Las organizaciones Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Cámara de Empresas de Turismo de Magallanes Austro Chile y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) manifiestan su profunda preocupación ante la situación que se está generando en torno al cumplimiento de la normativa vigente que regula el cabotaje marítimo en Chile. Durante las últimas semanas se han recopilado diversos antecedentes que dejan en evidencia que embarcaciones de bandera extranjera estarían realizando operaciones turísticas en áreas cercanas a Puerto Natales, fiordos de Tierra del Fuego y los canales del Beagle. No obstante, esta situación no solo se limita al ámbito del cabotaje. Los gremios advierten que este tipo de operaciones podría implicar, además, la eventual vulneración de diversas normativas nacionales, incluyendo disposiciones tributarias, aduaneras, del Código del Trabajo y de protección ambiental, especialmente cuando no existe una actividad comercial formalmente constituida en Chile. El incumplimiento de estas normativas no solo afecta directamente a los actores locales del sector turístico, sino que también genera distorsiones en el desarrollo sostenible de distintos destinos de la región, impactando negativamente la competencia y el equilibrio del mercado. En este contexto, los gremios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes a reforzar los mecanismos de fiscalización y a garantizar que las operaciones se desarrollen en estricto apego a la normativa vigente, resguardando la equidad, la legalidad y el fortalecimiento del turismo local. Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló: Como gremios, nos preocupa profundamente que se estén generando situaciones que podrían vulnerar una normativa clave para el resguardo de nuestra industria. Es fundamental que exista una fiscalización efectiva y que se garantice el cumplimiento de la ley, ya que, de lo contrario, se pone en riesgo no solo la competencia justa, sino también el desarrollo equilibrado y sostenible del turismo en nuestra región. Por su parte, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, indicó: El objetivo de esta normativa es proteger el turismo marítimo regional y evitar una competencia desleal con empresas nacionales que cumplen con todas las exigencias legales, laborales y tributarias. Hoy más que nunca se requiere una acción decidida por parte de las autoridades. Necesitamos reglas claras y que estas se hagan cumplir con urgencia. Finalmente, Adriana Aguilar, gerente de CATUE, agregó: En Magallanes y de la Antártica Chilena, y particularmente en zonas estratégicas para el desarrollo turístico, existe un ecosistema de empresas locales que cumple con la normativa tributaria, laboral, ambiental y sanitaria. Cuando se producen situaciones que podrían vulnerar la ley de cabotaje u otras regulaciones, se genera una competencia desigual que afecta directamente a emprendedores, trabajadores y familias que viven del turismo en este territorio. Por lo mismo, creemos fundamental que el Estado no solo resguarde el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también fortalezca las capacidades de fiscalización en regiones extremas como la nuestra, dotando a los servicios públicos de mayores recursos y herramientas para realizar adecuadamente su labor.
Las asociaciones HYST (Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine), AustroChile y CATUE (Cámara de Turismo de Última Esperanza) expresan su preocupación y llamado al diálogo ante el proceso de implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la elaboración de sus reglamentos, junto a la reciente definición de sitios prioritarios para la conservación. Como representantes del sector turismo en la Región de Magallanes, valoramos los esfuerzos del Estado por fortalecer la institucionalidad ambiental y proteger la biodiversidad. No obstante, la falta de comunicación fluida, la ausencia de participación territorial efectiva y la indefinición de los alcances normativos están generando incertidumbre en un sector clave para el desarrollo regional y la conservación misma del territorio. Esta falta de certezas podría afectar la planificación de inversiones, los proyectos en ejecución y la confianza de largo plazo que requiere el turismo sostenible, especialmente considerando la relevancia del sistema de concesiones y la operación dentro de las áreas protegidas de las cuatro provincias de la Región de Magallanes, donde la colaboración público‑privada ha sido fundamental. La implementación de la Ley SBAP no debiera ser un muro entre el Estado y las comunidades, sino un puente que fortalezca el diálogo y la corresponsabilidad ambiental. En Magallanes, la conservación y el turismo no son mundos opuestos, son partes de una misma historia que da trabajo, protege ecosistemas y construye identidad. Escuchar a quienes habitan y cuidan el territorio no es un favor: es la base para una sostenibilidad real y compartida. “La falta de información y claridad sobre los reglamentos del SBAP genera un clima de incertidumbre que puede frenar inversiones en infraestructura turística y servicios locales. Necesitamos reglas claras, plazos definidos y diálogo permanente con las comunidades que habitamos las áreas de conservación,” señaló Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST). “El turismo ha sido motor de desarrollo local y también un guardián de los ecosistemas. Necesitamos claridad normativa y diálogo temprano, porque las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro del destino Magallanes. No se puede construir sostenibilidad sin participación,” expresó Daniela Rodríguez, presidenta de AustroChile. “El turismo ha sido un aliado histórico en la promoción y resguardo del patrimonio natural de Magallanes. Queremos seguir cumpliendo ese rol, pero para eso necesitamos una institucionalidad ambiental que dialogue con el territorio y no sobre él,” añadió Adriana Aguilar, presidenta de CATUE. Las tres asociaciones gremiales reafirman su compromiso con un modelo de turismo responsable, sostenible y articulado con la conservación, e instan a las autoridades competentes —Ministerio del Medio Ambiente, SBAP y Gobierno Regional— a abrir espacios formales de trabajo conjunto, que permitan compatibilizar la protección ambiental con la estabilidad de las actividades económicas que dan sustento a miles de familias magallánicas. Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos (HYST) | AustroChile | CATUE
