El día de ayer, el Consejo Regional de Magallanes aprobó la creación de una comisión especial destinada a evaluar el contrato de concesión de la Zona Franca, así como a analizar el funcionamiento de los recintos francos en otras provincias de la región. La instancia fue propuesta por el consejero regional Rodolfo Arecheta y contó con el respaldo unánime del pleno del Consejo. Entre los principales aspectos a revisar, se identificó el incremento sostenido de locales afectos a IVA dentro del sistema franco, junto con una limitada traslación efectiva de las ventajas tributarias propias del régimen hacia los precios finales que enfrentan los consumidores en la región. Asimismo, se recogieron diversas observaciones críticas respecto del desempeño del actual concesionario por parte de usuarios del sistema. Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta señaló que “la sensación es que los beneficios de ser zona franca no están llegando a los magallánicos. Por otro lado, existe una evaluación crítica del actual concesionario por distintos usuarios”. La comisión tendrá por objetivo generar un diagnóstico integral y proponer lineamientos que permitan avanzar hacia un contrato de concesión que maximice los beneficios del régimen franco en favor de la comunidad magallánica.
La firma -ligada a BlackRock y Cointer Chile- sostuvo que la concesión enfrenta una alteración grave de su equilibrio económico-financiero por causas no imputables, lo que habría derivado en una situación de inviabilidad bajo las condiciones originalmente consideradas. En concreto, el foco del reclamo está en el aeropuerto de Punta Arenas, donde -según la presentación- el tráfico de pasajeros ha registrado una caída relevante, afectado por la pandemia y por la reconfiguración del sistema aeroportuario regional, en particular por el fortalecimiento del aeródromo de Puerto Natales. En ese contexto, la concesionaria solicitó reestructurar el contrato -incluyendo ajustes en plazo, ingresos e inversiones- y, en caso contrario, que se declare su inviabilidad económica y se avance en un término anticipado. Frente a este planteamiento, y tras algunas semanas de análisis, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rechazó en todas sus partes la solicitud de la concesionaria, señalando que “tales alegaciones carecen de todo sustento jurídico y contractual”. La cartera rechazó la discrepancia ingresada, señalando que “tales alegaciones carecen de todo sustento jurídico y contractual”. Las razones del MOP Respecto del impacto de la pandemia, la cartera sostuvo que dicha alegación es improcedente, ya que la licitación se realizó en plena vigencia de la crisis sanitaria, “en un contexto en que sus efectos sobre la economía, la movilidad de las personas y, en particular, sobre la industria aeronáutica, eran plenamente conocidos”. En esa línea, recalcó que la caída en pasajeros, la reducción de vuelos y la incertidumbre del sector fueron condiciones propias del escenario en que el contrato fue adjudicado. Sobre el rol del aeródromo de Puerto Natales, el MOP afirmó que durante la licitación se entregaron respuestas claras respecto a la demanda, la operación de otros aeródromos y la inexistencia de compensaciones por eventuales caídas de tráfico. Así, enfatizó que “la Concesionaria no solo tuvo la posibilidad, sino el deber de ponderar escenarios diversos -incluyendo aquellos menos favorables- tales como desviaciones en la demanda, cambios en la distribución del tráfico entre aeropuertos y variaciones en el entorno económico, todo lo cual forma parte del riesgo empresarial inherente al modelo concesional adoptado y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad”. Asimismo, subrayó que siempre se advirtió que el aeródromo podía ser objeto de inversiones dentro de la red nacional. En ese marco, la autoridad concluyó que la solicitud de la empresa constituye un intento de revisar ex post las condiciones bajo las cuales estructuró su oferta, trasladando al Estado riesgos que fueron explícitamente asumidos. El factor ingresos Otro de los puntos centrales del rechazo dice relación con los ingresos de la concesión. El MOP enfatizó que la empresa omite referirse a los recursos efectivamente percibidos desde el inicio de la etapa de explotación (1 de abril de 2021), los que al cierre de 2025 alcanzan los $ 20. 