La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto de ley sobre reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual, iniciativa que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda. Durante la discusión, la instancia revisó las indicaciones presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo, rechazando la mayoría de estas últimas. Entre las propuestas que no prosperaron se encuentra la indicación que buscaba eliminar el artículo relativo al tratamiento tributario especial para entidades que desarrollen turismo de reuniones. Asimismo, se aprobaron normas para simplificar el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Promoción Turística y regular la elección de los representantes privados que integrarán dicha instancia. El presidente de la Comisión de Economía, senador Gastón Saavedra, señaló que el proyecto mantuvo su contenido original y afirmó que algunas de las indicaciones del Ejecutivo, a juicio de la comisión, modificaban el sentido de la iniciativa. Agregó que el objetivo es fortalecer la competitividad del país, especialmente en áreas como el turismo científico, con el fin de atraer encuentros internacionales y generar empleo. Durante la sesión también se abordaron los desafíos para fortalecer el turismo en Chile. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, sostuvo que el desarrollo del sector requiere no solo de atractivos turísticos, sino también de mejores condiciones habilitantes, como infraestructura aeroportuaria, conectividad digital, miradores y servicios de calidad para los visitantes.
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y en general el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla un aporte único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos. Tras esta etapa, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones antes de continuar con su tramitación legislativa. El proyecto, ingresado al Congreso el 24 de junio con discusión inmediata, establece que el beneficio estará dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años que, al 1 de junio de 2026, pertenezcan a hogares ubicados dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El monto será acumulativo por cada menor que cumpla las condiciones y se entregará por una sola vez. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que el bono será asignado de manera automática, por lo que las familias no deberán realizar una postulación. Además, explicó que el Ejecutivo busca implementar un sistema de pago que permita entregar los recursos de forma ágil una vez que la iniciativa sea aprobada y publicada como ley. El proyecto también establece el orden de prioridad para el pago del beneficio, privilegiando a quienes actualmente reciben prestaciones estatales asociadas al menor, como el Subsidio Familiar o la Asignación Familiar. En caso de no recibir el bono pese a cumplir los requisitos, las personas podrán presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los plazos definidos por la futura ley.
El consejero regional Rodolfo Arecheta realizó un duro cuestionamiento al funcionamiento actual de la Zona Franca de Punta Arenas, asegurando que el sistema está muriendo debido a las condiciones del contrato de concesión vigente desde 2007, el que —a su juicio— ha impedido que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los habitantes de Magallanes. A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad sostuvo que la Zona Franca fue creada con el objetivo de proteger a la población regional frente al alto costo de vida y la inflación propia de una zona extrema, ofreciendo productos a menores precios. Sin embargo, afirmó que ese propósito se habría desvirtuado con el contrato que entregó por 23 años la administración del recinto a la empresa concesionaria. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de distribución de los ingresos que establece el contrato. Arecheta señaló que actualmente el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al Gobierno Regional y estimó que durante 2026 esa cifra alcanzaría aproximadamente los $4.700 millones anuales. Asimismo, indicó que, considerando los ingresos totales, la empresa administradora percibiría alrededor de $12 mil millones al año, recursos que —aseguró— no se traducen en menores precios para los consumidores de la región. En ese contexto, el consejero sostuvo que los recursos que genera el sistema quedan concentrados entre la concesionaria y el Gobierno Regional, mientras que el beneficio económico que justificó la creación de la Zona Franca no estaría llegando directamente a los magallánicos. Frente a esta situación, Arecheta recordó que en abril de este año propuso al Consejo Regional la conformación de una comisión especial destinada a revisar el contrato de concesión. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y actualmente se encuentra en funcionamiento. El consejero adelantó que, una vez finalizado el trabajo de la comisión, se emitirá un informe con las conclusiones respectivas, aunque anticipó que los antecedentes recopilados no parecen ser favorables para la comunidad. Finalmente, Arecheta enfatizó que el escenario actual representa una oportunidad para introducir cambios, considerando que restan cerca de tres años para el proceso de una nueva licitación de la administración de la Zona Franca. En ese sentido, criticó que durante dos décadas las distintas autoridades conocieran esta situación sin impulsar modificaciones y aseguró que mantiene su disposición para trabajar en soluciones que permitan recuperar el objetivo original del recinto franco en beneficio de los habitantes de Magallanes.
