Hablar de primera infancia es referirse a una etapa decisiva en el desarrollo humano. Los primeros años de vida están marcados por una alta plasticidad cerebral, lo que implica que las experiencias tempranas influyen de manera determinante en el desarrollo emocional, social y cognitivo de niños y niñas. En este periodo, cada estímulo cuenta. Las interacciones afectivas y las primeras experiencias de aprendizaje comienzan en el hogar y se fortalecen en los espacios educativos, donde la asistencia regular cumple un rol esencial. La constancia no solo favorece el aprendizaje, sino también la construcción de vínculos, la adquisición de hábitos y el desarrollo de la seguridad emocional, elementos fundamentales para un crecimiento integral. Cada día importa, porque el cerebro infantil se encuentra en un proceso continuo de organización y desarrollo. En Chile, este desafío ha mostrado avances significativos. Según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, durante 2025 se registró una recuperación histórica en los niveles de asistencia, con un incremento promedio de 16,5 puntos porcentuales en comparación con 2022. Este progreso ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje, promoviendo el juego, la interacción, la exploración del entorno y el desarrollo de la creatividad y la curiosidad. En esta misma línea, el Consejo Nacional de Educación aprobó recientemente la actualización de los Estándares de Formación Inicial Docente para las carreras de Educación Parvularia, reconociendo el juego como un principio pedagógico fundamental. Sin embargo, estos avances no serían posibles sin el compromiso de las familias, quienes cumplen un rol insustituible, así como de los equipos pedagógicos que acompañan y fortalecen estos procesos. Son ellos quienes hacen posible la generación de experiencias educativas de calidad y promueven el bienestar integral de niños y niñas. Por ello, resulta imprescindible priorizar la formación continua y el perfeccionamiento tanto de profesionales y técnicos en ejercicio como de quienes hoy se están formando en instituciones de educación superior. Brindar oportunidades reales de actualización constituye una responsabilidad social compartida que requiere voluntad, alianzas estratégicas y un trabajo colaborativo entre actores del ámbito público y privado. Fortalecer la educación parvularia es, en definitiva, fortalecer la base del sistema educativo. Invertir en la primera infancia es invertir en comunidades más sólidas y en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La primera infancia no admite más postergaciones.
El ex dirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, a entregar información clara y precisa respecto a la vigencia y término del subsidio eléctrico que beneficia a los hogares más vulnerables de la región. Avendaño señaló que, si bien la autoridad regional ha indicado que el subsidio continúa vigente mientras rija la Ley 21.667, es fundamental aclarar a la ciudadanía que este beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares fue extendido únicamente hasta diciembre de 2026, sin contemplar continuidad para el año 2027. En esa línea, recordó que el pasado 18 de abril la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el subsidio finalizaría ahora y no sería renovado. Posteriormente, el Gobierno rectificó dicha información, confirmando su extensión hasta fines de 2026, lo que a juicio de Avendaño demuestra la necesidad de mayor claridad comunicacional por parte de las autoridades, especialmente a nivel regional. El seremi debe ser transparente con la población, este beneficio no solo impacta al 40% más vulnerable, sino que también existe una fuerte afectación a la clase media, que hoy enfrenta un sostenido aumento en el costo de la vida”, afirmó. El ex dirigente también criticó el alza en los combustibles durante la actual administración, señalando que el precio de la gasolina ha experimentado un incremento brutal al no dejar actuar el MEPCO como lo han aplicado todos los gobiernos anteriores y que también debieron soportar valores del barril del petróleo sobre los 100 dólares, y el valor del diésel, que incluso ha superado el valor de la gasolina de 93 octanos. Asimismo, cuestionó la falta de reacción del gremio de camioneros frente a estas alzas. A lo anterior se suma indicó un nuevo incremento en las cuentas de la electricidad previsto a partir de julio de 2026, tras la decisión de postergar el proceso de reliquidación tarifaria que inicialmente comenzaría en abril. Finalmente, Avendaño sostuvo se cumpla el compromiso del Gobierno, se dijo que no se tocarían los beneficios sociales, pero la realidad demuestra lo contrario”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el arquitecto y ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, abordó la controversia generada tras el desistimiento del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, calificando la decisión como una señal política que impacta directamente en el desarrollo urbano de la región. Según expuso, lo ocurrido no corresponde únicamente a una medida administrativa, sino que refleja un cambio de criterio a nivel central. En ese contexto, sostuvo que “el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública”. Uribe también cuestionó la decisión impulsada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el desistimiento “no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric”. Durante la conversación, enfatizó que el proyecto del ex Club Hípico fue el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, desarrollado por equipos técnicos del MINVU y SERVIU, quienes realizaron estudios, evaluaciones de factibilidad y levantamiento de antecedentes para estructurar una propuesta alineada con la planificación urbana de Punta Arenas. Asimismo, destacó que la iniciativa no solo contaba con respaldo técnico, sino también con gestiones políticas e institucionales que permitieron su presentación ante el Consejo Regional para optar a financiamiento compartido, además de esfuerzos por asegurar recursos sectoriales en un contexto regional competitivo.
