El diputado Alejandro Riquelme manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se están gestionando procesos de cobro a usuarios por estacionamientos, advirtiendo que no se está utilizando la vía correcta desde el punto de vista legal ni administrativo, lo que podría generar efectos negativos tanto para el sistema judicial como para los propios ciudadanos. “Quiero ser muy claro: aquí nadie está defendiendo el no pago. Las deudas tienen que cumplirse, eso es básico en cualquier sociedad que funcione. Pero también es fundamental que los cobros se realicen respetando los procedimientos que establece la ley”, señaló el parlamentario. En ese sentido, Riquelme enfatizó que el cobro de obligaciones corresponde, en primera instancia, a la relación directa entre la empresa prestadora del servicio y el usuario, existiendo para ello mecanismos formales que permiten exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, resguardando al mismo tiempo el debido proceso. Sin embargo, según indicó, lo que se ha observado es una tendencia a utilizar los Juzgados de Policía Local como una vía alternativa de cobranza, lo que a su juicio distorsiona el rol de estos tribunales. “Los Juzgados de Policía Local no pueden transformarse en oficinas de cobranza. Son tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo, atendiendo materias relevantes para la comunidad, y lo que estamos viendo es que se les está sumando una presión adicional que no corresponde”, afirmó. El diputado también recalcó que esta práctica no solo impacta en el funcionamiento del sistema judicial, sino que puede afectar directamente a los usuarios, quienes enfrentan procedimientos que no necesariamente son los más adecuados para este tipo de situaciones. “Cuando se utilizan vías que no son las correctas, se genera incertidumbre, se tensiona el sistema y se perjudica a las personas. Aquí lo responsable es actuar conforme a derecho, utilizando los mecanismos que existen para estos casos”, agregó. Asimismo, el parlamentario informó que, debido a esta situación, ha enviado una solicitud formal de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determine la legalidad y procedencia del uso de los Juzgados de Policía Local como mecanismo de cobranza indirecta. “Le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie con claridad sobre si este mecanismo se ajusta o no a derecho. Aquí no puede haber espacios grises cuando se trata del uso de instituciones públicas”, explicó. Riquelme también precisó que este debate debe abordarse con responsabilidad, entendiendo el contexto en que se originan muchas de estas deudas. “Este no es un tema que proteja a los deudores como algunos han querido instalar. Aquí hay muchas personas que en su momento no pudieron pagar simplemente porque no existían mecanismos adecuados de cobro o recaudación, como la falta de cobradores o canales accesibles”, señaló. En esa línea, agregó que recién en una etapa reciente la empresa implementó sistemas de pago más modernos, como el pago mediante código QR que permite regularizar deudas de manera posterior (ex post), lo que evidencia que el problema no solo radica en los usuarios, sino también en las condiciones en que se facilitaba el cumplimiento de las obligaciones. “Antes de judicializar masivamente, hay que hacerse cargo de cómo se gestionó el cobro. No se puede cargar toda la responsabilidad en las personas cuando durante mucho tiempo no existieron herramientas adecuadas para pagar”, sostuvo. Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a abordar esta situación con responsabilidad institucional, evitando medidas que, aunque puedan parecer eficientes en el corto plazo, terminan generando problemas mayores a futuro. “Esto no se trata de buscar atajos. Se trata de hacer las cosas bien. Si hay deudas, se tienen que cobrar, pero por los canales que corresponde. De lo contrario, lo único que logramos es recargar tribunales que ya están al límite y generar un sistema menos justo y menos eficiente”, afirmó. Finalmente, el diputado reiteró que su posición apunta a resguardar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el correcto funcionamiento de las instituciones. “No promovemos el no pago, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el cobro debe hacerse bien, de manera legal y ordenada, respetando a las personas y cuidando nuestras instituciones”, concluyó.