Con el objetivo de definir las principales líneas de trabajo para el desarrollo de la agricultura orgánica en el país, se reunió la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, instancia presidida por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña. Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados y se acordó dar continuidad a la implementación de mesas regionales y fortalecer la coordinación entre los distintos integrantes de la cadena. El ministro Jaime Campos destacó que la agricultura orgánica representa una oportunidad para diversificar la oferta exportadora de Chile, acceder a mercados de mayor valor y responder a la creciente demanda por alimentos producidos de manera sostenible. Por su parte, Daniela Acuña informó que se trabaja en la actualización del marco regulatorio de la Ley de Agricultura Orgánica, con el propósito de adecuarlo a estándares internacionales y facilitar el crecimiento del sector. Durante la reunión, los participantes coincidieron en que los desafíos no solo pasan por aumentar la superficie certificada, sino también por ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer la capacitación de los productores y consolidar una agricultura orgánica que genere beneficios económicos, ambientales y sociales. Asimismo, destacaron la importancia de difundir sus beneficios para aumentar la confianza de los consumidores y fortalecer la competitividad del sector. Chile cuenta con la Ley N.º 20.089, que establece el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, además de acuerdos de equivalencia con mercados internacionales que favorecen las exportaciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que el crecimiento del sector requiere una mayor articulación entre los distintos actores de la cadena de valor, con el fin de fortalecer su representatividad, acceder a nuevas oportunidades de financiamiento e innovación y avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los medios de comunicación locales y fortalecer el acceso de la ciudadanía a información de calidad, la Comisión Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026 inició el proceso de evaluación de los proyectos postulados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La instancia evaluadora tendrá la responsabilidad de analizar las iniciativas presentadas por medios de comunicación regionales, provinciales y comunales, considerando criterios como la calidad de los proyectos, su viabilidad técnica y financiera, su pertinencia territorial y el impacto que puedan generar en las comunidades. El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, busca fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación locales mediante el financiamiento de proyectos que promuevan la identidad regional, la participación ciudadana, la descentralización y el acceso a información de interés público. El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó la relevancia de esta herramienta para fortalecer el trabajo que realizan los medios de comunicación de la región. Los medios de comunicación regionales cumplen un rol esencial para la vida democrática, el fortalecimiento de nuestras comunidades y la construcción de una ciudadanía informada. A través del Fondo de Medios buscamos respaldar iniciativas que rescaten la identidad de Magallanes, promuevan la diversidad de voces y generen contenidos de interés público que contribuyan al desarrollo de nuestros territorios. Como Gobierno, seguimos comprometidos con el fortalecimiento del pluralismo informativo y el apoyo a los medios que diariamente conectan a la ciudadanía con su realidad local, señaló la autoridad. La Comisión Regional es presidida por el seremi de Gobierno y está integrada por representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, del Consejo Regional, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y del Colegio de Periodistas de Chile, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y calificar los proyectos admisibles de acuerdo con las bases del concurso. Durante las próximas semanas, la comisión desarrollará el proceso de revisión y evaluación de las iniciativas postuladas, tras lo cual elaborará una propuesta de adjudicación de recursos que permitirá continuar fortaleciendo el ecosistema de medios de comunicación regionales. Con esta etapa, el Fondo de Medios 2026 avanza en su proceso de selección regional, reafirmando el compromiso del Gobierno con la promoción de una comunicación más diversa, plural y cercana a las comunidades de Magallanes.
La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto de ley sobre reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual, iniciativa que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda. Durante la discusión, la instancia revisó las indicaciones presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo, rechazando la mayoría de estas últimas. Entre las propuestas que no prosperaron se encuentra la indicación que buscaba eliminar el artículo relativo al tratamiento tributario especial para entidades que desarrollen turismo de reuniones. Asimismo, se aprobaron normas para simplificar el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Promoción Turística y regular la elección de los representantes privados que integrarán dicha instancia. El presidente de la Comisión de Economía, senador Gastón Saavedra, señaló que el proyecto mantuvo su contenido original y afirmó que algunas de las indicaciones del Ejecutivo, a juicio de la comisión, modificaban el sentido de la iniciativa. Agregó que el objetivo es fortalecer la competitividad del país, especialmente en áreas como el turismo científico, con el fin de atraer encuentros internacionales y generar empleo. Durante la sesión también se abordaron los desafíos para fortalecer el turismo en Chile. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, sostuvo que el desarrollo del sector requiere no solo de atractivos turísticos, sino también de mejores condiciones habilitantes, como infraestructura aeroportuaria, conectividad digital, miradores y servicios de calidad para los visitantes.
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y en general el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla un aporte único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos. Tras esta etapa, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones antes de continuar con su tramitación legislativa. El proyecto, ingresado al Congreso el 24 de junio con discusión inmediata, establece que el beneficio estará dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años que, al 1 de junio de 2026, pertenezcan a hogares ubicados dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El monto será acumulativo por cada menor que cumpla las condiciones y se entregará por una sola vez. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que el bono será asignado de manera automática, por lo que las familias no deberán realizar una postulación. Además, explicó que el Ejecutivo busca implementar un sistema de pago que permita entregar los recursos de forma ágil una vez que la iniciativa sea aprobada y publicada como ley. El proyecto también establece el orden de prioridad para el pago del beneficio, privilegiando a quienes actualmente reciben prestaciones estatales asociadas al menor, como el Subsidio Familiar o la Asignación Familiar. En caso de no recibir el bono pese a cumplir los requisitos, las personas podrán presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los plazos definidos por la futura ley.
