Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación en la Casa de los Intendentes para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes. En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora. La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública. En este contexto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo interinstitucional que se está desarrollando para asegurar una correcta implementación de la normativa. “Esta fue una segunda reunión de coordinación junto al alcalde y al concejal Flores para abordar cómo estamos implementando esta ley, que busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”, señaló. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de avanzar desde la normativa hacia su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Ya se han realizado coordinaciones con las aerolíneas y ahora corresponde definir los procedimientos entre Fiscalía, PDI, Carabineros y tribunales. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”, afirmó. El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que “el listado de pasajeros es relevante para poder proteger y aumentar la seguridad en un área relevante de Magallanes, como es su acceso aéreo, por ello, vamos a coordinar la implementación de un procedimiento de alcance regional a base del trabajo interagencial para que en el menor tiempo posible se comience a cumplir la ley y ese listado se convierta en una herramienta para el trabajo de PDI y Carabineros”. En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, valoró la aplicación de la normativa y recalcó la necesidad de fortalecer los controles. “Queremos que Magallanes no se convierta en refugio de prófugos ni de delincuentes. Esta ley exige que las aerolíneas entreguen el listado de pasajeros, pero también que las instituciones lo soliciten y utilicen. Está vigente desde enero y es fundamental que se aplique. No se trata de cerrar la puerta a los migrantes, sino de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia enfrenten los procesos correspondientes”, sostuvo. Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes. Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, en un primer saludo protocolar que permitió abordar la realidad actual del sector en la región y los principales desafíos que enfrenta la industria. Durante la cita se analizaron temas relevantes como la inversión pública, el escenario presupuestario para 2026 —que contempla una baja—, el impacto del alza de combustibles y la preocupación por el empleo. La reunión fue muy positiva, ya que permitió generar una mirada común sobre el rol que debe desempeñar el Estado en un territorio como Magallanes, donde su acción es clave para sostener el desarrollo económico. Actualmente, la región enfrenta un escenario complejo en materia de financiamiento público, lo que abre inquietudes respecto a la disponibilidad y asignación de recursos. En este contexto, abordamos la situación del PEDZE y la reducción presupuestaria en áreas estratégicas como Vivienda y el MOP. Asimismo, analizamos el impacto del alza de los combustibles, un factor que incide de manera transversal en la actividad productiva y, en consecuencia, en el empleo regional, indicó Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes. En tanto, la Delegada Presidencial destacó la importancia del rubro para el desarrollo local e indicó que desde el Ejecutivo buscarán mitigar los efectos de la contingencia en el sector: Fue una reunión muy provechosa. La construcción es un motor clave para el desarrollo regional y como Gobierno nos llevamos tareas para facilitar obras que hoy están lentas. Sabemos que el presupuesto para el año 2026 del sector público vino con una baja, pero estamos buscando otras medidas para que la contingencia no sea tan fuerte para quienes están ligados al rubro. Asimismo, destacó la relevancia del empleo asociado a la construcción y la necesidad de fortalecer la inversión pública. El rubro de la construcción es uno de los grandes empleadores de nuestra región, también así las obras de inversión pública, y en eso quedamos en trabajar y establecer probablemente una mesa de trabajo público-privada, agregó Farías. Otro de los puntos críticos abordados fue el alza de combustibles, factor que impacta directamente en los costos de transporte y, por ende, en el desarrollo de proyectos y obras. En el caso de la construcción, las primeras proyecciones advierten que un alza sostenida de los combustibles podría impactar obras de vivienda, infraestructura e insumos que son fabricados con un fuerte componente de petróleo. Por las condiciones extremas de nuestra región de Magallanes, creemos que se hace aún más necesario implementar medidas especiales por el fuerte impacto que significa esta alza en los combustibles en la zona austral, expuso Cristóbal Bascuñán, presidente CChC Magallanes. Por su parte, la Delegada coincidió en que esta situación se acentúa en la región debido a sus características geográficas. Es algo que nosotros estamos súper conscientes como Gobierno, que en esta región el alza se siente con mayor fuerza que en otras, justamente por todos los fletes y la mercadería que recibimos, que llega por tierra, avión o barco. Estamos viendo cómo trabajar en conjunto para generar propuestas que a futuro se puedan concretar, explicó Farías. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo público-privada, con el objetivo de dar seguimiento a estas problemáticas y promover medidas que impulsen el desarrollo sostenible del sector en Magallanes.
