Iba a ser la expropiación más cara de los últimos 20 años en Chile, pero el ministro de Vivienda, Iván Poduje, instruyó su desistimiento. Ahora, los dueños del Clup Hípico de Punta Arenas iniciaron una acción judicial exigiendo indemnizaciones que oscilarían entre los $573 millones y $2.179 millones. Esto en base a los “perjuicios causados por la expropiación desistida”, según pudo conocer Diario Financiero. Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último. Club Hípico de Punta Arenas pide indemnización al Estado por fallida expropiación Así, apuntan a un daño emergente -por los desembolsos que debió incurrir la sociedad dueña del Club-; lucro cesante -ya que afirman que durante la tramitación de la expropiación, se vieron afectadas las actividades del inmueble y se vieron imposibilidades de generar nuevos flujos y oportunidades de negocio- y costo de oportunidad de los intereses. En esto último, argumentan que el Estado tuvo el dominio del bien durante el período, mientras que los dueños del Club fueron titulares de los fondos en el tribunal y, como tal, acreedor de los intereses de los fondos, por lo que esos intereses “constituyen parte del patrimonio del expropiado y deben ser considerados dentro de la evaluación económica del perjuicio”, dijeron los abogados de la sociedad a DF. En total, los $573 millones son la suma de estos perjuicios, mientras que los $2,1 mil millones corresponden a una indemnización del 10%, considerando que en las transacciones de bienes inmuebles entre privados, la parte vendedora recibe una indemnización por aproximadamente este porcentaje. En diciembre de 2025, el entonces gobierno del expresidente Gabriel Boric publicó en el Diario Oficial la resolución para expropiar las 20 hectáreas de terreno, en el marco del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, estimando una indemnización de $21.030 millones (US$22,7 millones o 553.712,48 UF) según la tasación establecida para este fin. La idea original era transformar el terreno en un parque urbano con espacios públicos, áreas verdes y equipamiento comunitario, sumado a una pequeña parte de viviendas tuteladas para personas mayores. Sin embargo, los dueños del hipódromo ingresaron una reclamación para exigir al menos $48.939 millones (US$53,8 millones), es decir, más del doble de lo que ofrecía el Serviu. Como argumentos, afirmaron que la tasación fue “incompleta, imprecisa y vaga”, no ponderando adecuadamente el daño “real, efectivo o verdadero” en el patrimonio de la sociedad. Finalmente, el ministro Iván Poduje instruyó al Serviu de Magallanes desistir del proceso, ya que el desembolso “de significancia presupuesta” no resultaría compatible con el recorte fiscal que atraviesa el Ejecutivo. Con ello, se dispuso que el tribunal retenga los montos de la expropiación mientras en el Gobierno ponderan la continuidad del proceso. Fuente: biobiochile.cl
La Dirección Regional del Partido Socialista en Magallanes y la Antártica Chilena solicitó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregar explicaciones públicas durante su visita a la región, programada para este sábado 2 de mayo. El requerimiento apunta al desistimiento del proceso de expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y a la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de parque urbano contemplado para ese terreno. Desde la colectividad cuestionaron los argumentos entregados por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, respecto a que la iniciativa no podía avanzar sin una modificación previa del uso de suelo. Según indicaron, la normativa vigente —incluida la Ley 21.450— contempla mecanismos que permitirían habilitar este tipo de proyectos mediante disposiciones urbanísticas especiales. El Partido Socialista también criticó la justificación fiscal expuesta por el Ejecutivo para desistir de la iniciativa, señalando que existiría una contradicción con otros proyectos anunciados en el país. En ese contexto, apuntaron al desarrollo de un parque metropolitano en Puerto Montt, cuya inversión es de magnitud similar, lo que —a su juicio— requiere una explicación por parte de la autoridad. Asimismo, destacaron que el proyecto del Club Hípico contemplaba la recuperación de más de 20 hectáreas para uso público en Punta Arenas, incluyendo áreas verdes y equipamiento comunitario. Recordaron que el Gobierno Regional había aprobado un aporte cercano a los $10 mil millones, dentro de una inversión total que superaba los $21 mil millones. Finalmente, la colectividad planteó una serie de interrogantes dirigidas al ministro Poduje, entre ellas las razones del desistimiento, el destino de los recursos comprometidos y la proyección de iniciativas urbanas para la ciudad. Además, recalcaron la necesidad de mantener continuidad en proyectos considerados relevantes para el desarrollo urbano de la región.
