La historia de Magallanes también se escribe desde sus tradiciones. Expresiones que han marcado la identidad regional, como el legado de la migración chilota, la cueca y el deporte formativo, continuarán llegando a la comunidad gracias al respaldo del Consejo Regional, que aprobó recursos del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8%. Las raíces magallánicas, en parte, se deben a la llegada de cientos de familias provenientes del archipiélago de Chiloé. Esa historia compartida será el eje del Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026, que contará con un financiamiento de $24.220.000 para desarrollar actividades culturales, educativas y patrimoniales, que conmemorarán los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile y pondrán en valor el aporte de la migración chilota a la construcción de la región. El Consejero Max Salas destacó el valor simbólico de la iniciativa, señalando el vínculo que mantiene con la comunidad, es un honor, porque permite reconocer el papel que tuvo el pueblo chilote en la integración del extremo austral. XXX Campeonato Nacional Juvenil La cueca también volverá a convocar a jóvenes de distintas regiones del país en Magallanes. Con un aporte de $27.830.000, el XXX Campeonato Nacional Juvenil de Cueca e Intercambio Cultural reunirá entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre a delegaciones provenientes de todo Chile, dando continuidad a un certamen que durante casi tres décadas ha convertido a la región en punto de encuentro del folclore juvenil. En los últimos años, además, la actividad ha extendido parte de su programación hacia otras comunas, fortaleciendo su presencia en el territorio regional. Para el Consejero Juan Morano, ambas iniciativas representan parte importante de la identidad territorial. Valoró especialmente que el campeonato de cueca se mantenga vigente tras casi 30 años de trayectoria y manifestó su expectativa de que las actividades continúen ampliando su alcance hacia comunas más apartadas. En tanto, el Consejero Antonio Bradasic también apoyó la sanción, resaltando la oportunidad que genera, contribuir a que Magallanes y Punta Arenas se posicione como un punto de encuentro nacional en torno a la cultura, el folclore y nuestras tradiciones. La jornada también contempló el apoyo al deporte formativo. En el marco de los 90 años del Instituto Superior de Comercio (INSUCO), el campeonato escolar de futsal recibirá $4.391.220, permitiendo reunir a delegaciones femeninas y masculinas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en una competencia que busca fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y la participación estudiantil.
La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena representó la Resolución N° 61 de 2026 del Gobierno Regional, mediante la cual se aprobaba el contrato de compraventa de terrenos para el proyecto “Adquisición terrenos desarrollo habitacional urbano, Porvenir”, destinado a dar solución habitacional a cerca de 500 familias. A través del Oficio N° OF153592/2026, de 13 de agosto, el organismo fiscalizador resolvió no dar curso al acto administrativo, señalando que el Gobierno Regional no subsanó la totalidad de las observaciones formuladas previamente por Contraloría. El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme recordó que estas irregularidades fueron advertidas por él hace más de tres años, cuando ejercía como consejero regional, durante la sesión del 19 de junio de 2023 en que se sometió a aprobación la adquisición del terreno en la ciudad de Porvenir. En aquella oportunidad, Riquelme citó expresamente los criterios establecidos por Contraloría a propósito del conocido caso Sierra Bella y los dictámenes N° 33.465 de 2013, N° 71.683 de 2015 y N° 1.983 de 2017, preguntando al Gobierno Regional si se habían requerido dos o más tasaciones efectuadas por profesionales especializados o entidades competente , precisamente para garantizar que el precio pagado correspondiera al valor real del inmueble. “Lo advertimos expresamente el 19 de junio de 2023. No se podía comprar un terreno prácticamente a dedo, menos todavía utilizando miles de millones de pesos públicos, sin acreditar adecuadamente el valor de mercado y sin cumplir los estándares que la propia Contraloría había establecido en casos anteriores”, señaló Riquelme. El parlamentario agregó que “lo ocurrido hoy demuestra que nuestras observaciones no eran políticas ni antojadizas. Eran advertencias técnicas y jurídicas concretas que lamentablemente no fueron escuchadas y hoy, perjudican a 500 familias Porvenireñas”. Las graves observaciones de Contraloría Según establece el oficio, persisten diversas deficiencias en el procedimiento. Contraloría señala que no se acompañaron antecedentes suficientes respecto de la difusión efectuada a través del portal SIBIS ni de las circunstancias que permitieran justificar que el inmueble finalmente adquirido correspondiera a la única oferta recibida para la comuna de Porvenir. Además, el organismo determinó que los antecedentes aportados no permiten acreditar suficientemente que el precio de 0,75 UF por metro cuadrado corresponda al justo valor de mercado. Entre las deficiencias metodológicas identificadas se encuentran: * El flujo de caja utilizado para justificar un valor total de $3.333.333.333 continúa sin incorporar variables mínimas que permitan auditarlo, incluyendo costos reales de urbanización, plazos de absorción y tasas de descuento. * El tasador privado reconoció haber ajustado la TIR entre un 11% y un 13% para obtener resultados positivos, sin acompañar la memoria de cálculo que permita justificar técnicamente dicho procedimiento. * El valor del suelo continúa basado en un promedio simple de referencias rurales y urbanas obtenidas de internet, sin factores técnicos que permitan homologar diferencias de superficie, ubicación y grado de urbanización. * El Informe N° 19-2025 del SERVIU no fue modificado ni complementado con un estudio de mercado independiente basado en operaciones comparables propias y válidas. Para Riquelme, los antecedentes resultan especialmente graves considerando que se comprometían más de $3.300 millones de recursos públicos. “Aquí el problema nunca fueron las 500 familias de Porvenbir que necesitan una vivienda. Todo lo contrario: las autoridades tenían la obligación de hacer las cosas bien y los Cores de estudiar lo que votaban. No se puede utilizar una necesidad social para justificar procedimientos mal hechos o compras cuyo precio no ha sido adecuadamente acreditado”. El diputado sostuvo que ahora corresponde establecer por qué las autoridades del Gobierno Regional continuaron adelante con la operación pese a las advertencias formuladas desde 2023 y a las sucesivas observaciones posteriores de Contraloría. “Hace tres años pregunté directamente dónde estaban las tasaciones y cuál era el fundamento jurídico y económico para comprar ese inmueble a dedo y que por ese motivos poníamos en serio peligro la adquisición del terreno Hoy Contraloría termina diciendo que el valor sigue sin estar suficientemente acreditado y que el procedimiento presenta graves deficiencias. El Gobernador Flies y los CORES y el SERVIU tendrán que dar las explicaciones, por qué estas advertencias fueron ignoradas”. Finalmente, Riquelme enfatizó que la decisión de Contraloría no debe significar abandonar una solución habitacional para Porvenir, sino realizar el procedimiento correctamente. “Las 500 familias necesitan sus viviendas, pero también necesitan que cada peso destinado a ellas sea utilizado correctamente. Hay que buscar una solución rápida, transparente y jurídicamente impecable. Lo que no corresponde es insistir en una operación que Contraloría acaba de representar por no cumplir los estándares exigibles”. TRANSCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN DE CONSEJO REGIONAL 19-06-2023: Consejero riquelme: al profesional del gobierno regional yo no sé si usted está familiarizado con con un dictamen que que salió de la contraloría nacional respecto a diversas denuncias formuladas a la adquisición de inmuebles y a cabo por el municipio de Santiago un caso muy bullado que fue el de Sierra bella, lo conoce usted, pudo leer que justamente ese dictamen señalaba y hacía referencia al dictamen 33465/2013 al 71683/2015 y el 1983 del 2017 donde se le señalaba textualmente al municipio de Santiago en una transacción justamente inmobiliaria que está hoy día está parada, que deben requerirse dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados en la materia por entidades financieras yo creo que me pueda responder si esas dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados la materia por entidades financieras están Fueron requeridas por el gobierno regional hacerlas o fueron afectadas por el serviu y en caso que no hayan sido efectuadas Cuál es la razón?