Concejales representantes de los distintos concejos municipales de la Región de Magallanes manifestaron su preocupación respecto al futuro de los recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), en el marco de una reunión sostenida con la delegada presidencial regional, Ericka Farías. El encuentro se desarrolló en la comuna de San Gregorio, durante la sesión mensual de la Asociación de Municipalidades de Magallanes, instancia en la que participaron representantes de los diez concejos comunales de la región. En la oportunidad, las autoridades locales expusieron sus inquietudes frente a los cambios en la modalidad de financiamiento del plan. Durante la reunión, realizada de manera telemática, la delegada explicó que para 2026 se contemplaba una asignación cercana a los 48 mil millones de pesos, pero que el mecanismo de entrega fue modificado. En ese contexto, se indicó que durante el primer semestre se distribuirán cerca de 25 mil millones de pesos, destinados a proyectos en ejecución, mientras que una segunda entrega quedará sujeta al avance en el uso de los recursos. Los concejales señalaron que, si bien la exposición permitió aclarar parte de las dudas, persisten interrogantes respecto a los criterios de priorización de proyectos, especialmente en iniciativas relacionadas con alcantarillado y electrificación en sectores rurales, que podrían verse postergadas. Ante este escenario, la delegada presidencial se comprometió a coordinar una nueva instancia de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de abordar en detalle las inquietudes planteadas por los representantes comunales.
En el marco de una nueva jornada de Gobierno en Terreno, se desarrolló una plaza ciudadana en la Escuela Rotario Paul Harris, en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La actividad reunió a servicios públicos, autoridades regionales y comunidad, en un espacio orientado a acercar la oferta estatal y facilitar el acceso a beneficios y orientación en terreno. Gobierno en Terreno es una iniciativa que, de manera sostenida, ha permitido acercar los servicios públicos a la ciudadanía, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios y facilitando una atención más oportuna y directa. En este contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha relevado la importancia de avanzar hacia un país más inclusivo, promoviendo la accesibilidad, la coordinación de los servicios públicos y una atención más pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad y neurodivergencias. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana y se expresa de múltiples formas. Su comprensión resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que reconozca y respete las distintas maneras de comunicarse, aprender y relacionarse, así como los desafíos que enfrentan las personas autistas y sus familias. La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de estos operativos en el territorio: “Este es un operativo que permite que las distintas instituciones del Estado lleguen más cerca de los ciudadanos, a distintos sectores. Vamos a realizarlos de manera frecuente en Punta Arenas y en otras comunas de la región. Han tenido muy buena acogida, porque las personas pueden hacer sus trámites en un lugar cercano a sus casas, evitando desplazamientos, especialmente en días como hoy, con lluvia”. Durante la jornada, se dispusieron diversos stands informativos y de atención ciudadana, permitiendo a vecinas y vecinos acceder a trámites, resolver inquietudes y conocer la oferta pública sin necesidad de desplazamientos. En materia de salud y apoyo psicosocial, participaron dispositivos como Cosam, Compin y la Seremi de Salud, entregando orientación y atención directa a la comunidad. A su vez, en el ámbito de la inclusión y protección social, estuvieron presentes Senadis, la Seremi de Desarrollo Social y la Oficina de la Discapacidad, reforzando el acceso a beneficios y programas dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. En el área educativa, se contó con la participación de Junji, Fundación Integra, Junaeb, Slep, la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación, difundiendo la oferta disponible y los apoyos existentes para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Asimismo, instituciones como el Registro Civil y Cormupa facilitaron la realización de trámites y gestiones en terreno. Por su parte, la directora de la Escuela Rotario Paul Harris, Elizabeth Ulloa Saavedra, relevó la importancia del trabajo articulado: “El abordaje de la discapacidad tiene que ser intersectorial. Esta instancia permite a las familias recibir información, saber qué hacer, dónde acudir y qué apoyos existen. Es