El año 2025 fue particularmente noticioso para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en especial al ser promulgada la ley que reemplazará su institucionalidad por el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en el marco de procurar acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Si bien 2025 fue un año irregular, en que el servicio se mantuvo movilizado durante abril y mayo, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, señaló que: “dejando fuera la paralización, mejoramos todo lo que tiene que ver con cobertura, con actividades de promoción y prevención”. Esto, pese a verse obligados a posponer para el segundo semestre la implementación de medidas relacionadas con la calidad del servicio. Como avance novedoso destacó un posicionamiento de la institución en el rol educativo y asesoría en derechos: “La Corporación antes salía a promocionarse, y en 2025 nos tocó ver un incremento en solicitudes de capacitación por parte de la sociedad civil, para realizar charlas y talleres temáticos sobre ciertas leyes con grupos específicos que cumplen un rol promotor de los derechos de las personas”. En otro orden, indicó que mantuvieron altos estándares y cifras en aumento en materia de casos referidos a cautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de sus programas: la Niñez y Adolescencia Se Defienden y Programa Mi Abogado. Durante el año se atendió alrededor de 1.800 casos de NNA, quienes son patrocinados directamente por los curadores de ambos centros. No obstante, manifestó que mientras exista la actual Corporación de Asistencia Judicial “hasta el 2028, por lo menos en la Región de Magallanes, deberíamos ir apuntando a tener una mayor dotación que atienda adultos mayores. Existen 23 funcionarios dedicados con exclusividad a niños, niñas y adolescentes y apenas dos funcionarios dedicados con exclusividad a adultos mayores, siendo que la población chilena está envejeciendo”. Mirando a futuro, manifestó que cuando en la región ya esté el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, “veremos mejoras sustanciales con la unificación del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de la CAJ, más el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD, del Ministerio de Seguridad Pública), que se van a fusionar en uno solo y van a pertenecer a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Entonces hay un tremendo desafío en un periodo de dos años de potenciar para la región con los equipos, trabajando mancomunadamente en una sola institución, en una atención a víctimas integral que va a favorecer a toda la comunidad”. Más allá de la integralidad de su Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), valoró el trabajo que se realiza con las víctimas, brindando atención psicológica más allá del término del proceso judicial, hasta lograr en concreto una restauración de esa víctima. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó el papel relevante que cumplen estos centros de información para dar a conocer a la ciudadanía la importante labor que realiza la Corporación en materia de acceso a la Justicia, así como también su presencia territorial a lo largo del año como servicio dependiente de Justicia, a través de “Plazas de Justicia y DD.HH.” y operativos de “Justicia + Cerca”. Aun cuando las estadísticas de las líneas de atención de la CAJ se vieron afectadas puntualmente por una movilización nacional, resaltó el compromiso de sus funcionarias y funcionarias por fortalecer la calidad de atención en sus distintas líneas, lo cual redunda en una mayor satisfacción de sus usuarios/as. AVANCES Y CIFRAS Sin dejar de lado sus principales avances y logros, la institución informó que durante 2025, la Corporación logró entregar asesoría a 8.044 personas en la Región de Magallanes, por debajo de 2024, en que totalizaron 8.305 orientaciones e informaciones propiamente jurídicas a cargo de sus profesionales, abogados, técnicos jurídicos y trabajadores sociales. En materia de consultas atendieron a 6.476 personas: 5.381 consultas en su Dirección Regional, 843 en la ODL, 65 en el CAVI y 187 consultas en los centros de mediación. En relación a los patrocinios, la Corporación de Asistencia Judicial tramitó 1.864 causas en todas las materias en tribunales, respecto de las 2.223 ingresadas el año anterior. En el 2025, su Dirección Regional mantuvo atención prioritaria en orientación y información los días viernes a mujeres inscritas en el Registro de Cuidadoras. También rige un convenio a nivel nacional entre Gendarmería y la CAJ que establece un mecanismo y protocolo de atención preferente a mujeres privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. En promoción de derechos y prevención desarrollaron un total de 38 actividades en la región, entre capacitaciones, charlas y cobertura territorial en sus diferentes unidades, accediendo a comunas sin presencia física permanente de la CAJ, como Río Verde, Porvenir, Laguna Blanca, Torres del Paine, San Gregorio, y localidades como Villa O’Higgins y Puerto Williams. Sólo el abogado del convenio CAJ-SENADIS realizó 20 de ellas, las que convocaron a 458 participantes en la temática de discapacidad, como grupo vulnerable. En orientación e información, remarcó el alcanzar un índice del 90.5% de satisfacción usuaria en el periodo, dada la consolidación de un estándar de calidad en la modalidad de demanda espontánea, con listas de espera muy disminuidas, que incluso les permite atender a la persona en el mismo día y no más allá de 48 horas. Asimismo, reconoció a partir del segundo semestre el impulso brindado por la nueva Jefa de la Oficina de Defensa Laboral (ODL) para retomar con fuerza el patrocinio judicial, y llegar a grupos vulnerables de trabajadores y capacitarlos en temáticas propias de la ley laboral. Durante el año pasado, Donatti añadió que los ingresos a tribunales fueron el único indicador al debe (por un pequeño porcentaje), incidido por factores como falta de dotación y la paralización: “Al abrir las puertas después del paro tuvimos que adecuar a todos nuestros profesionales para atender a esa gente que solicitaba venir por orientación e información, quedándoles menos tiempo para que ellos pudieran dedicarse a redactar demandas e ingresar a tribunales”. Finalmente, señaló que se mantienen también a la espera de ver cómo se implementará la solución colaborativa de conflictos, hoy radicada en su Centro de Mediación, donde tienen dos funcionarias. Bajo el amparo de la nueva ley, podría plasmarse en mayores recursos y dotación, para llegar a y así darle un impulso que merece: “La idea es no judicializar tanto y poder tener una resolución alternativa al conflicto fuera del ámbito judicial”.