915 millones por servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos. Además, destacó que los ingresos por pasajero embarcado han aumentado de manera significativa, pasando de $ 4. 181 al inicio de la concesión a $ 11. 242 en 2025, lo que implica un alza de 268,88%. “(Esto) evidencia que la explotación del contrato ha generado flujos relevantes y consistentes, incompatibles con una supuesta inviabilidad estructural (... ) por otra parte, cabe hacer presente que los servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos actualmente explotados por la Concesionaria se desarrollan, en gran medida, sobre infraestructura existente, respecto de la cual no ha debido realizar inversiones relevantes, lo que redunda en una mayor capacidad de generación de ingresos”, sostuvo el MOP. En ese sentido, la cartera concluyó que el nivel de ingresos comerciales y su potencial de crecimiento dependen directamente de la gestión empresarial de la concesionaria. Fuente: df.cl
La Patagonia chilena se ha convertido en uno de los principales enclaves turísticos del país en los últimos años, atrayendo a miles de visitantes -tanto extranjeros como nacionales- a sus distintos destinos. Uno de los lugares que ha ganado mayor protagonismo es el Parque Nacional Torres del Paine. Tal ha sido el auge del turismo en la zona que las autoridades chilenas han decidido potenciar la infraestructura regional mediante diversas inversiones. Y uno de los ámbitos que se buscó fortalecer fue el acceso aéreo a ese destino. Así, en 2016 se impulsó el mejoramiento del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, en Puerto Natales -la localidad más cercana al parque-, con el objetivo de que comenzara a recibir vuelos comerciales. Posteriormente, las aerolíneas empezaron a aumentar la frecuencia de sus vuelos hacia la zona. Más recientemente, a fines de 2025, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una inversión de US$ 14 millones para seguir potenciando el terminal aéreo. Sin embargo, este impulso también ha generado efectos colaterales. Uno de ellos es el escenario que enfrenta la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral -en la cual BlackRock posee el 70%, mientras que Cointer Chile controla el porcentaje restante-, que opera el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Hace pocos días, la empresa declaró que la concesión es actualmente inviable, según expuso en una discrepancia presentada ante el Panel Técnico de Concesiones. De acuerdo con el documento ingresado por el socio del estudio Molina Ríos ,Víctor Ríos, el contrato de concesión de los aeropuertos de Punta Arenas y Balmaceda enfrenta una alteración grave de su equilibrio económico-financiero por causas no imputables a la empresa, lo que ha derivado en una situación de inviabilidad económica del contrato en los términos originalmente considerados. El foco del caso está puesto en el aeropuerto de Punta Arenas, cuyo tráfico de pasajeros -según la presentación- se ha visto severamente afectado, con una caída sustancial que golpea la principal variable económica sobre la que se estructuró el contrato. Las razones Para la concesionaria, la alteración del equilibrio económico-financiero se manifiesta como consecuencia de dos factores independientes entre sí. Por una parte, mencionaron que la pandemia de Covid-19 y las medidas adoptadas por la autoridad incidieron de manera directa en la demanda y tráfico de pasajeros. Por otra parte, la sociedad concesionaria señaló que la reconfiguración del sistema aeroportuario regional -expresada en el fortalecimiento del Aeródromo de Puerto Natales- ha incidido de “manera significativa en la distribución del tráfico de pasajeros y en los supuestos considerados al momento de la licitación, generando un escenario de competencia efectiva con el Aeropuerto de Punta Arenas”. De acuerdo a lo señalado en el escrito, las bases de licitación