Las organizaciones Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Cámara de Empresas de Turismo de Magallanes Austro Chile y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) manifiestan su profunda preocupación ante la situación que se está generando en torno al cumplimiento de la normativa vigente que regula el cabotaje marítimo en Chile. Durante las últimas semanas se han recopilado diversos antecedentes que dejan en evidencia que embarcaciones de bandera extranjera estarían realizando operaciones turísticas en áreas cercanas a Puerto Natales, fiordos de Tierra del Fuego y los canales del Beagle. No obstante, esta situación no solo se limita al ámbito del cabotaje. Los gremios advierten que este tipo de operaciones podría implicar, además, la eventual vulneración de diversas normativas nacionales, incluyendo disposiciones tributarias, aduaneras, del Código del Trabajo y de protección ambiental, especialmente cuando no existe una actividad comercial formalmente constituida en Chile. El incumplimiento de estas normativas no solo afecta directamente a los actores locales del sector turístico, sino que también genera distorsiones en el desarrollo sostenible de distintos destinos de la región, impactando negativamente la competencia y el equilibrio del mercado. En este contexto, los gremios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes a reforzar los mecanismos de fiscalización y a garantizar que las operaciones se desarrollen en estricto apego a la normativa vigente, resguardando la equidad, la legalidad y el fortalecimiento del turismo local. Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló: Como gremios, nos preocupa profundamente que se estén generando situaciones que podrían vulnerar una normativa clave para el resguardo de nuestra industria. Es fundamental que exista una fiscalización efectiva y que se garantice el cumplimiento de la ley, ya que, de lo contrario, se pone en riesgo no solo la competencia justa, sino también el desarrollo equilibrado y sostenible del turismo en nuestra región. Por su parte, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, indicó: El objetivo de esta normativa es proteger el turismo marítimo regional y evitar una competencia desleal con empresas nacionales que cumplen con todas las exigencias legales, laborales y tributarias. Hoy más que nunca se requiere una acción decidida por parte de las autoridades. Necesitamos reglas claras y que estas se hagan cumplir con urgencia. Finalmente, Adriana Aguilar, gerente de CATUE, agregó: En Magallanes y de la Antártica Chilena, y particularmente en zonas estratégicas para el desarrollo turístico, existe un ecosistema de empresas locales que cumple con la normativa tributaria, laboral, ambiental y sanitaria. Cuando se producen situaciones que podrían vulnerar la ley de cabotaje u otras regulaciones, se genera una competencia desigual que afecta directamente a emprendedores, trabajadores y familias que viven del turismo en este territorio. Por lo mismo, creemos fundamental que el Estado no solo resguarde el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también fortalezca las capacidades de fiscalización en regiones extremas como la nuestra, dotando a los servicios públicos de mayores recursos y herramientas para realizar adecuadamente su labor.
Las asociaciones HYST (Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine), AustroChile y CATUE (Cámara de Turismo de Última Esperanza) expresan su preocupación y llamado al diálogo ante el proceso de implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la elaboración de sus reglamentos, junto a la reciente definición de sitios prioritarios para la conservación. Como representantes del sector turismo en la Región de Magallanes, valoramos los esfuerzos del Estado por fortalecer la institucionalidad ambiental y proteger la biodiversidad. No obstante, la falta de comunicación fluida, la ausencia de participación territorial efectiva y la indefinición de los alcances normativos están generando incertidumbre en un sector clave para el desarrollo regional y la conservación misma del territorio. Esta falta de certezas podría afectar la planificación de inversiones, los proyectos en ejecución y la confianza de largo plazo que requiere el turismo sostenible, especialmente considerando la relevancia del sistema de concesiones y la operación dentro de las áreas protegidas de las cuatro provincias de la Región de Magallanes, donde la colaboración público‑privada ha sido fundamental. La implementación de la Ley SBAP no debiera ser un muro entre el Estado y las comunidades, sino un puente que fortalezca el diálogo y la corresponsabilidad ambiental. En Magallanes, la conservación y el turismo no son mundos opuestos, son partes de una misma historia que da trabajo, protege ecosistemas y construye identidad. Escuchar a quienes habitan y cuidan el territorio no es un favor: es la base para una sostenibilidad real y compartida. “La falta de información y claridad sobre los reglamentos del SBAP genera un clima de incertidumbre que puede frenar inversiones en infraestructura turística y servicios locales. Necesitamos reglas claras, plazos definidos y diálogo permanente con las comunidades que habitamos las áreas de conservación,” señaló Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST). “El turismo ha sido motor de desarrollo local y también un guardián de los ecosistemas. Necesitamos claridad normativa y diálogo temprano, porque las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro del destino Magallanes. No se puede construir sostenibilidad sin participación,” expresó Daniela Rodríguez, presidenta de AustroChile. “El turismo ha sido un aliado histórico en la promoción y resguardo del patrimonio natural de Magallanes. Queremos seguir cumpliendo ese rol, pero para eso necesitamos una institucionalidad ambiental que dialogue con el territorio y no sobre él,” añadió Adriana Aguilar, presidenta de CATUE. Las tres asociaciones gremiales reafirman su compromiso con un modelo de turismo responsable, sostenible y articulado con la conservación, e instan a las autoridades competentes —Ministerio del Medio Ambiente, SBAP y Gobierno Regional— a abrir espacios formales de trabajo conjunto, que permitan compatibilizar la protección ambiental con la estabilidad de las actividades económicas que dan sustento a miles de familias magallánicas. Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos (HYST) | AustroChile | CATUE