La necesidad de revisar el funcionamiento del Fondo de Medios, las diferencias que —a su juicio— existen en la cobertura pública de investigaciones que involucran a autoridades y, especialmente, la falta de información y las nuevas exigencias que estarían enfrentando familias y agrupaciones de vivienda en Magallanes, fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional Roxana Gallardo Concha, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante la entrevista, la consejera regional manifestó inicialmente su respaldo a la existencia del Fondo de Medios, destacando el rol que cumplen las radios, medios de comunicación locales y otros espacios informativos en las distintas comunidades de la región. Sin embargo, planteó reparos respecto de la forma en que actualmente se administra y sostuvo que debería existir un mecanismo permanente de apoyo. “Yo no tengo problemas con el fondo de medios, yo creo que es una ayuda necesaria para los medios locales, sobre todo esto ocurre en todo Chile, pero hay medios pequeñitos. Y acá no tenemos grandes medios como para que diga que no necesitan este empuje que tampoco estamos hablando de grandes sumas. Perfectibles todo es perfectible”, señaló. Gallardo planteó que una eventual modificación de las bases podría incorporar contenidos que entreguen información de utilidad para la ciudadanía, especialmente respecto de beneficios y programas estatales que muchas personas desconocen. “Yo creo que debieron haber más programas informativos, por ejemplo, de los beneficios que entrega el Estado. Como para educar más a las personas, las personas tienen mucha falta de información en temas que son como relevantes, beneficios que entrega la caja. Entonces hacer como pequeñas cápsulas. Yo creo que eso podría ser como perfectible”, explicó. No obstante, su principal cuestionamiento apuntó al carácter concursable del fondo y a su paso por el Consejo Regional. En ese sentido, sostuvo que los recursos deberían llegar directamente a los medios que cumplan con determinados requisitos, sin quedar sujetos a una decisión política dentro del órgano colegiado. “Yo creo que esto debiera ser una especie de subsidio que entrega el Estado anualmente sin que tenga que haber este tipo de concursos. No, no debiera ser concursable, debiera ser como una especie de subsidio a los medios locales, radios locales, medios de televisión, y que funcionara en forma permanente una vez al año y que, claro, quienes postulan a este tipo de fondos deberían cumplir ciertas normas que son las que se exigen, pero no verlo como un concurso”, sostuvo. A juicio de la consejera, esta fórmula permitiría separar el apoyo a los medios de eventuales consideraciones políticas. “Yo siento que cuando pasan por el Consejo también se puede producir hasta un cierto aprovechamiento de personas, que es como que yo te voy a dar. Yo voy a apoyar el fondo de medios si el fondo de medios debiera ser apoyado siempre”, afirmó. Diferencias en la cobertura de investigaciones Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la percepción de diferencias en la cobertura pública de investigaciones judiciales que involucran a distintas autoridades y figuras políticas de la región. Consultada por si existe una diferencia en la forma en que se informa respecto de casos como los que involucran al senador Alejandro Kusanovic, al diputado Alejandro Riquelme y el gobernador Jorge Flies sobre la situación relacionada con la adquisición de un inmueble para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gallardo sostuvo que sí percibe diferencias. “Sí, ha habido diferencias entre los casos de los políticos que están involucrados. El caso de la casa de Mejor Niñez, si bien sí ha tenido cobertura, siento que no la misma que tuvo el caso los últimos, los casos que tú mencionabas tanto el senador como el diputado”, afirmó. La consejera también puso el foco en la situación de las personas que son objeto de una investigación judicial, recordando que una indagatoria no significa necesariamente que exista culpabilidad. “Porque cuando tú estás siendo investigado. No eres culpable, todavía estás siendo investigado, pero de repente toda la información se concentra en algunos casos y no en otros, pero cuando resulta que estos procesos terminan para bien o para mal, si sales culpable, bueno, por supuesto que va a ser, pero cuando sale un inocente algunas personas yo no he visto la misma cobertura de los medios”, manifestó. En esa línea, explicó que las diferencias en la exposición pública pueden producirse también por el interés que generan determinadas noticias. “Lo malo no es muy atractivo para el consumidor, que al final es la población y lo vemos en los matinales. La primera noticia que sale fue el portonazo de anoche, el asalto, cuando igual están pasando algunas cosas positivas, pero eso no es muy destacable”, señaló. Gallardo agregó que, según lo informado durante la sesión del Consejo Regional, se habrían solicitado explicaciones respecto de los tiempos y diferencias en la entrega de determinada información judicial. “No hay desalojo”: Gallardo aborda situación de la toma La situación habitacional también ocupó una parte importante de la conversación. Consultada por el proceso anunciado en torno a una toma de terrenos y el eventual desalojo de sus ocupantes, la consejera regional fue enfática en señalar que, según los antecedentes que maneja, lo que se estaría desarrollando corresponde más bien a un proceso de relocalización. “No hay desalojo. Tú pasas por ahí, un desalojo todos sabemos lo que es un desalojo. Aquí lo que hay es una relocalización de personas. Y usar la palabra desalojo, que en algún minuto se anunció con bombos y platillos, eso no es y no sé si va a ser algún día”, sostuvo. Gallardo también cuestionó que se hayan establecido plazos para el desarrollo de este tipo de acciones, considerando las dificultades que pueden existir para concretarlos. “Lo peor en política o en este tipo de acciones es poner plazo. Porque normalmente no se pueden cumplir”, afirmó. Según explicó, hasta ahora ha conocido de casos de adultos mayores que han accedido a viviendas tuteladas, aunque se trataría de situaciones específicas y sujetas a determinadas condiciones. “Hasta el minuto, lo que yo sé es que se han entregado viviendas tuteladas, algunas personas adultas mayores que cumplían con esas condiciones para poder ocupar estas viviendas que se entregan a comodato”, indicó. Críticas a nuevas exigencias para acceder a viviendas Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las familias que buscan acceder a soluciones habitacionales mediante el subsidio DS49. Gallardo manifestó preocupación por lo que calificó como una “falta de información brutal” respecto de las nuevas condiciones que estarían siendo solicitadas a dirigentes y agrupaciones. “Últimamente se han estado llamando a dirigentes de vivienda para ponerle nuevas normas y nuevamente quien hace los llamados y dice cómo o qué condiciones tienes que cumplir para postular a un subsidio, este del DS49, que es al que todo el mundo aspira en el fondo porque es sin crédito hipotecario”, explicó. Entre las exigencias mencionadas se encuentra la acreditación de contratos de arriendo y de los pagos efectuados durante los últimos 12 meses mediante transferencias electrónicas directamente al propietario del inmueble. Gallardo advirtió que este tipo de requisitos puede generar problemas para personas que históricamente han pagado sus arriendos en efectivo o cuyos pagos han sido efectuados por familiares. “Cuando tú no le avisas eso a las personas con anticipación, muchas personas pagan en efectivo, quedan fuera porque no tienen el registro. El vale que usábamos antiguamente, yo pagué arriendo casi más de 15 años, siempre lo he dicho. Y me acuerdo muy bien que cuando rondaba casas en sectores antiguos como el barrio Prat, todos esos lugares, la dueña de casa me llegaba un vale, vale por el monto del arriendo. Bueno, esos vales ya no sirven, tienen que ser transferencias electrónicas hacia el dueño”, relató. La consejera regional agregó que también podrían producirse dificultades para quienes aparecen como allegados o para familias que deben acreditar determinadas situaciones familiares. “Ahora resulta que los allegados también tienen que demostrar que son allegados y demostrarlo. ¿Cómo? ¿Con los títulos de dominio del dueño de la casa, donde tú dices que eres allegado?”, cuestionó. A su juicio, si existen nuevas reglas para todo el país, estas deberían establecerse formalmente y aplicarse de manera uniforme, evitando que Magallanes enfrente requisitos particulares que no sean conocidos oportunamente por las familias. “Si el ministro dice vamos a hacer nueva política habitacional, vamos a hacer nuevos lineamientos y vamos a sacar decretos con estos nuevos lineamientos para todo Chile, en todo Chile las personas que arriendan tienen que tener 12 meses de arriendo comprobable con transferencia electrónica, entonces las reglas del juego pasan a ser parejas para todos”, planteó. Preocupación por el financiamiento de nuevos proyectos Otro de los aspectos que generó preocupación en la consejera regional fue el futuro del convenio mediante el cual el Gobierno Regional aporta recursos para el financiamiento de proyectos habitacionales. Gallardo sostuvo que el convenio de programación vigente contempla recursos hasta 2027, pero que el acuerdo debe cerrarse durante este año y que todavía no existirían definiciones claras sobre su continuidad. “Tenemos de programación hasta el 2027, se cierra este año exactamente entonces y no ha habido nada, no tenemos nada y nosotros que somos la parte que entrega los fondos para esto somos los que estamos más interesados porque estamos todo el tiempo pidiendo, incluso tratando de conseguir una audiencia con el ministro como Consejo para ver qué es lo que va a ocurrir”, señaló. La consejera advirtió que la incertidumbre podría afectar directamente la concreción de proyectos habitacionales que están siendo presentados a las familias. “Porque si no la familia se le va a presentar un proyecto de casa, estoy hablando de las casas, pero resulta que cuando no tengan el financiamiento eso no va a avanzar para ninguna parte”, afirmó. En ese contexto, Gallardo cuestionó que se convoque a numerosas familias a entregar antecedentes cuando la cantidad de viviendas disponibles es considerablemente menor que la demanda existente. “Cuando tú tienes un proyecto de 140 casas, que es lo que se le presentó a la familia en esta última semana. Y llamas a 1000 personas para pedirle su documento