presentadas en 2019 llevaron a la firma a tomar la decisión de ofertar y adjudicarse el contrato. Es más, según explicaron, en la época de la licitación el MOP descartó la existencia de un plan de desarrollo estructural del Aeródromo de Puerto Natales en el corto plazo, escenario sobre cuya base la concesionaria estructuró su oferta. “La información e hipótesis existentes a la época de la licitación de la concesión del aeropuerto de Punta Arenas han quedado absolutamente desvirtuadas, por razones ajenas a la responsabilidad de la sociedad (...) En definitiva el aérodromo de Puerto Natales compite activamente con el de Punta Arenas, con lo cual el flujo de éste se ha visto severamente afectado, en más de un 20%, y por ende, generando una alteración sustantiva del equilibrio económico-financiero del contrato”, agregó la concesionaria. La solicitud Frente a este escenario, la empresa solicitó al Panel que se declare que efectivamente se ha producido una alteración sustancial de las condiciones económicas bajo las cuales fue estructurada y adjudicada la concesión. Asimismo, esperan que se declare que las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato deberán considerar el carácter estructural y permanente de la alteración del sistema aeroportuario regional verificada, así como la necesidad de asegurar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio público aeroportuario comprometido en la concesión. También pidieron que se declare que dicho desequilibrio tiene su origen en una modificación estructural de la configuración del sistema aeroportuario regional, así como en los efectos de la pandemia de Covid-19. Frente a este escenario, la concesionaria solicitó que se recomiende al MOP iniciar un proceso de reestructuración económica del contrato, destinado a restablecer su viabilidad económica, mediante la adecuación de los parámetros económicos relevantes de la concesión, incluyendo, entre otros, mecanismos asociados al plazo, al esquema de ingresos, la estructura de inversiones y los demás elementos que inciden en la ecuación económica de la concesión. “Si no resulta (...) que se declare que la concesión ha devenido económicamente inviable por causas no imputables a la sociedad concesionaria. En ese escenario, se recomiende al MOP adoptar las medidas necesarias para el término anticipado, ordenado y jurídicamente regulado del contrato de concesión”, concluyó la concesionaria en el escrito. Fuente: df.cl
El Ministerio de Bienes Nacionales llegó hasta Puerto Natales para concretar la entrega de diversas concesiones de uso gratuito, cerrando un ciclo de tramitaciones en la comuna y desarrollando además atención ciudadana en materia de saneamiento de títulos de dominio. En detalle, se otorgaron cuatro concesiones a la Municipalidad de Natales: el lote 19 A de la población Rubén Darío (6.200 m²) destinado a equipamiento comunitario; los sitios C1 y C2 en el sector del Estadio Municipal, pasaje Paine (4.578 m²), para la construcción de un nuevo centro cívico; y el sitio A-4 (504 m²) en calle Nicomedes Guzmán, para regularizar la situación del CADI. La alcaldesa Ana Mayorga destacó el trabajo conjunto con la cartera, especialmente en la recuperación de terrenos baldíos o con ocupaciones irregulares para el desarrollo de proyectos. Posteriormente, con la presencia del delegado presidencial regional, José Ruiz, se entregó en concesión un terreno de 1,3 hectáreas en el sector Huertos Familiares (Huerto 250-c) al Club Puerto Natales, institución centenaria que proyecta levantar un complejo deportivo al aire libre abierto a la comunidad. Su presidente, Nelson Álvarez, señaló que la entrega coincide con una fecha significativa para el club, en honor a su fundador Francisco Mansilla Cárdenas. Finalmente, se otorgó una concesión de uso gratuito por 2 hectáreas a la comunidad Kawésqar “Residente de Río Primero”, integrada por familias con arraigo histórico en el territorio. El seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, afirmó que estas acciones forman parte de una política de seguridad pública, social, económica y cultural, orientada a la puesta en valor del patrimonio fiscal en la Provincia de Última Esperanza.