El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, defendió este martes el trabajo que desarrolla la comisión especial del Consejo Regional encargada de analizar la actual concesión de Zona Franca, asegurando que el contrato vigente no está permitiendo que los beneficios del régimen franco lleguen efectivamente a los consumidores de la región. Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el actual modelo perdió el espíritu con el que fue concebida la Zona Franca y planteó que la nueva licitación prevista para el año 2030 representa una oportunidad para corregir las condiciones de la concesión. La Zona Franca nace como una forma de resguardarnos a nosotros los magallánicos de los altos precios, afirmó Arecheta, agregando que actualmente ese objetivo no se estaría cumpliendo debido a las condiciones establecidas en el contrato firmado en 2007. Según explicó, el problema no radica en la existencia de una empresa concesionaria, sino en las reglas bajo las cuales opera el contrato. Esto no es renovación. Esto es una nueva licitación. El consejero sostuvo que el modelo vigente genera incentivos que impiden que la rebaja tributaria se refleje plenamente en los precios que pagan los consumidores. Lo que pasa es que acá el problema es el contrato, señaló, indicando que parte importante de los ingresos termina siendo percibida tanto por la empresa administradora como por el Gobierno Regional. Asimismo, afirmó que el Consejo Regional constituyó por unanimidad una comisión especial para estudiar la concesión, instancia que ya comenzó su funcionamiento y que buscará elaborar un informe técnico antes del inicio del nuevo proceso licitatorio. Lo que vamos a hacer es un trabajo riguroso, aseguró, destacando que la comisión reúne consejeros con experiencia en materias económicas, jurídicas y de administración. Arecheta insistió en que la próxima concesión debe diseñarse con un contrato mucho más detallado y orientado a garantizar beneficios concretos para la comunidad. No puede ser que la Zona Franca sea construida para que los que se beneficien sean el Gobierno Regional y la concesionaria. En ese sentido, planteó que una consultora nacional especializada debiera participar en la elaboración de las nuevas bases, definiendo un modelo que permita recuperar el objetivo original del sistema franco. Comisión también abordará transparencia de la concesión Durante la entrevista, el consejero manifestó que uno de los aspectos que busca revisar la comisión corresponde a la información financiera de la concesión. Según indicó, existe poca claridad respecto de los costos operacionales y de la rentabilidad efectiva que obtiene la empresa administradora. No sabemos exactamente cuánto recibe, afirmó, agregando que resulta necesario transparentar la estructura económica del contrato antes de definir las condiciones de la futura licitación. También hizo un llamado a que la sociedad concesionaria entregue antecedentes ante el Consejo Regional. Tienen que dar cuenta porque está cumpliendo una función pública, señaló. Financiamiento para residencia de adultos mayores En la misma entrevista, Arecheta valoró la aprobación de $48,8 millones para la Fundación CAI, recursos destinados a mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores. Aunque respaldó la iniciativa, reconoció que la aprobación estuvo marcada por la preocupación respecto de la situación financiera que enfrenta la institución. Yo aprobé estos fondos con un poco de tristeza, expresó. El consejero sostuvo que el problema requiere una solución permanente y anunció que la Comisión Social del Consejo Regional citará a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar alternativas de financiamiento. Asimismo, llamó a que las visitas ministeriales a la región se concentren en resolver los problemas existentes. Los ministros tienen que venir a solucionar el problema, para eso la ciudadanía nos contrata. Declaraciones del delegado presidencial Consultado por la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, Arecheta estimó que la autoridad cometió un error, aunque valoró que posteriormente ofreciera disculpas públicas. El delegado cometió un error que él reconoció, afirmó. Añadió que, a su juicio, parte de la polémica se vio amplificada por la difusión de un registro audiovisual editado. Efectivamente se dieron más detalles de los que se deberían... El delegado ya ofreció las disculpas. Finalmente, sostuvo que corresponde dar por superado el episodio, aunque llamó a actuar con mayor prudencia en futuras declaraciones públicas. Hay que tener más cuidado con las declaraciones.