Una sociedad diversa e inclusiva no está ajena a que una persona con discapacidad, en determinado momento, se vea perjudicada por algún acto u omisión arbitraria que implique discriminación o vulneración de derechos a causa de su discapacidad. Al respecto, el afectado o afectada pueden acceder personalmente -o bien a través de familiares o representantes- a asesoría gratuita y especializada, gracias a un convenio vigente hace más de 12 años entre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). En un caso emblemático a nivel nacional, un usuario con discapacidad fue discriminado en Punta Arenas hace una década al impedírsele renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio. En virtud de la Ley N°20.422, en tribunales se logró una sentencia favorable gracias al apoyo de esta herramienta que opera tanto en Magallanes como en el resto del país. Gianina Brevis Núñez, Abogada Ejecutora del Convenio CAJ-SENADIS, explicó que este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de la orientación y representación judicial gratuitas para aquellas personas con discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas por motivo de su discapacidad. Si algún caso diera lugar a alguna acción judicial, ésta puede ser patrocinada. Otro foco importante de este convenio es también la labor socioeducativa: acciones de promoción y difusión como charlas y talleres sobre los derechos para las personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil (personas con discapacidad). Tales acciones giran principalmente en torno a los derechos que los amparan, incluyendo la Ley N° 21.545, que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas”, agregó. En ese sentido, también ha podido asistir a distintos establecimientos educacionales para entregar esta orientación e información a los profesores, a profesionales que son parte del programa PIE, a la dirección y a los apoderados de los establecimientos, “para que ellos igual tengan conocimiento de los derechos de sus hijos. Y, en caso de que exista alguna vulneración o algo que quieran solucionar, sepan que existe este convenio y que pueden acercarse para recibir esta orientación”. La profesional valoró los conocimientos y experiencia que le aporta el SENADIS al ejecutar sus labores en el día a día, “y que eso lo podamos entregar de forma más integral a los usuarios una vez que se acercan a consultar cualquier tipo de duda”. Muchas situaciones de discriminación no siempre se denuncian, lo que refuerza la importancia de contar con servicios de orientación jurídica accesibles y especializados. “Eso no dice nada de que existan o no existan discriminaciones en sí. Podemos verlo desde dos enfoques, que hay menos vulneraciones, porque no hay patrocinios, o también porque la gente no quiere denunciar”, expresó. Asimismo, esto formaría parte de la autonomía de las personas con discapacidad, quienes “una vez que reciben la información, ellas deciden cuál es el camino que quieren seguir. A veces no todo es judicializar, a veces es solucionar”. A través de este convenio, han asesorado en el año a una cifra cercana al centenar de personas. Al respecto, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, destacó el alcance de este apoyo especializado en acción colaborativa con el SENADIS, que busca otorgar una defensa oportuna y de calidad a casos de discriminación o conculcación de derechos por su mera condición de discapacidad. Más allá de la figura de un abogado especializado por región encargado de entregar patrocinio o atención preferente en base a un convenio, anticipó que el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia -que reemplazará a la CAJ- debería incorporar una especialización y herramientas adicionales para consagrar una atención más permanente en estas materias. Por su parte, René Castro Cid, Seremi de Justicia y DD.HH. (S), subrayó que toda persona necesitada de patrocinio en acciones judiciales por discriminación con motivo de discapacidad no requerirá de focalización previa, dado que el patrocinio que brinda esta herramienta (basada en los artículos 28 y 57 de la Ley 20.422 y la acción antidiscriminación de la Ley 20.609), es de carácter universal. El Convenio CAJ-SENADIS brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Croacia N°957) y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: puntaarenas@cajmetro.cl).