El proyecto del Serviu consideraba transformar el terreno en un parque urbano con viviendas. El juez César Millanao, del 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas, ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre del año pasado. Esto, en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación, pues desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, se decidió desistirse del mencionado procedimiento. “Se ordena la retención de los montos consignados por el expropiante”, dijo el juez en una resolución del pasado 27 de marzo. El proceso fue iniciado en la administración Boric y se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario del terreno activó una arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$ 53,8 millones. La expropiación forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales. Sin embargo, el pasado 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes “con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”. En el mencionado oficio, el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, sostuvo. Además, hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible. “El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible -atendido que el cheque no ha sido girado- y que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata”, dijo el ministro. El abogado de la sociedad, Felipe Molina, sostiene que, conforme al artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, “el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante”. Velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso, dijo a este medio. Fuente: df.cl
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el arquitecto y ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, abordó la controversia generada tras el desistimiento del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, calificando la decisión como una señal política que impacta directamente en el desarrollo urbano de la región. Según expuso, lo ocurrido no corresponde únicamente a una medida administrativa, sino que refleja un cambio de criterio a nivel central. En ese contexto, sostuvo que “el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública”. Uribe también cuestionó la decisión impulsada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el desistimiento “no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric”. Durante la conversación, enfatizó que el proyecto del ex Club Hípico fue el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, desarrollado por equipos técnicos del MINVU y SERVIU, quienes realizaron estudios, evaluaciones de factibilidad y levantamiento de antecedentes para estructurar una propuesta alineada con la planificación urbana de Punta Arenas. Asimismo, destacó que la iniciativa no solo contaba con respaldo técnico, sino también con gestiones políticas e institucionales que permitieron su presentación ante el Consejo Regional para optar a financiamiento compartido, además de esfuerzos por asegurar recursos sectoriales en un contexto regional competitivo.
Lo ocurrido con el proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas no es solo una decisión administrativa. Es una señal política clara: el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública. La solicitud del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, del desistimiento de la expropiación no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este proyecto no apareció de un día para otro. Detrás del proceso expropiatorio del ex Club Hípico hubo meses, y en rigor, años de trabajo de equipos profesionales del MINVU y SERVIU que levantaron antecedentes, desarrollaron estudios, gestionaron alternativas, evaluaron factibilidad urbana y estructuraron una propuesta coherente con la planificación de la ciudad. Hubo, además, un trabajo político e institucional serio para viabilizarlo. Se presentó ante el Consejo Regional para optar a cofinanciamiento del Gobierno Regional, entendiendo que este tipo de iniciativas requiere alianzas y corresponsabilidad en el uso de recursos públicos. Y también hubo gestión para apalancar recursos sectoriales hacia la región, en un contexto donde cada peso que llega a Magallanes se disputa y se defiende. No se trata solo de expropiar un terreno, sino de habilitar una oportunidad concreta de desarrollo urbano, con visión de futuro e impacto directo en la disponibilidad de suelo para la región. Todo ese trabajo técnico, institucional y político, hoy se ve simplemente ignorado y eso ene consecuencias. Frenar este proceso no es “poner una pausa”. Es desarmar una cadena completa de decisiones, esfuerzos y recursos ya comprometidos para Magallanes. Y es, también, enviar una señal preocupante al Gobierno Regional y a los actores locales, que los acuerdos alcanzados pueden quedar en nada y los recursos simplemente, perderse. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuál es el criterio detrás de esta decisión? Cuando se detienen proyectos de esta naturaleza, lo que se pierde no es solo tiempo. Se pierde capacidad de gestión pública. Se pierde credibilidad institucional. Se pierde una oportunidad concreta para la ciudad. Y se instala la idea de que, en Chile, incluso los proyectos bien hechos pueden caer por razones estrictamente políticas, debilitando la capacidad del Estado de actuar con continuidad, como si cada cambio de gobierno implicara empezar de cero. Ese es el verdadero problema. Cuando las políticas públicas se subordinan a decisiones políticas de corto plazo y centralistas, lo que se erosiona no es solo un proyecto puntual, sino la confianza en la institucionalidad. Se instala la idea de que ningún proceso está realmente asegurado, que todo puede ser revertido, incluso cuando ha avanzado conforme a la normativa y con respaldo técnico. El ex Club Hípico no es solo un terreno. Es la evidencia de un trabajo serio del Estado que hoy se pretende desechar y que lamentablemente, deja una señal clara: se ha optado por retroceder. Y en una región como Magallanes, donde cada avance cuesta el doble, desechar este trabajo no es solo un error, es una irresponsabilidad que hace perder a la ciudadanía. Marco Uribe Saldivia Arquitecto Ex Seremi MINVU Magallanes y Antártica Chilena.
