Los hechos de violencia y delincuencia registrados en el último tiempo, que han perturbado la tranquilidad de los vecinos de la Población Raúl Silva Henríquez, en donde constantemente se ha requerido la presencia de personal policial y de seguridad ciudadana, es una situación que preocupa a las autoridades comunales, quienes, en conjunto con los dirigentes vecinales, han coordinado diferentes acciones para brindar mayor seguridad a la comunidad. Por tal motivo, durante el transcurso de la tarde de este martes, el concejal y presidente de la comisión de seguridad ciudadana Germán Flores y el director de seguridad pública Carlos Sanhueza, se reunieron con la directiva de la junta de vecinos, en donde abordaron las problemáticas que hoy enfrentan. “Debemos de dejar de hablar de hechos aislados, aquí estamos frentes a situaciones constantes que se dan día a día. Hablamos de hechos de sangre e incluso con consecuencias fatales, riñas, peleas con armas blancas (machetes y cuchillos), disparos al aire, robos, desplazamientos de vehículos a gran velocidad, consumo de alcohol y droga en la vía pública, como también denuncias por tráfico de droga, lo que por cierto amerita una intervención urgente en esta población”, señaló el concejal Germán Flores al término del encuentro. Más adelante expresó “el diagnóstico está, ahora necesitamos soluciones, por tal motivo, me he comprometido con los dirigentes que dentro de las próximas horas le solicitaré al alcalde Claudio Radonich, la posibilidad de replicar lo que hoy tenemos en la población Archipiélago de Chiloé, es decir, la instalación de un módulo de seguridad ciudadana que sea una colaboración directa para los vecinos, tal como está ocurriendo en el sector sur”. Respecto al financiamiento para incorporar este módulo, Flores manifestó que el año pasado presentaron junto al diputado Carlos Bianchi y al alcalde Radonich, una iniciativa (concordada por todos los alcaldes de la región) al Gobernador Regional Jorge Flies, que consiste en destinar el 20% de los ingresos provenientes de la concesión de Zona Franca a proyectos e iniciativas de seguridad ciudadana para las comunas. “Aquí hay un compromiso que asumió el Gobernador con todos los alcaldes de la zona, por lo que solicito que podamos avanzar en la modalidad de cómo se otorgarán los recursos. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos al año que deberán ser distribuidos entre los municipios, pero aún no sabemos de qué formas podemos optar a estos recursos, por lo que urge la definición de este compromiso de julio del año pasado”, dijo Flores. Finalmente manifestó que claramente el departamento de seguridad ciudadana municipal, no reemplaza la labor policial, pero sí presta una colaboración constante e importante para la comunidad.
El contador auditor Adolfo Canales Guentelican entregó una reflexión crítica a la ciudadanía en una columna de opinión titulada “Quién financia la delincuencia”, en la que analiza distintos casos recientes de corrupción y su vínculo con el crimen organizado, poniendo el foco en el flujo de recursos que permite su expansión. Canales contextualiza su análisis a partir de investigaciones en curso, como la Operación “Apocalipsis”, que indaga una red de corrupción en Gendarmería con 42 funcionarios acusados de cohecho y 35 civiles formalizados por soborno, junto con allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos irregulares. A ello suma la investigación a la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como la “Tía Rica”, por el pago de $1.500 millones a 1.681 personas con antecedentes penales, que habrían empeñado bienes sin verificar su procedencia, situación que, a su juicio, se vincula con prácticas de lavado de activos. En su planteamiento, el profesional sostiene que el sector público se ha vuelto permeable al avance del crimen organizado, contrastando esta realidad con la imagen histórica de Chile como uno de los países menos corruptos de la región. Advierte que hoy existe una abundante circulación de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, recursos que —según expone— se originan en el consumo cotidiano de drogas por parte de ciudadanos comunes. Canales describe cómo ese poder económico se manifiesta incluso dentro de las cárceles, ejemplificando que un reo puede pagar hasta $120.000 por un kilo de huachalomo para consumir al interior de un recinto penal, como señal de control y dominio. Paralelamente, señala que los consumidores terminan deteriorando su vida personal y familiar, transformándose posteriormente en una carga para el Estado, ya sea por procesos de rehabilitación o por su participación en delitos como robos, homicidios, volcamientos y destrucción de patrimonio público. En su análisis, el contador auditor cuestiona que el debate público se centre únicamente en levantar el secreto bancario, planteando que una herramienta más efectiva sería investigar el “gasto de vida” de las personas. En ese contexto, ejemplifica con la presencia de jóvenes que, sin una actividad laboral visible, acceden a vehículos de alto valor, mientras trabajadores formales enfrentan dificultades para pagar créditos por automóviles de menor costo. Finalmente, Canales plantea la necesidad de fortalecer las investigaciones tributarias y policiales, utilizando información como patentes de vehículos y eventuales ventas simuladas que podrían ser indagadas por el Servicio de Impuestos Internos, resguardando la seguridad de los funcionarios. A su juicio, si bien es clave identificar a los cabecillas de las organizaciones criminales, también resulta necesario frenar el flujo de recursos que alimenta a la delincuencia, desincentivando el consumo y el enrolamiento de nuevos integrantes en estas redes ilícitas.