fundamental el trabajo conjunto en beneficio de personas dentro del espectro autista”. En tanto, la presidenta de la Fundación Te Abrazo Magallanes, Rosita Miranda, valoró la presencia de los servicios públicos: “Agradecemos a todos los servicios públicos que estuvieron presentes, porque son un apoyo concreto para las familias que viven el autismo día a día. Esta jornada es muy significativa para nosotros como organización y para la comunidad”. Finalmente, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó el rol de la institución en materia de inclusión: “Como Fundación Integra, hemos puesto a disposición nuestra oferta educativa en la región, junto con recursos y materiales que fortalecen el trabajo en inclusión educativa”. La actividad reafirma el compromiso del Gobierno con la inclusión, la equidad y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. en Magallanes manifestó su preocupación frente a una serie de problemáticas que afectan al sistema educativo regional, tras una reunión sostenida con autoridades. Entre los principales puntos expuestos, el gremio alertó sobre reiterados problemas en el pago de remuneraciones, denunciando que numerosos docentes no han recibido sus sueldos de manera íntegra ni oportuna. A juicio de la organización, esta situación constituye una vulneración a los derechos laborales y afecta directamente la estabilidad económica de los trabajadores de la educación. Asimismo, advirtieron sobre el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales, fenómeno que —según indicaron— ha dejado de ser aislado para convertirse en una problemática estructural que impacta el desarrollo de los procesos educativos y el bienestar de las comunidades escolares. Frente a este escenario, el gremio solicitó la implementación de una mesa de trabajo intersectorial, junto con medidas concretas y sostenidas en el tiempo para abordar la crisis. Finalmente, plantearon la necesidad de fortalecer la gestión del sistema de educación pública en la región, solicitando mayor coordinación, seguimiento de compromisos y respuestas oportunas por parte de las autoridades. Desde el Colegio de Profesores esperan una respuesta formal en un plazo acotado que permita entregar certezas al profesorado.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación en la Casa de los Intendentes para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes. En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora. La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública. En este contexto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo interinstitucional que se está desarrollando para asegurar una correcta implementación de la normativa. “Esta fue una segunda reunión de coordinación junto al alcalde y al concejal Flores para abordar cómo estamos implementando esta ley, que busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”, señaló. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de avanzar desde la normativa hacia su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Ya se han realizado coordinaciones con las aerolíneas y ahora corresponde definir los procedimientos entre Fiscalía, PDI, Carabineros y tribunales. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”, afirmó. El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que “el listado de pasajeros es relevante para poder proteger y aumentar la seguridad en un área relevante de Magallanes, como es su acceso aéreo, por ello, vamos a coordinar la implementación de un procedimiento de alcance regional a base del trabajo interagencial para que en el menor tiempo posible se comience a cumplir la ley y ese listado se convierta en una herramienta para el trabajo de PDI y Carabineros”. En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, valoró la aplicación de la normativa y recalcó la necesidad de fortalecer los controles. “Queremos que Magallanes no se convierta en refugio de prófugos ni de delincuentes. Esta ley exige que las aerolíneas entreguen el listado de pasajeros, pero también que las instituciones lo soliciten y utilicen. Está vigente desde enero y es fundamental que se aplique. No se trata de cerrar la puerta a los migrantes, sino de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia enfrenten los procesos correspondientes”, sostuvo. Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes. Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, en un primer saludo protocolar que permitió abordar la realidad actual del sector en la región y los principales desafíos que enfrenta la industria. Durante la cita se analizaron temas relevantes como la inversión pública, el escenario presupuestario para 2026 —que contempla una baja—, el impacto del alza de combustibles y la preocupación por el empleo. La reunión fue muy positiva, ya que permitió generar una mirada común sobre el rol que debe desempeñar el Estado en un territorio como Magallanes, donde su acción es clave para sostener el desarrollo económico. Actualmente, la región enfrenta un escenario complejo en materia de financiamiento público, lo que abre inquietudes respecto a la disponibilidad y asignación de recursos. En este contexto, abordamos la situación del PEDZE y la reducción presupuestaria en áreas estratégicas como Vivienda y el MOP. Asimismo, analizamos el impacto del alza de los combustibles, un factor que incide de manera transversal en la actividad productiva y, en consecuencia, en el empleo regional, indicó Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes. En tanto, la Delegada Presidencial destacó la importancia del rubro para el desarrollo local e indicó que desde el Ejecutivo buscarán mitigar los efectos de la contingencia en el sector: Fue una reunión muy provechosa. La construcción es un motor clave para el desarrollo regional y como Gobierno nos llevamos tareas para facilitar obras que hoy están lentas. Sabemos que el presupuesto para el año 2026 del sector público vino con una baja, pero estamos buscando otras medidas para que la contingencia no sea tan fuerte para quienes están ligados al rubro. Asimismo, destacó la relevancia del empleo asociado a la construcción y la necesidad de fortalecer la inversión pública. El rubro de la construcción es uno de los grandes empleadores de nuestra región, también así las obras de inversión pública, y en eso quedamos en trabajar y establecer probablemente una mesa de trabajo público-privada, agregó Farías. Otro de los puntos críticos abordados fue el alza de combustibles, factor que impacta directamente en los costos de transporte y, por ende, en el desarrollo de proyectos y obras. En el caso de la construcción, las primeras proyecciones advierten que un alza sostenida de los combustibles podría impactar obras de vivienda, infraestructura e insumos que son fabricados con un fuerte componente de petróleo. Por las condiciones extremas de nuestra región de Magallanes, creemos que se hace aún más necesario implementar medidas especiales por el fuerte impacto que significa esta alza en los combustibles en la zona austral, expuso Cristóbal Bascuñán, presidente CChC Magallanes. Por su parte, la Delegada coincidió en que esta situación se acentúa en la región debido a sus características geográficas. Es algo que nosotros estamos súper conscientes como Gobierno, que en esta región el alza se siente con mayor fuerza que en otras, justamente por todos los fletes y la mercadería que recibimos, que llega por tierra, avión o barco. Estamos viendo cómo trabajar en conjunto para generar propuestas que a futuro se puedan concretar, explicó Farías. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo público-privada, con el objetivo de dar seguimiento a estas problemáticas y promover medidas que impulsen el desarrollo sostenible del sector en Magallanes.
Concejales representantes de los distintos concejos municipales de la Región de Magallanes manifestaron su preocupación respecto al futuro de los recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), en el marco de una reunión sostenida con la delegada presidencial regional, Ericka Farías. El encuentro se desarrolló en la comuna de San Gregorio, durante la sesión mensual de la Asociación de Municipalidades de Magallanes, instancia en la que participaron representantes de los diez concejos comunales de la región. En la oportunidad, las autoridades locales expusieron sus inquietudes frente a los cambios en la modalidad de financiamiento del plan. Durante la reunión, realizada de manera telemática, la delegada explicó que para 2026 se contemplaba una asignación cercana a los 48 mil millones de pesos, pero que el mecanismo de entrega fue modificado. En ese contexto, se indicó que durante el primer semestre se distribuirán cerca de 25 mil millones de pesos, destinados a proyectos en ejecución, mientras que una segunda entrega quedará sujeta al avance en el uso de los recursos. Los concejales señalaron que, si bien la exposición permitió aclarar parte de las dudas, persisten interrogantes respecto a los criterios de priorización de proyectos, especialmente en iniciativas relacionadas con alcantarillado y electrificación en sectores rurales, que podrían verse postergadas. Ante este escenario, la delegada presidencial se comprometió a coordinar una nueva instancia de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de abordar en detalle las inquietudes planteadas por los representantes comunales.
