El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región. La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica, enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales. La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla. Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave. El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el secretario de SITONERS, José Hernández Villaroel, conversó e informó a la ciudadanía sobre la colusión en la compra de centolla, un tema que —según advirtió— afecta directamente a los pescadores artesanales y a sus familias. Hernández Villaroel recordó que esta situación tiene larga data y que “la realidad que estamos viviendo hoy nace en julio del 2020, fueron 5 años de investigación pero anteriormente siempre hubo colusión, era un secreto a voces, no se hacen las denuncias por el temor de los sectores de los pescadores porque se hiciera complicada las condiciones para trabajar”. El dirigente destacó que la denuncia la presentó “como persona natural, no como dirigente sindical”, y subrayó que le sorprendieron los altos montos de sanción propuestos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Me sorprendió mucho que los montos que se aplicaron de sanción son elevadísimos pero también ellos determinaron estos montos porque la situación así lo ameritaba”, señaló. Asimismo, explicó que pidió la presencia de un equipo en la región: “vinieron 3 abogados, tomando declaraciones a pescadores de la centolla, ahí trabajaron durante dos días”. En esa línea, enfatizó que “aquí tiene que haber una preocupación de las autoridades y eso debe ser de que nunca ocurran este tipo de situaciones, los más afectados han sido los pescadores y sus familias”. El secretario de SITONERS también hizo un llamado de atención a los parlamentarios y autoridades regionales, asegurando que “nosotros hemos tratado de poner los temas en la mesa, hemos invitado y oficialmente por escrito, al delegado presidencial le presentamos documentos para formar una mesa de trabajo a nivel local y aclarar todas estas situaciones”. Sin embargo, acusó desinterés político: “no hemos tenido la capacidad de exigir, llega el momento en que tendremos que llegar a exigencias severas para que se nos considere y se nos respete”. Finalmente, Hernández Villaroel fue crítico respecto a la actitud histórica de los representantes políticos: “no he visto ninguna preocupación por parte de las autoridades”, recalcando la urgencia de que se tomen medidas concretas para proteger a los trabajadores de la pesca artesanal en Magallanes.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, con críticas directas a la actual administración y a los parlamentarios en ejercicio. En materia de empleo, el candidato sostuvo que “hay que reducir la carga tributaria a las empresas, que paguen menos impuestos para que sea más atractivo invertir”, subrayando que la situación laboral es crítica y afecta especialmente a las mujeres. Riquelme advirtió que “no hay pega, los anuncios que han habido con la industria del h2v y otros ámbitos de la economía muestran la realidad que está viviendo el país, la reducción de puestos laborales en algunos rubros”. Como ejemplo, mencionó la crisis de Correos Chile, donde un 10% de los funcionarios serán despedidos. Asimismo, acusó que “este es el gobierno que más ha adquirido deuda pública” y sostuvo la necesidad de “flexibilizar el mercado laboral” para revertir la situación. Respecto a la reciente investigación por colusión en el mercado de la centolla en Magallanes, Riquelme fue enfático en que “los parlamentarios tuvieron que haber escuchado o evaluado estas denuncias para que la FNE pudiera haber actuado tempranamente” y lamentó que “es una pena que los 3 diputados en ejercicio no hayan hecho la pega”. Sobre la sanción solicitada por la Fiscalía Nacional Económica, señaló que “lo que pide la FNE, esta multa de 54 millones de dólares, no será la misma que al final impondrá el tribunal” y agregó que “uno esperaría que la FNE pida compensaciones para los pescadores artesanales”. Finalmente, subrayó que si bien “no podemos tener defensas corporativas, también tenemos que esperar los respectivos procesos judiciales”, recalcando la necesidad de que se velen los intereses de la comunidad y de los trabajadores afectados.
