Una denuncia individual presentada en julio de 2020 por José Reinaldo Hernández destapó un presunto cartel de siete procesadoras de centolla en Magallanes. Según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las empresas controlaban entre el 81% y el 88% del mercado y coordinaban año a año el precio de compra del recurso a los pescadores. La FNE pide sanciones por más de US$54 millones para las firmas y US$440 mil para ocho ejecutivos. Mecanismos de coordinación y rol del Estado Según reportó DF , el denunciante relató que “los gerentes usaban reuniones presenciales, correos electrónicos, llamadas y WhatsApp para coordinar los precios”. La investigación incluyó interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, tras la delación compensada de una de las empresas. Hernández también cuestionó que varias de las procesadoras acceden a beneficios de la Ley Navarino mientras pagaban precios bajos: “si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”. Pescadores organizados buscan ahora una indemnización de perjuicios. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) realizará este jueves la audiencia de presentación de pruebas. Fuente: cnnchile.com
La Corte Suprema confirmó una sentencia contra el armador de una embarcación por extraer recursos sin tenerlos inscrito, obstaculizar la labor fiscalizadora de personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y por intermitencia en su posicionador satelital, el cual no se encontraba emitiendo la señal cada 15 minutos. Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, se refirió a la decisión: “Agradecemos el respaldo de la máxima corte del país a nuestro rol fiscalizador, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la ley. Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirme eso”. El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, y el armador deberá pagar una multa de 700 UTM, correspondiente a $48.922.300.- pesos.
La Corte Suprema confirmó una sentencia contra un armador de lancha artesanal de Punta Arenas, por la extracción no autorizada de centolla magallánica. Se trata del caso del dueño de unas embarcaciones en la ciudad, que tenía permisos de actividades de transporte, no de pesca, por lo que no estaba habilitado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región de Magallanes para capturar este animal, y ninguno otro que requiera de autorización. “Realizó operaciones pesqueras en la Región de Magallanes y de la Antártica de Chilena sobre el recurso centolla (Lithodes santolla), en sus viajes como lancha transportadora, durante la marea efectuada, sin contar con los permisos correspondientes, toda vez que solo tiene permiso para realiza actividades de transporte y no de extracción”, destaca el fallo en primera instancia. La multa confirmada en contra del armador de lanchas de Punta Arenas es de un total de 1.400 UTM ($97,8 millones). La sentencia responde no solo a la pesca no autorizada, sino que además el dueño de los botes no cumplió con la obligación de transmitir cada 15 minutos su ubicación, como corresponde con las embarcaciones de transporte. Según destaca el fallo, la transmisión la realizó cada 60 minutos. Además, fue multado por obstaculizar la labor de fiscalización de Sernapesca. El monto de la sanción respondió a diferentes motivos. “Que se condena al denunciado al pago de 600 UTM, por realizar capturas de recursos hidrobiológicos, sin contar con la inscripción correspondiente; 600 UTM, por incumplimiento de la obligación de trasmitir datos de ubicación, y; 200 UTM, por obstaculizar la labor de fiscalización, que acarrea el total de 1400 UTM”, declara el fallo de la Corte Suprema. Fuente: theclinic.cl
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informó la modificación del período de veda biológica del recurso centolla para la región de Magallanes y la Antártica Chilena. La medida, establecida mediante decreto y recomendada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, responde al trabajo conjunto con el sector artesanal para asegurar la sostenibilidad del recurso. El ajuste establece que la veda regirá desde el 15 de diciembre hasta el 15 de julio de cada año, lo que permite proteger etapas críticas del ciclo biológico y abordar cambios observados en la madurez sexual y el período de muda del recurso. En este contexto, el director zonal de Pesca y Acuicultura, Juan Santibáñez, explicó que “queríamos aprovechar de informar sobre el acuerdo consensuado al que llegamos en el Comité de Manejo de Centolla y Centollón para modificar las fechas de las vedas de estos importantes recursos. Para la zona sur de Aysén y Magallanes y Antártica Chilena, el período será entre el 15 de diciembre y el 15 de julio. Esperamos que estas medidas entreguen un adecuado marco de protección para la época de reproducción y cambio de muda, y con esto asegurar la sostenibilidad de las pesquerías para los años que vienen”. Por su parte, la seremi de Economía, Marlene España, destacó que “como Seremi de Economía en Magallanes, valoramos contar con una actualización de la veda de centolla y centollón construida en diálogo con el sector artesanal. Esta medida nos permite resguardar un recurso que es parte fundamental de la identidad económica de la región y que sostiene a cientos de familias que viven de la pesca”. La autoridad agregó que “nuestro objetivo es asegurar un manejo responsable que proteja los períodos críticos del ciclo biológico y que al mismo tiempo entregue certezas a quienes trabajan en el mar. Seguiremos acompañando este proceso con monitoreo, información y coordinación permanente, porque la sostenibilidad de la centolla y el centollón es clave para el presente y el futuro productivo de Magallanes”. Finalmente, el Ministerio de Economía reafirmó su compromiso con una administración pesquera basada en evidencia, diálogo y sostenibilidad. La coordinación con los comités de manejo, la pesca artesanal y los organismos técnicos continuará siendo central para resguardar un recurso emblemático de Magallanes y asegurar su disponibilidad para las próximas generaciones.
El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región. La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica, enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales. La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla. Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave. El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.
