El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó la disolución de la fundación Democracia Viva , cuyas presuntas irregularidades destaparon el caso convenios en 2023. La fundación demandada ha incurrido en una infracción grave a los estatutos, incumplimiento que conforme lo establece el inciso final del artículo 557 del Código Civil, habilita al Consejo de Defensa del Estado a solicitar la cancelación y disolución de la personalidad jurídica, sostiene la resolución de la jueza María Isabel Reyes, consignada por La Tercera. Así las cosas, la organización representada por Daniel Andrade (ex-RD) está obligada a pagar al CDE los costos involucrados en este proceso. El fallo sostiene que durante esta tramitación, la ONG se mantuvo en rebeldía al no aportar pruebas a la causa, lo que por consiguiente llevó a acreditar lo planteado por el Ministerio de Justicia, que detectó que además de incumplir sus estatutos, infringía el objeto social y patrimonial plasmado en el Código Civil. El año pasado, esa cartera solicitó al CDE proceder con la disolución de ésta y otras seis fundaciones indagadas en el caso convenios: Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. LAS IRREGULARIDADES ACREDITADAS En el primer punto, se determinó que Democracia Viva no aplicó el procedimiento de reemplazo de miembros del directorio; que sesiones del directorio se realizaban con menos de los integrantes que se requerían; que las actas de las mismas no contaban con todas las firmas, y que a veces simplemente no sesionaban. A la vez, prácticamente todo el aporte social (300.000 pesos) se utilizó en constituir la fundación, y no en alcanzar su objetivo social. Por lo demás, se ratifica que los cuestionados convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagastaen nada dicen relación con su objeto social, y dada la importante inyección de dinero que estos implicaron, se concluye que no se ha destinado su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social, cuestión de carácter esencial en este tipo de personas jurídicas. En cuanto al objeto social, la resolución indica que se aprecia que no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, atendido lo vago e indeterminado del fin. Finalmente, el fallo señala que el patrimonio no fue acreditado de forma adecuada, que no se verifica estatutariamente la delimitación de los beneficiarios, y que su aporte social es exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad. Fuente: cooperativa.cl
La presidenta (s) del tribunal de alzada de Magallanes, María Isabel San Martín Morales, recibió en audiencia de carácter protocolar a Raúl Letelier Wartenmberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado. En la reunión, en que también participó el abogado procurador fiscal regional, Claudio Benavides Castillo, las autoridades abordaron temas de interés interinstitucional y del trabajo que realiza el Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Ciper Chile informó que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que más de 770,000 páginas del informe de extracción del celular del abogado entregadas al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este recurso surge en respuesta a las declaraciones del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien expresó en CNN Chile su intención de solicitar acceso a los chats de Hermosilla, actualmente bajo peritaje de la Fiscalía Oriente Metropolitana. Mario Vargas, abogado cercano a Hermosilla, activó las alarmas tras estas declaraciones, temiendo por la confidencialidad de sus comunicaciones privadas y las posibles repercusiones en su honorabilidad. La investigación de CIPER ha revelado que uno de los ministros de la Corte, Antonio Ulloa, mantuvo conversaciones con Hermosilla, lo que podría influir en el curso de la decisión judicial sobre el recurso. El recurso argumenta que el acceso del CDE a estas comunicaciones constituye una amenaza a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho a la honra y privacidad de Vargas. Este último, uno de los abogados penalistas más cercanos a Hermosilla, según fuentes del Poder Judicial, busca con su acción legal asegurar que el CDE, cuya competencia se limita a investigaciones relacionadas con perjuicios al patrimonio estatal y delitos funcionarios, no intervenga indebidamente en la investigación de ilícitos que no le competen. La preocupación de Vargas se extiende también a las repercusiones públicas que pueden derivar de la divulgación de los chats, en un contexto donde figuras gubernamentales y parlamentarias han hablado abiertamente sobre supuestas redes de corrupción. Además, el abogado critica a la fiscalía por supuestas filtraciones de información y solicita que se informe quiénes han tenido acceso a los chats contenidos en el celular de Hermosilla. La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago será crucial para determinar si el recurso de protección es acogido y quiénes serán los ministros habilitados para fallar en esta causa, especialmente considerando la posible influencia que Hermosilla pudo haber tenido en el nombramiento de ciertos funcionarios judiciales. Este caso no solo pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de investigar actos de corrupción y la protección de las garantías individuales, sino que también subraya la complejidad de las relaciones entre el poder judicial, el poder ejecutivo y organismos autónomos como el CDE en el marco de investigaciones de alto perfil. Fuente: adnradio.cl
