La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por el Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según indican— afectaría la implementación de la Ley N° 21.561 que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas. De acuerdo con la organización, la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de ser considerado parte de la jornada laboral. Esto, afirman, se traduciría en un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, argumentando que podría vulnerar derechos laborales y afectar a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Desde la federación advierten que, en la práctica, las jornadas podrían alcanzar hasta 44,5 horas semanales. A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando los derechos laborales vigentes. Finalmente, FENADAJ informó que se mantiene en estado de alerta y que evaluará acciones para revertir la interpretación, insistiendo en la necesidad de aplicar criterios acordes con los principios del Derecho del Trabajo.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó una serie de temas de interés público, destacando avances en materia de salud, fiscalización de recursos públicos y seguridad en establecimientos educacionales. En primer término, el parlamentario se refirió a la reciente activación de la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional, medida que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del cáncer en el país y reducir los tiempos de espera. Esta decisión ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según explicó, este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas en conjunto con organizaciones de pacientes oncológicos, con quienes sostuvo reuniones para visibilizar la urgencia de actuar frente a una situación que afecta a miles de familias, especialmente en la Región de Magallanes. En otro ámbito, Riquelme se refirió al informe emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que confirmó irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento, correspondiente al Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, ratifica falencias en la contratación para la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, incluyendo el uso de trato directo sin justificación adecuada, la tercerización de funciones propias del municipio y la omisión de cláusulas de confidencialidad en un contrato por 52,8 millones de pesos. Esta resolución se origina tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional, lo que permitió activar la fiscalización del organismo contralor. Finalmente, el diputado valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora continuará su tramitación en el Senado. La propuesta contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, además de herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, junto con mejoras en los procesos de denuncia, fiscalización y en las atribuciones de la autoridad docente, todo enmarcado en el respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.
La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ha emitido el Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, el cual ratifica graves falencias en la contratación de la Fundación Procultura por parte de la Municipalidad de Porvenir para la ejecución del Programa para Pequeñas Localidades. El organismo de control determinó que el municipio recurrió a un trato directo sin justificación adecuada, tercerizó funciones que debían ser ejecutadas directamente por la corporación y omitió cláusulas de confidencialidad esenciales en el contrato de 52,8 millones de pesos. Esta resolución llega tres años después de que el entonces Consejero Regional y actual diputado Alejandro Riquelme Ducci presentara la denuncia que dio origen a esta fiscalización, alertando sobre el uso de recursos públicos destinados al desarrollo urbano y habitacional de la comuna. Declaraciones del Diputado Alejandro Riquelme: Respecto a la confirmación de estas irregularidades, el diputado Alejandro Riquelme señaló: Este informe de Contraloría es el resultado de un trabajo de fiscalización que iniciamos hace tres años. Cuando denunciamos estas anomalías, lo hicimos con la convicción de que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Porvenir no podían ser entregados a dedo. Hoy, el organismo de control nos da la razón: hubo una falta de concursabilidad inaceptable y se evitó la licitación pública sin razones que lo justificaran. El parlamentario también se refirió a la tercerización de funciones detectada por el ente fiscalizador: Es extremadamente grave que la Municipalidad haya tercerizado funciones sustantivas que le correspondían ejecutar directamente. No solo se contrató por trato directo por más de 52 millones de pesos, sino que se delegó en una fundación privada responsabilidades públicas, vulnerando los convenios suscritos con el MINVU y la propia Constitución. Finalmente, sobre las acciones a seguir tras la apertura de un proceso disciplinario por parte de la Contraloría, Riquelme enfatizó: No descansaremos hasta que se determinen las responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales. La incautación de documentos por parte de la PDI en el municipio y la Seremi de Vivienda demuestra que estamos ante hechos de la mayor relevancia. El cuidado de los recursos públicos debe ser la prioridad, especialmente en zonas extremas donde cada peso cuenta para el desarrollo de nuestra gente y exigiremos que se recupere hasta el último peso. Principales