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, informó a la ciudadanía sobre una serie de avances, desafíos y proyectos estratégicos que marcan la actual gestión municipal, destacando tanto las buenas noticias en materia de inversión pública como las dificultades administrativas que mantienen paralizada una de las obras más emblemáticas de la comuna. Uno de los anuncios más relevantes fue la aprobación de importantes recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para diversas comunas de Magallanes, entre ellas Puerto Natales. En una reunión encabezada por la subsecretaria Francisca Perales y el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic, se confirmaron millonarias inversiones destinadas a proyectos que buscan mejorar directamente la calidad de vida de las y los habitantes de la región. Durante la entrevista, Mayorga también se refirió al inicio oficial del proceso de formulación del nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Natales, una herramienta largamente esperada que permitirá ordenar el crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años. La iniciativa contempla una inversión de $322.157.000, un plazo de ejecución de 783 días corridos y un fuerte énfasis en la participación ciudadana, reemplazando al instrumento vigente desde 1987. La autoridad comunal destacó este hito como una prioridad de su administración y como el resultado de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, calificándolo como “una hermosa noticia” y subrayando la importancia de la cooperación interinstitucional. Sin embargo, no todas las materias abordadas fueron positivas. La alcaldesa manifestó su preocupación por el estancamiento de la cuarta etapa de la Costanera Pedro Montt, un proyecto emblemático para la ciudad que supera los 9 mil millones de pesos y que, pese a contar con financiamiento aprobado desde 2023, sigue sin avances concretos. La principal traba, explicó, es la falta de gestión para obtener la concesión marítima necesaria, trámite que no ha sido concretado por el SERVIU, manteniendo paralizada una obra clave para el desarrollo urbano y turístico de la capital de Última Esperanza. Finalmente, Ana Mayorga destacó los avances en la recuperación y puesta en valor de terrenos fiscales, particularmente en el sector del pasaje Paine, que dejará de ser un sitio baldío para transformarse en un nuevo espacio cívico y comunitario. Junto al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, la alcaldesa recorrió el terreno que avanza en su proceso de concesión de uso gratuito, proyecto que contempla la habilitación de una plaza urbana iluminada, con mobiliario y áreas de esparcimiento, orientada al encuentro ciudadano, la actividad recreativa y la promoción del turismo local.
El día de ayer, el Consejo Regional de Magallanes aprobó la creación de una comisión especial destinada a evaluar el contrato de concesión de la Zona Franca, así como a analizar el funcionamiento de los recintos francos en otras provincias de la región. La instancia fue propuesta por el consejero regional Rodolfo Arecheta y contó con el respaldo unánime del pleno del Consejo. Entre los principales aspectos a revisar, se identificó el incremento sostenido de locales afectos a IVA dentro del sistema franco, junto con una limitada traslación efectiva de las ventajas tributarias propias del régimen hacia los precios finales que enfrentan los consumidores en la región. Asimismo, se recogieron diversas observaciones críticas respecto del desempeño del actual concesionario por parte de usuarios del sistema. Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta señaló que “la sensación es que los beneficios de ser zona franca no están llegando a los magallánicos. Por otro lado, existe una evaluación crítica del actual concesionario por distintos usuarios”. La comisión tendrá por objetivo generar un diagnóstico integral y proponer lineamientos que permitan avanzar hacia un contrato de concesión que maximice los beneficios del régimen franco en favor de la comunidad magallánica.