Lo ocurrido con el proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas no es solo una decisión administrativa. Es una señal política clara: el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública. La solicitud del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, del desistimiento de la expropiación no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este proyecto no apareció de un día para otro. Detrás del proceso expropiatorio del ex Club Hípico hubo meses, y en rigor, años de trabajo de equipos profesionales del MINVU y SERVIU que levantaron antecedentes, desarrollaron estudios, gestionaron alternativas, evaluaron factibilidad urbana y estructuraron una propuesta coherente con la planificación de la ciudad. Hubo, además, un trabajo político e institucional serio para viabilizarlo. Se presentó ante el Consejo Regional para optar a cofinanciamiento del Gobierno Regional, entendiendo que este tipo de iniciativas requiere alianzas y corresponsabilidad en el uso de recursos públicos. Y también hubo gestión para apalancar recursos sectoriales hacia la región, en un contexto donde cada peso que llega a Magallanes se disputa y se defiende. No se trata solo de expropiar un terreno, sino de habilitar una oportunidad concreta de desarrollo urbano, con visión de futuro e impacto directo en la disponibilidad de suelo para la región. Todo ese trabajo técnico, institucional y político, hoy se ve simplemente ignorado y eso ene consecuencias. Frenar este proceso no es “poner una pausa”. Es desarmar una cadena completa de decisiones, esfuerzos y recursos ya comprometidos para Magallanes. Y es, también, enviar una señal preocupante al Gobierno Regional y a los actores locales, que los acuerdos alcanzados pueden quedar en nada y los recursos simplemente, perderse. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuál es el criterio detrás de esta decisión? Cuando se detienen proyectos de esta naturaleza, lo que se pierde no es solo tiempo. Se pierde capacidad de gestión pública. Se pierde credibilidad institucional. Se pierde una oportunidad concreta para la ciudad. Y se instala la idea de que, en Chile, incluso los proyectos bien hechos pueden caer por razones estrictamente políticas, debilitando la capacidad del Estado de actuar con continuidad, como si cada cambio de gobierno implicara empezar de cero. Ese es el verdadero problema. Cuando las políticas públicas se subordinan a decisiones políticas de corto plazo y centralistas, lo que se erosiona no es solo un proyecto puntual, sino la confianza en la institucionalidad. Se instala la idea de que ningún proceso está realmente asegurado, que todo puede ser revertido, incluso cuando ha avanzado conforme a la normativa y con respaldo técnico. El ex Club Hípico no es solo un terreno. Es la evidencia de un trabajo serio del Estado que hoy se pretende desechar y que lamentablemente, deja una señal clara: se ha optado por retroceder. Y en una región como Magallanes, donde cada avance cuesta el doble, desechar este trabajo no es solo un error, es una irresponsabilidad que hace perder a la ciudadanía. Marco Uribe Saldivia Arquitecto Ex Seremi MINVU Magallanes y Antártica Chilena.
Hablar de primera infancia es referirse a una etapa decisiva en el desarrollo humano. Los primeros años de vida están marcados por una alta plasticidad cerebral, lo que implica que las experiencias tempranas influyen de manera determinante en el desarrollo emocional, social y cognitivo de niños y niñas. En este periodo, cada estímulo cuenta. Las interacciones afectivas y las primeras experiencias de aprendizaje comienzan en el hogar y se fortalecen en los espacios educativos, donde la asistencia regular cumple un rol esencial. La constancia no solo favorece el aprendizaje, sino también la construcción de vínculos, la adquisición de hábitos y el desarrollo de la seguridad emocional, elementos fundamentales para un crecimiento integral. Cada día importa, porque el cerebro infantil se encuentra en un proceso continuo de organización y desarrollo. En Chile, este desafío ha mostrado avances significativos. Según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, durante 2025 se registró una recuperación histórica en los niveles de asistencia, con un incremento promedio de 16,5 puntos porcentuales en comparación con 2022. Este progreso ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje, promoviendo el juego, la interacción, la exploración del entorno y el desarrollo de la creatividad y la curiosidad. En esta misma línea, el Consejo Nacional de Educación aprobó recientemente la actualización de los Estándares de Formación Inicial Docente para las carreras de Educación Parvularia, reconociendo el juego como un principio pedagógico fundamental. Sin embargo, estos avances no serían posibles sin el compromiso de las familias, quienes cumplen un rol insustituible, así como de los equipos pedagógicos que acompañan y fortalecen estos procesos. Son ellos quienes hacen posible la generación de experiencias educativas de calidad y promueven el bienestar integral de niños y niñas. Por ello, resulta imprescindible priorizar la formación continua y el perfeccionamiento tanto de profesionales y técnicos en ejercicio como de quienes hoy se están formando en instituciones de educación superior. Brindar oportunidades reales de actualización constituye una responsabilidad social compartida que requiere voluntad, alianzas estratégicas y un trabajo colaborativo entre actores del ámbito público y privado. Fortalecer la educación parvularia es, en definitiva, fortalecer la base del sistema educativo. Invertir en la primera infancia es invertir en comunidades más sólidas y en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La primera infancia no admite más postergaciones.