es jugar con la ilusión de las personas”, sostuvo. Para la consejera regional, una de las soluciones pasa por fortalecer el rol de los municipios como entidades patrocinantes, permitiendo ordenar la demanda habitacional y contar con información precisa respecto de cuántas personas cumplen efectivamente con los requisitos. “¿Qué mejor que un municipio que es quien aplica también el Registro Social de Hogares? Entonces tiene toda la información como para ir purificando esto”, señaló. A su juicio, contar con entidades patrocinantes municipales permitiría dimensionar de mejor manera la demanda real en cada comuna y evitar procesos en que numerosas familias terminen quedando fuera después de haber iniciado sus trámites. “El tema de postulación a vivienda va en picada” Gallardo fue especialmente crítica respecto de lo que considera una creciente cantidad de requisitos y filtros para acceder a una vivienda. “Creo que el tema de postulación a vivienda va en picada porque se está haciendo mucha selección y hay mucha norma nueva. Y es por un tema de financiamiento”, afirmó. En su opinión, también debería revisarse el actual modelo de acceso a la vivienda y la posibilidad de recuperar mecanismos de pago de dividendos para determinados sectores. “Hay que cambiar de etapa. Cuando una familia de la mal llamada clase media tiene que pagar un dividendo de 480 o 580 mil pesos mensuales por un crédito en el banco para obtener su casa, esa misma familia, si fuera por medio del Estado, podría pagar la mitad de eso para poder vivir en paz”, planteó. La consejera regional recordó antiguos modelos de vivienda social existentes en Punta Arenas, donde las familias pagaban dividendos por sus viviendas, y sostuvo que un sistema de este tipo podría permitir ampliar el acceso a nuevas familias. “Entonces debiera existir un pago como existió en todas las poblaciones antiguas de Punta Arenas hasta el Alfredo Lorca, la gente del Alfredo Lorca pagaba un dividendo, un pequeño dividendo que se pagaba al Serviu todos los meses. Hubieron algunos que no pagaron, por supuesto, siempre va a haber gente que no cumple, pero el 90% de las familias pagaban su dividendo”, afirmó. Gallardo defendió la idea de que las políticas públicas deben adoptar decisiones que no necesariamente sean populares, pero que permitan enfrentar las dificultades estructurales del acceso a la vivienda. “Nadie quiere tomar el toro por las astas, porque claro, son medidas que no son populares. Entonces vivimos en un mundo de que lo popular es lo que se vende. Vivimos en un mundo donde todo lo que la gente tiene miedo a las funas, tiene miedo a que te hagan. Pero cuando las personas llegan a cargo de poder tienen la obligación, porque para eso se les paga, a tomar decisiones”, concluyó.
El consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, abordó una amplia agenda de temas regionales y nacionales durante su participación la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde analizó desde el funcionamiento del Fondo de Medios y proyectos de infraestructura en Magallanes hasta el Plan de Reconstrucción Nacional, la seguridad pública y el escenario político. Uno de los primeros temas fue la reciente sesión del Consejo Regional destinada a la aprobación del Fondo de Medios, instancia que, según explicó, constituye una herramienta relevante para fortalecer a los medios de comunicación locales, especialmente en las comunas más apartadas. Son fondos que entrega el gobierno a los medios de comunicación regionales de diferentes plataformas televisivas, digital, radial, etcétera, escrita también para potenciar cierto lo que es la la entrega de información. En lo personal creo y me tocó hacerlo cuando fui seremi de Gobierno. Es una herramienta muy, muy importante, sobre todo en una región tan extensa como la nuestra, que tiene medios de comunicación, sobre todo en comunas que son apartadas, que no cuentan con mucho recurso. Por lo tanto, estos fondos le dan un impulso para seguir desarrollando la gran tarea que necesitan. Yo creo que es una buena política pública que hay que potenciar. No obstante, reconoció que el proceso presenta aspectos que pueden perfeccionarse, especialmente luego de detectarse casos en que algunos postulantes presentaban más de una postulación mediante distintos RUT. Representantes del Consejo Regional que estuvieron en la comisión evaluadora, como asimismo el seremi de Gobierno, hicieron ver que hubo algunos medios que disponían de varios RUT, entonces postularon varias veces. Y eso genera una cierta desigualdad a la hora de competir, por lo tanto es algo que tenemos que arreglar en un futuro. El Consejo Regional tiene participación en las bases de lo que es la distribución de los dineros del Fondo de Medios, por lo tanto es algo que quedó ahí y que no te quepa ninguna duda que en un futuro próximo lo vamos a abordar. Caso Mejor Niñez y polémicas en el Consejo Regional Consultado por la investigación sobre la compra del inmueble destinado al Servicio de Mejor Niñez, Díaz señaló que corresponde respetar el trabajo de la Fiscalía y diferenció ese caso de otras controversias que, según indicó, finalmente no prosperaron. Como ejemplo recordó la discusión por la aprobación de recursos adicionales para la demolición del antiguo Hospital Regional de Punta Arenas. Hubo algunos consejeros regionales que saltaron, como siempre, tirando unas cosas medias extrañas, que podía haber algunos vínculos de la empresa incluso con consejeros regionales, haciendo atisbos de comentarios de corrupción. Esto llevó a que presentaran un escrito a Contraloría y Contraloría hace un par de semanas se pronunció que no había absolutamente nada irregular al respecto. Dio luz verde a los 500 millones y tranquilidad para la gente que vive en el sector, porque se va a seguir con el trabajo. Respecto al caso Mejor Niñez, recordó que la adquisición del inmueble respondió al desistimiento del propietario de una vivienda que originalmente encabezaba la evaluación. La casa que se compró finalmente estaba en segundo lugar después de siete. Había otra casa que se iba a comprar, pero el que la vendía se desistió de la venta. Si no se hubiera desistido, no estaríamos hablando de esto y ahí fue que corrió la lista para que las personas lo entiendan. Se compró esta casa y eso es algo que todavía está en investigación. Críticas por el aeropuerto de Puerto Natales y los Huertos Familiares En materia regional, el consejero manifestó su preocupación por las obras que afectan la operatividad del aeródromo de Puerto Natales durante la temporada alta de turismo. En todo discurso de todos los políticos está el potenciar la descentralización, potenciar turísticamente a Última Esperanza y sin duda que una de las principales palancas para esto es tener un aeropuerto de primer nivel y sobre todo funcional los 365 días del año. Uno entiende perfectamente que en algún momento hay que hacer arreglos, pero uno cree que los arreglos deberían hacerse en la época que hay menos flujo turístico, no precisamente en enero y febrero. También calificó como impresentable los problemas de coordinación registrados en el sector de Huertos Familiares. Lo que ocurrió es algo impresentable, hay que decirlo con todas sus letras. El hecho que se vaya construyendo un camino y atrás se vaya ubicando lo que se está haciendo es algo que no se entiende, hasta de caricatura. Son problemas de coordinación. Cuesta entender qué fue lo que pasó y obviamente habrá que tomar las medidas correspondientes para que esto no ocurra. Se está aprovechando un desastre natural Gran parte de la entrevista estuvo centrada en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional y la reforma tributaria impulsada por el Gobierno. Díaz reiteró su rechazo a la iniciativa, asegurando que, a su juicio, utiliza la reconstrucción posterior a un desastre natural para introducir cambios económicos que benefician a los sectores de mayores ingresos. Aquí tenemos un aprovechamiento de un desastre natural ocurrido hace un tiempo para impulsar una serie de medidas tributarias económicas que están beneficiando a los sectores más ricos de nuestro país en desmedro de la gran cantidad de la población. Cuando digo en desmedro de la gran cantidad de la población, estamos hablando del 99% de los chilenos y chilenas. Entonces está este afán por ir maquillando esta reforma, darle un contenido social que no existe. La gente tiene que tenerlo muy claro: no existe. Añadió que, desde su perspectiva, el objetivo de la reforma permanece inalterable. El espíritu de esta reforma está claro y nosotros como oposición tenemos que manifestarlo cada vez que podamos para que la gente de una vez por todas entienda que este gobierno está siendo nefasto en ese aspecto para la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Asimismo, expresó su expectativa de que el Tribunal Constitucional revierta parte de las disposiciones cuestionadas. Cuestionamientos a la agenda de seguridad Respecto de la reciente cadena nacional del Presidente y el énfasis puesto en seguridad pública, Díaz sostuvo que los anuncios no reflejan avances concretos. En el tema seguridad, aparte de la zanja, yo no he visto mayor avance y uno esperaba que por lo menos esa gran bandera de lucha de la derecha, que era aumentar la seguridad en Chile, disminuir la violencia, disminuir los delitos, eso no se ha visto reflejado, ni siquiera en cifras. Entonces ahí yo creo que también el gobierno está en deuda y no veo tampoco una disponibilidad para avanzar en dichos temas. También cuestionó el manejo del caso del subsecretario que dio positivo a un test antidrogas y posteriormente presentó exámenes particulares. En el caso del subsecretario se le iba a hacer la contramuestra y dijo: 'No confío en este sistema, voy a otro lado', y trae un par de exámenes que indicaban que era negativo, pero por fuera del sistema. Entonces ese es algo que deja bastante que desear porque nuevamente se les cae el discurso. Llamado a la unidad de la oposición En la parte final de la conversación, el consejero regional hizo un llamado a las fuerzas opositoras a dejar de lado las diferencias internas y concentrarse en enfrentar al Gobierno. Como oposición tenemos que tener primero madurez y altura de miras, dejar de pelearnos entre nosotros y ver que al frente tenemos un adversario político que es poderoso y que es peligroso para el país. Yo creo que es una responsabilidad inmensa la que tiene la oposición en este momento: intentar ponernos de acuerdo, no caer en la pelea chica, no caer en cálculos electorales, sino defender a Chile.