La firma -ligada a BlackRock y Cointer Chile- sostuvo que la concesión enfrenta una alteración grave de su equilibrio económico-financiero por causas no imputables, lo que habría derivado en una situación de inviabilidad bajo las condiciones originalmente consideradas. En concreto, el foco del reclamo está en el aeropuerto de Punta Arenas, donde -según la presentación- el tráfico de pasajeros ha registrado una caída relevante, afectado por la pandemia y por la reconfiguración del sistema aeroportuario regional, en particular por el fortalecimiento del aeródromo de Puerto Natales. En ese contexto, la concesionaria solicitó reestructurar el contrato -incluyendo ajustes en plazo, ingresos e inversiones- y, en caso contrario, que se declare su inviabilidad económica y se avance en un término anticipado. Frente a este planteamiento, y tras algunas semanas de análisis, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rechazó en todas sus partes la solicitud de la concesionaria, señalando que “tales alegaciones carecen de todo sustento jurídico y contractual”. La cartera rechazó la discrepancia ingresada, señalando que “tales alegaciones carecen de todo sustento jurídico y contractual”. Las razones del MOP Respecto del impacto de la pandemia, la cartera sostuvo que dicha alegación es improcedente, ya que la licitación se realizó en plena vigencia de la crisis sanitaria, “en un contexto en que sus efectos sobre la economía, la movilidad de las personas y, en particular, sobre la industria aeronáutica, eran plenamente conocidos”. En esa línea, recalcó que la caída en pasajeros, la reducción de vuelos y la incertidumbre del sector fueron condiciones propias del escenario en que el contrato fue adjudicado. Sobre el rol del aeródromo de Puerto Natales, el MOP afirmó que durante la licitación se entregaron respuestas claras respecto a la demanda, la operación de otros aeródromos y la inexistencia de compensaciones por eventuales caídas de tráfico. Así, enfatizó que “la Concesionaria no solo tuvo la posibilidad, sino el deber de ponderar escenarios diversos -incluyendo aquellos menos favorables- tales como desviaciones en la demanda, cambios en la distribución del tráfico entre aeropuertos y variaciones en el entorno económico, todo lo cual forma parte del riesgo empresarial inherente al modelo concesional adoptado y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad”. Asimismo, subrayó que siempre se advirtió que el aeródromo podía ser objeto de inversiones dentro de la red nacional. En ese marco, la autoridad concluyó que la solicitud de la empresa constituye un intento de revisar ex post las condiciones bajo las cuales estructuró su oferta, trasladando al Estado riesgos que fueron explícitamente asumidos. El factor ingresos Otro de los puntos centrales del rechazo dice relación con los ingresos de la concesión. El MOP enfatizó que la empresa omite referirse a los recursos efectivamente percibidos desde el inicio de la etapa de explotación (1 de abril de 2021), los que al cierre de 2025 alcanzan los $ 20. 915 millones por servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos. Además, destacó que los ingresos por pasajero embarcado han aumentado de manera significativa, pasando de $ 4. 181 al inicio de la concesión a $ 11. 242 en 2025, lo que implica un alza de 268,88%. “(Esto) evidencia que la explotación del contrato ha generado flujos relevantes y consistentes, incompatibles con una supuesta inviabilidad estructural (... ) por otra parte, cabe hacer presente que los servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos actualmente explotados por la Concesionaria se desarrollan, en gran medida, sobre infraestructura existente, respecto de la cual no ha debido realizar inversiones relevantes, lo que redunda en una mayor capacidad de generación de ingresos”, sostuvo el MOP. En ese sentido, la cartera concluyó que el nivel de ingresos comerciales y su potencial de crecimiento dependen directamente de la gestión empresarial de la concesionaria. Fuente: df.cl
