Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
Hasta la Contraloría General de la República en Santiago llegó Alejandro Avendaño Gallardo, ex dirigente sindical, con el objetivo de reiterar y reforzar un pronunciamiento previamente ingresado el 16 de octubre de 2025 ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de las reiteradas y desproporcionadas alzas en las tarifas de la electricidad en la región, las cuales superan el 60%. Esta nueva gestión responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la única comunicación recibida desde la Contraloría Regional fue mediante correo electrónico con fecha 15 de diciembre de 2025, en la cual, en su apartado “III. Análisis y conclusiones”, se señalaba la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instruyendo a dicho organismo a responder directamente al interesado en un plazo de 15 días. Sin embargo, a la fecha, dicho mandato no ha sido cumplido, evidenciando una preocupante inacción institucional. Incluso, ante nuevas consultas, se ha indicado una extensión de plazo de 7 días adicionales, sin que ello haya derivado en respuesta alguna. Resulta inaceptable que un organismo fiscalizador de la relevancia de la Contraloría no cuente con la debida colaboración de la Superintendencia, lo que no solo retrasa la resolución de una problemática urgente, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, se ha planteado una inconsistencia estructural en la justificación de las alzas tarifarias. Las regiones de Aysén y Magallanes no forman parte del Sistema Eléctrico Nacional interconectado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente los mismos incrementos tarifarios que afectan al resto del país. Esta situación exige una revisión técnica y política profunda. A ello se suma un antecedente aún más preocupante: el propio gerente de Edelmag Magallanes ha informado públicamente respaldado por reportes de la Comisión para el Mercado Financiero, que la empresa registró un aumento de utilidades del 54% durante el año 2024, alcanzando los $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año anterior. Surge entonces una interrogante legítima: ¿cómo se justifica este incremento en las ganancias en un contexto donde se ha señalado la existencia de un congelamiento tarifario? Existen además dudas relevantes respecto al cálculo de tarifas en las regiones australes. Mientras Aysén genera energía principalmente a través de diésel, lo que implica mayores costos, Magallanes cuenta con una matriz energética donde más del 87% proviene de gas a precio preferencial, incluso inferior al que pagan los propios usuarios. A esto se suma la incorporación de energías renovables mediante el parque eólico Vientos Patagónicos, proyecto que fue presentado como una solución para abaratar costos, pero que en la práctica no ha significado ninguna rebaja en las tarifas para la ciudadanía, pese a la significativa inversión pública comprometida. Confío plenamente en que la Contraloría General de la República, con sus profesionales altamente capacitados, no se limitará a aceptar la falta de respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y ejercerá todas sus atribuciones para esclarecer estos hechos y resguardar el interés de la ciudadanía”, señaló Avendaño. Este caso no solo refleja una problemática regional, sino que también plantea un desafío nacional en materia de equidad, transparencia y regulación efectiva de los servicios básicos.
El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación por eventuales irregularidades en procesos de contratación al interior del Gobierno Regional de Magallanes. Según el comunicado, los antecedentes apuntan a la adjudicación de contratos a una empresa con presuntos vínculos familiares con un alto funcionario. De acuerdo con lo expuesto, durante los años 2023 y 2024 se desarrollaron procesos de adquisición vinculados a proyectos en Puerto Edén, relacionados con la compra de madera para obras públicas. En este contexto, la empresa Forestal Los Robles Limitada habría resultado beneficiada tanto en una licitación pública como en una posterior contratación directa. El parlamentario sostuvo que los hechos podrían vulnerar principios de transparencia y probidad, señalando que un funcionario asesor jurídico del Gobierno Regional habría participado en distintas etapas del proceso, incluyendo la aprobación de bases, adjudicación y ampliación de contratos, manteniendo presuntos vínculos familiares con los socios de la empresa. Asimismo, el diputado indicó que la situación se vería agravada por la aprobación de una contratación directa posterior con la misma empresa, cuestionando la fundamentación de dicha decisión. En esa línea, solicitó que se revisen los actos administrativos involucrados y se determinen eventuales responsabilidades. Finalmente, Riquelme Ducci pidió que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, en el marco de una investigación que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades en el uso de recursos públicos.
