que una de sus principales expectativas respecto al nuevo mandato es el cumplimiento de la legalidad. es importante que se cumpla una de las promesas que hizo el Pdte. electo, que se cumpla la ley, por lo menos a mi lo que me ha tocado ver en el consejo regional son cosas bastante graves, indicó, agregando finalmente: espero que este gobierno que entre haga cumplir la ley. Durante la conversación, Arecheta se refirió igualmente a las auditorías realizadas al Gobierno Regional de Magallanes, señalando que falta mucha plata por rendir y no sabemos en que se ocupo esa plata y eso es muy grave no se rindieron platas de actividades que no se hicieron que no se entregaron me consta que hay proyectos en donde la plata no se utilizo.