Otorgar orientación y asesoría jurídica a toda persona que lo requiera, y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quien no cuente con los recursos para hacerlo, son el leit motiv de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución dependiente de Justicia que en los últimos años se ha volcado en especializar sus atenciones para mejorar el acceso a la justicia a grupos de especial interés. Uno de ellos son las personas extranjeras, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria o irregular y, por lo tanto, pueden acceder directamente a sus servicios. Como fenómeno global, la migración se ha hecho presente en Chile y también en nuestra región. Conforme a ello, la CAJ ha venido articulando -especialmente en la última década- su acceso a la justicia como algo garantizado constitucionalmente, a fin de brindar transversalmente su oferta pública a quienes entre ellos requieran asesoría jurídica o representación judicial. Al respecto, la incorporación de personas migrantes y/o indocumentadas como población objetivo de la institución, se funda en el principio de debido proceso y la igual protección de los derechos establecidos en la ley, recogidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Ante ello, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, manifiesta que deben velar para que estos ciudadanos hagan valer sus derechos fundamentales estando en el territorio nacional: “en el fondo, los derechos se mantienen, no se pierden, y la importancia de la CAJ es que nosotros somos el organismo llave para que puedan ejercer esos derechos ante el tribunal”. La Corporación ha coordinado su intervención con personas extranjeras con el Servicio Nacional de Migraciones como el organismo que implementa la política pública en materia de migraciones. Dentro de las definiciones adoptadas mantiene con el organismo especializado la asesoría en materia de regularización que requiere este segmento y, por otra parte, la defensa judicial que contempla nuestro Estado de Derecho frente a los decretos de expulsión del artículo 141 de la Ley N° 21.325. Otros enfoques de trabajo de la institución consideran la protección de las infancias que pueden, en razón de una situación no regularizada de sus grupos familiares, exponerlas a vulneraciones de derechos. Al respecto, las líneas infancia de la CAJ mantienen énfasis de trabajo como población objetivo. A su vez, el Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos (CAVI) de la CAJ hace un llamado a la comprensión, a que la comunidad considere la presencia de cualquier delito que pueda afectar a la población migrante sin regularización de su condición migratoria, como algo plenamente denunciable y dentro del ámbito persecutorio del Ministerio Público. Yarela Gallardo, Coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, subraya que muchas veces, uno de los riesgos que corren las personas migrantes es no denunciar delitos u otras vulneraciones de derechos, para no exponer una situación migratoria irregular: “Esta es una desinformación que no queremos entre nuestras personas migrantes, y la CAJ ha avanzado en procedimientos que permiten asignar representación judicial a quienes entre ellos mantengan una situación no regularizada, a efectos de reestablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los vulneran”. Aquello se trabajó el año pasado con el Servicio de Migraciones, el CAVI y la Oficina de Defensa Laboral (ODL), siendo en todos los casos restablecido el imperio de la ley. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destaca la relevancia de la función que desarrolla la CAJ, en materia de informar, orientar y representar a personas muchas veces invisibilizadas, que han debido emigrar de sus lugares de origen en procura de brindar un mejor futuro a sus familias. Al margen de su situación regular o irregular o de cómo llegaron al país, resalta la prioridad como grupos focales que revisten especialmente las infancias migrantes, con un tratamiento especial como sujetos de intervención de la Corporación.