El ex dirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, a entregar información clara y precisa respecto a la vigencia y término del subsidio eléctrico que beneficia a los hogares más vulnerables de la región. Avendaño señaló que, si bien la autoridad regional ha indicado que el subsidio continúa vigente mientras rija la Ley 21.667, es fundamental aclarar a la ciudadanía que este beneficio destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares fue extendido únicamente hasta diciembre de 2026, sin contemplar continuidad para el año 2027. En esa línea, recordó que el pasado 18 de abril la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el subsidio finalizaría ahora y no sería renovado. Posteriormente, el Gobierno rectificó dicha información, confirmando su extensión hasta fines de 2026, lo que a juicio de Avendaño demuestra la necesidad de mayor claridad comunicacional por parte de las autoridades, especialmente a nivel regional. El seremi debe ser transparente con la población, este beneficio no solo impacta al 40% más vulnerable, sino que también existe una fuerte afectación a la clase media, que hoy enfrenta un sostenido aumento en el costo de la vida”, afirmó. El ex dirigente también criticó el alza en los combustibles durante la actual administración, señalando que el precio de la gasolina ha experimentado un incremento brutal al no dejar actuar el MEPCO como lo han aplicado todos los gobiernos anteriores y que también debieron soportar valores del barril del petróleo sobre los 100 dólares, y el valor del diésel, que incluso ha superado el valor de la gasolina de 93 octanos. Asimismo, cuestionó la falta de reacción del gremio de camioneros frente a estas alzas. A lo anterior se suma indicó un nuevo incremento en las cuentas de la electricidad previsto a partir de julio de 2026, tras la decisión de postergar el proceso de reliquidación tarifaria que inicialmente comenzaría en abril. Finalmente, Avendaño sostuvo se cumpla el compromiso del Gobierno, se dijo que no se tocarían los beneficios sociales, pero la realidad demuestra lo contrario”, concluyó.
La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ya no puede tratarse como un trámite administrativo reservado para autoridades, técnicos y operadores de siempre. Lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que está en juego es el destino de una herramienta que debía impulsar el desarrollo regional y que, bajo el modelo actual, terminó perjudicando a quienes más dependen de ella: los usuarios, los emprendedores, el comercio local y, finalmente, los propios magallánicos. Durante años, la Zona Franca fue perdiendo competitividad y sentido. Los usuarios han debido soportar cobros altos, reglas poco claras y escasas mejoras visibles. Al mismo tiempo, el público dejó de percibir una ventaja real en muchos productos, desapareciendo buena parte de esa exclusividad y atractivo que antes distinguían al sistema. Una Zona Franca que deja de beneficiar con claridad a la región y a sus consumidores deja de cumplir su propósito esencial. Pero el daño no termina ahí. También se ha consolidado un modelo que desplazó el eje comercial, debilitó el centro de Punta Arenas y contribuyó al deterioro de la actividad tradicional de la ciudad. Mientras tanto, la administración sigue operando dentro de un esquema que muchos consideran rentable para unos pocos, pero insuficiente para el desarrollo real de Magallanes. Y eso obliga a una revisión profunda, seria y sin complacencia. Por eso, cualquier discusión sobre una futura licitación debe hacerse con transparencia total. No entre cuatro paredes. No mediante acuerdos reservados. No con decisiones tomadas de antemano para luego ser presentadas como inevitables. La región tiene derecho a saber qué se está evaluando, quiénes participan y bajo qué criterios se pretende definir el futuro de una institución tan relevante. Y hay un punto que debe quedar establecido desde ahora. Cualquier comisión, mesa técnica o instancia que trabaje en las bases de una futura licitación debe incluir representación real de los usuarios y empresarios con trayectoria efectiva en la Zona Franca. No como adorno ni como saludo a la bandera, sino como parte activa del proceso. Son ellos quienes conocen desde dentro las trabas, los cobros, la pérdida de competitividad y los errores que no pueden volver a repetirse. La votación de este martes en el Consejo Regional, CORE, donde los consejeros regionales deberán pronunciarse sobre la creación de una comisión de seguimiento e investigación, será una prueba política y moral. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Quien esté verdaderamente del lado de Magallanes debiera apoyar toda instancia seria de fiscalización, esclarecimiento y control. Y la comunidad estará muy atenta a quienes se opongan, porque si se bloquea la transparencia, también se estará bloqueando la posibilidad de hacer justicia con una región que lleva demasiado tiempo pagando los costos de un modelo agotado. No se puede repetir la historia. Magallanes merece transparencia, representación real y una Zona Franca pensada para la región, no para la comodidad de unos pocos.
