El Ministerio de Obras Públicas manifestó su preocupación por la falta de contratos de conservación global de caminos a cargo de la Dirección de Vialidad, situación que impacta directamente en el mantenimiento de rutas, especialmente en zonas rurales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. A nivel nacional, la Dirección de Vialidad trabaja en agilizar estos contratos, que abarcan más de 22 mil kilómetros de extensión y una inversión superior a los 367 mil millones de pesos. Durante abril se proyecta la publicación de 38 licitaciones, con el objetivo de restablecer la continuidad operativa en distintos territorios del país. En el caso regional, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que se requieren seis contratos de conservación global, pero al inicio del actual gobierno solo uno se encontraba en ejecución y finalizó en marzo de 2026. Ante este escenario, se gestionó el destrabe de financiamiento para iniciar durante este mes el proceso de licitación, estimando su adjudicación entre septiembre y octubre de este año. Mientras se concretan estos procesos, la mantención de caminos deberá ejecutarse mediante administración directa de Vialidad, apoyada por arriendo de maquinaria en momentos críticos. La autoridad indicó que recientes recorridos por provincias como Última Esperanza y Magallanes evidenciaron deterioro de rutas producto de las lluvias y la saturación de agua en los caminos. Para enfrentar el periodo invernal, la Dirección Regional de Vialidad implementará un plan que considera más de 90 equipos operativos, el arriendo de maquinaria en distintas provincias y la disponibilidad de más de 3 mil toneladas de sal, de las cuales 1.200 ya se encuentran en stock. Estas medidas buscan resguardar la conectividad y seguridad vial en la región durante los meses de mayor complejidad climática.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección interpuesto por un académico en contra de la Universidad de Magallanes (UMAG), confirmando la legalidad de la decisión institucional de no renovar su contrata para el año 2026. El recurso fue presentado por un profesor de Física y Matemática con una extensa trayectoria en la UMAG, quien expuso haber mantenido una relación laboral renovada de manera ininterrumpida desde 2016, además de haber prestado servicios previamente entre 1991 y 2014. La defensa del académico alegó que se encontraba amparado por el principio de confianza legítima, al haber prestado servicios por más de nueve años, y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo calificaciones deficientes o la existencia de un sumario administrativo podrían justificar el término del vínculo, circunstancias que no se verificaban en su caso. Asimismo, calificó de “sui generis” el proceso de evaluación mediante un Portafolio Académico, alegando que esta herramienta habría sido utilizada para desvinculaciones y no para los fines de ascenso originalmente previstos. Por su parte, la Universidad de Magallanes solicitó el rechazo del recurso argumentando que la decisión no fue arbitraria, sino proporcional y necesaria para asegurar la sostenibilidad de la institución. Expuso que la UMAG atraviesa una compleja crisis financiera y estructural, constatada incluso por la Comisión Nacional de Acreditación en 2023, lo que motivó la implementación de un plan de ajuste de dotación basado en parámetros objetivos, entre ellos el Portafolio Académico, cuyos criterios fueron definidos con anterioridad a la desvinculación. La controversia se centró en la determinación adoptada por la casa de estudios en el contexto de un proceso de reestructuración interna. La Corte desestimó la acción constitucional. Tras analizar los antecedentes concluyó que la universidad no incurrió en actos ilegales ni arbitrarios. En su razonamiento, reconoció que, si bien el principio de confianza legítima puede operar tras cinco años de servicio, la administración conserva la facultad de no renovar contratas por razones de reestructuración o por nuevas condiciones presupuestarias, criterio que ha sido sostenido por la Contraloría General de la República. La sentencia destacó, en particular, que el decreto de no renovación se encontraba suficientemente motivado en un plan estratégico institucional destinado a enfrentar la crisis financiera, cumpliendo así con el deber de fundamentación de los actos administrativos. Asimismo, recordó que los cargos a contrata son, por su naturaleza legal, esencialmente transitorios y expiran el 31 de diciembre de cada año. Finalmente, la Corte estimó improcedente revisar supuestos errores en el proceso de evaluación del Portafolio Académico, señalando que dichos actos debieron impugnarse oportunamente y que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito de decisiones administrativas ya consolidadas. Descartada la existencia de una actuación arbitraria o ilegal, la Corte estimó innecesario analizar una eventual vulneración de garantías constitucionales y rechazó la acción deducida. Sentencia Corte de Punta Arenas Rol N°620-2025. Fuente: diarioconstitucional.cl/