El consejero regional Rodolfo Arecheta realizó un duro cuestionamiento al funcionamiento actual de la Zona Franca de Punta Arenas, asegurando que el sistema está muriendo debido a las condiciones del contrato de concesión vigente desde 2007, el que —a su juicio— ha impedido que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los habitantes de Magallanes. A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad sostuvo que la Zona Franca fue creada con el objetivo de proteger a la población regional frente al alto costo de vida y la inflación propia de una zona extrema, ofreciendo productos a menores precios. Sin embargo, afirmó que ese propósito se habría desvirtuado con el contrato que entregó por 23 años la administración del recinto a la empresa concesionaria. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de distribución de los ingresos que establece el contrato. Arecheta señaló que actualmente el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al Gobierno Regional y estimó que durante 2026 esa cifra alcanzaría aproximadamente los $4.700 millones anuales. Asimismo, indicó que, considerando los ingresos totales, la empresa administradora percibiría alrededor de $12 mil millones al año, recursos que —aseguró— no se traducen en menores precios para los consumidores de la región. En ese contexto, el consejero sostuvo que los recursos que genera el sistema quedan concentrados entre la concesionaria y el Gobierno Regional, mientras que el beneficio económico que justificó la creación de la Zona Franca no estaría llegando directamente a los magallánicos. Frente a esta situación, Arecheta recordó que en abril de este año propuso al Consejo Regional la conformación de una comisión especial destinada a revisar el contrato de concesión. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y actualmente se encuentra en funcionamiento. El consejero adelantó que, una vez finalizado el trabajo de la comisión, se emitirá un informe con las conclusiones respectivas, aunque anticipó que los antecedentes recopilados no parecen ser favorables para la comunidad. Finalmente, Arecheta enfatizó que el escenario actual representa una oportunidad para introducir cambios, considerando que restan cerca de tres años para el proceso de una nueva licitación de la administración de la Zona Franca. En ese sentido, criticó que durante dos décadas las distintas autoridades conocieran esta situación sin impulsar modificaciones y aseguró que mantiene su disposición para trabajar en soluciones que permitan recuperar el objetivo original del recinto franco en beneficio de los habitantes de Magallanes.
Un nuevo paso para avanzar en espacios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia dio el Consejo, tras aprobar por mayoría la concesión de uso gratuito por cinco años del inmueble fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos esquina Claudio Bustos, en la ciudad de Punta Arenas, iniciativa solicitada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La decisión permite proyectar el desarrollo de una futura infraestructura vinculada a la atención y acompañamiento de mujeres afectadas por violencia, en una región donde las cifras y realidades continúan evidenciando la necesidad de fortalecer dichos espacios. Argumentando su voto a favor, el Consejero Rodolfo Arecheta señaló que “la violencia de la mujer es muy prevalente en la región”, y de esta manera se estaría abordando la problemática, precisando que lo aprobado corresponde al terreno donde podría emplazarse el proyecto, mientras que sus características y alcances podrán seguir analizándose más adelante. “Si el proyecto no satisface los criterios, se modificará”, sostuvo. Desde otra mirada, el Consejero Juan Morano enfatizó en el impacto humano que existe detrás de la iniciativa, señalando que “una cosa es hablar de la violencia y otra es verla muy cerca”, insistiendo en que avanzar en este tipo de propuestas resulta urgente para muchas mujeres y familias de Magallanes. La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
El día de ayer, el Consejo Regional de Magallanes aprobó la creación de una comisión especial destinada a evaluar el contrato de concesión de la Zona Franca, así como a analizar el funcionamiento de los recintos francos en otras provincias de la región. La instancia fue propuesta por el consejero regional Rodolfo Arecheta y contó con el respaldo unánime del pleno del Consejo. Entre los principales aspectos a revisar, se identificó el incremento sostenido de locales afectos a IVA dentro del sistema franco, junto con una limitada traslación efectiva de las ventajas tributarias propias del régimen hacia los precios finales que enfrentan los consumidores en la región. Asimismo, se recogieron diversas observaciones críticas respecto del desempeño del actual concesionario por parte de usuarios del sistema. Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta señaló que “la sensación es que los beneficios de ser zona franca no están llegando a los magallánicos. Por otro lado, existe una evaluación crítica del actual concesionario por distintos usuarios”. La comisión tendrá por objetivo generar un diagnóstico integral y proponer lineamientos que permitan avanzar hacia un contrato de concesión que maximice los beneficios del régimen franco en favor de la comunidad magallánica.