Una serie de cuestionamientos al funcionamiento del Fondo de Medios, al tratamiento comunicacional de investigaciones judiciales y a la gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta durante su participación, la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Uno de los primeros temas abordados fue la reciente aprobación del Fondo de Medios por parte del Consejo Regional. Arecheta, quien integró la comisión evaluadora, sostuvo que la experiencia dejó en evidencia vacíos normativos que, a su juicio, deben corregirse para evitar que un mismo medio concentre múltiples adjudicaciones. Hay varias cosas que corregir en el Fondo de Medios y un par de situaciones que yo diría que son bastante impresentables. Hubo un medio de comunicación que presentó nueve postulaciones y se adjudicó cuatro. Yo le busqué y le rebusqué a las bases, a la ley, la posibilidad de que esto no ocurra y finalmente no hay. Hay un vacío legal y ahí hay un mea culpa de los consejeros, porque nosotros aprobamos esas bases. (...) No son ilegales, pero son injustas porque hay medios que se esfuerzan mucho que quedan fuera. El espíritu de la norma no es ese, entonces tenemos que corregir esto. Yo me comprometo a hacerlo cuando vuelvan las bases al Consejo. El consejero agregó que también existe una deuda respecto de la difusión del concurso hacia medios comunitarios y localidades apartadas de la región. Debiese estar más difundido incluso a localidades rurales, a la gente que anda haciendo patria en nuestra extensa región. Yo creo que ellos debiesen ser los principales beneficiarios. No veo tantas radios comunitarias en las postulaciones y me da la impresión de que tampoco ha habido suficiente difusión para que estos pequeños medios puedan acceder. Durante la conversación también analizó la relación entre política y medios de comunicación, planteando la necesidad de revisar la legislación vigente para evitar conflictos de interés. Los políticos no deberían tener control ni directo ni indirecto de medios de comunicación. Me parece que en comunidades pequeñas como la nuestra eso genera problemas. Los medios hoy enfrentan dificultades económicas porque el avisaje se está yendo a otras plataformas y ahí entra la tentación de mezclar la política con el financiamiento de los medios. Creo que es una discusión que nuestro país tiene que dar. Diferencias en investigaciones judiciales Otro de los puntos centrales fue el desarrollo de investigaciones que involucran a distintas autoridades regionales. Arecheta manifestó preocupación por lo que considera diferencias en la forma en que el Ministerio Público comunica sus diligencias. Yo tengo temor de que la Fiscalía pudiese estar teniendo un sesgo político en la forma de comunicar las investigaciones. Digo temor porque no tengo la certeza, pero hay situaciones que me llaman la atención. Me parece súper bien que al senador Kusanovic se le esté investigando y que las medidas intrusivas se comuniquen públicamente. Lo mismo respecto al diputado Alejandro Riquelme. Lo que uno esperaría es que este tratamiento comunicacional sea el mismo tratándose del gobernador Flies y eso es lo que uno no ve. En esa línea, afirmó que solicitó antecedentes en el marco de una causa judicial relacionada con el gobernador regional. Yo solicité al Ministerio Público, a través del tribunal, que informara en qué calidad está el señor Flies y respondió que está en calidad de imputado. Lo único que uno pide es que se actúe con la misma vara. Me parece bien la vara que se usa para el senador Kusanovic, pero no se está usando con el gobernador Flies y eso a mí me parece preocupante. Asimismo, cuestionó la utilización de acciones judiciales en el ámbito político, haciendo referencia a querellas presentadas contra consejeros regionales. La instrumentalización del sistema judicial yo creo que la hizo el señor Flies, porque ya hay varios consejeros sobreseídos y tiene que pagar un millón de pesos a cada uno de ellos, más quinientos mil pesos por la apelación. Si hay instrumentalización, se está viendo y hay resoluciones judiciales que han hecho al señor Flies pagar más de una vez por lo que hizo. Críticas al MOP por Huertos Familiares Respecto de la situación de los trabajos en Huertos Familiares, en Puerto Natales, Arecheta calificó como grave el perjuicio económico denunciado y llamó a establecer responsabilidades administrativas. Lo que vimos en Huertos Familiares es impresentable y es grave. Básicamente hay un perjuicio patrimonial para el Estado de diez mil millones de pesos. Había una división del Ministerio de Obras Públicas arreglando el camino y venía otra división atrás rompiendo el camino. Era una cuestión absurda. El consejero sostuvo que espera sanciones si se acreditan responsabilidades. Necesitamos responsabilidades. Acá alguien que toma una mala decisión que cuesta diez mil millones de pesos, si no está preso, por lo menos tiene que estar fuera del servicio. Eso es un mínimo. Yo escuché al seremi Marusic y no veo ese ánimo. Me preocupa porque muchas de las cosas que la ciudadanía resiente hoy día es la falta de responsabilidad y de justicia. Aeródromo de Puerto Natales En la parte final de la entrevista, Arecheta criticó la forma en que el Ministerio de Obras Públicas ha abordado la intervención de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, asegurando que la principal dificultad ha sido la falta de fundamentos técnicos públicos antes de anunciar la medida. Yo creo que con el aeródromo de Puerto Natales lo que hemos visto es improvisación, falta de seriedad y falta de profesionalismo en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Una decisión de esta naturaleza, que puede afectar a tantas familias porque el sustento de Puerto Natales en el verano es el turismo, tiene que ser una decisión fundada. Esto se anunció hace casi un mes y todavía no aparecía el informe técnico que justificara que esa era la única manera de hacerlo. También cuestionó que inicialmente se hiciera referencia a un documento elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción. No se puede trabajar así. Un seremi no puede estar tomando decisiones basado en documentos aportados por una entidad gremial. Eso genera un montón de especulaciones. Los natalinos tienen todo el derecho a estar furiosos porque la actividad productiva más importante de la provincia se va a ver afectada y la forma en que se comunicó esto produjo una crisis política completamente evitable. Finalmente, insistió en que, más allá de la solución técnica que corresponda adoptar, el problema ha sido el manejo administrativo y comunicacional del proceso. No soy experto en pavimentos y no voy a inventar una opinión técnica. Lo que sí sé es que la forma en que se hizo esto es pésima. Hay órganos de la Administración del Estado que están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones. Uno no puede anunciar una medida de esta magnitud y recién un mes después comenzar a presentar informes para justificarla.