En entrevista con Polar Comunicaciones, esta mañana en el programa “Buenos Días Región” el consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó diversos temas de contingencia regional que han marcado la agenda pública en las últimas semanas. Uno de los puntos centrales fue la denuncia por colusión en el sector de la centolla. Según explicó, “hubo una denuncia, la FNE está mirando lo que está pasando, fue muy positiva la denuncia, resulta llamativo y no es tan usual, el ilícito tiene que ver con el poder de comprar en el intermediario de la centolla”. Agregó que, tras la reforma del 2016 a los delitos de cuellos y corbata “se habla de lo alto de las multas y desde el 2016 también están las penas de cárcel para ejecutivos, con la reforma del 2016 el sistema queda súper robusto pero tiene que empezar a funcionar”. A su juicio, el monto inicial de la sanción no es definitivo, que es difícil que los 54 millones de dólares de multa solicitados inicialmente se mantengan en dicho valor. En relación con las leyes de excepción, Arecheta señaló que aún persiste una deuda de parte del Congreso: “Tenemos que trabajar, hay una deuda de los parlamentarios en mejorarlas. Hay varias empresas que se benefician, pero no creo que hayan tenido el resultado que se buscaba inicialmente. Creo que estamos en condiciones de mejorarlas”. El consejero también se refirió a la querella presentada por el gobernador Jorge Flies contra consejeros regionales y un periodista, afirmando que “los abogados del gobierno regional no notificaron bien la querella” y que “la querella es muy pobre jurídicamente, además de ocupar recursos del gobierno regional, lo cual también es muy cuestionable”. A juicio de Arecheta, “es muy curioso esta persecución política por este trabajo fiscalizador, solamente perjudica al gobernador Flies porque la gente está mirando lo que ocurre”. Finalmente, manifestó su preocupación por los $3.500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) correspondientes al 8% de asignación, que no cuentan con rendición. “Estamos todos los consejeros bien preocupados. El año pasado no se pudo ejecutar ni rendir estos proyectos del 8%”, explicó. “Ahora nos encontramos que al parecer hay 3.500 millones de pesos que están perdidas, la verdad es que no tienen las rendiciones, no sabemos en qué se usaron”. Según detalló, junto a otros consejeros solicitaron una auditoría interna y recibieron denuncias que ya están siendo investigadas: “Nos han llegado denuncias muy graves respecto al tema del 8%, están siendo investigadas por fiscalía, por antecedentes muy graves que nos llegaron”.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal. El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”. Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”. En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.
El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región. La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica, enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales. La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla. Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave. El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el secretario de SITONERS, José Hernández Villaroel, conversó e informó a la ciudadanía sobre la colusión en la compra de centolla, un tema que —según advirtió— afecta directamente a los pescadores artesanales y a sus familias. Hernández Villaroel recordó que esta situación tiene larga data y que “la realidad que estamos viviendo hoy nace en julio del 2020, fueron 5 años de investigación pero anteriormente siempre hubo colusión, era un secreto a voces, no se hacen las denuncias por el temor de los sectores de los pescadores porque se hiciera complicada las condiciones para trabajar”. El dirigente destacó que la denuncia la presentó “como persona natural, no como dirigente sindical”, y subrayó que le sorprendieron los altos montos de sanción propuestos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Me sorprendió mucho que los montos que se aplicaron de sanción son elevadísimos pero también ellos determinaron estos montos porque la situación así lo ameritaba”, señaló. Asimismo, explicó que pidió la presencia de un equipo en la región: “vinieron 3 abogados, tomando declaraciones a pescadores de la centolla, ahí trabajaron durante dos días”. En esa línea, enfatizó que “aquí tiene que haber una preocupación de las autoridades y eso debe ser de que nunca ocurran este tipo de situaciones, los más afectados han sido los pescadores y sus familias”. El secretario de SITONERS también hizo un llamado de atención a los parlamentarios y autoridades regionales, asegurando que “nosotros hemos tratado de poner los temas en la mesa, hemos invitado y oficialmente por escrito, al delegado presidencial le presentamos documentos para formar una mesa de trabajo a nivel local y aclarar todas estas situaciones”. Sin embargo, acusó desinterés político: “no hemos tenido la capacidad de exigir, llega el momento en que tendremos que llegar a exigencias severas para que se nos considere y se nos respete”. Finalmente, Hernández Villaroel fue crítico respecto a la actitud histórica de los representantes políticos: “no he visto ninguna preocupación por parte de las autoridades”, recalcando la urgencia de que se tomen medidas concretas para proteger a los trabajadores de la pesca artesanal en Magallanes.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, con críticas directas a la actual administración y a los parlamentarios en ejercicio. En materia de empleo, el candidato sostuvo que “hay que reducir la carga tributaria a las empresas, que paguen menos impuestos para que sea más atractivo invertir”, subrayando que la situación laboral es crítica y afecta especialmente a las mujeres. Riquelme advirtió que “no hay pega, los anuncios que han habido con la industria del h2v y otros ámbitos de la economía muestran la realidad que está viviendo el país, la reducción de puestos laborales en algunos rubros”. Como ejemplo, mencionó la crisis de Correos Chile, donde un 10% de los funcionarios serán despedidos. Asimismo, acusó que “este es el gobierno que más ha adquirido deuda pública” y sostuvo la necesidad de “flexibilizar el mercado laboral” para revertir la situación. Respecto a la reciente investigación por colusión en el mercado de la centolla en Magallanes, Riquelme fue enfático en que “los parlamentarios tuvieron que haber escuchado o evaluado estas denuncias para que la FNE pudiera haber actuado tempranamente” y lamentó que “es una pena que los 3 diputados en ejercicio no hayan hecho la pega”. Sobre la sanción solicitada por la Fiscalía Nacional Económica, señaló que “lo que pide la FNE, esta multa de 54 millones de dólares, no será la misma que al final impondrá el tribunal” y agregó que “uno esperaría que la FNE pida compensaciones para los pescadores artesanales”. Finalmente, subrayó que si bien “no podemos tener defensas corporativas, también tenemos que esperar los respectivos procesos judiciales”, recalcando la necesidad de que se velen los intereses de la comunidad y de los trabajadores afectados.