En el marco de una nueva jornada de Gobierno en Terreno, se desarrolló una plaza ciudadana en la Escuela Rotario Paul Harris, en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La actividad reunió a servicios públicos, autoridades regionales y comunidad, en un espacio orientado a acercar la oferta estatal y facilitar el acceso a beneficios y orientación en terreno. Gobierno en Terreno es una iniciativa que, de manera sostenida, ha permitido acercar los servicios públicos a la ciudadanía, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios y facilitando una atención más oportuna y directa. En este contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha relevado la importancia de avanzar hacia un país más inclusivo, promoviendo la accesibilidad, la coordinación de los servicios públicos y una atención más pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad y neurodivergencias. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana y se expresa de múltiples formas. Su comprensión resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que reconozca y respete las distintas maneras de comunicarse, aprender y relacionarse, así como los desafíos que enfrentan las personas autistas y sus familias. La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de estos operativos en el territorio: “Este es un operativo que permite que las distintas instituciones del Estado lleguen más cerca de los ciudadanos, a distintos sectores. Vamos a realizarlos de manera frecuente en Punta Arenas y en otras comunas de la región. Han tenido muy buena acogida, porque las personas pueden hacer sus trámites en un lugar cercano a sus casas, evitando desplazamientos, especialmente en días como hoy, con lluvia”. Durante la jornada, se dispusieron diversos stands informativos y de atención ciudadana, permitiendo a vecinas y vecinos acceder a trámites, resolver inquietudes y conocer la oferta pública sin necesidad de desplazamientos. En materia de salud y apoyo psicosocial, participaron dispositivos como Cosam, Compin y la Seremi de Salud, entregando orientación y atención directa a la comunidad. A su vez, en el ámbito de la inclusión y protección social, estuvieron presentes Senadis, la Seremi de Desarrollo Social y la Oficina de la Discapacidad, reforzando el acceso a beneficios y programas dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. En el área educativa, se contó con la participación de Junji, Fundación Integra, Junaeb, Slep, la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación, difundiendo la oferta disponible y los apoyos existentes para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Asimismo, instituciones como el Registro Civil y Cormupa facilitaron la realización de trámites y gestiones en terreno. Por su parte, la directora de la Escuela Rotario Paul Harris, Elizabeth Ulloa Saavedra, relevó la importancia del trabajo articulado: “El abordaje de la discapacidad tiene que ser intersectorial. Esta instancia permite a las familias recibir información, saber qué hacer, dónde acudir y qué apoyos existen. Es fundamental el trabajo conjunto en beneficio de personas dentro del espectro autista”. En tanto, la presidenta de la Fundación Te Abrazo Magallanes, Rosita Miranda, valoró la presencia de los servicios públicos: “Agradecemos a todos los servicios públicos que estuvieron presentes, porque son un apoyo concreto para las familias que viven el autismo día a día. Esta jornada es muy significativa para nosotros como organización y para la comunidad”. Finalmente, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó el rol de la institución en materia de inclusión: “Como Fundación Integra, hemos puesto a disposición nuestra oferta educativa en la región, junto con recursos y materiales que fortalecen el trabajo en inclusión educativa”. La actividad reafirma el compromiso del Gobierno con la inclusión, la equidad y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y sus familias.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. en Magallanes manifestó su preocupación frente a una serie de problemáticas que afectan al sistema educativo regional, tras una reunión sostenida con autoridades. Entre los principales puntos expuestos, el gremio alertó sobre reiterados problemas en el pago de remuneraciones, denunciando que numerosos docentes no han recibido sus sueldos de manera íntegra ni oportuna. A juicio de la organización, esta situación constituye una vulneración a los derechos laborales y afecta directamente la estabilidad económica de los trabajadores de la educación. Asimismo, advirtieron sobre el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales, fenómeno que —según indicaron— ha dejado de ser aislado para convertirse en una problemática estructural que impacta el desarrollo de los procesos educativos y el bienestar de las comunidades escolares. Frente a este escenario, el gremio solicitó la implementación de una mesa de trabajo intersectorial, junto con medidas concretas y sostenidas en el tiempo para abordar la crisis. Finalmente, plantearon la necesidad de fortalecer la gestión del sistema de educación pública en la región, solicitando mayor coordinación, seguimiento de compromisos y respuestas oportunas por parte de las autoridades. Desde el Colegio de Profesores esperan una respuesta formal en un plazo acotado que permita entregar certezas al profesorado.