La Patagonia chilena se ha convertido en uno de los principales enclaves turísticos del país en los últimos años, atrayendo a miles de visitantes -tanto extranjeros como nacionales- a sus distintos destinos. Uno de los lugares que ha ganado mayor protagonismo es el Parque Nacional Torres del Paine. Tal ha sido el auge del turismo en la zona que las autoridades chilenas han decidido potenciar la infraestructura regional mediante diversas inversiones. Y uno de los ámbitos que se buscó fortalecer fue el acceso aéreo a ese destino. Así, en 2016 se impulsó el mejoramiento del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, en Puerto Natales -la localidad más cercana al parque-, con el objetivo de que comenzara a recibir vuelos comerciales. Posteriormente, las aerolíneas empezaron a aumentar la frecuencia de sus vuelos hacia la zona. Más recientemente, a fines de 2025, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una inversión de US$ 14 millones para seguir potenciando el terminal aéreo. Sin embargo, este impulso también ha generado efectos colaterales. Uno de ellos es el escenario que enfrenta la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral -en la cual BlackRock posee el 70%, mientras que Cointer Chile controla el porcentaje restante-, que opera el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Hace pocos días, la empresa declaró que la concesión es actualmente inviable, según expuso en una discrepancia presentada ante el Panel Técnico de Concesiones. De acuerdo con el documento ingresado por el socio del estudio Molina Ríos ,Víctor Ríos, el contrato de concesión de los aeropuertos de Punta Arenas y Balmaceda enfrenta una alteración grave de su equilibrio económico-financiero por causas no imputables a la empresa, lo que ha derivado en una situación de inviabilidad económica del contrato en los términos originalmente considerados. El foco del caso está puesto en el aeropuerto de Punta Arenas, cuyo tráfico de pasajeros -según la presentación- se ha visto severamente afectado, con una caída sustancial que golpea la principal variable económica sobre la que se estructuró el contrato. Las razones Para la concesionaria, la alteración del equilibrio económico-financiero se manifiesta como consecuencia de dos factores independientes entre sí. Por una parte, mencionaron que la pandemia de Covid-19 y las medidas adoptadas por la autoridad incidieron de manera directa en la demanda y tráfico de pasajeros. Por otra parte, la sociedad concesionaria señaló que la reconfiguración del sistema aeroportuario regional -expresada en el fortalecimiento del Aeródromo de Puerto Natales- ha incidido de “manera significativa en la distribución del tráfico de pasajeros y en los supuestos considerados al momento de la licitación, generando un escenario de competencia efectiva con el Aeropuerto de Punta Arenas”. De acuerdo a lo señalado en el escrito, las bases de licitación presentadas en 2019 llevaron a la firma a tomar la decisión de ofertar y adjudicarse el contrato. Es más, según explicaron, en la época de la licitación el MOP descartó la existencia de un plan de desarrollo estructural del Aeródromo de Puerto Natales en el corto plazo, escenario sobre cuya base la concesionaria estructuró su oferta. “La información e hipótesis existentes a la época de la licitación de la concesión del aeropuerto de Punta Arenas han quedado absolutamente desvirtuadas, por razones ajenas a la responsabilidad de la sociedad (...) En definitiva el aérodromo de Puerto Natales compite activamente con el de Punta Arenas, con lo cual el flujo de éste se ha visto severamente afectado, en más de un 20%, y por ende, generando una alteración sustantiva del equilibrio económico-financiero del contrato”, agregó la concesionaria. La solicitud Frente a este escenario, la empresa solicitó al Panel que se declare que efectivamente se ha producido una alteración sustancial de las condiciones económicas bajo las cuales fue estructurada y adjudicada la concesión. Asimismo, esperan que se declare que las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato deberán considerar el carácter estructural y permanente de la alteración del sistema aeroportuario regional verificada, así como la necesidad de asegurar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio público aeroportuario comprometido en la concesión. También pidieron que se declare que dicho desequilibrio tiene su origen en una modificación estructural de la configuración del sistema aeroportuario regional, así como en los efectos de la pandemia de Covid-19. Frente a este escenario, la concesionaria solicitó que se recomiende al MOP iniciar un proceso de reestructuración económica del contrato, destinado a restablecer su viabilidad económica, mediante la adecuación de los parámetros económicos relevantes de la concesión, incluyendo, entre otros, mecanismos asociados al plazo, al esquema de ingresos, la estructura de inversiones y los demás elementos que inciden en la ecuación económica de la concesión. “Si no resulta (...) que se declare que la concesión ha devenido económicamente inviable por causas no imputables a la sociedad concesionaria. En ese escenario, se recomiende al MOP adoptar las medidas necesarias para el término anticipado, ordenado y jurídicamente regulado del contrato de concesión”, concluyó la concesionaria en el escrito. Fuente: df.cl