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca acceder a las más de 777.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, las cuales actualmente solo están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El documento se encuentra resguardado y en pleno análisis por el Ministerio Público, lo que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido. Según La Tercera PM, el CDE -querellante tanto en el caso del audio que vincula a Hermosilla con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como en la trama de filtraciones que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI)- prepara una solicitud para acceder al expediente. El objetivo del organismo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos. Sin embargo, desde el Consejo adelantaron al vespertino que, en caso de acceder al informe, no se sumergirán en todas las conversaciones de Hermosilla con sus clientes, pues el abogado está amparado en el secreto profesional, un deber que consigna el Código Procesal Penal. Así, el CDE solo se sumergirá en los chats en que se presenten indicios de delito, mismo criterio que estableció la Fiscalía. Desde el Ministerio Público, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, dijo a La Tercera PM que la Fiscalía Nacional -y, particularmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente y su Unidad de Alta Complejidad- investigará todos los hechos que revistan carácter de delito, en las causas relacionadas a temas de corrupción. Reitero: el Ministerio Público investiga todo y a todos en cuanto exista mérito para ello, y creo que hemos dado pruebas palpables y concretas que lo estamos haciendo, situación que se puede observar en el trabajo que estamos realizando, manteniendo el sigilo y la reserva de las investigaciones para el éxito de las mismas, agregó el persecutor. Fuente: cooperativa.cl
El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó la disolución de la fundación Democracia Viva , cuyas presuntas irregularidades destaparon el caso convenios en 2023. La fundación demandada ha incurrido en una infracción grave a los estatutos, incumplimiento que conforme lo establece el inciso final del artículo 557 del Código Civil, habilita al Consejo de Defensa del Estado a solicitar la cancelación y disolución de la personalidad jurídica, sostiene la resolución de la jueza María Isabel Reyes, consignada por La Tercera. Así las cosas, la organización representada por Daniel Andrade (ex-RD) está obligada a pagar al CDE los costos involucrados en este proceso. El fallo sostiene que durante esta tramitación, la ONG se mantuvo en rebeldía al no aportar pruebas a la causa, lo que por consiguiente llevó a acreditar lo planteado por el Ministerio de Justicia, que detectó que además de incumplir sus estatutos, infringía el objeto social y patrimonial plasmado en el Código Civil. El año pasado, esa cartera solicitó al CDE proceder con la disolución de ésta y otras seis fundaciones indagadas en el caso convenios: Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. LAS IRREGULARIDADES ACREDITADAS En el primer punto, se determinó que Democracia Viva no aplicó el procedimiento de reemplazo de miembros del directorio; que sesiones del directorio se realizaban con menos de los integrantes que se requerían; que las actas de las mismas no contaban con todas las firmas, y que a veces simplemente no sesionaban. A la vez, prácticamente todo el aporte social (300.000 pesos) se utilizó en constituir la fundación, y no en alcanzar su objetivo social. Por lo demás, se ratifica que los cuestionados convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagastaen nada dicen relación con su objeto social, y dada la importante inyección de dinero que estos implicaron, se concluye que no se ha destinado su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social, cuestión de carácter esencial en este tipo de personas jurídicas. En cuanto al objeto social, la resolución indica que se aprecia que no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, atendido lo vago e indeterminado del fin. Finalmente, el fallo señala que el patrimonio no fue acreditado de forma adecuada, que no se verifica estatutariamente la delimitación de los beneficiarios, y que su aporte social es exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad. Fuente: cooperativa.cl