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el arquitecto y ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, abordó la controversia generada tras el desistimiento del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, calificando la decisión como una señal política que impacta directamente en el desarrollo urbano de la región. Según expuso, lo ocurrido no corresponde únicamente a una medida administrativa, sino que refleja un cambio de criterio a nivel central. En ese contexto, sostuvo que “el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública”. Uribe también cuestionó la decisión impulsada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el desistimiento “no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric”. Durante la conversación, enfatizó que el proyecto del ex Club Hípico fue el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, desarrollado por equipos técnicos del MINVU y SERVIU, quienes realizaron estudios, evaluaciones de factibilidad y levantamiento de antecedentes para estructurar una propuesta alineada con la planificación urbana de Punta Arenas. Asimismo, destacó que la iniciativa no solo contaba con respaldo técnico, sino también con gestiones políticas e institucionales que permitieron su presentación ante el Consejo Regional para optar a financiamiento compartido, además de esfuerzos por asegurar recursos sectoriales en un contexto regional competitivo.
Lo ocurrido con el proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas no es solo una decisión administrativa. Es una señal política clara: el nuevo gobierno ha optado por frenar un proyecto estratégico para la ciudad, aun cuando este ya contaba con sustento técnico, respaldo institucional y un avanzado nivel de gestión pública. La solicitud del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, del desistimiento de la expropiación no responde al denominado Plan de Ajuste Fiscal. Responde a una decisión política centralista de deshacer lo avanzado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este proyecto no apareció de un día para otro. Detrás del proceso expropiatorio del ex Club Hípico hubo meses, y en rigor, años de trabajo de equipos profesionales del MINVU y SERVIU que levantaron antecedentes, desarrollaron estudios, gestionaron alternativas, evaluaron factibilidad urbana y estructuraron una propuesta coherente con la planificación de la ciudad. Hubo, además, un trabajo político e institucional serio para viabilizarlo. Se presentó ante el Consejo Regional para optar a cofinanciamiento del Gobierno Regional, entendiendo que este tipo de iniciativas requiere alianzas y corresponsabilidad en el uso de recursos públicos. Y también hubo gestión para apalancar recursos sectoriales hacia la región, en un contexto donde cada peso que llega a Magallanes se disputa y se defiende. No se trata solo de expropiar un terreno, sino de habilitar una oportunidad concreta de desarrollo urbano, con visión de futuro e impacto directo en la disponibilidad de suelo para la región. Todo ese trabajo técnico, institucional y político, hoy se ve simplemente ignorado y eso ene consecuencias. Frenar este proceso no es “poner una pausa”. Es desarmar una cadena completa de decisiones, esfuerzos y recursos ya comprometidos para Magallanes. Y es, también, enviar una señal preocupante al Gobierno Regional y a los actores locales, que los acuerdos alcanzados pueden quedar en nada y los recursos simplemente, perderse. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuál es el criterio detrás de esta decisión? Cuando se detienen proyectos de esta naturaleza, lo que se pierde no es solo tiempo. Se pierde capacidad de gestión pública. Se pierde credibilidad institucional. Se pierde una oportunidad concreta para la ciudad. Y se instala la idea de que, en Chile, incluso los proyectos bien hechos pueden caer por razones estrictamente políticas, debilitando la capacidad del Estado de actuar con continuidad, como si cada cambio de gobierno implicara empezar de cero. Ese es el verdadero problema. Cuando las políticas públicas se subordinan a decisiones políticas de corto plazo y centralistas, lo que se erosiona no es solo un proyecto puntual, sino la confianza en la institucionalidad. Se instala la idea de que ningún proceso está realmente asegurado, que todo puede ser revertido, incluso cuando ha avanzado conforme a la normativa y con respaldo técnico. El ex Club Hípico no es solo un terreno. Es la evidencia de un trabajo serio del Estado que hoy se pretende desechar y que lamentablemente, deja una señal clara: se ha optado por retroceder. Y en una región como Magallanes, donde cada avance cuesta el doble, desechar este trabajo no es solo un error, es una irresponsabilidad que hace perder a la ciudadanía. Marco Uribe Saldivia Arquitecto Ex Seremi MINVU Magallanes y Antártica Chilena.
