Hoy pareciera que basta una publicación para que alguien quede condenado públicamente, aunque todavía existan explicaciones, contexto o incluso dudas razonables. Y ahí es donde creo que debemos detenernos a reflexionar. Cuando toda réplica es vista como una excusa, cuando cualquier defensa es interpretada como confesión y cuando cuestionar un método pasa automáticamente a ser un ataque a la verdad, algo comienza a romperse en el diálogo democrático. Porque ninguna persona, autoridad, medio de comunicación o grupo tiene el monopolio absoluto de la razón. El problema aparece cuando la fuerza de una narrativa depende más de la cobertura, los seguidores o la amplificación en redes sociales que de la capacidad real de contrastar información, contextualizar antecedentes y escuchar todas las versiones involucradas. Hoy muchas veces se acusa primero… y se escucha después. En ese escenario, quien tiene menos espacio para defenderse queda muchas veces condenado de antemano ante la opinión pública, aunque existan antecedentes, explicaciones o matices que merecen ser considerados. Por eso hoy más que nunca vale la pena cuestionarse no solo la información que consumimos, sino también cómo se construye, cómo se presenta y qué espacio real se da a la réplica. Escuchar otra versión no debiera verse como debilidad ni complicidad. Al contrario: es precisamente lo que protege la honestidad de las personas y fortalece una sociedad verdaderamente democrática. Porque una sociedad sana no es la que más grita, sino la que todavía es capaz de escuchar
Las declaraciones del actual Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes buscan instalar la idea de que el acceso a vivienda de las familias más vulnerables de nuestra región se vería comprometido por decisiones adoptadas en la administración anterior. Pero la verdad es otra. El propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo desmintió oficialmente en febrero de este año que exista una reducción definitiva de los subsidios DS49 destinada a las familias de menores ingresos. En su declaración pública, el MINVU señalo expresamente que los 19.578 subsidios autorizados inicialmente por la Dirección de Presupuestos pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso. Además, el ministerio informo en su momento que existían alrededor de 60.000 viviendas DS49 en ejecución a nivel nacional, las que fueron traspasadas a la actual administración, un avance no menor. Por lo tanto, lo que existe es una programación presupuestaria liderada por el actual gobierno, lo que exige gestión política y técnica por parte de la actual autoridad en la región. Como ex autoridad de gobierno puedo señalar que esta situación no se resuelve con titulares alarmistas ni con lamentaciones públicas. Se resuelve gestionando. Se resuelve golpeando puertas en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuestos, en el nivel central del MINVU y a nivel local en el Gobierno Regional, para asegurar recursos efectivos para la región más austral de Chile. Eso fue precisamente lo que se hizo en 2022, en un contexto mucho más complejo y con restricciones presupuestarias significativas. Sin victimización y sin excusas, se consiguió apalancar recursos adicionales para Magallanes y se puso en marcha una política habitacional que permitió a nuestra región convertirse en la primera del país en cumplir con la meta del Plan de Emergencia Habitacional entregando más de 4.200 viviendas llave en mano a familias magallánicas. Hoy la administración actual cuenta con una ventaja objetiva: recibe una cartera de más de 2.000 viviendas ya subsidiadas, financiadas y en distintas etapas de ejecución, listas para iniciar y continuar obras. Es decir, existe una base sólida de proyectos que permitirá sostener la entrega de viviendas durante los próximos años y darle continuidad al trabajo del Estado. Por eso más que buscar responsables en el pasado, enviando cartas al director de manera masiva mandatada por el nivel central a todas las regiones del país, sería útil que el actual Seremi de Vivienda responda una pregunta concreta: ¿Cuántas viviendas se compromete a entregar en Magallanes durante su administración? Esa es la verdadera discusión. El gobierno ha anunciado una meta nacional de 400.000 viviendas. La ciudadanía de Magallanes tiene derecho a saber cuál será el aporte regional a ese objetivo y que compromiso concreto asume la actual administración, no solo con Punta Arenas, sino que también con el resto de las comunas de la región. Las familias magallánicas necesitan liderazgo, gestión y resultados. Y en materia habitacional, los resultados se miden con viviendas entregadas, subsidios asignados y obras iniciadas, no con declaraciones copiadas y pegadas altisonantes en la prensa.