En el céntrico bandejón de Bories esquina Avenida Colón, esta mañana se retomaron los operativos de atenciones en terreno “Justicia+Cerca”, que desarrollan a lo largo de la temporada estival las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a todos las y los usuarios de estos servicios dependientes del Ministerio de Justicia y DD.HH. La actividad territorial fue encabezada por la Seremi de la cartera, Michelle Peutat Alvarado; el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola; y el Director Regional (S) del Registro Civil, Patricio Carreño Castillo. La Seremi Michelle Peutat remarcó la tónica como sector justicia durante la gestión del Presidente Gabriel Boric de procurar atención en el territorio a través de ambas oficinas móviles a las y los ciudadanos de la región que, “por condiciones climáticas muchas veces no pueden salir durante todo el año, pero a partir de hoy estarán todos los días viernes, aquí en Colón con Bories, hasta la segunda semana de diciembre, entre las 10 y 12 horas”. Y, en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial, destacó el brindar asesorías jurídicas gratuitas y, en caso de ser necesario, derivar ya a alguna atención con un abogado para representación jurídica. Por su parte, Patricio Carreño indicó que a nivel del Registro Civil, además de sus atenciones a domicilio, potencian estos operativos para descentralizar sus atenciones y que permiten a la ciudadanía hacer solicitudes de Clave Única para realizar trámites, renovación de cédula de identidad y también de pasaporte, algo también muy requerido en las vacaciones. En esto último, formuló un llamado junto a la Seremi a hacerlo con anticipación, toda vez que cada requerimiento de documento se demora alrededor de ocho días hábiles hasta su recepción. En la oportunidad, las autoridades también difundieron los alcances de la recién promulgada Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, institucionalidad que reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Al respecto la Seremi Michelle Peutat subrayó el fortalecer el acceso a la justicia, toda vez que “es uno de los derechos más importantes y la condición primordial para ejercer el resto de los derechos”. Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, valoró como un gran avance la creación de este nuevo organismo: “la verdad que la Corporación de Asistencia Judicial lleva 44 años de vigencia, así que estábamos bastante obsoletos en muchos mecanismos que influenciaban en el acceso a la justicia de las personas. Hoy día con este nuevo servicio hay una descentralización, se potencia la Defensoría a las Víctimas, hay una uniformidad y homogeneidad en cuanto a los procedimientos y protocolos, y todo eso obviamente va a beneficiar a las personas”. El profesional valoró que de esta manera el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, resaltando que el nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. La gradualidad en la instalación del servicio a nivel regional se llevará a cabo en tres etapas desde la publicación de la ley: a los 18 meses iniciarán sus operaciones las direcciones regionales de la Macrozona Norte y de la Región de Valparaíso; a los 30 meses las direcciones regionales de la zona central, Región Metropolitana y de Magallanes y la Antártica Chilena; y a los 48 meses las direcciones regionales del sur del país, desde la Región de Ñuble hasta la Región de Aysén.
Ampliar y garantizar el acceso a la justicia a aquellas personas sin recursos para costear representación jurídica o que pertenezcan a grupos de especial protección, es uno de los principales alcances de reciente aprobación y despacho a ley por la Cámara Baja del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Esta relevante iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno, comenzó a ser difundida a nivel regional, por parte de la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, junto al Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti Otárola, en un primer hito comunicacional en la Delegación Presidencial Regional. La instancia permitió realizar una bajada comunicacional a representantes de la sociedad civil sobre esta nueva institucionalidad que potenciará la entrega de orientación legal, asesoría y defensa jurídica, así como apoyo psicológico y social para víctimas de delitos. Acerca del proyecto de ley que aprobó el Congreso, que unificará a las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, la Seremi Michelle Peutat destacó el poder contar con un servicio público descentralizado y regionalizado para prestar atención oportuna a las víctimas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Se trata de un paso muy significativo para la protección de las víctimas de delitos en nuestro país, que permitirá que las personas confíen en que la justicia puede resolver sus problemas, acompañadas por un Estado que entrega servicios de calidad y profesionalismo”, remarcó. Por su parte, el Director Regional de la CAJ, señaló que este histórico avance redunda en un servicio más eficiente y eficaz, no solamente en cuanto a sus procedimientos internos, sino que también en su planificación anual. Alejandro Donatti anticipó que “si podemos lograr una potenciación relevante en la resolución alternativa a conflictos que se considera en este nuevo Servicio de Acceso a la Justicia, sería un tremendo avance para la justicia de los acuerdos, por llamarlo de alguna forma coloquial”. Asimismo, resaltó el énfasis que se ha dado a la Defensoría de las Víctimas, que implicará “unir el Centro de Atención a Víctimas, que hoy día depende del Ministerio de Seguridad Pública, con el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de las Corporaciones. Eso también destacaría dentro de la región, que sería un avance patente y visible, de que vamos a tener obviamente mayor personal unificado dentro de un servicio que va a actuar en defensa de las víctimas”. El nuevo servicio reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, transformándolas en un organismo público y descentralizado, con 16 direcciones regionales y centros de atención en todas las comunas o agrupaciones de comunas donde existan tribunales de justicia. La ley incorporará la creación de la Defensoría de Víctimas, que brindará acompañamiento jurídico y psicosocial a personas afectadas por delitos, con especial énfasis en víctimas de hechos violentos. Por otra parte, cabe destacar el fortalecimiento de la solución colaborativa de conflictos, el refuerzo de la atención a las víctimas y la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos, como la atención de menores y adultos mayores o la asesoría en materia de derechos humanos y discriminación.