Durante la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que cuestiona el gasto municipal en actividades comunitarias, entregando una mirada centrada en la realidad territorial y social de la comuna. En ese contexto, se expuso que el análisis basado en indicadores per cápita no refleja adecuadamente las condiciones de una comuna rural extrema como Laguna Blanca, caracterizada por su extensa superficie, baja densidad poblacional y una economía principalmente vinculada a la actividad ovina. Estas particularidades, según se indicó, hacen poco comparables sus cifras con las de comunas urbanas. Asimismo, se destacó que el municipio opera con recursos acotados provenientes mayoritariamente del Fondo Común Municipal, lo que obliga a una administración enfocada en priorizar el bienestar de los habitantes, especialmente en un territorio con condiciones de aislamiento. Desde la administración comunal se subrayó que gran parte del presupuesto está orientado a inversión social, con énfasis en educación, apoyo directo a familias, programas de inclusión para personas en situación de discapacidad y acceso a prestaciones de salud, incluyendo atención especializada y beneficios asociados. En relación con los montos observados por el organismo contralor, se aclaró que estos considerarían la sumatoria de más de un periodo anual, lo que influiría en la percepción del gasto. En esa línea, se indicó que se solicitará un mayor desglose de la información para comprender en detalle los criterios utilizados. Respecto a las actividades comunitarias, se planteó que estas corresponden a iniciativas de bajo costo que buscan fortalecer la cohesión social y ofrecer espacios de encuentro en un territorio con limitadas alternativas de esparcimiento. Dentro de estas, también se relevó la importancia de eventos tradicionales que cumplen un rol identitario y de alcance regional. Finalmente, se enfatizó que la gestión financiera del municipio busca mantener un equilibrio entre la atención de necesidades prioritarias en áreas como salud y educación, junto con la promoción de instancias que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.
La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
Hasta la Contraloría General de la República en Santiago llegó Alejandro Avendaño Gallardo, ex dirigente sindical, con el objetivo de reiterar y reforzar un pronunciamiento previamente ingresado el 16 de octubre de 2025 ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de las reiteradas y desproporcionadas alzas en las tarifas de la electricidad en la región, las cuales superan el 60%. Esta nueva gestión responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la única comunicación recibida desde la Contraloría Regional fue mediante correo electrónico con fecha 15 de diciembre de 2025, en la cual, en su apartado “III. Análisis y conclusiones”, se señalaba la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instruyendo a dicho organismo a responder directamente al interesado en un plazo de 15 días. Sin embargo, a la fecha, dicho mandato no ha sido cumplido, evidenciando una preocupante inacción institucional. Incluso, ante nuevas consultas, se ha indicado una extensión de plazo de 7 días adicionales, sin que ello haya derivado en respuesta alguna. Resulta inaceptable que un organismo fiscalizador de la relevancia de la Contraloría no cuente con la debida colaboración de la Superintendencia, lo que no solo retrasa la resolución de una problemática urgente, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, se ha planteado una inconsistencia estructural en la justificación de las alzas tarifarias. Las regiones de Aysén y Magallanes no forman parte del Sistema Eléctrico Nacional interconectado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente los mismos incrementos tarifarios que afectan al resto del país. Esta situación exige una revisión técnica y política profunda. A ello se suma un antecedente aún más preocupante: el propio gerente de Edelmag Magallanes ha informado públicamente respaldado por reportes de la Comisión para el Mercado Financiero, que la empresa registró un aumento de utilidades del 54% durante el año 2024, alcanzando los $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año anterior. Surge entonces una interrogante legítima: ¿cómo se justifica este incremento en las ganancias en un contexto donde se ha señalado la existencia de un congelamiento tarifario? Existen además dudas relevantes respecto al cálculo de tarifas en las regiones australes. Mientras Aysén genera energía principalmente a través de diésel, lo que implica mayores costos, Magallanes cuenta con una matriz energética donde más del 87% proviene de gas a precio preferencial, incluso inferior al que pagan los propios usuarios. A esto se suma la incorporación de energías renovables mediante el parque eólico Vientos Patagónicos, proyecto que fue presentado como una solución para abaratar costos, pero que en la práctica no ha significado ninguna rebaja en las tarifas para la ciudadanía, pese a la significativa inversión pública comprometida. Confío plenamente en que la Contraloría General de la República, con sus profesionales altamente capacitados, no se limitará a aceptar la falta de respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y ejercerá todas sus atribuciones para esclarecer estos hechos y resguardar el interés de la ciudadanía”, señaló Avendaño. Este caso no solo refleja una problemática regional, sino que también plantea un desafío nacional en materia de equidad, transparencia y regulación efectiva de los servicios básicos.