Hablar de primera infancia es referirse a una etapa decisiva en el desarrollo humano. Los primeros años de vida están marcados por una alta plasticidad cerebral, lo que implica que las experiencias tempranas influyen de manera determinante en el desarrollo emocional, social y cognitivo de niños y niñas. En este periodo, cada estímulo cuenta. Las interacciones afectivas y las primeras experiencias de aprendizaje comienzan en el hogar y se fortalecen en los espacios educativos, donde la asistencia regular cumple un rol esencial. La constancia no solo favorece el aprendizaje, sino también la construcción de vínculos, la adquisición de hábitos y el desarrollo de la seguridad emocional, elementos fundamentales para un crecimiento integral. Cada día importa, porque el cerebro infantil se encuentra en un proceso continuo de organización y desarrollo. En Chile, este desafío ha mostrado avances significativos. Según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, durante 2025 se registró una recuperación histórica en los niveles de asistencia, con un incremento promedio de 16,5 puntos porcentuales en comparación con 2022. Este progreso ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje, promoviendo el juego, la interacción, la exploración del entorno y el desarrollo de la creatividad y la curiosidad. En esta misma línea, el Consejo Nacional de Educación aprobó recientemente la actualización de los Estándares de Formación Inicial Docente para las carreras de Educación Parvularia, reconociendo el juego como un principio pedagógico fundamental. Sin embargo, estos avances no serían posibles sin el compromiso de las familias, quienes cumplen un rol insustituible, así como de los equipos pedagógicos que acompañan y fortalecen estos procesos. Son ellos quienes hacen posible la generación de experiencias educativas de calidad y promueven el bienestar integral de niños y niñas. Por ello, resulta imprescindible priorizar la formación continua y el perfeccionamiento tanto de profesionales y técnicos en ejercicio como de quienes hoy se están formando en instituciones de educación superior. Brindar oportunidades reales de actualización constituye una responsabilidad social compartida que requiere voluntad, alianzas estratégicas y un trabajo colaborativo entre actores del ámbito público y privado. Fortalecer la educación parvularia es, en definitiva, fortalecer la base del sistema educativo. Invertir en la primera infancia es invertir en comunidades más sólidas y en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La primera infancia no admite más postergaciones.
El ex dirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, a entregar información clara y precisa respecto a la vigencia y término del subsidio eléctrico que beneficia a los hogares más vulnerables de la región. Avendaño señaló que, si bien la autoridad regional ha indicado que el subsidio continúa vigente mientras rija la Ley 21.667, es fundamental aclarar a la ciudadanía que este beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares fue extendido únicamente hasta diciembre de 2026, sin contemplar continuidad para el año 2027. En esa línea, recordó que el pasado 18 de abril la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el subsidio finalizaría ahora y no sería renovado. Posteriormente, el Gobierno rectificó dicha información, confirmando su extensión hasta fines de 2026, lo que a juicio de Avendaño demuestra la necesidad de mayor claridad comunicacional por parte de las autoridades, especialmente a nivel regional. El seremi debe ser transparente con la población, este beneficio no solo impacta al 40% más vulnerable, sino que también existe una fuerte afectación a la clase media, que hoy enfrenta un sostenido aumento en el costo de la vida”, afirmó. El ex dirigente también criticó el alza en los combustibles durante la actual administración, señalando que el precio de la gasolina ha experimentado un incremento brutal al no dejar actuar el MEPCO como lo han aplicado todos los gobiernos anteriores y que también debieron soportar valores del barril del petróleo sobre los 100 dólares, y el valor del diésel, que incluso ha superado el valor de la gasolina de 93 octanos. Asimismo, cuestionó la falta de reacción del gremio de camioneros frente a estas alzas. A lo anterior se suma indicó un nuevo incremento en las cuentas de la electricidad previsto a partir de julio de 2026, tras la decisión de postergar el proceso de reliquidación tarifaria que inicialmente comenzaría en abril. Finalmente, Avendaño sostuvo se cumpla el compromiso del Gobierno, se dijo que no se tocarían los beneficios sociales, pero la realidad demuestra lo contrario”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