El año 2025 fue particularmente noticioso para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en especial al ser promulgada la ley que reemplazará su institucionalidad por el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en el marco de procurar acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Si bien 2025 fue un año irregular, en que el servicio se mantuvo movilizado durante abril y mayo, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, señaló que: “dejando fuera la paralización, mejoramos todo lo que tiene que ver con cobertura, con actividades de promoción y prevención”. Esto, pese a verse obligados a posponer para el segundo semestre la implementación de medidas relacionadas con la calidad del servicio. Como avance novedoso destacó un posicionamiento de la institución en el rol educativo y asesoría en derechos: “La Corporación antes salía a promocionarse, y en 2025 nos tocó ver un incremento en solicitudes de capacitación por parte de la sociedad civil, para realizar charlas y talleres temáticos sobre ciertas leyes con grupos específicos que cumplen un rol promotor de los derechos de las personas”. En otro orden, indicó que mantuvieron altos estándares y cifras en aumento en materia de casos referidos a cautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de sus programas: la Niñez y Adolescencia Se Defienden y Programa Mi Abogado. Durante el año se atendió alrededor de 1.800 casos de NNA, quienes son patrocinados directamente por los curadores de ambos centros. No obstante, manifestó que mientras exista la actual Corporación de Asistencia Judicial “hasta el 2028, por lo menos en la Región de Magallanes, deberíamos ir apuntando a tener una mayor dotación que atienda adultos mayores. Existen 23 funcionarios dedicados con exclusividad a niños, niñas y adolescentes y apenas dos funcionarios dedicados con exclusividad a adultos mayores, siendo que la población chilena está envejeciendo”. Mirando a futuro, manifestó que cuando en la región ya esté el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, “veremos mejoras sustanciales con la unificación del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de la CAJ, más el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD, del Ministerio de Seguridad Pública), que se van a fusionar en uno solo y van a pertenecer a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Entonces hay un tremendo desafío en un periodo de dos años de potenciar para la región con los equipos, trabajando mancomunadamente en una sola institución, en una atención a víctimas integral que va a favorecer a toda la comunidad”. Más allá de la integralidad de su Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), valoró el trabajo que se realiza con las víctimas, brindando atención psicológica más allá del término del proceso judicial, hasta lograr en concreto una restauración de esa víctima. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó el papel relevante que cumplen estos centros de información para dar a conocer a la ciudadanía la importante labor que realiza la Corporación en materia de acceso a la Justicia, así como también su presencia territorial a lo largo del año como servicio dependiente de Justicia, a través de “Plazas de Justicia y DD.HH.” y operativos de “Justicia + Cerca”. Aun cuando las estadísticas de las líneas de atención de la CAJ se vieron afectadas puntualmente por una movilización nacional, resaltó el compromiso de sus funcionarias y funcionarias por fortalecer la calidad de atención en sus distintas líneas, lo cual redunda en una mayor satisfacción de sus usuarios/as. AVANCES Y CIFRAS Sin dejar de lado sus principales avances y logros, la institución informó que durante 2025, la Corporación logró entregar asesoría a 8.044 personas en la Región de Magallanes, por debajo de 2024, en que totalizaron 8.305 orientaciones e informaciones propiamente jurídicas a cargo de sus profesionales, abogados, técnicos jurídicos y trabajadores sociales. En materia de consultas atendieron a 6.476 personas: 5.381 consultas en su Dirección Regional, 843 en la ODL, 65 en el CAVI y 187 consultas en los centros de mediación. En relación a los patrocinios, la Corporación de Asistencia Judicial tramitó 1.864 causas en todas las materias en tribunales, respecto de las 2.223 ingresadas el año anterior. En el 2025, su Dirección Regional mantuvo atención prioritaria en orientación y información los días viernes a mujeres inscritas en el Registro de Cuidadoras. También rige un convenio a nivel nacional entre Gendarmería y la CAJ que establece un mecanismo y protocolo de atención preferente a mujeres privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. En promoción de derechos y prevención desarrollaron un total de 38 actividades en la región, entre capacitaciones, charlas y cobertura territorial en sus diferentes unidades, accediendo a comunas sin presencia física permanente de la CAJ, como Río Verde, Porvenir, Laguna Blanca, Torres del Paine, San Gregorio, y localidades como Villa O’Higgins y Puerto Williams. Sólo el abogado del convenio CAJ-SENADIS realizó 20 de ellas, las que convocaron a 458 participantes en la temática de discapacidad, como grupo vulnerable. En orientación e información, remarcó el alcanzar un índice del 90.5% de satisfacción usuaria en el periodo, dada la consolidación de un estándar de calidad en la modalidad de demanda espontánea, con listas de espera muy disminuidas, que incluso les permite atender a la persona en el mismo día y no más allá de 48 horas. Asimismo, reconoció a partir del segundo semestre el impulso brindado por la nueva Jefa de la Oficina de Defensa Laboral (ODL) para retomar con fuerza el patrocinio judicial, y llegar a grupos vulnerables de trabajadores y capacitarlos en temáticas propias de la ley laboral. Durante el año pasado, Donatti añadió que los ingresos a tribunales fueron el único indicador al debe (por un pequeño porcentaje), incidido por factores como falta de dotación y la paralización: “Al abrir las puertas después del paro tuvimos que adecuar a todos nuestros profesionales para atender a esa gente que solicitaba venir por orientación e información, quedándoles menos tiempo para que ellos pudieran dedicarse a redactar demandas e ingresar a tribunales”. Finalmente, señaló que se mantienen también a la espera de ver cómo se implementará la solución colaborativa de conflictos, hoy radicada en su Centro de Mediación, donde tienen dos funcionarias. Bajo el amparo de la nueva ley, podría plasmarse en mayores recursos y dotación, para llegar a y así darle un impulso que merece: “La idea es no judicializar tanto y poder tener una resolución alternativa al conflicto fuera del ámbito judicial”.