La historia de Magallanes también se escribe desde sus tradiciones. Expresiones que han marcado la identidad regional, como el legado de la migración chilota, la cueca y el deporte formativo, continuarán llegando a la comunidad gracias al respaldo del Consejo Regional, que aprobó recursos del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8%. Las raíces magallánicas, en parte, se deben a la llegada de cientos de familias provenientes del archipiélago de Chiloé. Esa historia compartida será el eje del Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026, que contará con un financiamiento de $24.220.000 para desarrollar actividades culturales, educativas y patrimoniales, que conmemorarán los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile y pondrán en valor el aporte de la migración chilota a la construcción de la región. El Consejero Max Salas destacó el valor simbólico de la iniciativa, señalando el vínculo que mantiene con la comunidad, es un honor, porque permite reconocer el papel que tuvo el pueblo chilote en la integración del extremo austral. XXX Campeonato Nacional Juvenil La cueca también volverá a convocar a jóvenes de distintas regiones del país en Magallanes. Con un aporte de $27.830.000, el XXX Campeonato Nacional Juvenil de Cueca e Intercambio Cultural reunirá entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre a delegaciones provenientes de todo Chile, dando continuidad a un certamen que durante casi tres décadas ha convertido a la región en punto de encuentro del folclore juvenil. En los últimos años, además, la actividad ha extendido parte de su programación hacia otras comunas, fortaleciendo su presencia en el territorio regional. Para el Consejero Juan Morano, ambas iniciativas representan parte importante de la identidad territorial. Valoró especialmente que el campeonato de cueca se mantenga vigente tras casi 30 años de trayectoria y manifestó su expectativa de que las actividades continúen ampliando su alcance hacia comunas más apartadas. En tanto, el Consejero Antonio Bradasic también apoyó la sanción, resaltando la oportunidad que genera, contribuir a que Magallanes y Punta Arenas se posicione como un punto de encuentro nacional en torno a la cultura, el folclore y nuestras tradiciones. La jornada también contempló el apoyo al deporte formativo. En el marco de los 90 años del Instituto Superior de Comercio (INSUCO), el campeonato escolar de futsal recibirá $4.391.220, permitiendo reunir a delegaciones femeninas y masculinas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en una competencia que busca fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y la participación estudiantil.
La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena representó la Resolución N° 61 de 2026 del Gobierno Regional, mediante la cual se aprobaba el contrato de compraventa de terrenos para el proyecto “Adquisición terrenos desarrollo habitacional urbano, Porvenir”, destinado a dar solución habitacional a cerca de 500 familias. A través del Oficio N° OF153592/2026, de 13 de agosto, el organismo fiscalizador resolvió no dar curso al acto administrativo, señalando que el Gobierno Regional no subsanó la totalidad de las observaciones formuladas previamente por Contraloría. El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme recordó que estas irregularidades fueron advertidas por él hace más de tres años, cuando ejercía como consejero regional, durante la sesión del 19 de junio de 2023 en que se sometió a aprobación la adquisición del terreno en la ciudad de Porvenir. En aquella oportunidad, Riquelme citó expresamente los criterios establecidos por Contraloría a propósito del conocido caso Sierra Bella y los dictámenes N° 33.465 de 2013, N° 71.683 de 2015 y N° 1.983 de 2017, preguntando al Gobierno Regional si se habían requerido dos o más tasaciones efectuadas por profesionales especializados o entidades competente , precisamente para garantizar que el precio pagado correspondiera al valor real del inmueble. “Lo advertimos expresamente el 19 de junio de 2023. No se podía comprar un terreno prácticamente a dedo, menos todavía utilizando miles de millones de pesos públicos, sin acreditar adecuadamente el valor de mercado y sin cumplir los estándares que la propia Contraloría había establecido en casos anteriores”, señaló Riquelme. El parlamentario agregó que “lo ocurrido hoy demuestra que nuestras observaciones no eran políticas ni antojadizas. Eran advertencias técnicas y jurídicas concretas que lamentablemente no fueron escuchadas y hoy, perjudican a 500 familias Porvenireñas”. Las graves observaciones de Contraloría Según establece el oficio, persisten diversas deficiencias en el procedimiento. Contraloría señala que no se acompañaron antecedentes suficientes respecto de la difusión efectuada a través del portal SIBIS ni de las circunstancias que permitieran justificar que el inmueble finalmente adquirido correspondiera a la única oferta recibida para la comuna de Porvenir. Además, el organismo determinó que los antecedentes aportados no permiten acreditar suficientemente que el precio de 0,75 UF por metro cuadrado corresponda al justo valor de mercado. Entre las deficiencias metodológicas identificadas se encuentran: * El flujo de caja utilizado para justificar un valor total de $3.333.333.333 continúa sin incorporar variables mínimas que permitan auditarlo, incluyendo costos reales de urbanización, plazos de absorción y tasas de descuento. * El tasador privado reconoció haber ajustado la TIR entre un 11% y un 13% para obtener resultados positivos, sin acompañar la memoria de cálculo que permita justificar técnicamente dicho procedimiento. * El valor del suelo continúa basado en un promedio simple de referencias rurales y urbanas obtenidas de internet, sin factores técnicos que permitan homologar diferencias de superficie, ubicación y grado de urbanización. * El Informe N° 19-2025 del SERVIU no fue modificado ni complementado con un estudio de mercado independiente basado en operaciones comparables propias y válidas. Para Riquelme, los antecedentes resultan especialmente graves considerando que se comprometían más de $3.300 millones de recursos públicos. “Aquí el problema nunca fueron las 500 familias de Porvenbir que necesitan una vivienda. Todo lo contrario: las autoridades tenían la obligación de hacer las cosas bien y los Cores de estudiar lo que votaban. No se puede utilizar una necesidad social para justificar procedimientos mal hechos o compras cuyo precio no ha sido adecuadamente acreditado”. El diputado sostuvo que ahora corresponde establecer por qué las autoridades del Gobierno Regional continuaron adelante con la operación pese a las advertencias formuladas desde 2023 y a las sucesivas observaciones posteriores de Contraloría. “Hace tres años pregunté directamente dónde estaban las tasaciones y cuál era el fundamento jurídico y económico para comprar ese inmueble a dedo y que por ese motivos poníamos en serio peligro la adquisición del terreno Hoy Contraloría termina diciendo que el valor sigue sin estar suficientemente acreditado y que el procedimiento presenta graves deficiencias. El Gobernador Flies y los CORES y el SERVIU tendrán que dar las explicaciones, por qué estas advertencias fueron ignoradas”. Finalmente, Riquelme enfatizó que la decisión de Contraloría no debe significar abandonar una solución habitacional para Porvenir, sino realizar el procedimiento correctamente. “Las 500 familias necesitan sus viviendas, pero también necesitan que cada peso destinado a ellas sea utilizado correctamente. Hay que buscar una solución rápida, transparente y jurídicamente impecable. Lo que no corresponde es insistir en una operación que Contraloría acaba de representar por no cumplir los estándares exigibles”. TRANSCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN DE CONSEJO REGIONAL 19-06-2023: Consejero riquelme: al profesional del gobierno regional yo no sé si usted está familiarizado con con un dictamen que que salió de la contraloría nacional respecto a diversas denuncias formuladas a la adquisición de inmuebles y a cabo por el municipio de Santiago un caso muy bullado que fue el de Sierra bella, lo conoce usted, pudo leer que justamente ese dictamen señalaba y hacía referencia al dictamen 33465/2013 al 71683/2015 y el 1983 del 2017 donde se le señalaba textualmente al municipio de Santiago en una transacción justamente inmobiliaria que está hoy día está parada, que deben requerirse dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados en la materia por entidades financieras yo creo que me pueda responder si esas dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados la materia por entidades financieras están Fueron requeridas por el gobierno regional hacerlas o fueron afectadas por el serviu y en caso que no hayan sido efectuadas Cuál es la razón?