Iba a ser la expropiación más cara de los últimos 20 años en Chile, pero el ministro de Vivienda, Iván Poduje, instruyó su desistimiento. Ahora, los dueños del Clup Hípico de Punta Arenas iniciaron una acción judicial exigiendo indemnizaciones que oscilarían entre los $573 millones y $2.179 millones. Esto en base a los “perjuicios causados por la expropiación desistida”, según pudo conocer Diario Financiero. Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último. Club Hípico de Punta Arenas pide indemnización al Estado por fallida expropiación Así, apuntan a un daño emergente -por los desembolsos que debió incurrir la sociedad dueña del Club-; lucro cesante -ya que afirman que durante la tramitación de la expropiación, se vieron afectadas las actividades del inmueble y se vieron imposibilidades de generar nuevos flujos y oportunidades de negocio- y costo de oportunidad de los intereses. En esto último, argumentan que el Estado tuvo el dominio del bien durante el período, mientras que los dueños del Club fueron titulares de los fondos en el tribunal y, como tal, acreedor de los intereses de los fondos, por lo que esos intereses “constituyen parte del patrimonio del expropiado y deben ser considerados dentro de la evaluación económica del perjuicio”, dijeron los abogados de la sociedad a DF. En total, los $573 millones son la suma de estos perjuicios, mientras que los $2,1 mil millones corresponden a una indemnización del 10%, considerando que en las transacciones de bienes inmuebles entre privados, la parte vendedora recibe una indemnización por aproximadamente este porcentaje. En diciembre de 2025, el entonces gobierno del expresidente Gabriel Boric publicó en el Diario Oficial la resolución para expropiar las 20 hectáreas de terreno, en el marco del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, estimando una indemnización de $21.030 millones (US$22,7 millones o 553.712,48 UF) según la tasación establecida para este fin. La idea original era transformar el terreno en un parque urbano con espacios públicos, áreas verdes y equipamiento comunitario, sumado a una pequeña parte de viviendas tuteladas para personas mayores. Sin embargo, los dueños del hipódromo ingresaron una reclamación para exigir al menos $48.939 millones (US$53,8 millones), es decir, más del doble de lo que ofrecía el Serviu. Como argumentos, afirmaron que la tasación fue “incompleta, imprecisa y vaga”, no ponderando adecuadamente el daño “real, efectivo o verdadero” en el patrimonio de la sociedad. Finalmente, el ministro Iván Poduje instruyó al Serviu de Magallanes desistir del proceso, ya que el desembolso “de significancia presupuesta” no resultaría compatible con el recorte fiscal que atraviesa el Ejecutivo. Con ello, se dispuso que el tribunal retenga los montos de la expropiación mientras en el Gobierno ponderan la continuidad del proceso. Fuente: biobiochile.cl
La Dirección Regional del Partido Socialista en Magallanes y la Antártica Chilena solicitó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregar explicaciones públicas durante su visita a la región, programada para este sábado 2 de mayo. El requerimiento apunta al desistimiento del proceso de expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y a la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de parque urbano contemplado para ese terreno. Desde la colectividad cuestionaron los argumentos entregados por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, respecto a que la iniciativa no podía avanzar sin una modificación previa del uso de suelo. Según indicaron, la normativa vigente —incluida la Ley 21.450— contempla mecanismos que permitirían habilitar este tipo de proyectos mediante disposiciones urbanísticas especiales. El Partido Socialista también criticó la justificación fiscal expuesta por el Ejecutivo para desistir de la iniciativa, señalando que existiría una contradicción con otros proyectos anunciados en el país. En ese contexto, apuntaron al desarrollo de un parque metropolitano en Puerto Montt, cuya inversión es de magnitud similar, lo que —a su juicio— requiere una explicación por parte de la autoridad. Asimismo, destacaron que el proyecto del Club Hípico contemplaba la recuperación de más de 20 hectáreas para uso público en Punta Arenas, incluyendo áreas verdes y equipamiento comunitario. Recordaron que el Gobierno Regional había aprobado un aporte cercano a los $10 mil millones, dentro de una inversión total que superaba los $21 mil millones. Finalmente, la colectividad planteó una serie de interrogantes dirigidas al ministro Poduje, entre ellas las razones del desistimiento, el destino de los recursos comprometidos y la proyección de iniciativas urbanas para la ciudad. Además, recalcaron la necesidad de mantener continuidad en proyectos considerados relevantes para el desarrollo urbano de la región.