La presidenta (s) del tribunal de alzada de Magallanes, María Isabel San Martín Morales, recibió en audiencia de carácter protocolar a Raúl Letelier Wartenmberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado. En la reunión, en que también participó el abogado procurador fiscal regional, Claudio Benavides Castillo, las autoridades abordaron temas de interés interinstitucional y del trabajo que realiza el Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Ciper Chile informó que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que más de 770,000 páginas del informe de extracción del celular del abogado entregadas al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este recurso surge en respuesta a las declaraciones del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien expresó en CNN Chile su intención de solicitar acceso a los chats de Hermosilla, actualmente bajo peritaje de la Fiscalía Oriente Metropolitana. Mario Vargas, abogado cercano a Hermosilla, activó las alarmas tras estas declaraciones, temiendo por la confidencialidad de sus comunicaciones privadas y las posibles repercusiones en su honorabilidad. La investigación de CIPER ha revelado que uno de los ministros de la Corte, Antonio Ulloa, mantuvo conversaciones con Hermosilla, lo que podría influir en el curso de la decisión judicial sobre el recurso. El recurso argumenta que el acceso del CDE a estas comunicaciones constituye una amenaza a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho a la honra y privacidad de Vargas. Este último, uno de los abogados penalistas más cercanos a Hermosilla, según fuentes del Poder Judicial, busca con su acción legal asegurar que el CDE, cuya competencia se limita a investigaciones relacionadas con perjuicios al patrimonio estatal y delitos funcionarios, no intervenga indebidamente en la investigación de ilícitos que no le competen. La preocupación de Vargas se extiende también a las repercusiones públicas que pueden derivar de la divulgación de los chats, en un contexto donde figuras gubernamentales y parlamentarias han hablado abiertamente sobre supuestas redes de corrupción. Además, el abogado critica a la fiscalía por supuestas filtraciones de información y solicita que se informe quiénes han tenido acceso a los chats contenidos en el celular de Hermosilla. La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago será crucial para determinar si el recurso de protección es acogido y quiénes serán los ministros habilitados para fallar en esta causa, especialmente considerando la posible influencia que Hermosilla pudo haber tenido en el nombramiento de ciertos funcionarios judiciales. Este caso no solo pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de investigar actos de corrupción y la protección de las garantías individuales, sino que también subraya la complejidad de las relaciones entre el poder judicial, el poder ejecutivo y organismos autónomos como el CDE en el marco de investigaciones de alto perfil. Fuente: adnradio.cl
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca acceder a las más de 777.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, las cuales actualmente solo están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El documento se encuentra resguardado y en pleno análisis por el Ministerio Público, lo que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido. Según La Tercera PM, el CDE -querellante tanto en el caso del audio que vincula a Hermosilla con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como en la trama de filtraciones que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI)- prepara una solicitud para acceder al expediente. El objetivo del organismo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos. Sin embargo, desde el Consejo adelantaron al vespertino que, en caso de acceder al informe, no se sumergirán en todas las conversaciones de Hermosilla con sus clientes, pues el abogado está amparado en el secreto profesional, un deber que consigna el Código Procesal Penal. Así, el CDE solo se sumergirá en los chats en que se presenten indicios de delito, mismo criterio que estableció la Fiscalía. Desde el Ministerio Público, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, dijo a La Tercera PM que la Fiscalía Nacional -y, particularmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente y su Unidad de Alta Complejidad- investigará todos los hechos que revistan carácter de delito, en las causas relacionadas a temas de corrupción. Reitero: el Ministerio Público investiga todo y a todos en cuanto exista mérito para ello, y creo que hemos dado pruebas palpables y concretas que lo estamos haciendo, situación que se puede observar en el trabajo que estamos realizando, manteniendo el sigilo y la reserva de las investigaciones para el éxito de las mismas, agregó el persecutor. Fuente: cooperativa.cl