Hoy pareciera que basta una publicación para que alguien quede condenado públicamente, aunque todavía existan explicaciones, contexto o incluso dudas razonables. Y ahí es donde creo que debemos detenernos a reflexionar. Cuando toda réplica es vista como una excusa, cuando cualquier defensa es interpretada como confesión y cuando cuestionar un método pasa automáticamente a ser un ataque a la verdad, algo comienza a romperse en el diálogo democrático. Porque ninguna persona, autoridad, medio de comunicación o grupo tiene el monopolio absoluto de la razón. El problema aparece cuando la fuerza de una narrativa depende más de la cobertura, los seguidores o la amplificación en redes sociales que de la capacidad real de contrastar información, contextualizar antecedentes y escuchar todas las versiones involucradas. Hoy muchas veces se acusa primero… y se escucha después. En ese escenario, quien tiene menos espacio para defenderse queda muchas veces condenado de antemano ante la opinión pública, aunque existan antecedentes, explicaciones o matices que merecen ser considerados. Por eso hoy más que nunca vale la pena cuestionarse no solo la información que consumimos, sino también cómo se construye, cómo se presenta y qué espacio real se da a la réplica. Escuchar otra versión no debiera verse como debilidad ni complicidad. Al contrario: es precisamente lo que protege la honestidad de las personas y fortalece una sociedad verdaderamente democrática. Porque una sociedad sana no es la que más grita, sino la que todavía es capaz de escuchar
Las declaraciones del actual Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes buscan instalar la idea de que el acceso a vivienda de las familias más vulnerables de nuestra región se vería comprometido por decisiones adoptadas en la administración anterior. Pero la verdad es otra. El propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo desmintió oficialmente en febrero de este año que exista una reducción definitiva de los subsidios DS49 destinada a las familias de menores ingresos. En su declaración pública, el MINVU señalo expresamente que los 19.578 subsidios autorizados inicialmente por la Dirección de Presupuestos pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso. Además, el ministerio informo en su momento que existían alrededor de 60.000 viviendas DS49 en ejecución a nivel nacional, las que fueron traspasadas a la actual administración, un avance no menor. Por lo tanto, lo que existe es una programación presupuestaria liderada por el actual gobierno, lo que exige gestión política y técnica por parte de la actual autoridad en la región. Como ex autoridad de gobierno puedo señalar que esta situación no se resuelve con titulares alarmistas ni con lamentaciones públicas. Se resuelve gestionando. Se resuelve golpeando puertas en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuestos, en el nivel central del MINVU y a nivel local en el Gobierno Regional, para asegurar recursos efectivos para la región más austral de Chile. Eso fue precisamente lo que se hizo en 2022, en un contexto mucho más complejo y con restricciones presupuestarias significativas. Sin victimización y sin excusas, se consiguió apalancar recursos adicionales para Magallanes y se puso en marcha una política habitacional que permitió a nuestra región convertirse en la primera del país en cumplir con la meta del Plan de Emergencia Habitacional entregando más de 4.200 viviendas llave en mano a familias magallánicas. Hoy la administración actual cuenta con una ventaja objetiva: recibe una cartera de más de 2.000 viviendas ya subsidiadas, financiadas y en distintas etapas de ejecución, listas para iniciar y continuar obras. Es decir, existe una base sólida de proyectos que permitirá sostener la entrega de viviendas durante los próximos años y darle continuidad al trabajo del Estado. Por eso más que buscar responsables en el pasado, enviando cartas al director de manera masiva mandatada por el nivel central a todas las regiones del país, sería útil que el actual Seremi de Vivienda responda una pregunta concreta: ¿Cuántas viviendas se compromete a entregar en Magallanes durante su administración? Esa es la verdadera discusión. El gobierno ha anunciado una meta nacional de 400.000 viviendas. La ciudadanía de Magallanes tiene derecho a saber cuál será el aporte regional a ese objetivo y que compromiso concreto asume la actual administración, no solo con Punta Arenas, sino que también con el resto de las comunas de la región. Las familias magallánicas necesitan liderazgo, gestión y resultados. Y en materia habitacional, los resultados se miden con viviendas entregadas, subsidios asignados y obras iniciadas, no con declaraciones copiadas y pegadas altisonantes en la prensa.