Según se había informado previamente, hasta la fecha hay más de 500 mil personas que mantienen deudas impagas del CAE por un total de $4 billones y la institución dio inicio a acciones de cobro. Tesorería flexibilizará pagos del CAE Las nuevas condiciones, indicó la TGR, “permiten que cada persona pueda pagar su deuda de acuerdo con su realidad económica”. De esa manera, quienes tengan ingresos de hasta $1 millón “podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses”. Mientras que quienes ganan entre $1 millón y $2 millones, se establece un pie que “será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo”. En tanto, para los ingresos entre $2 millones y $5 millones, habrá un pie del mínimo entre el 10% de la deuda o $1,5 millones y cuotas ajustadas al 10% del ingreso. El objetivo de la medida es que “los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización”. “Hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables “, comentó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli. Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, dijo que con este esquema se permite adaptar los pagos a la capacidad económica que tiene cada persona, “lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”. Fuente: cnnchile.com
El Instituto de Previsión Social (IPS) Magallanes realizó un positivo balance del pago del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido también como ex Bono Marzo. Hasta la fecha, un total de 11.875 familias magallánicas han recibido el beneficio, cuyo monto alcanza los $66.834 por carga familiar o familia. A nivel nacional, más de 1 millón 704 mil familias han hecho efectivo también este cobro. Sin embargo, según anunciaron las autoridades previsionales de la región, aún queda un grupo de personas que no lo han recibido, por lo cual, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas; junto al IPS, hacen hoy un llamado a esas cerca de 700 familias que no han hecho efectivo este beneficio en la zona. En palabras de la autoridad laboral, “es muy importante que las familias que tienen asignado el pago presencial del Aporte Familiar Permanente, ya sea en caja Los Héroes o BancoEstado, revisen en el sitio web www.aportefamiliar.cl, o bien, llamen al Call Center 101 de ChileAtiende para consultar si les corresponde el beneficio, ya que, sabemos, esta es una importante ayuda económica y no queremos que existan familias magallánicas que se queden sin el beneficio”. Por su parte, el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, recordó a las personas que “existe un plazo para cobrar el ex Bono Marzo, que es de nueve meses a partir de la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si en la página www.aportefamiliar.cl se indica que el pago para una familia estuvo disponible desde el 16 de marzo de 2026 en adelante, entonces, el pago tendrá una vigencia hasta el 16 de diciembre de este año”, explicó. Asimismo, el director (s) señaló que no es necesario realizar postulación ni inscripción alguna para recibir este apoyo, ya que se asigna de manera automática a quienes cumplan con los requisitos. Por tanto, lo importante es revisar en el sitio mencionado o acudir a las sucursales IPS – ChileAtiende de toda la región. ¿Cómo revisar si soy beneficiario del Aporte Familiar? • Ingresa al sitio oficial: www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl. • Digita tu RUN y fecha de nacimiento. • Si eres beneficiario o beneficiaria, el sistema te indicará el monto de tu Aporte, tu fecha de pago y lugar en donde debes cobrar.
La parlamentaria Javiera Morales llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de su iniciativa de ley que busca restringir el cobro en Unidad de Fomento (UF) en servicios y contratos de uso habitual, como arriendos, matrículas escolares, aranceles universitarios y planes de salud. Este índice financiero ya superó la barrera de los 40 mil pesos, lo que su uso actual estaría afectando directamente el presupuesto de las familias, por lo que es necesario limitar su aplicación. La legisladora fundamentó esta solicitud en el contexto del fuerte aumento del costo de la vida, especialmente por el alza de los combustibles, asegurando que el Ejecutivo decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía, generando un impacto inflacionario que ya se refleja directamente en el valor de la UF. Actualmente, la Unidad de Fomento alcanzó los 40 mil pesos, situación que profundiza la presión económica sobre miles de familias en Chile. Es por ello, que la diputada le solicitó mediante un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que le pusiera urgencia al proyecto de su autoría que restringe su uso. Además, advirtió que el problema no es la UF como herramienta financiera, sino el uso abusivo que se ha extendido a contratos cotidianos, afectando directamente a las personas, especialmente cuando los sueldos no se reajustan en la misma medida. Lamentablemente en nuestro país hay abuso de la UF y privados la utilizan para cobrar colegios, para cobrar seguros de salud, para cobrar arriendos, hasta hemos sabido que se cobran en UF cuotas de clubes deportivos. Hoy día muchos trabajadores van a tener aumento de sus costos para vivir y para llegar a fin de mes, pero sus sueldos no están contratados en UF y por tanto se mantienen iguales, agregó. El proyecto presentado por la parlamentaria ya comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue aprobado en la Comisión de Economía, por lo que ahora pasaría a la Sala de la Cámara. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es especialmente urgente en regiones como Magallanes, donde el costo de vida es significativamente mayor. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF. Lo que este proyecto busca es ponerle freno a ese tipo de abusos. En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia para las familias. Regular la UF en estos contratos es una medida de justicia, concluyó.