La necesidad de revisar el funcionamiento del Fondo de Medios, las diferencias que —a su juicio— existen en la cobertura pública de investigaciones que involucran a autoridades y, especialmente, la falta de información y las nuevas exigencias que estarían enfrentando familias y agrupaciones de vivienda en Magallanes, fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional Roxana Gallardo Concha, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante la entrevista, la consejera regional manifestó inicialmente su respaldo a la existencia del Fondo de Medios, destacando el rol que cumplen las radios, medios de comunicación locales y otros espacios informativos en las distintas comunidades de la región. Sin embargo, planteó reparos respecto de la forma en que actualmente se administra y sostuvo que debería existir un mecanismo permanente de apoyo. “Yo no tengo problemas con el fondo de medios, yo creo que es una ayuda necesaria para los medios locales, sobre todo esto ocurre en todo Chile, pero hay medios pequeñitos. Y acá no tenemos grandes medios como para que diga que no necesitan este empuje que tampoco estamos hablando de grandes sumas. Perfectibles todo es perfectible”, señaló. Gallardo planteó que una eventual modificación de las bases podría incorporar contenidos que entreguen información de utilidad para la ciudadanía, especialmente respecto de beneficios y programas estatales que muchas personas desconocen. “Yo creo que debieron haber más programas informativos, por ejemplo, de los beneficios que entrega el Estado. Como para educar más a las personas, las personas tienen mucha falta de información en temas que son como relevantes, beneficios que entrega la caja. Entonces hacer como pequeñas cápsulas. Yo creo que eso podría ser como perfectible”, explicó. No obstante, su principal cuestionamiento apuntó al carácter concursable del fondo y a su paso por el Consejo Regional. En ese sentido, sostuvo que los recursos deberían llegar directamente a los medios que cumplan con determinados requisitos, sin quedar sujetos a una decisión política dentro del órgano colegiado. “Yo creo que esto debiera ser una especie de subsidio que entrega el Estado anualmente sin que tenga que haber este tipo de concursos. No, no debiera ser concursable, debiera ser como una especie de subsidio a los medios locales, radios locales, medios de televisión, y que funcionara en forma permanente una vez al año y que, claro, quienes postulan a este tipo de fondos deberían cumplir ciertas normas que son las que se exigen, pero no verlo como un concurso”, sostuvo. A juicio de la consejera, esta fórmula permitiría separar el apoyo a los medios de eventuales consideraciones políticas. “Yo siento que cuando pasan por el Consejo también se puede producir hasta un cierto aprovechamiento de personas, que es como que yo te voy a dar. Yo voy a apoyar el fondo de medios si el fondo de medios debiera ser apoyado siempre”, afirmó. Diferencias en la cobertura de investigaciones Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la percepción de diferencias en la cobertura pública de investigaciones judiciales que involucran a distintas autoridades y figuras políticas de la región. Consultada por si existe una diferencia en la forma en que se informa respecto de casos como los que involucran al senador Alejandro Kusanovic, al diputado Alejandro Riquelme y el gobernador Jorge Flies sobre la situación relacionada con la adquisición de un inmueble para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gallardo sostuvo que sí percibe diferencias. “Sí, ha habido diferencias entre los casos de los políticos que están involucrados. El caso de la casa de Mejor Niñez, si bien sí ha tenido cobertura, siento que no la misma que tuvo el caso los últimos, los casos que tú mencionabas tanto el senador como el diputado”, afirmó. La consejera también puso el foco en la situación de las personas que son objeto de una investigación judicial, recordando que una indagatoria no significa necesariamente que exista culpabilidad. “Porque cuando tú estás siendo investigado. No eres culpable, todavía estás siendo investigado, pero de repente toda la información se concentra en algunos casos y no en otros, pero cuando resulta que estos procesos terminan para bien o para mal, si sales culpable, bueno, por supuesto que va a ser, pero cuando sale un inocente algunas personas yo no he visto la misma cobertura de los medios”, manifestó. En esa línea, explicó que las diferencias en la exposición pública pueden producirse también por el interés que generan determinadas noticias. “Lo malo no es muy atractivo para el consumidor, que al final es la población y lo vemos en los matinales. La primera noticia que sale fue el portonazo de anoche, el asalto, cuando igual están pasando algunas cosas positivas, pero eso no es muy destacable”, señaló. Gallardo agregó que, según lo informado durante la sesión del Consejo Regional, se habrían solicitado explicaciones respecto de los tiempos y diferencias en la entrega de determinada información judicial. “No hay desalojo”: Gallardo aborda situación de la toma La situación habitacional también ocupó una parte importante de la conversación. Consultada por el proceso anunciado en torno a una toma de terrenos y el eventual desalojo de sus ocupantes, la consejera regional fue enfática en señalar que, según los antecedentes que maneja, lo que se estaría desarrollando corresponde más bien a un proceso de relocalización. “No hay desalojo. Tú pasas por ahí, un desalojo todos sabemos lo que es un desalojo. Aquí lo que hay es una relocalización de personas. Y usar la palabra desalojo, que en algún minuto se anunció con bombos y platillos, eso no es y no sé si va a ser algún día”, sostuvo. Gallardo también cuestionó que se hayan establecido plazos para el desarrollo de este tipo de acciones, considerando las dificultades que pueden existir para concretarlos. “Lo peor en política o en este tipo de acciones es poner plazo. Porque normalmente no se pueden cumplir”, afirmó. Según explicó, hasta ahora ha conocido de casos de adultos mayores que han accedido a viviendas tuteladas, aunque se trataría de situaciones específicas y sujetas a determinadas condiciones. “Hasta el minuto, lo que yo sé es que se han entregado viviendas tuteladas, algunas personas adultas mayores que cumplían con esas condiciones para poder ocupar estas viviendas que se entregan a comodato”, indicó. Críticas a nuevas exigencias para acceder a viviendas Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las familias que buscan acceder a soluciones habitacionales mediante el subsidio DS49. Gallardo manifestó preocupación por lo que calificó como una “falta de información brutal” respecto de las nuevas condiciones que estarían siendo solicitadas a dirigentes y agrupaciones. “Últimamente se han estado llamando a dirigentes de vivienda para ponerle nuevas normas y nuevamente quien hace los llamados y dice cómo o qué condiciones tienes que cumplir para postular a un subsidio, este del DS49, que es al que todo el mundo aspira en el fondo porque es sin crédito hipotecario”, explicó. Entre las exigencias mencionadas se encuentra la acreditación de contratos de arriendo y de los pagos efectuados durante los últimos 12 meses mediante transferencias electrónicas directamente al propietario del inmueble. Gallardo advirtió que este tipo de requisitos puede generar problemas para personas que históricamente han pagado sus arriendos en efectivo o cuyos pagos han sido efectuados por familiares. “Cuando tú no le avisas eso a las personas con anticipación, muchas personas pagan en efectivo, quedan fuera porque no tienen el registro. El vale que usábamos antiguamente, yo pagué arriendo casi más de 15 años, siempre lo he dicho. Y me acuerdo muy bien que cuando rondaba casas en sectores antiguos como el barrio Prat, todos esos lugares, la dueña de casa me llegaba un vale, vale por el monto del arriendo. Bueno, esos vales ya no sirven, tienen que ser transferencias electrónicas hacia el dueño”, relató. La consejera regional agregó que también podrían producirse dificultades para quienes aparecen como allegados o para familias que deben acreditar determinadas situaciones familiares. “Ahora resulta que los allegados también tienen que demostrar que son allegados y demostrarlo. ¿Cómo? ¿Con los títulos de dominio del dueño de la casa, donde tú dices que eres allegado?”, cuestionó. A su juicio, si existen nuevas reglas para todo el país, estas deberían establecerse formalmente y aplicarse de manera uniforme, evitando que Magallanes enfrente requisitos particulares que no sean conocidos oportunamente por las familias. “Si el ministro dice vamos a hacer nueva política habitacional, vamos a hacer nuevos lineamientos y vamos a sacar decretos con estos nuevos lineamientos para todo Chile, en todo Chile las personas que arriendan tienen que tener 12 meses de arriendo comprobable con transferencia electrónica, entonces las reglas del juego pasan a ser parejas para todos”, planteó. Preocupación por el financiamiento de nuevos proyectos Otro de los aspectos que generó preocupación en la consejera regional fue el futuro del convenio mediante el cual el Gobierno Regional aporta recursos para el financiamiento de proyectos habitacionales. Gallardo sostuvo que el convenio de programación vigente contempla recursos hasta 2027, pero que el acuerdo debe cerrarse durante este año y que todavía no existirían definiciones claras sobre su continuidad. “Tenemos de programación hasta el 2027, se cierra este año exactamente entonces y no ha habido nada, no tenemos nada y nosotros que somos la parte que entrega los fondos para esto somos los que estamos más interesados porque estamos todo el tiempo pidiendo, incluso tratando de conseguir una audiencia con el ministro como Consejo para ver qué es lo que va a ocurrir”, señaló. La consejera advirtió que la incertidumbre podría afectar directamente la concreción de proyectos habitacionales que están siendo presentados a las familias. “Porque si no la familia se le va a presentar un proyecto de casa, estoy hablando de las casas, pero resulta que cuando no tengan el financiamiento eso no va a avanzar para ninguna parte”, afirmó. En ese contexto, Gallardo cuestionó que se convoque a numerosas familias a entregar antecedentes cuando la cantidad de viviendas disponibles es considerablemente menor que la demanda existente. “Cuando tú tienes un proyecto de 140 casas, que es lo que se le presentó a la familia en esta última semana. Y llamas a 1000 personas para pedirle su documento