Hallazgos del Informe N° 407-2025: La investigación de la Contraloría estableció, en primer lugar, una grave falta de concursabilidad en la contratación de la Fundación Procultura. El ente fiscalizador determinó que el municipio no logró acreditar las circunstancias excepcionales que exige la ley para obviar una licitación pública. De este modo, el recurso al trato directo careció de una fundamentación técnica que justificara por qué dicha fundación era la única capaz de ejecutar el programa, omitiendo además la evaluación de otras alternativas disponibles en el mercado. Asimismo, el informe detectó una indebida tercerización de funciones en la implementación del Programa para Pequeñas Localidades. Según el organismo de control, la Municipalidad de Porvenir delegó en la fundación privada la ejecución íntegra de las etapas de diagnóstico y plan de desarrollo, lo cual contraviene las obligaciones de ejecución directa establecidas en los convenios suscritos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Esta práctica implica que el municipio renunció a sus facultades privativas, entregando responsabilidades públicas a terceros sin el debido resguardo legal. En el aspecto financiero, la fiscalización reveló una preocupante falta de detalle en la oferta económica presentada por Procultura. El presupuesto aprobado incluía ítems genéricos, destacando el concepto de Otros gastos de implementación por un monto de $14.400.000, el cual carecía de cualquier desglose que permitiera conocer la naturaleza de los gastos o su pertinencia técnica. Esta opacidad impidió un control efectivo sobre el uso de los 52,8 millones de pesos totales involucrados en el convenio. Finalmente, la Contraloría advirtió que el contrato suscrito omitió cláusulas de confidencialidad esenciales para el manejo de información sensible. A pesar de que la fundación tendría acceso a datos protegidos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, el municipio no incorporó mecanismos legales que garantizaran el resguardo y buen uso de dicha información. Ante estos hechos, la Contraloría Regional ha confirmado la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025. Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas “. En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”. La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras. El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto. En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 Fuente: latercera.com
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por el Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según indican— afectaría la implementación de la Ley N° 21.561 que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas. De acuerdo con la organización, la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de ser considerado parte de la jornada laboral. Esto, afirman, se traduciría en un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, argumentando que podría vulnerar derechos laborales y afectar a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Desde la federación advierten que, en la práctica, las jornadas podrían alcanzar hasta 44,5 horas semanales. A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando los derechos laborales vigentes. Finalmente, FENADAJ informó que se mantiene en estado de alerta y que evaluará acciones para revertir la interpretación, insistiendo en la necesidad de aplicar criterios acordes con los principios del Derecho del Trabajo.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó una serie de temas de interés público, destacando avances en materia de salud, fiscalización de recursos públicos y seguridad en establecimientos educacionales. En primer término, el parlamentario se refirió a la reciente activación de la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional, medida que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del cáncer en el país y reducir los tiempos de espera. Esta decisión ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según explicó, este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas en conjunto con organizaciones de pacientes oncológicos, con quienes sostuvo reuniones para visibilizar la urgencia de actuar frente a una situación que afecta a miles de familias, especialmente en la Región de Magallanes. En otro ámbito, Riquelme se refirió al informe emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que confirmó irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento, correspondiente al Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, ratifica falencias en la contratación para la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, incluyendo el uso de trato directo sin justificación adecuada, la tercerización de funciones propias del municipio y la omisión de cláusulas de confidencialidad en un contrato por 52,8 millones de pesos. Esta resolución se origina tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional, lo que permitió activar la fiscalización del organismo contralor. Finalmente, el diputado valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora continuará su tramitación en el Senado. La propuesta contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, además de herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, junto con mejoras en los procesos de denuncia, fiscalización y en las atribuciones de la autoridad docente, todo enmarcado en el respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.