En fallos unánimes (causas roles 169-2016, 172-2016 y 174-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marcos Kusanovic Antinopai, Roxana Salgado Salamé y el fiscal judicial Pablo Mino Barrera– rechazó las acciones constitucionales al estimar que el presunto perjuicio que alegan los recurrentes debe ser impetrado en el proceso administrativo que lleva a cabo Tesorería General de la República y, en consecuencia, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar dicho proceder. “Que, de la sola lectura de lo que expone el recurrente, los hechos descritos en la presentación están siendo conocidos por la Tesorería General de La República ante el cual se podrán hacer las alegaciones pertinentes y deducir los recursos que procedan a fin de eliminar el supuesto agravio que se ocasionó producto de la dictación de la resolución en contra de la cual se recurre, lo cual impide que esta acción cautelar pueda ser acogida a tramitación”, sostiene el fallo. “Y de conformidad, además, con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se declara INADMISIBLE el recurso interpuesto en contra de Tesorería General de la República, por improcedente”, concluye.
El diputado Alejandro Riquelme manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se están gestionando procesos de cobro a usuarios por estacionamientos, advirtiendo que no se está utilizando la vía correcta desde el punto de vista legal ni administrativo, lo que podría generar efectos negativos tanto para el sistema judicial como para los propios ciudadanos. “Quiero ser muy claro: aquí nadie está defendiendo el no pago. Las deudas tienen que cumplirse, eso es básico en cualquier sociedad que funcione. Pero también es fundamental que los cobros se realicen respetando los procedimientos que establece la ley”, señaló el parlamentario. En ese sentido, Riquelme enfatizó que el cobro de obligaciones corresponde, en primera instancia, a la relación directa entre la empresa prestadora del servicio y el usuario, existiendo para ello mecanismos formales que permiten exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, resguardando al mismo tiempo el debido proceso. Sin embargo, según indicó, lo que se ha observado es una tendencia a utilizar los Juzgados de Policía Local como una vía alternativa de cobranza, lo que a su juicio distorsiona el rol de estos tribunales. “Los Juzgados de Policía Local no pueden transformarse en oficinas de cobranza. Son tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo, atendiendo materias relevantes para la comunidad, y lo que estamos viendo es que se les está sumando una presión adicional que no corresponde”, afirmó. El diputado también recalcó que esta práctica no solo impacta en el funcionamiento del sistema judicial, sino que puede afectar directamente a los usuarios, quienes enfrentan procedimientos que no necesariamente son los más adecuados para este tipo de situaciones. “Cuando se utilizan vías que no son las correctas, se genera incertidumbre, se tensiona el sistema y se perjudica a las personas. Aquí lo responsable es actuar conforme a derecho, utilizando los mecanismos que existen para estos casos”, agregó. Asimismo, el parlamentario informó que, debido a esta situación, ha enviado una solicitud formal de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determine la legalidad y procedencia del uso de los Juzgados de Policía Local como mecanismo de cobranza indirecta. “Le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie con claridad sobre si este mecanismo se ajusta o no a derecho. Aquí no puede haber espacios grises cuando se trata del uso de instituciones públicas”, explicó. Riquelme también precisó que este debate debe abordarse con responsabilidad, entendiendo el contexto en que se originan muchas de estas deudas. “Este no es un tema que proteja a los deudores como algunos han querido instalar. Aquí hay muchas personas que en su momento no pudieron pagar simplemente porque no existían mecanismos adecuados de cobro o recaudación, como la falta de cobradores o canales accesibles”, señaló. En esa línea, agregó que recién en una etapa reciente la empresa implementó sistemas de pago más modernos, como el pago mediante código QR que permite regularizar deudas de manera posterior (ex post), lo que evidencia que el problema no solo radica en los usuarios, sino también en las condiciones en que se facilitaba el cumplimiento de las obligaciones. “Antes de judicializar masivamente, hay que hacerse cargo de cómo se gestionó el cobro. No se puede cargar toda la responsabilidad en las personas cuando durante mucho tiempo no existieron herramientas adecuadas para pagar”, sostuvo. Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a abordar esta situación con responsabilidad institucional, evitando medidas que, aunque puedan parecer eficientes en el corto plazo, terminan generando problemas mayores a futuro. “Esto no se trata de buscar atajos. Se trata de hacer las cosas bien. Si hay deudas, se tienen que cobrar, pero por los canales que corresponde. De lo contrario, lo único que logramos es recargar tribunales que ya están al límite y generar un sistema menos justo y menos eficiente”, afirmó. Finalmente, el diputado reiteró que su posición apunta a resguardar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el correcto funcionamiento de las instituciones. “No promovemos el no pago, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el cobro debe hacerse bien, de manera legal y ordenada, respetando a las personas y cuidando nuestras instituciones”, concluyó.
Según se había informado previamente, hasta la fecha hay más de 500 mil personas que mantienen deudas impagas del CAE por un total de $4 billones y la institución dio inicio a acciones de cobro. Tesorería flexibilizará pagos del CAE Las nuevas condiciones, indicó la TGR, “permiten que cada persona pueda pagar su deuda de acuerdo con su realidad económica”. De esa manera, quienes tengan ingresos de hasta $1 millón “podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses”. Mientras que quienes ganan entre $1 millón y $2 millones, se establece un pie que “será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo”. En tanto, para los ingresos entre $2 millones y $5 millones, habrá un pie del mínimo entre el 10% de la deuda o $1,5 millones y cuotas ajustadas al 10% del ingreso. El objetivo de la medida es que “los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización”. “Hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables “, comentó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli. Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, dijo que con este esquema se permite adaptar los pagos a la capacidad económica que tiene cada persona, “lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”. Fuente: cnnchile.com
El Instituto de Previsión Social (IPS) Magallanes realizó un positivo balance del pago del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido también como ex Bono Marzo. Hasta la fecha, un total de 11.875 familias magallánicas han recibido el beneficio, cuyo monto alcanza los $66.834 por carga familiar o familia. A nivel nacional, más de 1 millón 704 mil familias han hecho efectivo también este cobro. Sin embargo, según anunciaron las autoridades previsionales de la región, aún queda un grupo de personas que no lo han recibido, por lo cual, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas; junto al IPS, hacen hoy un llamado a esas cerca de 700 familias que no han hecho efectivo este beneficio en la zona. En palabras de la autoridad laboral, “es muy importante que las familias que tienen asignado el pago presencial del Aporte Familiar Permanente, ya sea en caja Los Héroes o BancoEstado, revisen en el sitio web www.aportefamiliar.cl, o bien, llamen al Call Center 101 de ChileAtiende para consultar si les corresponde el beneficio, ya que, sabemos, esta es una importante ayuda económica y no queremos que existan familias magallánicas que se queden sin el beneficio”. Por su parte, el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, recordó a las personas que “existe un plazo para cobrar el ex Bono Marzo, que es de nueve meses a partir de la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si en la página www.aportefamiliar.cl se indica que el pago para una familia estuvo disponible desde el 16 de marzo de 2026 en adelante, entonces, el pago tendrá una vigencia hasta el 16 de diciembre de este año”, explicó. Asimismo, el director (s) señaló que no es necesario realizar postulación ni inscripción alguna para recibir este apoyo, ya que se asigna de manera automática a quienes cumplan con los requisitos. Por tanto, lo importante es revisar en el sitio mencionado o acudir a las sucursales IPS – ChileAtiende de toda la región. ¿Cómo revisar si soy beneficiario del Aporte Familiar? • Ingresa al sitio oficial: www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl. • Digita tu RUN y fecha de nacimiento. • Si eres beneficiario o beneficiaria, el sistema te indicará el monto de tu Aporte, tu fecha de pago y lugar en donde debes cobrar.