es jugar con la ilusión de las personas”, sostuvo. Para la consejera regional, una de las soluciones pasa por fortalecer el rol de los municipios como entidades patrocinantes, permitiendo ordenar la demanda habitacional y contar con información precisa respecto de cuántas personas cumplen efectivamente con los requisitos. “¿Qué mejor que un municipio que es quien aplica también el Registro Social de Hogares? Entonces tiene toda la información como para ir purificando esto”, señaló. A su juicio, contar con entidades patrocinantes municipales permitiría dimensionar de mejor manera la demanda real en cada comuna y evitar procesos en que numerosas familias terminen quedando fuera después de haber iniciado sus trámites. “El tema de postulación a vivienda va en picada” Gallardo fue especialmente crítica respecto de lo que considera una creciente cantidad de requisitos y filtros para acceder a una vivienda. “Creo que el tema de postulación a vivienda va en picada porque se está haciendo mucha selección y hay mucha norma nueva. Y es por un tema de financiamiento”, afirmó. En su opinión, también debería revisarse el actual modelo de acceso a la vivienda y la posibilidad de recuperar mecanismos de pago de dividendos para determinados sectores. “Hay que cambiar de etapa. Cuando una familia de la mal llamada clase media tiene que pagar un dividendo de 480 o 580 mil pesos mensuales por un crédito en el banco para obtener su casa, esa misma familia, si fuera por medio del Estado, podría pagar la mitad de eso para poder vivir en paz”, planteó. La consejera regional recordó antiguos modelos de vivienda social existentes en Punta Arenas, donde las familias pagaban dividendos por sus viviendas, y sostuvo que un sistema de este tipo podría permitir ampliar el acceso a nuevas familias. “Entonces debiera existir un pago como existió en todas las poblaciones antiguas de Punta Arenas hasta el Alfredo Lorca, la gente del Alfredo Lorca pagaba un dividendo, un pequeño dividendo que se pagaba al Serviu todos los meses. Hubieron algunos que no pagaron, por supuesto, siempre va a haber gente que no cumple, pero el 90% de las familias pagaban su dividendo”, afirmó. Gallardo defendió la idea de que las políticas públicas deben adoptar decisiones que no necesariamente sean populares, pero que permitan enfrentar las dificultades estructurales del acceso a la vivienda. “Nadie quiere tomar el toro por las astas, porque claro, son medidas que no son populares. Entonces vivimos en un mundo de que lo popular es lo que se vende. Vivimos en un mundo donde todo lo que la gente tiene miedo a las funas, tiene miedo a que te hagan. Pero cuando las personas llegan a cargo de poder tienen la obligación, porque para eso se les paga, a tomar decisiones”, concluyó.
El consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, abordó una amplia agenda de temas regionales y nacionales durante su participación la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde analizó desde el funcionamiento del Fondo de Medios y proyectos de infraestructura en Magallanes hasta el Plan de Reconstrucción Nacional, la seguridad pública y el escenario político. Uno de los primeros temas fue la reciente sesión del Consejo Regional destinada a la aprobación del Fondo de Medios, instancia que, según explicó, constituye una herramienta relevante para fortalecer a los medios de comunicación locales, especialmente en las comunas más apartadas. Son fondos que entrega el gobierno a los medios de comunicación regionales de diferentes plataformas televisivas, digital, radial, etcétera, escrita también para potenciar cierto lo que es la la entrega de información. En lo personal creo y me tocó hacerlo cuando fui seremi de Gobierno. Es una herramienta muy, muy importante, sobre todo en una región tan extensa como la nuestra, que tiene medios de comunicación, sobre todo en comunas que son apartadas, que no cuentan con mucho recurso. Por lo tanto, estos fondos le dan un impulso para seguir desarrollando la gran tarea que necesitan. Yo creo que es una buena política pública que hay que potenciar. No obstante, reconoció que el proceso presenta aspectos que pueden perfeccionarse, especialmente luego de detectarse casos en que algunos postulantes presentaban más de una postulación mediante distintos RUT. Representantes del Consejo Regional que estuvieron en la comisión evaluadora, como asimismo el seremi de Gobierno, hicieron ver que hubo algunos medios que disponían de varios RUT, entonces postularon varias veces. Y eso genera una cierta desigualdad a la hora de competir, por lo tanto es algo que tenemos que arreglar en un futuro. El Consejo Regional tiene participación en las bases de lo que es la distribución de los dineros del Fondo de Medios, por lo tanto es algo que quedó ahí y que no te quepa ninguna duda que en un futuro próximo lo vamos a abordar. Caso Mejor Niñez y polémicas en el Consejo Regional Consultado por la investigación sobre la compra del inmueble destinado al Servicio de Mejor Niñez, Díaz señaló que corresponde respetar el trabajo de la Fiscalía y diferenció ese caso de otras controversias que, según indicó, finalmente no prosperaron. Como ejemplo recordó la discusión por la aprobación de recursos adicionales para la demolición del antiguo Hospital Regional de Punta Arenas. Hubo algunos consejeros regionales que saltaron, como siempre, tirando unas cosas medias extrañas, que podía haber algunos vínculos de la empresa incluso con consejeros regionales, haciendo atisbos de comentarios de corrupción. Esto llevó a que presentaran un escrito a Contraloría y Contraloría hace un par de semanas se pronunció que no había absolutamente nada irregular al respecto. Dio luz verde a los 500 millones y tranquilidad para la gente que vive en el sector, porque se va a seguir con el trabajo. Respecto al caso Mejor Niñez, recordó que la adquisición del inmueble respondió al desistimiento del propietario de una vivienda que originalmente encabezaba la evaluación. La casa que se compró finalmente estaba en segundo lugar después de siete. Había otra casa que se iba a comprar, pero el que la vendía se desistió de la venta. Si no se hubiera desistido, no estaríamos hablando de esto y ahí fue que corrió la lista para que las personas lo entiendan. Se compró esta casa y eso es algo que todavía está en investigación. Críticas por el aeropuerto de Puerto Natales y los Huertos Familiares En materia regional, el consejero manifestó su preocupación por las obras que afectan la operatividad del aeródromo de Puerto Natales durante la temporada alta de turismo. En todo discurso de todos los políticos está el potenciar la descentralización, potenciar turísticamente a Última Esperanza y sin duda que una de las principales palancas para esto es tener un aeropuerto de primer nivel y sobre todo funcional los 365 días del año. Uno entiende perfectamente que en algún momento hay que hacer arreglos, pero uno cree que los arreglos deberían hacerse en la época que hay menos flujo turístico, no precisamente en enero y febrero. También calificó como impresentable los problemas de coordinación registrados en el sector de Huertos Familiares. Lo que ocurrió es algo impresentable, hay que decirlo con todas sus letras. El hecho que se vaya construyendo un camino y atrás se vaya ubicando lo que se está haciendo es algo que no se entiende, hasta de caricatura. Son problemas de coordinación. Cuesta entender qué fue lo que pasó y obviamente habrá que tomar las medidas correspondientes para que esto no ocurra. Se está aprovechando un desastre natural Gran parte de la entrevista estuvo centrada en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional y la reforma tributaria impulsada por el Gobierno. Díaz reiteró su rechazo a la iniciativa, asegurando que, a su juicio, utiliza la reconstrucción posterior a un desastre natural para introducir cambios económicos que benefician a los sectores de mayores ingresos. Aquí tenemos un aprovechamiento de un desastre natural ocurrido hace un tiempo para impulsar una serie de medidas tributarias económicas que están beneficiando a los sectores más ricos de nuestro país en desmedro de la gran cantidad de la población. Cuando digo en desmedro de la gran cantidad de la población, estamos hablando del 99% de los chilenos y chilenas. Entonces está este afán por ir maquillando esta reforma, darle un contenido social que no existe. La gente tiene que tenerlo muy claro: no existe. Añadió que, desde su perspectiva, el objetivo de la reforma permanece inalterable. El espíritu de esta reforma está claro y nosotros como oposición tenemos que manifestarlo cada vez que podamos para que la gente de una vez por todas entienda que este gobierno está siendo nefasto en ese aspecto para la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Asimismo, expresó su expectativa de que el Tribunal Constitucional revierta parte de las disposiciones cuestionadas. Cuestionamientos a la agenda de seguridad Respecto de la reciente cadena nacional del Presidente y el énfasis puesto en seguridad pública, Díaz sostuvo que los anuncios no reflejan avances concretos. En el tema seguridad, aparte de la zanja, yo no he visto mayor avance y uno esperaba que por lo menos esa gran bandera de lucha de la derecha, que era aumentar la seguridad en Chile, disminuir la violencia, disminuir los delitos, eso no se ha visto reflejado, ni siquiera en cifras. Entonces ahí yo creo que también el gobierno está en deuda y no veo tampoco una disponibilidad para avanzar en dichos temas. También cuestionó el manejo del caso del subsecretario que dio positivo a un test antidrogas y posteriormente presentó exámenes particulares. En el caso del subsecretario se le iba a hacer la contramuestra y dijo: 'No confío en este sistema, voy a otro lado', y trae un par de exámenes que indicaban que era negativo, pero por fuera del sistema. Entonces ese es algo que deja bastante que desear porque nuevamente se les cae el discurso. Llamado a la unidad de la oposición En la parte final de la conversación, el consejero regional hizo un llamado a las fuerzas opositoras a dejar de lado las diferencias internas y concentrarse en enfrentar al Gobierno. Como oposición tenemos que tener primero madurez y altura de miras, dejar de pelearnos entre nosotros y ver que al frente tenemos un adversario político que es poderoso y que es peligroso para el país. Yo creo que es una responsabilidad inmensa la que tiene la oposición en este momento: intentar ponernos de acuerdo, no caer en la pelea chica, no caer en cálculos electorales, sino defender a Chile.