En entrevista con Polar Comunicaciones, esta mañana en el programa “Buenos Días Región” el consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó diversos temas de contingencia regional que han marcado la agenda pública en las últimas semanas. Uno de los puntos centrales fue la denuncia por colusión en el sector de la centolla. Según explicó, “hubo una denuncia, la FNE está mirando lo que está pasando, fue muy positiva la denuncia, resulta llamativo y no es tan usual, el ilícito tiene que ver con el poder de comprar en el intermediario de la centolla”. Agregó que, tras la reforma del 2016 a los delitos de cuellos y corbata “se habla de lo alto de las multas y desde el 2016 también están las penas de cárcel para ejecutivos, con la reforma del 2016 el sistema queda súper robusto pero tiene que empezar a funcionar”. A su juicio, el monto inicial de la sanción no es definitivo, que es difícil que los 54 millones de dólares de multa solicitados inicialmente se mantengan en dicho valor. En relación con las leyes de excepción, Arecheta señaló que aún persiste una deuda de parte del Congreso: “Tenemos que trabajar, hay una deuda de los parlamentarios en mejorarlas. Hay varias empresas que se benefician, pero no creo que hayan tenido el resultado que se buscaba inicialmente. Creo que estamos en condiciones de mejorarlas”. El consejero también se refirió a la querella presentada por el gobernador Jorge Flies contra consejeros regionales y un periodista, afirmando que “los abogados del gobierno regional no notificaron bien la querella” y que “la querella es muy pobre jurídicamente, además de ocupar recursos del gobierno regional, lo cual también es muy cuestionable”. A juicio de Arecheta, “es muy curioso esta persecución política por este trabajo fiscalizador, solamente perjudica al gobernador Flies porque la gente está mirando lo que ocurre”. Finalmente, manifestó su preocupación por los $3.500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) correspondientes al 8% de asignación, que no cuentan con rendición. “Estamos todos los consejeros bien preocupados. El año pasado no se pudo ejecutar ni rendir estos proyectos del 8%”, explicó. “Ahora nos encontramos que al parecer hay 3.500 millones de pesos que están perdidas, la verdad es que no tienen las rendiciones, no sabemos en qué se usaron”. Según detalló, junto a otros consejeros solicitaron una auditoría interna y recibieron denuncias que ya están siendo investigadas: “Nos han llegado denuncias muy graves respecto al tema del 8%, están siendo investigadas por fiscalía, por antecedentes muy graves que nos llegaron”.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Christian Matheson Villán, se refirió a la investigación por la colusión en la comercialización de la centolla, señalando la gravedad del caso y el impacto directo en las familias de la pesca artesanal. El parlamentario remarcó que la coordinación entre las empresas es “de la más alta gravedad” y que “perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias”. En esa línea, enfatizó que alrededor de siete mil personas dependen de la pesca artesanal en la región, por lo que las consecuencias de este tipo de prácticas “van directamente a los pescadores artesanales y sus familias, más allá de toda la población”. Matheson sostuvo que la denuncia abre la puerta para cuestionar la justicia con que ha sido tratado el sector artesanal en comparación con ciertos actores de la industria, planteando además la necesidad de ampliar las indagatorias: “yo promovería una investigación sobre qué ha pasado a través de los años con las ventas que realizan los pescadores sobre el erizo y el ostión, vale la pena también investigar esos ámbitos de extracción, también pudo haber pasado con otros productos”. En cuanto a la multa de 54 millones de dólares que estaría solicitando la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Matheson expresó reparos: “se está pidiendo una multa de 54 millones de dólares, ahí tengo reparos, quién se beneficia con esta multa, esto llega al Estado pero no a los perjudicados”. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en una reparación concreta: “propongo que se tiene que indemnizar a los pescadores artesanales”.