Hablar de primera infancia es referirse a una etapa decisiva en el desarrollo humano. Los primeros años de vida están marcados por una alta plasticidad cerebral, lo que implica que las experiencias tempranas influyen de manera determinante en el desarrollo emocional, social y cognitivo de niños y niñas. En este periodo, cada estímulo cuenta. Las interacciones afectivas y las primeras experiencias de aprendizaje comienzan en el hogar y se fortalecen en los espacios educativos, donde la asistencia regular cumple un rol esencial. La constancia no solo favorece el aprendizaje, sino también la construcción de vínculos, la adquisición de hábitos y el desarrollo de la seguridad emocional, elementos fundamentales para un crecimiento integral. Cada día importa, porque el cerebro infantil se encuentra en un proceso continuo de organización y desarrollo. En Chile, este desafío ha mostrado avances significativos. Según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, durante 2025 se registró una recuperación histórica en los niveles de asistencia, con un incremento promedio de 16,5 puntos porcentuales en comparación con 2022. Este progreso ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje, promoviendo el juego, la interacción, la exploración del entorno y el desarrollo de la creatividad y la curiosidad. En esta misma línea, el Consejo Nacional de Educación aprobó recientemente la actualización de los Estándares de Formación Inicial Docente para las carreras de Educación Parvularia, reconociendo el juego como un principio pedagógico fundamental. Sin embargo, estos avances no serían posibles sin el compromiso de las familias, quienes cumplen un rol insustituible, así como de los equipos pedagógicos que acompañan y fortalecen estos procesos. Son ellos quienes hacen posible la generación de experiencias educativas de calidad y promueven el bienestar integral de niños y niñas. Por ello, resulta imprescindible priorizar la formación continua y el perfeccionamiento tanto de profesionales y técnicos en ejercicio como de quienes hoy se están formando en instituciones de educación superior. Brindar oportunidades reales de actualización constituye una responsabilidad social compartida que requiere voluntad, alianzas estratégicas y un trabajo colaborativo entre actores del ámbito público y privado. Fortalecer la educación parvularia es, en definitiva, fortalecer la base del sistema educativo. Invertir en la primera infancia es invertir en comunidades más sólidas y en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La primera infancia no admite más postergaciones.
El ex dirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, a entregar información clara y precisa respecto a la vigencia y término del subsidio eléctrico que beneficia a los hogares más vulnerables de la región. Avendaño señaló que, si bien la autoridad regional ha indicado que el subsidio continúa vigente mientras rija la Ley 21.667, es fundamental aclarar a la ciudadanía que este beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares fue extendido únicamente hasta diciembre de 2026, sin contemplar continuidad para el año 2027. En esa línea, recordó que el pasado 18 de abril la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el subsidio finalizaría ahora y no sería renovado. Posteriormente, el Gobierno rectificó dicha información, confirmando su extensión hasta fines de 2026, lo que a juicio de Avendaño demuestra la necesidad de mayor claridad comunicacional por parte de las autoridades, especialmente a nivel regional. El seremi debe ser transparente con la población, este beneficio no solo impacta al 40% más vulnerable, sino que también existe una fuerte afectación a la clase media, que hoy enfrenta un sostenido aumento en el costo de la vida”, afirmó. El ex dirigente también criticó el alza en los combustibles durante la actual administración, señalando que el precio de la gasolina ha experimentado un incremento brutal al no dejar actuar el MEPCO como lo han aplicado todos los gobiernos anteriores y que también debieron soportar valores del barril del petróleo sobre los 100 dólares, y el valor del diésel, que incluso ha superado el valor de la gasolina de 93 octanos. Asimismo, cuestionó la falta de reacción del gremio de camioneros frente a estas alzas. A lo anterior se suma indicó un nuevo incremento en las cuentas de la electricidad previsto a partir de julio de 2026, tras la decisión de postergar el proceso de reliquidación tarifaria que inicialmente comenzaría en abril. Finalmente, Avendaño sostuvo se cumpla el compromiso del Gobierno, se dijo que no se tocarían los beneficios sociales, pero la realidad demuestra lo contrario”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