El proyecto del Serviu consideraba transformar el terreno en un parque urbano con viviendas. El juez César Millanao, del 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas, ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre del año pasado. Esto, en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación, pues desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, se decidió desistirse del mencionado procedimiento. “Se ordena la retención de los montos consignados por el expropiante”, dijo el juez en una resolución del pasado 27 de marzo. El proceso fue iniciado en la administración Boric y se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario del terreno activó una arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$ 53,8 millones. La expropiación forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales. Sin embargo, el pasado 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes “con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”. En el mencionado oficio, el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, sostuvo. Además, hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible. “El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible -atendido que el cheque no ha sido girado- y que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata”, dijo el ministro. El abogado de la sociedad, Felipe Molina, sostiene que, conforme al artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, “el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante”. Velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso, dijo a este medio. Fuente: df.cl
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el arquitecto y ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, abordó la controversia generada tras el desistimiento del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, calificando la decisión como una señal política que impacta directamente en el desarrollo urbano de la región. Según expuso, lo ocurrido no corresponde únicamente a una medida administrativa, sino que refleja un cambio de criterio a nivel central. En ese contexto, sostuvo que “el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública”. Uribe también cuestionó la decisión impulsada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el desistimiento “no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric”. Durante la conversación, enfatizó que el proyecto del ex Club Hípico fue el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, desarrollado por equipos técnicos del MINVU y SERVIU, quienes realizaron estudios, evaluaciones de factibilidad y levantamiento de antecedentes para estructurar una propuesta alineada con la planificación urbana de Punta Arenas. Asimismo, destacó que la iniciativa no solo contaba con respaldo técnico, sino también con gestiones políticas e institucionales que permitieron su presentación ante el Consejo Regional para optar a financiamiento compartido, además de esfuerzos por asegurar recursos sectoriales en un contexto regional competitivo.
Lo ocurrido con el proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas no es solo una decisión administrativa. Es una señal política clara: el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública. La solicitud del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, del desistimiento de la expropiación no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este proyecto no apareció de un día para otro. Detrás del proceso expropiatorio del ex Club Hípico hubo meses, y en rigor, años de trabajo de equipos profesionales del MINVU y SERVIU que levantaron antecedentes, desarrollaron estudios, gestionaron alternativas, evaluaron factibilidad urbana y estructuraron una propuesta coherente con la planificación de la ciudad. Hubo, además, un trabajo político e institucional serio para viabilizarlo. Se presentó ante el Consejo Regional para optar a cofinanciamiento del Gobierno Regional, entendiendo que este tipo de iniciativas requiere alianzas y corresponsabilidad en el uso de recursos públicos. Y también hubo gestión para apalancar recursos sectoriales hacia la región, en un contexto donde cada peso que llega a Magallanes se disputa y se defiende. No se trata solo de expropiar un terreno, sino de habilitar una oportunidad concreta de desarrollo urbano, con visión de futuro e impacto directo en la disponibilidad de suelo para la región. Todo ese trabajo técnico, institucional y político, hoy se ve simplemente ignorado y eso ene consecuencias. Frenar este proceso no es “poner una pausa”. Es desarmar una cadena completa de decisiones, esfuerzos y recursos ya comprometidos para Magallanes. Y es, también, enviar una señal preocupante al Gobierno Regional y a los actores locales, que los acuerdos alcanzados pueden quedar en nada y los recursos simplemente, perderse. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuál es el criterio detrás de esta decisión? Cuando se detienen proyectos de esta naturaleza, lo que se pierde no es solo tiempo. Se pierde capacidad de gestión pública. Se pierde credibilidad institucional. Se pierde una oportunidad concreta para la ciudad. Y se instala la idea de que, en Chile, incluso los proyectos bien hechos pueden caer por razones estrictamente políticas, debilitando la capacidad del Estado de actuar con continuidad, como si cada cambio de gobierno implicara empezar de cero. Ese es el verdadero problema. Cuando las políticas públicas se subordinan a decisiones políticas de corto plazo y centralistas, lo que se erosiona no es solo un proyecto puntual, sino la confianza en la institucionalidad. Se instala la idea de que ningún proceso está realmente asegurado, que todo puede ser revertido, incluso cuando ha avanzado conforme a la normativa y con respaldo técnico. El ex Club Hípico no es solo un terreno. Es la evidencia de un trabajo serio del Estado que hoy se pretende desechar y que lamentablemente, deja una señal clara: se ha optado por retroceder. Y en una región como Magallanes, donde cada avance cuesta el doble, desechar este trabajo no es solo un error, es una irresponsabilidad que hace perder a la ciudadanía. Marco Uribe Saldivia Arquitecto Ex Seremi MINVU Magallanes y Antártica Chilena.
