Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado conversó con la ciudadanía sobre el escenario político posterior a las recientes elecciones presidenciales, el caso de corrupción que afecta a Gendarmería, y la promulgación de una ley impulsada por ella que regula el uso de dispositivos electrónicos en las salas de clases. En relación al Presidente electo José Antonio Kast, la parlamentaria valoró el cambio de actitud tras el proceso electoral, señalando que “hubo un gran cambio del presidente electo, había un José Antonio Kast en campaña que no reconocía ningún avance de este gobierno... una vez electo esos ánimos electorales disminuyen”. En ese contexto, añadió: “veo un cambio de tono que me parece muy prudente lo celebro y espero sea así también su gobierno, salvo lo de Argentina, pero no entendí muy bien el sentido del viaje más allá de la amistad con el país argentino”. No obstante, la diputada manifestó inquietud por algunas señales simbólicas y por la falta de definiciones claras respecto al gasto público, indicando que “la foto con la motosierra me genera ciertas preocupaciones, porque sabemos que uno de los caballitos de batalla de campaña fue el recorte de 6 mil millones de dólares”. En esa línea, advirtió que “preocupa porque bien sabe la gente que Magallanes es una región que requiere mucho subsidio, inversiones para mantener y mejorar nuestras condiciones de seguridad”, planteando la necesidad de aclarar si una eventual disminución del gasto público podría afectar a funcionarios públicos o beneficios sociales. Otro de los temas abordados fue la denominada “Operación Apocalipsis”, calificada como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Gendarmería, con cerca de 70 detenidos entre civiles y funcionarios de la institución. Al respecto, Morales sostuvo que “más allá de la arista de la investigación penal ahora vienen profundas modificaciones legales a Gendarmería para que sea la institución que deba ser, se trasladará del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad”. Agregó que “yo creo que para tener más seguridad se necesita un Estado probo, transparente e incorruptible, no sirve de nada aumentar las penas de los delitos”. La parlamentaria recordó que “hay 46 funcionarios formalizados, espero que esa investigación termine pronto y ahora hay que hacer las reformas legales para que no siga habiendo corrupción en Gendarmería, aquí se actuó a tiempo”. Asimismo, explicó que “quedaría solamente el SRJ en el Ministerio de Justicia y Gendarmería pasaría al Ministerio de Seguridad, similar a la PDI y Carabineros de Chile”, precisando que este cambio implica una estructura más vertical, donde “Gendarmería tiene asociaciones gremiales internas pero al momento que pasan al Ministerio de Seguridad, ya no puede tener agrupaciones sindicales”. Finalmente, la diputada destacó que el proyecto de ley de su autoría que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en las salas de clases fue despachado a ley por el Congreso Nacional. La normativa, que comenzará a regir a partir del año escolar 2026, obliga a los establecimientos a actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de ese año y contempla excepciones por necesidades educativas especiales, emergencias, enfermedades, actividades pedagógicas justificadas o solicitudes fundadas de apoderados. La ley también refuerza el rol de la comunidad educativa en el acompañamiento y uso responsable de la tecnología fuera del horario escolar, consolidando una regulación que busca mejorar la convivencia y los procesos de aprendizaje en la educación parvularia, básica y media.
El contador auditor Adolfo Canales Guentelican entregó una reflexión crítica a la ciudadanía en una columna de opinión titulada “Quién financia la delincuencia”, en la que analiza distintos casos recientes de corrupción y su vínculo con el crimen organizado, poniendo el foco en el flujo de recursos que permite su expansión. Canales contextualiza su análisis a partir de investigaciones en curso, como la Operación “Apocalipsis”, que indaga una red de corrupción en Gendarmería con 42 funcionarios acusados de cohecho y 35 civiles formalizados por soborno, junto con allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos irregulares. A ello suma la investigación a la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como la “Tía Rica”, por el pago de $1.500 millones a 1.681 personas con antecedentes penales, que habrían empeñado bienes sin verificar su procedencia, situación que, a su juicio, se vincula con prácticas de lavado de activos. En su planteamiento, el profesional sostiene que el sector público se ha vuelto permeable al avance del crimen organizado, contrastando esta realidad con la imagen histórica de Chile como uno de los países menos corruptos de la región. Advierte que hoy existe una abundante circulación de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, recursos que —según expone— se originan en el consumo cotidiano de drogas por parte de ciudadanos comunes. Canales describe cómo ese poder económico se manifiesta incluso dentro de las cárceles, ejemplificando que un reo puede pagar hasta $120.000 por un kilo de huachalomo para consumir al interior de un recinto penal, como señal de control y dominio. Paralelamente, señala que los consumidores terminan deteriorando su vida personal y familiar, transformándose posteriormente en una carga para el Estado, ya sea por procesos de rehabilitación o por su participación en delitos como robos, homicidios, volcamientos y destrucción de patrimonio público. En su análisis, el contador auditor cuestiona que el debate público se centre únicamente en levantar el secreto bancario, planteando que una herramienta más efectiva sería investigar el “gasto de vida” de las personas. En ese contexto, ejemplifica con la presencia de jóvenes que, sin una actividad laboral visible, acceden a vehículos de alto valor, mientras trabajadores formales enfrentan dificultades para pagar créditos por automóviles de menor costo. Finalmente, Canales plantea la necesidad de fortalecer las investigaciones tributarias y policiales, utilizando información como patentes de vehículos y eventuales ventas simuladas que podrían ser indagadas por el Servicio de Impuestos Internos, resguardando la seguridad de los funcionarios. A su juicio, si bien es clave identificar a los cabecillas de las organizaciones criminales, también resulta necesario frenar el flujo de recursos que alimenta a la delincuencia, desincentivando el consumo y el enrolamiento de nuevos integrantes en estas redes ilícitas.