El Ministerio de Bienes Nacionales llegó hasta Puerto Natales para concretar la entrega de diversas concesiones de uso gratuito, cerrando un ciclo de tramitaciones en la comuna y desarrollando además atención ciudadana en materia de saneamiento de títulos de dominio. En detalle, se otorgaron cuatro concesiones a la Municipalidad de Natales: el lote 19 A de la población Rubén Darío (6.200 m²) destinado a equipamiento comunitario; los sitios C1 y C2 en el sector del Estadio Municipal, pasaje Paine (4.578 m²), para la construcción de un nuevo centro cívico; y el sitio A-4 (504 m²) en calle Nicomedes Guzmán, para regularizar la situación del CADI. La alcaldesa Ana Mayorga destacó el trabajo conjunto con la cartera, especialmente en la recuperación de terrenos baldíos o con ocupaciones irregulares para el desarrollo de proyectos. Posteriormente, con la presencia del delegado presidencial regional, José Ruiz, se entregó en concesión un terreno de 1,3 hectáreas en el sector Huertos Familiares (Huerto 250-c) al Club Puerto Natales, institución centenaria que proyecta levantar un complejo deportivo al aire libre abierto a la comunidad. Su presidente, Nelson Álvarez, señaló que la entrega coincide con una fecha significativa para el club, en honor a su fundador Francisco Mansilla Cárdenas. Finalmente, se otorgó una concesión de uso gratuito por 2 hectáreas a la comunidad Kawésqar “Residente de Río Primero”, integrada por familias con arraigo histórico en el territorio. El seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, afirmó que estas acciones forman parte de una política de seguridad pública, social, económica y cultural, orientada a la puesta en valor del patrimonio fiscal en la Provincia de Última Esperanza.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, informó a la ciudadanía sobre una serie de avances, desafíos y proyectos estratégicos que marcan la actual gestión municipal, destacando tanto las buenas noticias en materia de inversión pública como las dificultades administrativas que mantienen paralizada una de las obras más emblemáticas de la comuna. Uno de los anuncios más relevantes fue la aprobación de importantes recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para diversas comunas de Magallanes, entre ellas Puerto Natales. En una reunión encabezada por la subsecretaria Francisca Perales y el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic, se confirmaron millonarias inversiones destinadas a proyectos que buscan mejorar directamente la calidad de vida de las y los habitantes de la región. Durante la entrevista, Mayorga también se refirió al inicio oficial del proceso de formulación del nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Natales, una herramienta largamente esperada que permitirá ordenar el crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años. La iniciativa contempla una inversión de $322.157.000, un plazo de ejecución de 783 días corridos y un fuerte énfasis en la participación ciudadana, reemplazando al instrumento vigente desde 1987. La autoridad comunal destacó este hito como una prioridad de su administración y como el resultado de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, calificándolo como “una hermosa noticia” y subrayando la importancia de la cooperación interinstitucional. Sin embargo, no todas las materias abordadas fueron positivas. La alcaldesa manifestó su preocupación por el estancamiento de la cuarta etapa de la Costanera Pedro Montt, un proyecto emblemático para la ciudad que supera los 9 mil millones de pesos y que, pese a contar con financiamiento aprobado desde 2023, sigue sin avances concretos. La principal traba, explicó, es la falta de gestión para obtener la concesión marítima necesaria, trámite que no ha sido concretado por el SERVIU, manteniendo paralizada una obra clave para el desarrollo urbano y turístico de la capital de Última Esperanza. Finalmente, Ana Mayorga destacó los avances en la recuperación y puesta en valor de terrenos fiscales, particularmente en el sector del pasaje Paine, que dejará de ser un sitio baldío para transformarse en un nuevo espacio cívico y comunitario. Junto al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, la alcaldesa recorrió el terreno que avanza en su proceso de concesión de uso gratuito, proyecto que contempla la habilitación de una plaza urbana iluminada, con mobiliario y áreas de esparcimiento, orientada al encuentro ciudadano, la actividad recreativa y la promoción del turismo local.