El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación por eventuales irregularidades en procesos de contratación al interior del Gobierno Regional de Magallanes. Según el comunicado, los antecedentes apuntan a la adjudicación de contratos a una empresa con presuntos vínculos familiares con un alto funcionario. De acuerdo con lo expuesto, durante los años 2023 y 2024 se desarrollaron procesos de adquisición vinculados a proyectos en Puerto Edén, relacionados con la compra de madera para obras públicas. En este contexto, la empresa Forestal Los Robles Limitada habría resultado beneficiada tanto en una licitación pública como en una posterior contratación directa. El parlamentario sostuvo que los hechos podrían vulnerar principios de transparencia y probidad, señalando que un funcionario asesor jurídico del Gobierno Regional habría participado en distintas etapas del proceso, incluyendo la aprobación de bases, adjudicación y ampliación de contratos, manteniendo presuntos vínculos familiares con los socios de la empresa. Asimismo, el diputado indicó que la situación se vería agravada por la aprobación de una contratación directa posterior con la misma empresa, cuestionando la fundamentación de dicha decisión. En esa línea, solicitó que se revisen los actos administrativos involucrados y se determinen eventuales responsabilidades. Finalmente, Riquelme Ducci pidió que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, en el marco de una investigación que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades en el uso de recursos públicos.
Durante la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que cuestiona el gasto municipal en actividades comunitarias, entregando una mirada centrada en la realidad territorial y social de la comuna. En ese contexto, se expuso que el análisis basado en indicadores per cápita no refleja adecuadamente las condiciones de una comuna rural extrema como Laguna Blanca, caracterizada por su extensa superficie, baja densidad poblacional y una economía principalmente vinculada a la actividad ovina. Estas particularidades, según se indicó, hacen poco comparables sus cifras con las de comunas urbanas. Asimismo, se destacó que el municipio opera con recursos acotados provenientes mayoritariamente del Fondo Común Municipal, lo que obliga a una administración enfocada en priorizar el bienestar de los habitantes, especialmente en un territorio con condiciones de aislamiento. Desde la administración comunal se subrayó que gran parte del presupuesto está orientado a inversión social, con énfasis en educación, apoyo directo a familias, programas de inclusión para personas en situación de discapacidad y acceso a prestaciones de salud, incluyendo atención especializada y beneficios asociados. En relación con los montos observados por el organismo contralor, se aclaró que estos considerarían la sumatoria de más de un periodo anual, lo que influiría en la percepción del gasto. En esa línea, se indicó que se solicitará un mayor desglose de la información para comprender en detalle los criterios utilizados. Respecto a las actividades comunitarias, se planteó que estas corresponden a iniciativas de bajo costo que buscan fortalecer la cohesión social y ofrecer espacios de encuentro en un territorio con limitadas alternativas de esparcimiento. Dentro de estas, también se relevó la importancia de eventos tradicionales que cumplen un rol identitario y de alcance regional. Finalmente, se enfatizó que la gestión financiera del municipio busca mantener un equilibrio entre la atención de necesidades prioritarias en áreas como salud y educación, junto con la promoción de instancias que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.
La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores vulnerables. Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O'Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales. La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos acusó la dirigente. Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores. La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias. En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados. Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.