Una sociedad diversa e inclusiva no está ajena a que una persona con discapacidad, en determinado momento, se vea perjudicada por algún acto u omisión arbitraria que implique discriminación o vulneración de derechos a causa de su discapacidad. Al respecto, el afectado o afectada pueden acceder personalmente -o bien a través de familiares o representantes- a asesoría gratuita y especializada, gracias a un convenio vigente hace más de 12 años entre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). En un caso emblemático a nivel nacional, un usuario con discapacidad fue discriminado en Punta Arenas hace una década al impedírsele renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio. En virtud de la Ley N°20.422, en tribunales se logró una sentencia favorable gracias al apoyo de esta herramienta que opera tanto en Magallanes como en el resto del país. Gianina Brevis Núñez, Abogada Ejecutora del Convenio CAJ-SENADIS, explicó que este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de la orientación y representación judicial gratuitas para aquellas personas con discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas por motivo de su discapacidad. Si algún caso diera lugar a alguna acción judicial, ésta puede ser patrocinada. Otro foco importante de este convenio es también la labor socioeducativa: acciones de promoción y difusión como charlas y talleres sobre los derechos para las personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil (personas con discapacidad). Tales acciones giran principalmente en torno a los derechos que los amparan, incluyendo la Ley N° 21.545, que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas”, agregó. En ese sentido, también ha podido asistir a distintos establecimientos educacionales para entregar esta orientación e información a los profesores, a profesionales que son parte del programa PIE, a la dirección y a los apoderados de los establecimientos, “para que ellos igual tengan conocimiento de los derechos de sus hijos. Y, en caso de que exista alguna vulneración o algo que quieran solucionar, sepan que existe este convenio y que pueden acercarse para recibir esta orientación”. La profesional valoró los conocimientos y experiencia que le aporta el SENADIS al ejecutar sus labores en el día a día, “y que eso lo podamos entregar de forma más integral a los usuarios una vez que se acercan a consultar cualquier tipo de duda”. Muchas situaciones de discriminación no siempre se denuncian, lo que refuerza la importancia de contar con servicios de orientación jurídica accesibles y especializados. “Eso no dice nada de que existan o no existan discriminaciones en sí. Podemos verlo desde dos enfoques, que hay menos vulneraciones, porque no hay patrocinios, o también porque la gente no quiere denunciar”, expresó. Asimismo, esto formaría parte de la autonomía de las personas con discapacidad, quienes “una vez que reciben la información, ellas deciden cuál es el camino que quieren seguir. A veces no todo es judicializar, a veces es solucionar”. A través de este convenio, han asesorado en el año a una cifra cercana al centenar de personas. Al respecto, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, destacó el alcance de este apoyo especializado en acción colaborativa con el SENADIS, que busca otorgar una defensa oportuna y de calidad a casos de discriminación o conculcación de derechos por su mera condición de discapacidad. Más allá de la figura de un abogado especializado por región encargado de entregar patrocinio o atención preferente en base a un convenio, anticipó que el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia -que reemplazará a la CAJ- debería incorporar una especialización y herramientas adicionales para consagrar una atención más permanente en estas materias. Por su parte, René Castro Cid, Seremi de Justicia y DD.HH. (S), subrayó que toda persona necesitada de patrocinio en acciones judiciales por discriminación con motivo de discapacidad no requerirá de focalización previa, dado que el patrocinio que brinda esta herramienta (basada en los artículos 28 y 57 de la Ley 20.422 y la acción antidiscriminación de la Ley 20.609), es de carácter universal. El Convenio CAJ-SENADIS brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Croacia N°957) y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: puntaarenas@cajmetro.cl).