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado conversó con la ciudadanía sobre el escenario político posterior a las recientes elecciones presidenciales, el caso de corrupción que afecta a Gendarmería, y la promulgación de una ley impulsada por ella que regula el uso de dispositivos electrónicos en las salas de clases. En relación al Presidente electo José Antonio Kast, la parlamentaria valoró el cambio de actitud tras el proceso electoral, señalando que “hubo un gran cambio del presidente electo, había un José Antonio Kast en campaña que no reconocía ningún avance de este gobierno... una vez electo esos ánimos electorales disminuyen”. En ese contexto, añadió: “veo un cambio de tono que me parece muy prudente lo celebro y espero sea así también su gobierno, salvo lo de Argentina, pero no entendí muy bien el sentido del viaje más allá de la amistad con el país argentino”. No obstante, la diputada manifestó inquietud por algunas señales simbólicas y por la falta de definiciones claras respecto al gasto público, indicando que “la foto con la motosierra me genera ciertas preocupaciones, porque sabemos que uno de los caballitos de batalla de campaña fue el recorte de 6 mil millones de dólares”. En esa línea, advirtió que “preocupa porque bien sabe la gente que Magallanes es una región que requiere mucho subsidio, inversiones para mantener y mejorar nuestras condiciones de seguridad”, planteando la necesidad de aclarar si una eventual disminución del gasto público podría afectar a funcionarios públicos o beneficios sociales. Otro de los temas abordados fue la denominada “Operación Apocalipsis”, calificada como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Gendarmería, con cerca de 70 detenidos entre civiles y funcionarios de la institución. Al respecto, Morales sostuvo que “más allá de la arista de la investigación penal ahora vienen profundas modificaciones legales a Gendarmería para que sea la institución que deba ser, se trasladará del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad”. Agregó que “yo creo que para tener más seguridad se necesita un Estado probo, transparente e incorruptible, no sirve de nada aumentar las penas de los delitos”. La parlamentaria recordó que “hay 46 funcionarios formalizados, espero que esa investigación termine pronto y ahora hay que hacer las reformas legales para que no siga habiendo corrupción en Gendarmería, aquí se actuó a tiempo”. Asimismo, explicó que “quedaría solamente el SRJ en el Ministerio de Justicia y Gendarmería pasaría al Ministerio de Seguridad, similar a la PDI y Carabineros de Chile”, precisando que este cambio implica una estructura más vertical, donde “Gendarmería tiene asociaciones gremiales internas pero al momento que pasan al Ministerio de Seguridad, ya no puede tener agrupaciones sindicales”. Finalmente, la diputada destacó que el proyecto de ley de su autoría que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en las salas de clases fue despachado a ley por el Congreso Nacional. La normativa, que comenzará a regir a partir del año escolar 2026, obliga a los establecimientos a actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de ese año y contempla excepciones por necesidades educativas especiales, emergencias, enfermedades, actividades pedagógicas justificadas o solicitudes fundadas de apoderados. La ley también refuerza el rol de la comunidad educativa en el acompañamiento y uso responsable de la tecnología fuera del horario escolar, consolidando una regulación que busca mejorar la convivencia y los procesos de aprendizaje en la educación parvularia, básica y media.
El contador auditor Adolfo Canales Guentelican entregó una reflexión crítica a la ciudadanía en una columna de opinión titulada “Quién financia la delincuencia”, en la que analiza distintos casos recientes de corrupción y su vínculo con el crimen organizado, poniendo el foco en el flujo de recursos que permite su expansión. Canales contextualiza su análisis a partir de investigaciones en curso, como la Operación “Apocalipsis”, que indaga una red de corrupción en Gendarmería con 42 funcionarios acusados de cohecho y 35 civiles formalizados por soborno, junto con allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos irregulares. A ello suma la investigación a la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como la “Tía Rica”, por el pago de $1.500 millones a 1.681 personas con antecedentes penales, que habrían empeñado bienes sin verificar su procedencia, situación que, a su juicio, se vincula con prácticas de lavado de activos. En su planteamiento, el profesional sostiene que el sector público se ha vuelto permeable al avance del crimen organizado, contrastando esta realidad con la imagen histórica de Chile como uno de los países menos corruptos de la región. Advierte que hoy existe una abundante circulación de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, recursos que —según expone— se originan en el consumo cotidiano de drogas por parte de ciudadanos comunes. Canales describe cómo ese poder económico se manifiesta incluso dentro de las cárceles, ejemplificando que un reo puede pagar hasta $120.000 por un kilo de huachalomo para consumir al interior de un recinto penal, como señal de control y dominio. Paralelamente, señala que los consumidores terminan deteriorando su vida personal y familiar, transformándose posteriormente en una carga para el Estado, ya sea por procesos de rehabilitación o por su participación en delitos como robos, homicidios, volcamientos y destrucción de patrimonio público. En su análisis, el contador auditor cuestiona que el debate público se centre únicamente en levantar el secreto bancario, planteando que una herramienta más efectiva sería investigar el “gasto de vida” de las personas. En ese contexto, ejemplifica con la presencia de jóvenes que, sin una actividad laboral visible, acceden a vehículos de alto valor, mientras trabajadores formales enfrentan dificultades para pagar créditos por automóviles de menor costo. Finalmente, Canales plantea la necesidad de fortalecer las investigaciones tributarias y policiales, utilizando información como patentes de vehículos y eventuales ventas simuladas que podrían ser indagadas por el Servicio de Impuestos Internos, resguardando la seguridad de los funcionarios. A su juicio, si bien es clave identificar a los cabecillas de las organizaciones criminales, también resulta necesario frenar el flujo de recursos que alimenta a la delincuencia, desincentivando el consumo y el enrolamiento de nuevos integrantes en estas redes ilícitas.
