Un estudio elaborado por Corporación Ciudades reveló que todas las comunas de la Región de Magallanes cuentan con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD), instrumento destinado a fortalecer la prevención y preparación de los territorios frente a distintas amenazas. El análisis fue realizado a partir de información de Senapred actualizada a julio de 2026. Los PCRRD son instrumentos estratégicos que comprenden las fases de mitigación y preparación del ciclo del riesgo de desastres. Su propósito es disminuir las vulnerabilidades existentes y fortalecer las capacidades locales, considerando las principales amenazas y riesgos presentes en cada territorio. Estos planes pueden contemplar estudios y actualizaciones de riesgo, catastros, medidas estructurales destinadas a disminuir la vulnerabilidad de edificaciones e infraestructura crítica, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, divulgación del riesgo entre la población y participación del sector privado. Además, deben vincularse con otros instrumentos municipales, como los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los Planes Reguladores Comunales (PRC). La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local, explica Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. El estudio evidencia importantes diferencias entre regiones. Magallanes, La Araucanía, Maule, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble tienen más del 80% de sus comunas con PCRRD. En contraste, en las regiones del norte, 34 de 44 comunas —77%— todavía no cuentan con un plan con decreto municipal. Las diferencias entre regiones muestran que la implementación de estos instrumentos ha avanzado a velocidades distintas. El desafío es reducir esas brechas y fortalecer las capacidades municipales para incorporar la reducción del riesgo dentro de la planificación y gestión cotidiana del territorio, agrega Andrade. 127 comunas sin plan en Chile A escala nacional, el estudio determinó que 218 comunas, equivalentes al 63% del país, poseen un PCRRD con decreto alcaldicio, mientras 127 (37%) todavía no cuentan con el instrumento. El análisis del estado de avance permite observar que el problema no necesariamente implica que esas comunas hayan partido desde cero. Entre las 127 que no cuentan con el instrumento formalizado, 76 tienen planes sin revisión, 30 poseen planes nuevos que todavía no han sido recomendados técnicamente, 14 tienen planes nuevos en revisión y siete cuentan con documentos recomendados técnicamente que están en proceso de formalización. Hay comunas donde existe trabajo avanzado, pero todavía falta completar etapas técnicas o administrativas para disponer de un instrumento formalizado. Acelerar esos procesos es relevante porque el valor del plan está en que pueda convertirse efectivamente en una herramienta para orientar decisiones, inversiones y acciones de prevención en el territorio, señala Andrade. Y agrega: La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura. Ese es el valor que tienen estos instrumentos para las comunas.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) abrió la convocatoria para brigadistas forestales correspondiente al período de mayor ocurrencia de incendios forestales 2026-2027. A nivel nacional, la institución dispuso más de 3 mil cupos distribuidos en 13 regiones del país, incluida Magallanes. En la región, las postulaciones contemplan labores en distintas comunas y territorios, entre ellos Punta Arenas, Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine, Porvenir, Pampa Guanaco y Puerto Williams. Las personas interesadas pueden revisar los formularios de inscripción, requisitos, perfil de los cargos y etapas del proceso en el sitio web oficial de CONAF. Entre los requisitos para postular se encuentra contar con salud compatible con las funciones, no registrar antecedentes penales de ningún tipo y tener educación básica completa, entre otros. El proceso considera seis etapas: convocatoria, recepción de antecedentes, verificación de requisitos, evaluaciones físicas, técnicas y psicolaborales, selección y contratación. Las personas seleccionadas recibirán capacitación en comportamiento del fuego, uso de herramientas y equipos, seguridad y protocolos operativos, además de entrenamiento práctico en terreno. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar los cupos disponibles.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) inició la transferencia de la tercera cuota del Royalty Minero a 309 comunas del país, recursos que alcanzan los $56.633 millones y que buscan fortalecer el financiamiento municipal para atender las principales necesidades de cada territorio. Con esta nueva entrega, los recursos transferidos durante 2026 suman $169.901 millones. Del total acumulado, $41.188 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, que beneficia a 45 municipios, mientras que $128.713 millones se distribuyen a través del Fondo de Equidad Territorial, destinado a 302 comunas para reducir brechas presupuestarias. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, señaló que estos recursos permiten a los municipios definir de manera autónoma las inversiones que consideran prioritarias. En ese contexto, hizo un llamado a destinar los fondos a necesidades como seguridad, mejoramiento de luminarias e infraestructura, con el objetivo de responder a las demandas de las comunidades. El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a las grandes empresas del sector, cuyos recursos se distribuyen anualmente entre regiones y comunas del país. El Fondo de Comunas Mineras beneficia a municipios ubicados en regiones con actividad minera y que cuentan con operaciones de empresas sujetas al impuesto específico a la minería, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La transferencia de estos recursos busca fortalecer la capacidad de inversión de los gobiernos locales y apoyar el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de cada comuna.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) informó la transferencia de las dos primeras cuotas del Royalty Minero a los municipios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El anuncio fue realizado por el jefe de la Unidad Regional, Javier Labrin Jofré, quien destacó el impacto de estos recursos en el desarrollo local. La normativa, que modifica los impuestos aplicados a la gran minería, contempla una distribución de fondos a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la equidad territorial. A abril de 2026, un total de 309 comunas del país han recibido estos recursos, que alcanzan los $113.267 millones, distribuidos entre el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo Comunas Mineras. En el caso de Magallanes, los aportes provienen del Fondo de Equidad Territorial, beneficiando a comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal. En total, la región recibirá $1.367 millones, destinados a financiar iniciativas como mejoramiento de espacios públicos, instalación de luminarias, sistemas de seguridad, infraestructura comunitaria y acceso a agua potable. Entre las comunas beneficiadas se encuentran Natales, Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, todas con dos cuotas ya transferidas durante el año. Desde SUBDERE destacaron que estos recursos representan un aporte directo a las municipalidades, permitiendo impulsar proyectos que impactan en la vida diaria de las comunidades y fortalecen el desarrollo territorial en la región.