Una denuncia individual presentada en julio de 2020 por José Reinaldo Hernández destapó un presunto cartel de siete procesadoras de centolla en Magallanes. Según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las empresas controlaban entre el 81% y el 88% del mercado y coordinaban año a año el precio de compra del recurso a los pescadores. La FNE pide sanciones por más de US$54 millones para las firmas y US$440 mil para ocho ejecutivos. Mecanismos de coordinación y rol del Estado Según reportó DF , el denunciante relató que “los gerentes usaban reuniones presenciales, correos electrónicos, llamadas y WhatsApp para coordinar los precios”. La investigación incluyó interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, tras la delación compensada de una de las empresas. Hernández también cuestionó que varias de las procesadoras acceden a beneficios de la Ley Navarino mientras pagaban precios bajos: “si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”. Pescadores organizados buscan ahora una indemnización de perjuicios. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) realizará este jueves la audiencia de presentación de pruebas. Fuente: cnnchile.com
La Corte Suprema confirmó una sentencia contra el armador de una embarcación por extraer recursos sin tenerlos inscrito, obstaculizar la labor fiscalizadora de personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y por intermitencia en su posicionador satelital, el cual no se encontraba emitiendo la señal cada 15 minutos. Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, se refirió a la decisión: “Agradecemos el respaldo de la máxima corte del país a nuestro rol fiscalizador, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la ley. Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirme eso”. El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, y el armador deberá pagar una multa de 700 UTM, correspondiente a $48.922.300.- pesos.
La Corte Suprema confirmó una sentencia contra un armador de lancha artesanal de Punta Arenas, por la extracción no autorizada de centolla magallánica. Se trata del caso del dueño de unas embarcaciones en la ciudad, que tenía permisos de actividades de transporte, no de pesca, por lo que no estaba habilitado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región de Magallanes para capturar este animal, y ninguno otro que requiera de autorización. “Realizó operaciones pesqueras en la Región de Magallanes y de la Antártica de Chilena sobre el recurso centolla (Lithodes santolla), en sus viajes como lancha transportadora, durante la marea efectuada, sin contar con los permisos correspondientes, toda vez que solo tiene permiso para realiza actividades de transporte y no de extracción”, destaca el fallo en primera instancia. La multa confirmada en contra del armador de lanchas de Punta Arenas es de un total de 1.400 UTM ($97,8 millones). La sentencia responde no solo a la pesca no autorizada, sino que además el dueño de los botes no cumplió con la obligación de transmitir cada 15 minutos su ubicación, como corresponde con las embarcaciones de transporte. Según destaca el fallo, la transmisión la realizó cada 60 minutos. Además, fue multado por obstaculizar la labor de fiscalización de Sernapesca. El monto de la sanción respondió a diferentes motivos. “Que se condena al denunciado al pago de 600 UTM, por realizar capturas de recursos hidrobiológicos, sin contar con la inscripción correspondiente; 600 UTM, por incumplimiento de la obligación de trasmitir datos de ubicación, y; 200 UTM, por obstaculizar la labor de fiscalización, que acarrea el total de 1400 UTM”, declara el fallo de la Corte Suprema. Fuente: theclinic.cl
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informó la modificación del período de veda biológica del recurso centolla para la región de Magallanes y la Antártica Chilena. La medida, establecida mediante decreto y recomendada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, responde al trabajo conjunto con el sector artesanal para asegurar la sostenibilidad del recurso. El ajuste establece que la veda regirá desde el 15 de diciembre hasta el 15 de julio de cada año, lo que permite proteger etapas críticas del ciclo biológico y abordar cambios observados en la madurez sexual y el período de muda del recurso. En este contexto, el director zonal de Pesca y Acuicultura, Juan Santibáñez, explicó que “queríamos aprovechar de informar sobre el acuerdo consensuado al que llegamos en el Comité de Manejo de Centolla y Centollón para modificar las fechas de las vedas de estos importantes recursos. Para la zona sur de Aysén y Magallanes y Antártica Chilena, el período será entre el 15 de diciembre y el 15 de julio. Esperamos que estas medidas entreguen un adecuado marco de protección para la época de reproducción y cambio de muda, y con esto asegurar la sostenibilidad de las pesquerías para los años que vienen”. Por su parte, la seremi de Economía, Marlene España, destacó que “como Seremi de Economía en Magallanes, valoramos contar con una actualización de la veda de centolla y centollón construida en diálogo con el sector artesanal. Esta medida nos permite resguardar un recurso que es parte fundamental de la identidad económica de la región y que sostiene a cientos de familias que viven de la pesca”. La autoridad agregó que “nuestro objetivo es asegurar un manejo responsable que proteja los períodos críticos del ciclo biológico y que al mismo tiempo entregue certezas a quienes trabajan en el mar. Seguiremos acompañando este proceso con monitoreo, información y coordinación permanente, porque la sostenibilidad de la centolla y el centollón es clave para el presente y el futuro productivo de Magallanes”. Finalmente, el Ministerio de Economía reafirmó su compromiso con una administración pesquera basada en evidencia, diálogo y sostenibilidad. La coordinación con los comités de manejo, la pesca artesanal y los organismos técnicos continuará siendo central para resguardar un recurso emblemático de Magallanes y asegurar su disponibilidad para las próximas generaciones.
El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región. La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica, enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales. La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla. Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave. El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.