Una serie de cuestionamientos al funcionamiento del Fondo de Medios, al tratamiento comunicacional de investigaciones judiciales y a la gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta durante su participación, la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Uno de los primeros temas abordados fue la reciente aprobación del Fondo de Medios por parte del Consejo Regional. Arecheta, quien integró la comisión evaluadora, sostuvo que la experiencia dejó en evidencia vacíos normativos que, a su juicio, deben corregirse para evitar que un mismo medio concentre múltiples adjudicaciones. Hay varias cosas que corregir en el Fondo de Medios y un par de situaciones que yo diría que son bastante impresentables. Hubo un medio de comunicación que presentó nueve postulaciones y se adjudicó cuatro. Yo le busqué y le rebusqué a las bases, a la ley, la posibilidad de que esto no ocurra y finalmente no hay. Hay un vacío legal y ahí hay un mea culpa de los consejeros, porque nosotros aprobamos esas bases. (...) No son ilegales, pero son injustas porque hay medios que se esfuerzan mucho que quedan fuera. El espíritu de la norma no es ese, entonces tenemos que corregir esto. Yo me comprometo a hacerlo cuando vuelvan las bases al Consejo. El consejero agregó que también existe una deuda respecto de la difusión del concurso hacia medios comunitarios y localidades apartadas de la región. Debiese estar más difundido incluso a localidades rurales, a la gente que anda haciendo patria en nuestra extensa región. Yo creo que ellos debiesen ser los principales beneficiarios. No veo tantas radios comunitarias en las postulaciones y me da la impresión de que tampoco ha habido suficiente difusión para que estos pequeños medios puedan acceder. Durante la conversación también analizó la relación entre política y medios de comunicación, planteando la necesidad de revisar la legislación vigente para evitar conflictos de interés. Los políticos no deberían tener control ni directo ni indirecto de medios de comunicación. Me parece que en comunidades pequeñas como la nuestra eso genera problemas. Los medios hoy enfrentan dificultades económicas porque el avisaje se está yendo a otras plataformas y ahí entra la tentación de mezclar la política con el financiamiento de los medios. Creo que es una discusión que nuestro país tiene que dar. Diferencias en investigaciones judiciales Otro de los puntos centrales fue el desarrollo de investigaciones que involucran a distintas autoridades regionales. Arecheta manifestó preocupación por lo que considera diferencias en la forma en que el Ministerio Público comunica sus diligencias. Yo tengo temor de que la Fiscalía pudiese estar teniendo un sesgo político en la forma de comunicar las investigaciones. Digo temor porque no tengo la certeza, pero hay situaciones que me llaman la atención. Me parece súper bien que al senador Kusanovic se le esté investigando y que las medidas intrusivas se comuniquen públicamente. Lo mismo respecto al diputado Alejandro Riquelme. Lo que uno esperaría es que este tratamiento comunicacional sea el mismo tratándose del gobernador Flies y eso es lo que uno no ve. En esa línea, afirmó que solicitó antecedentes en el marco de una causa judicial relacionada con el gobernador regional. Yo solicité al Ministerio Público, a través del tribunal, que informara en qué calidad está el señor Flies y respondió que está en calidad de imputado. Lo único que uno pide es que se actúe con la misma vara. Me parece bien la vara que se usa para el senador Kusanovic, pero no se está usando con el gobernador Flies y eso a mí me parece preocupante. Asimismo, cuestionó la utilización de acciones judiciales en el ámbito político, haciendo referencia a querellas presentadas contra consejeros regionales. La instrumentalización del sistema judicial yo creo que la hizo el señor Flies, porque ya hay varios consejeros sobreseídos y tiene que pagar un millón de pesos a cada uno de ellos, más quinientos mil pesos por la apelación. Si hay instrumentalización, se está viendo y hay resoluciones judiciales que han hecho al señor Flies pagar más de una vez por lo que hizo. Críticas al MOP por Huertos Familiares Respecto de la situación de los trabajos en Huertos Familiares, en Puerto Natales, Arecheta calificó como grave el perjuicio económico denunciado y llamó a establecer responsabilidades administrativas. Lo que vimos en Huertos Familiares es impresentable y es grave. Básicamente hay un perjuicio patrimonial para el Estado de diez mil millones de pesos. Había una división del Ministerio de Obras Públicas arreglando el camino y venía otra división atrás rompiendo el camino. Era una cuestión absurda. El consejero sostuvo que espera sanciones si se acreditan responsabilidades. Necesitamos responsabilidades. Acá alguien que toma una mala decisión que cuesta diez mil millones de pesos, si no está preso, por lo menos tiene que estar fuera del servicio. Eso es un mínimo. Yo escuché al seremi Marusic y no veo ese ánimo. Me preocupa porque muchas de las cosas que la ciudadanía resiente hoy día es la falta de responsabilidad y de justicia. Aeródromo de Puerto Natales En la parte final de la entrevista, Arecheta criticó la forma en que el Ministerio de Obras Públicas ha abordado la intervención de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, asegurando que la principal dificultad ha sido la falta de fundamentos técnicos públicos antes de anunciar la medida. Yo creo que con el aeródromo de Puerto Natales lo que hemos visto es improvisación, falta de seriedad y falta de profesionalismo en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Una decisión de esta naturaleza, que puede afectar a tantas familias porque el sustento de Puerto Natales en el verano es el turismo, tiene que ser una decisión fundada. Esto se anunció hace casi un mes y todavía no aparecía el informe técnico que justificara que esa era la única manera de hacerlo. También cuestionó que inicialmente se hiciera referencia a un documento elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción. No se puede trabajar así. Un seremi no puede estar tomando decisiones basado en documentos aportados por una entidad gremial. Eso genera un montón de especulaciones. Los natalinos tienen todo el derecho a estar furiosos porque la actividad productiva más importante de la provincia se va a ver afectada y la forma en que se comunicó esto produjo una crisis política completamente evitable. Finalmente, insistió en que, más allá de la solución técnica que corresponda adoptar, el problema ha sido el manejo administrativo y comunicacional del proceso. No soy experto en pavimentos y no voy a inventar una opinión técnica. Lo que sí sé es que la forma en que se hizo esto es pésima. Hay órganos de la Administración del Estado que están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones. Uno no puede anunciar una medida de esta magnitud y recién un mes después comenzar a presentar informes para justificarla.
