Los avances sustantivos que ha significado la implementación de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada (Ley N°21.057) en la Región de Magallanes fueron abordados en la última sesión del año de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat. A seis años de la entrada en vigor de esta normativa en la región, la autoridad destacó el impacto positivo que ha tenido el sistema de entrevistas videograbadas en la persecución penal, especialmente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. En este contexto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos relevó el trabajo articulado de las instituciones que forman parte del sistema, así como el compromiso de las y los funcionarios que intervienen en su implementación: “La entrevista investigativa videograbada representa un cambio estructural en la forma en que el Estado se relaciona con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Su correcta implementación permite garantizar su derecho a ser oídos, evitando la revictimización y resguardando su dignidad e integridad durante todo el proceso penal. Estos avances no serían posibles sin el compromiso técnico y humano de las instituciones que conforman el sistema en la región”, señaló. Asimismo, la autoridad valoró la activa participación de los equipos profesionales de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), quienes se han capacitado en los estándares de interacción que deben regir el trato con niños, niñas y adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°21.057. Desde el Poder Judicial, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, destacó el indudable aporte de las entrevistas investigativas videograbadas a la persecución penal y a la mejora en la administración de justicia. “Se trata de un sistema que aporta información de alta calidad y genera el resguardo necesario para que las víctimas puedan participar del proceso penal. Desde esa perspectiva, se puede decir que hasta ahora ha cumplido su objetivo y ha operado sin mayores inconvenientes, contribuyendo a un mejor juzgamiento para los fines para los cuales fue diseñada”. En la misma línea, el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, afirmó que la entrevista investigativa videograbada “ha sido una de las políticas públicas más importantes que hemos tenido en el sistema de justicia penal para la protección de víctimas infantojuveniles”, destacando que constituye un avance sustantivo en la forma en que el sistema penal se relaciona con ellos resguardando sus derechos y su dignidad sin perjudicar la persecución penal. La entrevista videograbada en cifras De acuerdo con la subcomisión de implementación de la Entrevista Investigativa Videograbada en Magallanes, entre enero y junio de 2024 se recibieron 372 denuncias, mientras que en el primer semestre de 2025 estas alcanzaron las 190. En cuanto a entrevistas investigativas videograbadas, durante 2024 se realizaron 164, y al mes de junio de 2025 se contabilizaban 85. Durante 2025, el 37,6% de las entrevistas correspondieron a niñas y niños y el 62,4% a adolescentes. Por institución, el Ministerio Público concentró el 49,4% de las EIV realizadas, seguido por la Policía de Investigaciones y Carabineros. La región cuenta actualmente con 12 entrevistadores acreditados y siete salas especiales de entrevista videograbada, distribuidas en fiscalías, tribunales y Carabineros, lo que consolida una infraestructura adecuada para garantizar una implementación eficaz y con enfoque de derechos.
El Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes (UMAG) fue el escenario para la ceremonia de certificación del programa “Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos”, un programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), ejecutado en Magallanes por CADI UMAG, iniciativa que busca contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y jóvenes a través de la entrega de herramientas que fomenten el empoderamiento en la toma de decisiones, la igualdad y la no discriminación. Durante la emotiva jornada, cerca de 85 personas recibieron sus certificados de egreso, marcando el cierre de un proceso de formación que incluyó cursos teóricos y, para un grupo, la etapa práctica de 24 horas cronológicas. Este último grupo, de 28 personas, se convirtió oficialmente en personas facilitadoras para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, preparadas para replicar los aprendizajes adquiridos y contribuir al fortalecimiento de los derechos en todos los rincones de la Región. Al respecto, el Vicerrector Académico Subrogante de la UMAG, Mario Garay Aguilar, señaló “Hoy, la Universidad de Magallanes, como institución pública y regional, da un paso clave en su rol transformador. Estamos certificando a las nuevas personas facilitadoras del programa que se ejecuta en el CADI UMAG, quienes serán fundamentales para expandir esta iniciativa a cada rincón de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Para nosotros, es esencial entregar herramientas que fortalezcan la autonomía y el conocimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos en toda nuestra comunidad. Con ello, la UMAG reafirma su compromiso de ser un agente de cambio social y un centro que proyecta su labor más allá de las aulas, respondiendo activamente a las necesidades y desafíos del territorio”. Por su parte, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló “desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos. Este programa nos permite fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades, promoviendo el acceso a información, redes y herramientas que inciden directamente en su bienestar y calidad de vida” Además, la ceremonia de certificación incluyó presentaciones artísticas que enriquecieron la jornada; primero tuvimos a Emi Cofré González, cantautora e instrumentista magallánica, que además egresó