Otorgar orientación y asesoría jurídica a toda persona que lo requiera, y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quien no cuente con los recursos para hacerlo, son el leit motiv de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución dependiente de Justicia que en los últimos años se ha volcado en especializar sus atenciones para mejorar el acceso a la justicia a grupos de especial interés. Uno de ellos son las personas extranjeras, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria o irregular y, por lo tanto, pueden acceder directamente a sus servicios. Como fenómeno global, la migración se ha hecho presente en Chile y también en nuestra región. Conforme a ello, la CAJ ha venido articulando -especialmente en la última década- su acceso a la justicia como algo garantizado constitucionalmente, a fin de brindar transversalmente su oferta pública a quienes entre ellos requieran asesoría jurídica o representación judicial. Al respecto, la incorporación de personas migrantes y/o indocumentadas como población objetivo de la institución, se funda en el principio de debido proceso y la igual protección de los derechos establecidos en la ley, recogidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Ante ello, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, manifiesta que deben velar para que estos ciudadanos hagan valer sus derechos fundamentales estando en el territorio nacional: “en el fondo, los derechos se mantienen, no se pierden, y la importancia de la CAJ es que nosotros somos el organismo llave para que puedan ejercer esos derechos ante el tribunal”. La Corporación ha coordinado su intervención con personas extranjeras con el Servicio Nacional de Migraciones como el organismo que implementa la política pública en materia de migraciones. Dentro de las definiciones adoptadas mantiene con el organismo especializado la asesoría en materia de regularización que requiere este segmento y, por otra parte, la defensa judicial que contempla nuestro Estado de Derecho frente a los decretos de expulsión del artículo 141 de la Ley N° 21.325. Otros enfoques de trabajo de la institución consideran la protección de las infancias que pueden, en razón de una situación no regularizada de sus grupos familiares, exponerlas a vulneraciones de derechos. Al respecto, las líneas infancia de la CAJ mantienen énfasis de trabajo como población objetivo. A su vez, el Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos (CAVI) de la CAJ hace un llamado a la comprensión, a que la comunidad considere la presencia de cualquier delito que pueda afectar a la población migrante sin regularización de su condición migratoria, como algo plenamente denunciable y dentro del ámbito persecutorio del Ministerio Público. Yarela Gallardo, Coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, subraya que muchas veces, uno de los riesgos que corren las personas migrantes es no denunciar delitos u otras vulneraciones de derechos, para no exponer una situación migratoria irregular: “Esta es una desinformación que no queremos entre nuestras personas migrantes, y la CAJ ha avanzado en procedimientos que permiten asignar representación judicial a quienes entre ellos mantengan una situación no regularizada, a efectos de reestablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los vulneran”. Aquello se trabajó el año pasado con el Servicio de Migraciones, el CAVI y la Oficina de Defensa Laboral (ODL), siendo en todos los casos restablecido el imperio de la ley. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destaca la relevancia de la función que desarrolla la CAJ, en materia de informar, orientar y representar a personas muchas veces invisibilizadas, que han debido emigrar de sus lugares de origen en procura de brindar un mejor futuro a sus familias. Al margen de su situación regular o irregular o de cómo llegaron al país, resalta la prioridad como grupos focales que revisten especialmente las infancias migrantes, con un tratamiento especial como sujetos de intervención de la Corporación.