El consejero regional Rodolfo Arecheta realizó un duro cuestionamiento al funcionamiento actual de la Zona Franca de Punta Arenas, asegurando que el sistema está muriendo debido a las condiciones del contrato de concesión vigente desde 2007, el que —a su juicio— ha impedido que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los habitantes de Magallanes. A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad sostuvo que la Zona Franca fue creada con el objetivo de proteger a la población regional frente al alto costo de vida y la inflación propia de una zona extrema, ofreciendo productos a menores precios. Sin embargo, afirmó que ese propósito se habría desvirtuado con el contrato que entregó por 23 años la administración del recinto a la empresa concesionaria. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de distribución de los ingresos que establece el contrato. Arecheta señaló que actualmente el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al Gobierno Regional y estimó que durante 2026 esa cifra alcanzaría aproximadamente los $4.700 millones anuales. Asimismo, indicó que, considerando los ingresos totales, la empresa administradora percibiría alrededor de $12 mil millones al año, recursos que —aseguró— no se traducen en menores precios para los consumidores de la región. En ese contexto, el consejero sostuvo que los recursos que genera el sistema quedan concentrados entre la concesionaria y el Gobierno Regional, mientras que el beneficio económico que justificó la creación de la Zona Franca no estaría llegando directamente a los magallánicos. Frente a esta situación, Arecheta recordó que en abril de este año propuso al Consejo Regional la conformación de una comisión especial destinada a revisar el contrato de concesión. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y actualmente se encuentra en funcionamiento. El consejero adelantó que, una vez finalizado el trabajo de la comisión, se emitirá un informe con las conclusiones respectivas, aunque anticipó que los antecedentes recopilados no parecen ser favorables para la comunidad. Finalmente, Arecheta enfatizó que el escenario actual representa una oportunidad para introducir cambios, considerando que restan cerca de tres años para el proceso de una nueva licitación de la administración de la Zona Franca. En ese sentido, criticó que durante dos décadas las distintas autoridades conocieran esta situación sin impulsar modificaciones y aseguró que mantiene su disposición para trabajar en soluciones que permitan recuperar el objetivo original del recinto franco en beneficio de los habitantes de Magallanes.
Con el objetivo de definir las principales líneas de trabajo para el desarrollo de la agricultura orgánica en el país, se reunió la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, instancia presidida por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña. Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados y se acordó dar continuidad a la implementación de mesas regionales y fortalecer la coordinación entre los distintos integrantes de la cadena. El ministro Jaime Campos destacó que la agricultura orgánica representa una oportunidad para diversificar la oferta exportadora de Chile, acceder a mercados de mayor valor y responder a la creciente demanda por alimentos producidos de manera sostenible. Por su parte, Daniela Acuña informó que se trabaja en la actualización del marco regulatorio de la Ley de Agricultura Orgánica, con el propósito de adecuarlo a estándares internacionales y facilitar el crecimiento del sector. Durante la reunión, los participantes coincidieron en que los desafíos no solo pasan por aumentar la superficie certificada, sino también por ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer la capacitación de los productores y consolidar una agricultura orgánica que genere beneficios económicos, ambientales y sociales. Asimismo, destacaron la importancia de difundir sus beneficios para aumentar la confianza de los consumidores y fortalecer la competitividad del sector. Chile cuenta con la Ley N.º 20.089, que establece el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, además de acuerdos de equivalencia con mercados internacionales que favorecen las exportaciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que el crecimiento del sector requiere una mayor articulación entre los distintos actores de la cadena de valor, con el fin de fortalecer su representatividad, acceder a nuevas oportunidades de financiamiento e innovación y avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los medios de comunicación locales y fortalecer el acceso de la ciudadanía a información de calidad, la Comisión Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026 inició el proceso de evaluación de los proyectos postulados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La instancia evaluadora tendrá la responsabilidad de analizar las iniciativas presentadas por medios de comunicación regionales, provinciales y comunales, considerando criterios como la calidad de los proyectos, su viabilidad técnica y financiera, su pertinencia territorial y el impacto que puedan generar en las comunidades. El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, busca fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación locales mediante el financiamiento de proyectos que promuevan la identidad regional, la participación ciudadana, la descentralización y el acceso a información de interés público. El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó la relevancia de esta herramienta para fortalecer el trabajo que realizan los medios de comunicación de la región. Los medios de comunicación regionales cumplen un rol esencial para la vida democrática, el fortalecimiento de nuestras comunidades y la construcción de una ciudadanía informada. A través del Fondo de Medios buscamos respaldar iniciativas que rescaten la identidad de Magallanes, promuevan la diversidad de voces y generen contenidos de interés público que contribuyan al desarrollo de nuestros territorios. Como Gobierno, seguimos comprometidos con el fortalecimiento del pluralismo informativo y el apoyo a los medios que diariamente conectan a la ciudadanía con su realidad local, señaló la autoridad. La Comisión Regional es presidida por el seremi de Gobierno y está integrada por representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, del Consejo Regional, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y del Colegio de Periodistas de Chile, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y calificar los proyectos admisibles de acuerdo con las bases del concurso. Durante las próximas semanas, la comisión desarrollará el proceso de revisión y evaluación de las iniciativas postuladas, tras lo cual elaborará una propuesta de adjudicación de recursos que permitirá continuar fortaleciendo el ecosistema de medios de comunicación regionales. Con esta etapa, el Fondo de Medios 2026 avanza en su proceso de selección regional, reafirmando el compromiso del Gobierno con la promoción de una comunicación más diversa, plural y cercana a las comunidades de Magallanes.