La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ha emitido el Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, el cual ratifica graves falencias en la contratación de la Fundación Procultura por parte de la Municipalidad de Porvenir para la ejecución del Programa para Pequeñas Localidades. El organismo de control determinó que el municipio recurrió a un trato directo sin justificación adecuada, tercerizó funciones que debían ser ejecutadas directamente por la corporación y omitió cláusulas de confidencialidad esenciales en el contrato de 52,8 millones de pesos. Esta resolución llega tres años después de que el entonces Consejero Regional y actual diputado Alejandro Riquelme Ducci presentara la denuncia que dio origen a esta fiscalización, alertando sobre el uso de recursos públicos destinados al desarrollo urbano y habitacional de la comuna. Declaraciones del Diputado Alejandro Riquelme: Respecto a la confirmación de estas irregularidades, el diputado Alejandro Riquelme señaló: Este informe de Contraloría es el resultado de un trabajo de fiscalización que iniciamos hace tres años. Cuando denunciamos estas anomalías, lo hicimos con la convicción de que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Porvenir no podían ser entregados a dedo. Hoy, el organismo de control nos da la razón: hubo una falta de concursabilidad inaceptable y se evitó la licitación pública sin razones que lo justificaran. El parlamentario también se refirió a la tercerización de funciones detectada por el ente fiscalizador: Es extremadamente grave que la Municipalidad haya tercerizado funciones sustantivas que le correspondían ejecutar directamente. No solo se contrató por trato directo por más de 52 millones de pesos, sino que se delegó en una fundación privada responsabilidades públicas, vulnerando los convenios suscritos con el MINVU y la propia Constitución. Finalmente, sobre las acciones a seguir tras la apertura de un proceso disciplinario por parte de la Contraloría, Riquelme enfatizó: No descansaremos hasta que se determinen las responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales. La incautación de documentos por parte de la PDI en el municipio y la Seremi de Vivienda demuestra que estamos ante hechos de la mayor relevancia. El cuidado de los recursos públicos debe ser la prioridad, especialmente en zonas extremas donde cada peso cuenta para el desarrollo de nuestra gente y exigiremos que se recupere hasta el último peso. Principales Hallazgos del Informe N° 407-2025: La investigación de la Contraloría estableció, en primer lugar, una grave falta de concursabilidad en la contratación de la Fundación Procultura. El ente fiscalizador determinó que el municipio no logró acreditar las circunstancias excepcionales que exige la ley para obviar una licitación pública. De este modo, el recurso al trato directo careció de una fundamentación técnica que justificara por qué dicha fundación era la única capaz de ejecutar el programa, omitiendo además la evaluación de otras alternativas disponibles en el mercado. Asimismo, el informe detectó una indebida tercerización de funciones en la implementación del Programa para Pequeñas Localidades. Según el organismo de control, la Municipalidad de Porvenir delegó en la fundación privada la ejecución íntegra de las etapas de diagnóstico y plan de desarrollo, lo cual contraviene las obligaciones de ejecución directa establecidas en los convenios suscritos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Esta práctica implica que el municipio renunció a sus facultades privativas, entregando responsabilidades públicas a terceros sin el debido resguardo legal. En el aspecto financiero, la fiscalización reveló una preocupante falta de detalle en la oferta económica presentada por Procultura. El presupuesto aprobado incluía ítems genéricos, destacando el concepto de Otros gastos de implementación por un monto de $14.400.000, el cual carecía de cualquier desglose que permitiera conocer la naturaleza de los gastos o su pertinencia técnica. Esta opacidad impidió un control efectivo sobre el uso de los 52,8 millones de pesos totales involucrados en el convenio. Finalmente, la Contraloría advirtió que el contrato suscrito omitió cláusulas de confidencialidad esenciales para el manejo de información sensible. A pesar de que la fundación tendría acceso a datos protegidos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, el municipio no incorporó mecanismos legales que garantizaran el resguardo y buen uso de dicha información. Ante estos hechos, la Contraloría Regional ha confirmado la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025. Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas “. En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”. La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras. El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto. En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 Fuente: latercera.com
Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el Diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, ha oficiado formalmente al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo Barría , exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha. “Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes. La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en la Región de Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones. Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran: ●Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. ●Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. ●Predios En Estudio: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de en estudio, lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales. Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de: 1.Copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno. 2.Informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos. 3.Detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas. 4.Justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH. No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran 'en estudio' mientras miles de familias siguen esperando una solución, señaló el legislador.
