De acuerdo con lo informado públicamente en la audiencia de comunicación de sentencia —transmitida vía Zoom por el tribunal— la condena se desglosa en seis años de presidio por el delito de abuso sexual calificado y cinco años y un día por abuso sexual reiterado con contacto corporal. Ambas penas deberán cumplirse de manera sucesiva y sin acceso a penas sustitutivas. Los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas durante el año 2019, cuando la víctima tenía menos de 13 años. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado en los ilícitos, determinando que la gravedad de los delitos amerita el cumplimiento efectivo de la pena. Además del presidio, la sentencia contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, oficios o profesiones en el ámbito educacional o en cualquier actividad que implique contacto habitual con menores de edad. Una vez cumplida la condena, el sentenciado quedará sujeto durante 10 años a vigilancia de la autoridad, debiendo presentarse periódicamente para informar su domicilio. Con esta resolución, el tribunal dio término a un proceso judicial que se extendió por más de cinco años desde la denuncia de los hechos, en una causa que impacta profundamente a la comunidad de la Región de Magallanes y que vuelve a situar en el centro la persecución y sanción de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con lo informado públicamente en la audiencia de comunicación de sentencia —transmitida vía Zoom por el tribunal— la condena se desglosa en seis años de presidio por el delito de abuso sexual calificado y cinco años y un día por abuso sexual reiterado con contacto corporal. Ambas penas deberán cumplirse de manera sucesiva y sin acceso a penas sustitutivas. Los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas durante el año 2019, cuando la víctima tenía menos de 13 años. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado en los ilícitos, determinando que la gravedad de los delitos amerita el cumplimiento efectivo de la pena. Además del presidio, la sentencia contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, oficios o profesiones en el ámbito educacional o en cualquier actividad que implique contacto habitual con menores de edad. Una vez cumplida la condena, el sentenciado quedará sujeto durante 10 años a vigilancia de la autoridad, debiendo presentarse periódicamente para informar su domicilio. Con esta resolución, el tribunal dio término a un proceso judicial que se extendió por más de cinco años desde la denuncia de los hechos, en una causa que impacta profundamente a la comunidad de la Región de Magallanes y que vuelve a situar en el centro la persecución y sanción de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