El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, defendió este martes el trabajo que desarrolla la comisión especial del Consejo Regional encargada de analizar la actual concesión de Zona Franca, asegurando que el contrato vigente no está permitiendo que los beneficios del régimen franco lleguen efectivamente a los consumidores de la región. Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el actual modelo perdió el espíritu con el que fue concebida la Zona Franca y planteó que la nueva licitación prevista para el año 2030 representa una oportunidad para corregir las condiciones de la concesión. La Zona Franca nace como una forma de resguardarnos a nosotros los magallánicos de los altos precios, afirmó Arecheta, agregando que actualmente ese objetivo no se estaría cumpliendo debido a las condiciones establecidas en el contrato firmado en 2007. Según explicó, el problema no radica en la existencia de una empresa concesionaria, sino en las reglas bajo las cuales opera el contrato. Esto no es renovación. Esto es una nueva licitación. El consejero sostuvo que el modelo vigente genera incentivos que impiden que la rebaja tributaria se refleje plenamente en los precios que pagan los consumidores. Lo que pasa es que acá el problema es el contrato, señaló, indicando que parte importante de los ingresos termina siendo percibida tanto por la empresa administradora como por el Gobierno Regional. Asimismo, afirmó que el Consejo Regional constituyó por unanimidad una comisión especial para estudiar la concesión, instancia que ya comenzó su funcionamiento y que buscará elaborar un informe técnico antes del inicio del nuevo proceso licitatorio. Lo que vamos a hacer es un trabajo riguroso, aseguró, destacando que la comisión reúne consejeros con experiencia en materias económicas, jurídicas y de administración. Arecheta insistió en que la próxima concesión debe diseñarse con un contrato mucho más detallado y orientado a garantizar beneficios concretos para la comunidad. No puede ser que la Zona Franca sea construida para que los que se beneficien sean el Gobierno Regional y la concesionaria. En ese sentido, planteó que una consultora nacional especializada debiera participar en la elaboración de las nuevas bases, definiendo un modelo que permita recuperar el objetivo original del sistema franco. Comisión también abordará transparencia de la concesión Durante la entrevista, el consejero manifestó que uno de los aspectos que busca revisar la comisión corresponde a la información financiera de la concesión. Según indicó, existe poca claridad respecto de los costos operacionales y de la rentabilidad efectiva que obtiene la empresa administradora. No sabemos exactamente cuánto recibe, afirmó, agregando que resulta necesario transparentar la estructura económica del contrato antes de definir las condiciones de la futura licitación. También hizo un llamado a que la sociedad concesionaria entregue antecedentes ante el Consejo Regional. Tienen que dar cuenta porque está cumpliendo una función pública, señaló. Financiamiento para residencia de adultos mayores En la misma entrevista, Arecheta valoró la aprobación de $48,8 millones para la Fundación CAI, recursos destinados a mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores. Aunque respaldó la iniciativa, reconoció que la aprobación estuvo marcada por la preocupación respecto de la situación financiera que enfrenta la institución. Yo aprobé estos fondos con un poco de tristeza, expresó. El consejero sostuvo que el problema requiere una solución permanente y anunció que la Comisión Social del Consejo Regional citará a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar alternativas de financiamiento. Asimismo, llamó a que las visitas ministeriales a la región se concentren en resolver los problemas existentes. Los ministros tienen que venir a solucionar el problema, para eso la ciudadanía nos contrata. Declaraciones del delegado presidencial Consultado por la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, Arecheta estimó que la autoridad cometió un error, aunque valoró que posteriormente ofreciera disculpas públicas. El delegado cometió un error que él reconoció, afirmó. Añadió que, a su juicio, parte de la polémica se vio amplificada por la difusión de un registro audiovisual editado. Efectivamente se dieron más detalles de los que se deberían... El delegado ya ofreció las disculpas. Finalmente, sostuvo que corresponde dar por superado el episodio, aunque llamó a actuar con mayor prudencia en futuras declaraciones públicas. Hay que tener más cuidado con las declaraciones.