Los hechos de violencia y delincuencia registrados en el último tiempo, que han perturbado la tranquilidad de los vecinos de la Población Raúl Silva Henríquez, en donde constantemente se ha requerido la presencia de personal policial y de seguridad ciudadana, es una situación que preocupa a las autoridades comunales, quienes, en conjunto con los dirigentes vecinales, han coordinado diferentes acciones para brindar mayor seguridad a la comunidad. Por tal motivo, durante el transcurso de la tarde de este martes, el concejal y presidente de la comisión de seguridad ciudadana Germán Flores y el director de seguridad pública Carlos Sanhueza, se reunieron con la directiva de la junta de vecinos, en donde abordaron las problemáticas que hoy enfrentan. “Debemos de dejar de hablar de hechos aislados, aquí estamos frentes a situaciones constantes que se dan día a día. Hablamos de hechos de sangre e incluso con consecuencias fatales, riñas, peleas con armas blancas (machetes y cuchillos), disparos al aire, robos, desplazamientos de vehículos a gran velocidad, consumo de alcohol y droga en la vía pública, como también denuncias por tráfico de droga, lo que por cierto amerita una intervención urgente en esta población”, señaló el concejal Germán Flores al término del encuentro. Más adelante expresó “el diagnóstico está, ahora necesitamos soluciones, por tal motivo, me he comprometido con los dirigentes que dentro de las próximas horas le solicitaré al alcalde Claudio Radonich, la posibilidad de replicar lo que hoy tenemos en la población Archipiélago de Chiloé, es decir, la instalación de un módulo de seguridad ciudadana que sea una colaboración directa para los vecinos, tal como está ocurriendo en el sector sur”. Respecto al financiamiento para incorporar este módulo, Flores manifestó que el año pasado presentaron junto al diputado Carlos Bianchi y al alcalde Radonich, una iniciativa (concordada por todos los alcaldes de la región) al Gobernador Regional Jorge Flies, que consiste en destinar el 20% de los ingresos provenientes de la concesión de Zona Franca a proyectos e iniciativas de seguridad ciudadana para las comunas. “Aquí hay un compromiso que asumió el Gobernador con todos los alcaldes de la zona, por lo que solicito que podamos avanzar en la modalidad de cómo se otorgarán los recursos. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos al año que deberán ser distribuidos entre los municipios, pero aún no sabemos de qué formas podemos optar a estos recursos, por lo que urge la definición de este compromiso de julio del año pasado”, dijo Flores. Finalmente manifestó que claramente el departamento de seguridad ciudadana municipal, no reemplaza la labor policial, pero sí presta una colaboración constante e importante para la comunidad.
El contador auditor Adolfo Canales Guentelican entregó una reflexión crítica a la ciudadanía en una columna de opinión titulada “Quién financia la delincuencia”, en la que analiza distintos casos recientes de corrupción y su vínculo con el crimen organizado, poniendo el foco en el flujo de recursos que permite su expansión. Canales contextualiza su análisis a partir de investigaciones en curso, como la Operación “Apocalipsis”, que indaga una red de corrupción en Gendarmería con 42 funcionarios acusados de cohecho y 35 civiles formalizados por soborno, junto con allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos irregulares. A ello suma la investigación a la Dirección General de Crédito Prendario, conocida como la “Tía Rica”, por el pago de $1.500 millones a 1.681 personas con antecedentes penales, que habrían empeñado bienes sin verificar su procedencia, situación que, a su juicio, se vincula con prácticas de lavado de activos. En su planteamiento, el profesional sostiene que el sector público se ha vuelto permeable al avance del crimen organizado, contrastando esta realidad con la imagen histórica de Chile como uno de los países menos corruptos de la región. Advierte que hoy existe una abundante circulación de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, recursos que —según expone— se originan en el consumo cotidiano de drogas por parte de ciudadanos comunes. Canales describe cómo ese poder económico se manifiesta incluso dentro de las cárceles, ejemplificando que un reo puede pagar hasta $120.000 por un kilo de huachalomo para consumir al interior de un recinto penal, como señal de control y dominio. Paralelamente, señala que los consumidores terminan deteriorando su vida personal y familiar, transformándose posteriormente en una carga para el Estado, ya sea por procesos de rehabilitación o por su participación en delitos como robos, homicidios, volcamientos y destrucción de patrimonio público. En su análisis, el contador auditor cuestiona que el debate público se centre únicamente en levantar el secreto bancario, planteando que una herramienta más efectiva sería investigar el “gasto de vida” de las personas. En ese contexto, ejemplifica con la presencia de jóvenes que, sin una actividad laboral visible, acceden a vehículos de alto valor, mientras trabajadores formales enfrentan dificultades para pagar créditos por automóviles de menor costo. Finalmente, Canales plantea la necesidad de fortalecer las investigaciones tributarias y policiales, utilizando información como patentes de vehículos y eventuales ventas simuladas que podrían ser indagadas por el Servicio de Impuestos Internos, resguardando la seguridad de los funcionarios. A su juicio, si bien es clave identificar a los cabecillas de las organizaciones criminales, también resulta necesario frenar el flujo de recursos que alimenta a la delincuencia, desincentivando el consumo y el enrolamiento de nuevos integrantes en estas redes ilícitas.