En el céntrico bandejón de Bories esquina Avenida Colón, esta mañana se retomaron los operativos de atenciones en terreno “Justicia+Cerca”, que desarrollan a lo largo de la temporada estival las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a todos las y los usuarios de estos servicios dependientes del Ministerio de Justicia y DD.HH. La actividad territorial fue encabezada por la Seremi de la cartera, Michelle Peutat Alvarado; el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola; y el Director Regional (S) del Registro Civil, Patricio Carreño Castillo. La Seremi Michelle Peutat remarcó la tónica como sector justicia durante la gestión del Presidente Gabriel Boric de procurar atención en el territorio a través de ambas oficinas móviles a las y los ciudadanos de la región que, “por condiciones climáticas muchas veces no pueden salir durante todo el año, pero a partir de hoy estarán todos los días viernes, aquí en Colón con Bories, hasta la segunda semana de diciembre, entre las 10 y 12 horas”. Y, en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial, destacó el brindar asesorías jurídicas gratuitas y, en caso de ser necesario, derivar ya a alguna atención con un abogado para representación jurídica. Por su parte, Patricio Carreño indicó que a nivel del Registro Civil, además de sus atenciones a domicilio, potencian estos operativos para descentralizar sus atenciones y que permiten a la ciudadanía hacer solicitudes de Clave Única para realizar trámites, renovación de cédula de identidad y también de pasaporte, algo también muy requerido en las vacaciones. En esto último, formuló un llamado junto a la Seremi a hacerlo con anticipación, toda vez que cada requerimiento de documento se demora alrededor de ocho días hábiles hasta su recepción. En la oportunidad, las autoridades también difundieron los alcances de la recién promulgada Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, institucionalidad que reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Al respecto la Seremi Michelle Peutat subrayó el fortalecer el acceso a la justicia, toda vez que “es uno de los derechos más importantes y la condición primordial para ejercer el resto de los derechos”. Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, valoró como un gran avance la creación de este nuevo organismo: “la verdad que la Corporación de Asistencia Judicial lleva 44 años de vigencia, así que estábamos bastante obsoletos en muchos mecanismos que influenciaban en el acceso a la justicia de las personas. Hoy día con este nuevo servicio hay una descentralización, se potencia la Defensoría a las Víctimas, hay una uniformidad y homogeneidad en cuanto a los procedimientos y protocolos, y todo eso obviamente va a beneficiar a las personas”. El profesional valoró que de esta manera el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, resaltando que el nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. La gradualidad en la instalación del servicio a nivel regional se llevará a cabo en tres etapas desde la publicación de la ley: a los 18 meses iniciarán sus operaciones las direcciones regionales de la Macrozona Norte y de la Región de Valparaíso; a los 30 meses las direcciones regionales de la zona central, Región Metropolitana y de Magallanes y la Antártica Chilena; y a los 48 meses las direcciones regionales del sur del país, desde la Región de Ñuble hasta la Región de Aysén.
Ampliar y garantizar el acceso a la justicia a aquellas personas sin recursos para costear representación jurídica o que pertenezcan a grupos de especial protección, es uno de los principales alcances de reciente aprobación y despacho a ley por la Cámara Baja del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Esta relevante iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno, comenzó a ser difundida a nivel regional, por parte de la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, junto al Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti Otárola, en un primer hito comunicacional en la Delegación Presidencial Regional. La instancia permitió realizar una bajada comunicacional a representantes de la sociedad civil sobre esta nueva institucionalidad que potenciará la entrega de orientación legal, asesoría y defensa jurídica, así como apoyo psicológico y social para víctimas de delitos. Acerca del proyecto de ley que aprobó el Congreso, que unificará a las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, la Seremi Michelle Peutat destacó el poder contar con un servicio público descentralizado y regionalizado para prestar atención oportuna a las víctimas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Se trata de un paso muy significativo para la protección de las víctimas de delitos en nuestro país, que permitirá que las personas confíen en que la justicia puede resolver sus problemas, acompañadas por un Estado que entrega servicios de calidad y profesionalismo”, remarcó. Por su parte, el Director Regional de la CAJ, señaló que este histórico avance redunda en un servicio más eficiente y eficaz, no solamente en cuanto a sus procedimientos internos, sino que también en su planificación anual. Alejandro Donatti anticipó que “si podemos lograr una potenciación relevante en la resolución alternativa a conflictos que se considera en este nuevo Servicio de Acceso a la Justicia, sería un tremendo avance para la justicia de los acuerdos, por llamarlo de alguna forma coloquial”. Asimismo, resaltó el énfasis que se ha dado a la Defensoría de las Víctimas, que implicará “unir el Centro de Atención a Víctimas, que hoy día depende del Ministerio de Seguridad Pública, con el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de las Corporaciones. Eso también destacaría dentro de la región, que sería un avance patente y visible, de que vamos a tener obviamente mayor personal unificado dentro de un servicio que va a actuar en defensa de las víctimas”. El nuevo servicio reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, transformándolas en un organismo público y descentralizado, con 16 direcciones regionales y centros de atención en todas las comunas o agrupaciones de comunas donde existan tribunales de justicia. La ley incorporará la creación de la Defensoría de Víctimas, que brindará acompañamiento jurídico y psicosocial a personas afectadas por delitos, con especial énfasis en víctimas de hechos violentos. Por otra parte, cabe destacar el fortalecimiento de la solución colaborativa de conflictos, el refuerzo de la atención a las víctimas y la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos, como la atención de menores y adultos mayores o la asesoría en materia de derechos humanos y discriminación.