El consejero regional Rodolfo Arecheta realizó un duro cuestionamiento al funcionamiento actual de la Zona Franca de Punta Arenas, asegurando que el sistema está muriendo debido a las condiciones del contrato de concesión vigente desde 2007, el que —a su juicio— ha impedido que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los habitantes de Magallanes. A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad sostuvo que la Zona Franca fue creada con el objetivo de proteger a la población regional frente al alto costo de vida y la inflación propia de una zona extrema, ofreciendo productos a menores precios. Sin embargo, afirmó que ese propósito se habría desvirtuado con el contrato que entregó por 23 años la administración del recinto a la empresa concesionaria. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de distribución de los ingresos que establece el contrato. Arecheta señaló que actualmente el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al Gobierno Regional y estimó que durante 2026 esa cifra alcanzaría aproximadamente los $4.700 millones anuales. Asimismo, indicó que, considerando los ingresos totales, la empresa administradora percibiría alrededor de $12 mil millones al año, recursos que —aseguró— no se traducen en menores precios para los consumidores de la región. En ese contexto, el consejero sostuvo que los recursos que genera el sistema quedan concentrados entre la concesionaria y el Gobierno Regional, mientras que el beneficio económico que justificó la creación de la Zona Franca no estaría llegando directamente a los magallánicos. Frente a esta situación, Arecheta recordó que en abril de este año propuso al Consejo Regional la conformación de una comisión especial destinada a revisar el contrato de concesión. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y actualmente se encuentra en funcionamiento. El consejero adelantó que, una vez finalizado el trabajo de la comisión, se emitirá un informe con las conclusiones respectivas, aunque anticipó que los antecedentes recopilados no parecen ser favorables para la comunidad. Finalmente, Arecheta enfatizó que el escenario actual representa una oportunidad para introducir cambios, considerando que restan cerca de tres años para el proceso de una nueva licitación de la administración de la Zona Franca. En ese sentido, criticó que durante dos décadas las distintas autoridades conocieran esta situación sin impulsar modificaciones y aseguró que mantiene su disposición para trabajar en soluciones que permitan recuperar el objetivo original del recinto franco en beneficio de los habitantes de Magallanes.
Un nuevo paso para avanzar en espacios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia dio el Consejo, tras aprobar por mayoría la concesión de uso gratuito por cinco años del inmueble fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos esquina Claudio Bustos, en la ciudad de Punta Arenas, iniciativa solicitada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La decisión permite proyectar el desarrollo de una futura infraestructura vinculada a la atención y acompañamiento de mujeres afectadas por violencia, en una región donde las cifras y realidades continúan evidenciando la necesidad de fortalecer dichos espacios. Argumentando su voto a favor, el Consejero Rodolfo Arecheta señaló que “la violencia de la mujer es muy prevalente en la región”, y de esta manera se estaría abordando la problemática, precisando que lo aprobado corresponde al terreno donde podría emplazarse el proyecto, mientras que sus características y alcances podrán seguir analizándose más adelante. “Si el proyecto no satisface los criterios, se modificará”, sostuvo. Desde otra mirada, el Consejero Juan Morano enfatizó en el impacto humano que existe detrás de la iniciativa, señalando que “una cosa es hablar de la violencia y otra es verla muy cerca”, insistiendo en que avanzar en este tipo de propuestas resulta urgente para muchas mujeres y familias de Magallanes. La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.
El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda. Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero. El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales). Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes. El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado. A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales. En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas. El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos. Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041. Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión. El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión. Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión. Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo. A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto). Fuente: theclinic.cl
El día de ayer, el Consejo Regional de Magallanes aprobó la creación de una comisión especial destinada a evaluar el contrato de concesión de la Zona Franca, así como a analizar el funcionamiento de los recintos francos en otras provincias de la región. La instancia fue propuesta por el consejero regional Rodolfo Arecheta y contó con el respaldo unánime del pleno del Consejo. Entre los principales aspectos a revisar, se identificó el incremento sostenido de locales afectos a IVA dentro del sistema franco, junto con una limitada traslación efectiva de las ventajas tributarias propias del régimen hacia los precios finales que enfrentan los consumidores en la región. Asimismo, se recogieron diversas observaciones críticas respecto del desempeño del actual concesionario por parte de usuarios del sistema. Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta señaló que “la sensación es que los beneficios de ser zona franca no están llegando a los magallánicos. Por otro lado, existe una evaluación crítica del actual concesionario por distintos usuarios”. La comisión tendrá por objetivo generar un diagnóstico integral y proponer lineamientos que permitan avanzar hacia un contrato de concesión que maximice los beneficios del régimen franco en favor de la comunidad magallánica.