La parlamentaria Javiera Morales llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de su iniciativa de ley que busca restringir el cobro en Unidad de Fomento (UF) en servicios y contratos de uso habitual, como arriendos, matrículas escolares, aranceles universitarios y planes de salud. Este índice financiero ya superó la barrera de los 40 mil pesos, lo que su uso actual estaría afectando directamente el presupuesto de las familias, por lo que es necesario limitar su aplicación. La legisladora fundamentó esta solicitud en el contexto del fuerte aumento del costo de la vida, especialmente por el alza de los combustibles, asegurando que el Ejecutivo decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía, generando un impacto inflacionario que ya se refleja directamente en el valor de la UF. Actualmente, la Unidad de Fomento alcanzó los 40 mil pesos, situación que profundiza la presión económica sobre miles de familias en Chile. Es por ello, que la diputada le solicitó mediante un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que le pusiera urgencia al proyecto de su autoría que restringe su uso. Además, advirtió que el problema no es la UF como herramienta financiera, sino el uso abusivo que se ha extendido a contratos cotidianos, afectando directamente a las personas, especialmente cuando los sueldos no se reajustan en la misma medida. Lamentablemente en nuestro país hay abuso de la UF y privados la utilizan para cobrar colegios, para cobrar seguros de salud, para cobrar arriendos, hasta hemos sabido que se cobran en UF cuotas de clubes deportivos. Hoy día muchos trabajadores van a tener aumento de sus costos para vivir y para llegar a fin de mes, pero sus sueldos no están contratados en UF y por tanto se mantienen iguales, agregó. El proyecto presentado por la parlamentaria ya comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue aprobado en la Comisión de Economía, por lo que ahora pasaría a la Sala de la Cámara. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es especialmente urgente en regiones como Magallanes, donde el costo de vida es significativamente mayor. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF. Lo que este proyecto busca es ponerle freno a ese tipo de abusos. En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia para las familias. Regular la UF en estos contratos es una medida de justicia, concluyó.
En fallos unánimes (causas roles 169-2016, 172-2016 y 174-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marcos Kusanovic Antinopai, Roxana Salgado Salamé y el fiscal judicial Pablo Mino Barrera– rechazó las acciones constitucionales al estimar que el presunto perjuicio que alegan los recurrentes debe ser impetrado en el proceso administrativo que lleva a cabo Tesorería General de la República y, en consecuencia, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar dicho proceder. “Que, de la sola lectura de lo que expone el recurrente, los hechos descritos en la presentación están siendo conocidos por la Tesorería General de La República ante el cual se podrán hacer las alegaciones pertinentes y deducir los recursos que procedan a fin de eliminar el supuesto agravio que se ocasionó producto de la dictación de la resolución en contra de la cual se recurre, lo cual impide que esta acción cautelar pueda ser acogida a tramitación”, sostiene el fallo. “Y de conformidad, además, con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se declara INADMISIBLE el recurso interpuesto en contra de Tesorería General de la República, por improcedente”, concluye.