Un total de 309 comunas del país comenzaron a recibir este 15 de abril los recursos correspondientes al Royalty Minero, en el marco de la primera transferencia anual que asciende a $56.633 millones. Esta inyección de fondos busca fortalecer el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión y autonomía a los gobiernos locales para abordar necesidades prioritarias. Del total transferido, $13.729 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, destinado a 45 territorios, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial, que beneficiará a 302 comunas con el objetivo de reducir brechas presupuestarias a nivel nacional. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que estos recursos permitirán a los municipios enfrentar urgencias en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y desarrollo comunal. En la misma línea, desde la Subsecretaría de Minería destacaron que este mecanismo busca que los beneficios de la actividad minera se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas. El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a grandes empresas del sector, que distribuye anualmente cerca de 450 millones de dólares entre regiones y comunas del país. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, su asignación se define en base a criterios como la presencia de actividad minera y su localización en regiones con esta industria. Estos recursos permiten a los municipios financiar iniciativas en áreas como salud, educación, medioambiente, seguridad e infraestructura, ampliando las posibilidades de inversión directa en beneficio de las comunidades.
Un estudio elaborado por Corporación Ciudades reveló que todas las comunas de la Región de Magallanes cuentan con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD), instrumento destinado a fortalecer la prevención y preparación de los territorios frente a distintas amenazas. El análisis fue realizado a partir de información de Senapred actualizada a julio de 2026. Los PCRRD son instrumentos estratégicos que comprenden las fases de mitigación y preparación del ciclo del riesgo de desastres. Su propósito es disminuir las vulnerabilidades existentes y fortalecer las capacidades locales, considerando las principales amenazas y riesgos presentes en cada territorio. Estos planes pueden contemplar estudios y actualizaciones de riesgo, catastros, medidas estructurales destinadas a disminuir la vulnerabilidad de edificaciones e infraestructura crítica, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, divulgación del riesgo entre la población y participación del sector privado. Además, deben vincularse con otros instrumentos municipales, como los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los Planes Reguladores Comunales (PRC). La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local, explica Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. El estudio evidencia importantes diferencias entre regiones. Magallanes, La Araucanía, Maule, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble tienen más del 80% de sus comunas con PCRRD. En contraste, en las regiones del norte, 34 de 44 comunas —77%— todavía no cuentan con un plan con decreto municipal. Las diferencias entre regiones muestran que la implementación de estos instrumentos ha avanzado a velocidades distintas. El desafío es reducir esas brechas y fortalecer las capacidades municipales para incorporar la reducción del riesgo dentro de la planificación y gestión cotidiana del territorio, agrega Andrade. 127 comunas sin plan en Chile A escala nacional, el estudio determinó que 218 comunas, equivalentes al 63% del país, poseen un PCRRD con decreto alcaldicio, mientras 127 (37%) todavía no cuentan con el instrumento. El análisis del estado de avance permite observar que el problema no necesariamente implica que esas comunas hayan partido desde cero. Entre las 127 que no cuentan con el instrumento formalizado, 76 tienen planes sin revisión, 30 poseen planes nuevos que todavía no han sido recomendados técnicamente, 14 tienen planes nuevos en revisión y siete cuentan con documentos recomendados técnicamente que están en proceso de formalización. Hay comunas donde existe trabajo avanzado, pero todavía falta completar etapas técnicas o administrativas para disponer de un instrumento formalizado. Acelerar esos procesos es relevante porque el valor del plan está en que pueda convertirse efectivamente en una herramienta para orientar decisiones, inversiones y acciones de prevención en el territorio, señala Andrade. Y agrega: La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura. Ese es el valor que tienen estos instrumentos para las comunas.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) abrió la convocatoria para brigadistas forestales correspondiente al período de mayor ocurrencia de incendios forestales 2026-2027. A nivel nacional, la institución dispuso más de 3 mil cupos distribuidos en 13 regiones del país, incluida Magallanes. En la región, las postulaciones contemplan labores en distintas comunas y territorios, entre ellos Punta Arenas, Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine, Porvenir, Pampa Guanaco y Puerto Williams. Las personas interesadas pueden revisar los formularios de inscripción, requisitos, perfil de los cargos y etapas del proceso en el sitio web oficial de CONAF. Entre los requisitos para postular se encuentra contar con salud compatible con las funciones, no registrar antecedentes penales de ningún tipo y tener educación básica completa, entre otros. El proceso considera seis etapas: convocatoria, recepción de antecedentes, verificación de requisitos, evaluaciones físicas, técnicas y psicolaborales, selección y contratación. Las personas seleccionadas recibirán capacitación en comportamiento del fuego, uso de herramientas y equipos, seguridad y protocolos operativos, además de entrenamiento práctico en terreno. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar los cupos disponibles.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) inició la transferencia de la tercera cuota del Royalty Minero a 309 comunas del país, recursos que alcanzan los $56.633 millones y que buscan fortalecer el financiamiento municipal para atender las principales necesidades de cada territorio. Con esta nueva entrega, los recursos transferidos durante 2026 suman $169.901 millones. Del total acumulado, $41.188 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, que beneficia a 45 municipios, mientras que $128.713 millones se distribuyen a través del Fondo de Equidad Territorial, destinado a 302 comunas para reducir brechas presupuestarias. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, señaló que estos recursos permiten a los municipios definir de manera autónoma las inversiones que consideran prioritarias. En ese contexto, hizo un llamado a destinar los fondos a necesidades como seguridad, mejoramiento de luminarias e infraestructura, con el objetivo de responder a las demandas de las comunidades. El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a las grandes empresas del sector, cuyos recursos se distribuyen anualmente entre regiones y comunas del país. El Fondo de Comunas Mineras beneficia a municipios ubicados en regiones con actividad minera y que cuentan con operaciones de empresas sujetas al impuesto específico a la minería, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La transferencia de estos recursos busca fortalecer la capacidad de inversión de los gobiernos locales y apoyar el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de cada comuna.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) informó la transferencia de las dos primeras cuotas del Royalty Minero a los municipios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El anuncio fue realizado por el jefe de la Unidad Regional, Javier Labrin Jofré, quien destacó el impacto de estos recursos en el desarrollo local. La normativa, que modifica los impuestos aplicados a la gran minería, contempla una distribución de fondos a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la equidad territorial. A abril de 2026, un total de 309 comunas del país han recibido estos recursos, que alcanzan los $113.267 millones, distribuidos entre el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo Comunas Mineras. En el caso de Magallanes, los aportes provienen del Fondo de Equidad Territorial, beneficiando a comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal. En total, la región recibirá $1.367 millones, destinados a financiar iniciativas como mejoramiento de espacios públicos, instalación de luminarias, sistemas de seguridad, infraestructura comunitaria y acceso a agua potable. Entre las comunas beneficiadas se encuentran Natales, Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, todas con dos cuotas ya transferidas durante el año. Desde SUBDERE destacaron que estos recursos representan un aporte directo a las municipalidades, permitiendo impulsar proyectos que impactan en la vida diaria de las comunidades y fortalecen el desarrollo territorial en la región.
Un total de 309 comunas del país comenzaron a recibir este 15 de abril los recursos correspondientes al Royalty Minero, en el marco de la primera transferencia anual que asciende a $56.633 millones. Esta inyección de fondos busca fortalecer el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión y autonomía a los gobiernos locales para abordar necesidades prioritarias. Del total transferido, $13.729 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, destinado a 45 territorios, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial, que beneficiará a 302 comunas con el objetivo de reducir brechas presupuestarias a nivel nacional. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que estos recursos permitirán a los municipios enfrentar urgencias en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y desarrollo comunal. En la misma línea, desde la Subsecretaría de Minería destacaron que este mecanismo busca que los beneficios de la actividad minera se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas. El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a grandes empresas del sector, que distribuye anualmente cerca de 450 millones de dólares entre regiones y comunas del país. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, su asignación se define en base a criterios como la presencia de actividad minera y su localización en regiones con esta industria. Estos recursos permiten a los municipios financiar iniciativas en áreas como salud, educación, medioambiente, seguridad e infraestructura, ampliando las posibilidades de inversión directa en beneficio de las comunidades.
