Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas materializaron la expulsión del país, de un hombre de nacionalidad colombiana, de 24 años, en virtud de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, por residencia irregular en el país por más de 180 días. El Comisario Leonardo Alegría, jefe de dicha unidad, señaló: “Esta persona registra, además, antecedentes de detención por los delitos de lesiones leves y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo cual fue resuelto mediante una salida alternativa por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas”. El jefe policial expresó que el extranjero fue trasladado por oficiales en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del Plan de Control Migratorio, mediante el cual 40 personas fueron expulsadas a Bolivia, Ecuador y Colombia.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
Detenido quedó un ciudadano israelí y posteriormente formalizado por infringir la Ley de Bosques al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los hechos se registraron en el campamento Dickson, donde el individuo encendió un cigarrillo en un área no habilitada para el uso de fuentes de calor. El personal de la empresa concesionaria Vértice documentó la situación con una fotografía y realizó de inmediato la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros. Esta acción permitió la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del imputado. La Fiscalía dispuso su presentación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales para el control de detención y la formalización por el delito. Para ello, el detenido inició un traslado a pie desde el parque a las 07:00 horas, en una larga caminata que precedió a su comparecencia judicial. El Ministerio Público formalizó al ciudadano extranjero por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo en la región y la obligación de firmar semanalmente en Carabineros. Además de las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación en su contra. Las reglas del Parque Nacional Torres del Paine prohíben terminantemente hacer fuego, fumar o utilizar cualquier fuente de calor fuera de los lugares expresamente señalados. Fuente: biobiochile.cl
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas materializaron la expulsión del país, de un hombre de nacionalidad colombiana, de 24 años, en virtud de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, por residencia irregular en el país por más de 180 días. El Comisario Leonardo Alegría, jefe de dicha unidad, señaló: “Esta persona registra, además, antecedentes de detención por los delitos de lesiones leves y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo cual fue resuelto mediante una salida alternativa por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas”. El jefe policial expresó que el extranjero fue trasladado por oficiales en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del Plan de Control Migratorio, mediante el cual 40 personas fueron expulsadas a Bolivia, Ecuador y Colombia.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana frente al proyecto de ley que busca permitir la reclusión domiciliaria para hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 que padezcan enfermedades terminales o menoscabo grave. En nuestra región, donde el debate sobre la justicia y la seguridad es seguido con especial atención, estas cifras reflejan una postura crítica hacia la medida legislativa recientemente despachada por la Cámara Alta. De acuerdo con el estudio, aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre la materia (83%), el desacuerdo prevalece en casi todos los escenarios planteados. Un 56% de los consultados se opone a que personas mayores con enfermedades graves terminen su condena en casa, cifra que se eleva drásticamente al 76% cuando se evalúa únicamente el criterio de edad (hombres de 70 y mujeres de 65 años) sin especificar necesariamente una condición de salud crítica. El rechazo se vuelve casi unánime al desglosar el tipo de delitos cometidos por los potenciales beneficiarios. Un 77% de los encuestados está en desacuerdo con que la medida incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que un contundente 92% rechaza de plano el beneficio para personas sentenciadas por violación o asesinatos. Estas cifras exponen la sensible brecha entre la agenda legislativa nacional y las expectativas de justicia que demanda la ciudadanía en los diversos territorios del país. Finalmente, la encuesta situó esta discusión como la tercera noticia más importante de la semana, solo superada por conflictos internacionales y crisis diplomáticas. Para la comunidad de Magallanes, este debate no es ajeno, considerando el fuerte vínculo regional con la preservación de la memoria histórica y la exigencia de seguridad pública. Los datos de Cadem sugieren que cualquier intento de aplicar beneficios carcelarios deberá enfrentar un complejo escenario de desaprobación social si no se excluyen delitos de alta connotación social.
Detenido quedó un ciudadano israelí y posteriormente formalizado por infringir la Ley de Bosques al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los hechos se registraron en el campamento Dickson, donde el individuo encendió un cigarrillo en un área no habilitada para el uso de fuentes de calor. El personal de la empresa concesionaria Vértice documentó la situación con una fotografía y realizó de inmediato la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros. Esta acción permitió la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del imputado. La Fiscalía dispuso su presentación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales para el control de detención y la formalización por el delito. Para ello, el detenido inició un traslado a pie desde el parque a las 07:00 horas, en una larga caminata que precedió a su comparecencia judicial. El Ministerio Público formalizó al ciudadano extranjero por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo en la región y la obligación de firmar semanalmente en Carabineros. Además de las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación en su contra. Las reglas del Parque Nacional Torres del Paine prohíben terminantemente hacer fuego, fumar o utilizar cualquier fuente de calor fuera de los lugares expresamente señalados. Fuente: biobiochile.cl