El Ministerio de Obras Públicas manifestó su preocupación por la falta de contratos de conservación global de caminos a cargo de la Dirección de Vialidad, situación que impacta directamente en el mantenimiento de rutas, especialmente en zonas rurales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. A nivel nacional, la Dirección de Vialidad trabaja en agilizar estos contratos, que abarcan más de 22 mil kilómetros de extensión y una inversión superior a los 367 mil millones de pesos. Durante abril se proyecta la publicación de 38 licitaciones, con el objetivo de restablecer la continuidad operativa en distintos territorios del país. En el caso regional, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que se requieren seis contratos de conservación global, pero al inicio del actual gobierno solo uno se encontraba en ejecución y finalizó en marzo de 2026. Ante este escenario, se gestionó el destrabe de financiamiento para iniciar durante este mes el proceso de licitación, estimando su adjudicación entre septiembre y octubre de este año. Mientras se concretan estos procesos, la mantención de caminos deberá ejecutarse mediante administración directa de Vialidad, apoyada por arriendo de maquinaria en momentos críticos. La autoridad indicó que recientes recorridos por provincias como Última Esperanza y Magallanes evidenciaron deterioro de rutas producto de las lluvias y la saturación de agua en los caminos. Para enfrentar el periodo invernal, la Dirección Regional de Vialidad implementará un plan que considera más de 90 equipos operativos, el arriendo de maquinaria en distintas provincias y la disponibilidad de más de 3 mil toneladas de sal, de las cuales 1.200 ya se encuentran en stock. Estas medidas buscan resguardar la conectividad y seguridad vial en la región durante los meses de mayor complejidad climática.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección interpuesto por un académico en contra de la Universidad de Magallanes (UMAG), confirmando la legalidad de la decisión institucional de no renovar su contrata para el año 2026. El recurso fue presentado por un profesor de Física y Matemática con una extensa trayectoria en la UMAG, quien expuso haber mantenido una relación laboral renovada de manera ininterrumpida desde 2016, además de haber prestado servicios previamente entre 1991 y 2014. La defensa del académico alegó que se encontraba amparado por el principio de confianza legítima, al haber prestado servicios por más de nueve años, y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo calificaciones deficientes o la existencia de un sumario administrativo podrían justificar el término del vínculo, circunstancias que no se verificaban en su caso. Asimismo, calificó de “sui generis” el proceso de evaluación mediante un Portafolio Académico, alegando que esta herramienta habría sido utilizada para desvinculaciones y no para los fines de ascenso originalmente previstos. Por su parte, la Universidad de Magallanes solicitó el rechazo del recurso argumentando que la decisión no fue arbitraria, sino proporcional y necesaria para asegurar la sostenibilidad de la institución. Expuso que la UMAG atraviesa una compleja crisis financiera y estructural, constatada incluso por la Comisión Nacional de Acreditación en 2023, lo que motivó la implementación de un plan de ajuste de dotación basado en parámetros objetivos, entre ellos el Portafolio Académico, cuyos criterios fueron definidos con anterioridad a la desvinculación. La controversia se centró en la determinación adoptada por la casa de estudios en el contexto de un proceso de reestructuración interna. La Corte desestimó la acción constitucional. Tras analizar los antecedentes concluyó que la universidad no incurrió en actos ilegales ni arbitrarios. En su razonamiento, reconoció que, si bien el principio de confianza legítima puede operar tras cinco años de servicio, la administración conserva la facultad de no renovar contratas por razones de reestructuración o por nuevas condiciones presupuestarias, criterio que ha sido sostenido por la Contraloría General de la República. La sentencia destacó, en particular, que el decreto de no renovación se encontraba suficientemente motivado en un plan estratégico institucional destinado a enfrentar la crisis financiera, cumpliendo así con el deber de fundamentación de los actos administrativos. Asimismo, recordó que los cargos a contrata son, por su naturaleza legal, esencialmente transitorios y expiran el 31 de diciembre de cada año. Finalmente, la Corte estimó improcedente revisar supuestos errores en el proceso de evaluación del Portafolio Académico, señalando que dichos actos debieron impugnarse oportunamente y que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito de decisiones administrativas ya consolidadas. Descartada la existencia de una actuación arbitraria o ilegal, la Corte estimó innecesario analizar una eventual vulneración de garantías constitucionales y rechazó la acción deducida. Sentencia Corte de Punta Arenas Rol N°620-2025. Fuente: diarioconstitucional.cl/
