La Tesorería General de la República informó que ya se encuentran disponibles las cuotas correspondientes al pago de contribuciones de bienes raíces 2026, cuyo primer vencimiento está fijado para el próximo 30 de abril. En ese contexto, la institución reiteró el llamado a las y los contribuyentes a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos. Para facilitar el proceso, se recomendó utilizar el sitio web institucional, donde existe un sistema de pago en línea disponible las 24 horas, que permite cancelar la cuota correspondiente o incluso realizar el pago anual en una sola operación. Esta alternativa busca evitar desplazamientos y agilizar el cumplimiento de la obligación. Asimismo, quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden hacerlo en sucursales bancarias, Sencillito o CajaVecina, presentando el aviso de recibo de contribuciones, documento que también puede obtenerse en línea o en oficinas de la institución y puntos de atención de ChileAtiende. El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que este aporte permite financiar servicios municipales en las 345 comunas del país, beneficiando especialmente a aquellas con menores ingresos. Además, se reiteró el llamado a personas mayores en situación de vulnerabilidad a informarse sobre posibles beneficios o rebajas disponibles.
Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero. De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%. El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse. Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió. En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior. Una promesa de Kast La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta. En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta. Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar. Impacto fiscal y preocupación municipal El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones. Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios. Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades. No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor. Fuente: latercera.com
Piero Soto Rivas, Académico U. Central El ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco calificó como “populismo puro” la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda. La afirmación puede sonar categórica, pero resulta profundamente insuficiente. Reduce un debate complejo a una consigna y descansa en una premisa que no resiste contraste con la realidad: que ser propietario de una vivienda equivale, por definición, a contar con un alto patrimonio y holgura económica. En Chile existe un universo amplio de personas —clase media, adultos mayores, familias que accedieron a su vivienda con esfuerzo y endeudamiento— cuyos ingresos no crecen al ritmo del avalúo fiscal. Para ellas, el alza sostenida de las contribuciones no es una discusión teórica ni ideológica, sino una presión permanente sobre presupuestos ya estrechos. El valor de la vivienda “en el papel” no refleja su capacidad real de pago. No estamos hablando de acumulación patrimonial ni de rentas inmobiliarias, sino de hogares. El sistema vigente, además, introduce distorsiones relevantes: encarece la decisión de compra, agrega incertidumbre de largo plazo y castiga especialmente a quienes intentamos convertirnos en propietarios por primera vez. En un país con un déficit habitacional persistente, minimizar estos efectos no es neutralidad técnica, es desatención política. Por cierto, la política tributaria debe ser responsable y fiscalmente sostenible. Pero cuando la técnica se transforma en un argumento para eludir la equidad, deja de cumplir su propósito. Gravar de manera permanente la vivienda principal —que no es un bien suntuario ni un activo especulativo, sino el principal resguardo patrimonial de millones de familias— termina teniendo efectos regresivos, aun cuando se presente como fiscalmente “correcto”. Discutir exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. Populista es clausurar el debate desde una supuesta superioridad técnica y patrimonial, que desconoce la realidad de quienes no cuentan con los márgenes económicos desde los cuales se formulan este tipo de juicios. La pregunta de fondo es clara y legítima: ¿queremos un sistema tributario que recaude sin mirar sus efectos, o uno que, además, sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese —y no otro— es el debate que vale la pena dar.
La Tesorería General de la República informó que ya se encuentran disponibles las cuotas correspondientes al pago de contribuciones de bienes raíces 2026, cuyo primer vencimiento está fijado para el próximo 30 de abril. En ese contexto, la institución reiteró el llamado a las y los contribuyentes a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos. Para facilitar el proceso, se recomendó utilizar el sitio web institucional, donde existe un sistema de pago en línea disponible las 24 horas, que permite cancelar la cuota correspondiente o incluso realizar el pago anual en una sola operación. Esta alternativa busca evitar desplazamientos y agilizar el cumplimiento de la obligación. Asimismo, quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden hacerlo en sucursales bancarias, Sencillito o CajaVecina, presentando el aviso de recibo de contribuciones, documento que también puede obtenerse en línea o en oficinas de la institución y puntos de atención de ChileAtiende. El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que este aporte permite financiar servicios municipales en las 345 comunas del país, beneficiando especialmente a aquellas con menores ingresos. Además, se reiteró el llamado a personas mayores en situación de vulnerabilidad a informarse sobre posibles beneficios o rebajas disponibles.
Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero. De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%. El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse. Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió. En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior. Una promesa de Kast La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta. En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta. Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar. Impacto fiscal y preocupación municipal El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones. Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios. Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades. No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor. Fuente: latercera.com
Piero Soto Rivas, Académico U. Central El ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco calificó como “populismo puro” la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda. La afirmación puede sonar categórica, pero resulta profundamente insuficiente. Reduce un debate complejo a una consigna y descansa en una premisa que no resiste contraste con la realidad: que ser propietario de una vivienda equivale, por definición, a contar con un alto patrimonio y holgura económica. En Chile existe un universo amplio de personas —clase media, adultos mayores, familias que accedieron a su vivienda con esfuerzo y endeudamiento— cuyos ingresos no crecen al ritmo del avalúo fiscal. Para ellas, el alza sostenida de las contribuciones no es una discusión teórica ni ideológica, sino una presión permanente sobre presupuestos ya estrechos. El valor de la vivienda “en el papel” no refleja su capacidad real de pago. No estamos hablando de acumulación patrimonial ni de rentas inmobiliarias, sino de hogares. El sistema vigente, además, introduce distorsiones relevantes: encarece la decisión de compra, agrega incertidumbre de largo plazo y castiga especialmente a quienes intentamos convertirnos en propietarios por primera vez. En un país con un déficit habitacional persistente, minimizar estos efectos no es neutralidad técnica, es desatención política. Por cierto, la política tributaria debe ser responsable y fiscalmente sostenible. Pero cuando la técnica se transforma en un argumento para eludir la equidad, deja de cumplir su propósito. Gravar de manera permanente la vivienda principal —que no es un bien suntuario ni un activo especulativo, sino el principal resguardo patrimonial de millones de familias— termina teniendo efectos regresivos, aun cuando se presente como fiscalmente “correcto”. Discutir exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. Populista es clausurar el debate desde una supuesta superioridad técnica y patrimonial, que desconoce la realidad de quienes no cuentan con los márgenes económicos desde los cuales se formulan este tipo de juicios. La pregunta de fondo es clara y legítima: ¿queremos un sistema tributario que recaude sin mirar sus efectos, o uno que, además, sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese —y no otro— es el debate que vale la pena dar.