como facilitadora para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien nos deleitó con música de su autoría; y luego, fue el turno de Gael Negrón Hernández, profesor y ex deportista de alto rendimiento en el fútbol, que incursiona en el arte musical, visibilizando la realidad de las personas trans y promoviendo espacios inclusivos. Ambas presentaciones artísticas aportaron desde sus propias expresiones y trayectorias a una jornada que buscó poner en valor la diversidad, promoviendo espacios seguros, dignos e inclusivos para todas las personas. Señalar que este programa a la fecha y durante el 2025, ha formado a 144 personas en su modalidad teórica, quienes han completado un proceso de capacitación que aborda temáticas fundamentales como: sexualidad, género, libertades y autonomías de poblaciones específicas para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos; así como el marco normativo nacional e internacional de Derechos Humanos y los mecanismos de exigibilidad de estos derechos. Actualmente, se encuentran en proceso de formación más de 40 personas, quienes aún deben completar los tres módulos correspondientes a esta etapa teórica. Respecto del curso práctico, este se enfoca en la promoción del ejercicio de los DSR con enfoque de género, derechos e interseccionalidad en contextos comunitarios. Se abordan contenidos como metodologías participativas, aspectos básicos de la comunicación efectiva y empática, habilidades para comunicar ideas y necesidades de forma clara, así como herramientas para liderar procesos de promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos a través de la comunicación. Esta etapa finaliza con la elaboración de un proyecto de irradiación, que permite a las y los participantes adquirir conocimientos prácticos para la postulación a fondos e implementación de iniciativas comunitarias. Actualmente, alrededor de 100 personas se encuentran desarrollando el curso práctico, con miras a egresar como personas facilitadoras para el ejercicio de los DSR en sus territorios.
Como parte de las obligaciones del Estado, existe a nivel regional una Mesa Penitenciaria, instancia permanente que brinda apoyo al trabajo de las instituciones que se preocupan diariamente por la atención de las personas privadas de libertad, poniendo acento en mejorar sus condiciones y resguardar sus derechos fundamentales como grupo de especial protección. Así lo señala la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, al referirse a una serie de avances en esta colaboración interinstitucional, cuya labor de seguimiento apunta a garantizar la seguridad intrapenitenciaria en las unidades penales y, a su vez, el resguardo de los derechos humanos de la población penal. La autoridad destacó que aquella coordinación - que integran la Secretaría Regional Ministerial (SEREMÍA) de Justicia y DD.HH., Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- se ha mantenido activa desde el inicio de su actual gestión, y ha servido para abordar temas contingentes enmarcados en sus dos objetivos. Para ello, se han dado a la tarea de buscar cómo incorporar a nuevas instituciones y al mundo privado en estas temáticas, así como también relevando la provisión de derechos de la población en materia de salud y el derecho a la cultura. Subraya que en su trabajo han logrado avances en aspectos tan sensibles como mejoras en el caso de las mujeres embarazadas o con hijos lactantes en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, articulando un protocolo de traslado de estas personas a centros de salud, el cual ya se encuentra en aplicación. En otras temáticas, se han articulado campañas incentivado a la sociedad civil y empresas a prestar apoyo hacia este grupo de la sociedad, lo que se ha concretado a través de donaciones, por ejemplo, útiles de aseo, insumos para talleres laborales, donaciones de bandejas para mejorar la entrega de raciones diarias en ciertos módulos. Asimismo, se realizan gestiones para adquirir más literas para la población penal, y se coordinan acciones con INACAP para elaborar un informe sobre la alimentación que reciben tanto las personas privadas de libertad como los funcionarios. En el ámbito de la reinserción social destaca la organización del Festival de la Voz, a realizarse este lunes 20 en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, como esfuerzo conjunto entre la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, que realzará el talento artístico de internos e internas, además de ofrecerles un sano esparcimiento con una atractiva parrilla de números musicales. En otro aspecto esencial, Gendarmería se ha reunido con el Servicio de Salud Magallanes para coordinar detalles de la renovación del convenio y el funcionamiento de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) durante 2026. El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, resalta que “esta Mesa Penitenciaria, donde participa el INDH, la Defensoría y también la Seremía de Justicia y DD.HH., nos permite visualizar y poder trabajar en conjunto para abordar todas las problemáticas que se generan al interior de las unidades penales de la región”. Valoró que el trabajar en forma conjunta y colaborativa les permite, en cierta manera, poder abordar en forma oportuna, rápida y con un objetivo principal de ir mejorando todo lo relacionado con su procedimiento interno. Ante el logro de acciones concretas orientadas a potenciar la reinserción social, el respeto y garantía absoluta a los derechos fundamentales, el Jefe Regional del INDH, Cristian Figueroa, subraya la oportunidad clave que brinda esta mesa intersectorial “para impulsar mejoras reales en la situación de las personas privadas de libertad en nuestra región. Este espacio de diálogo y articulación entre las distintas instituciones (…) nos ha permitido abordar de manera integral los desafíos que hoy tenemos en nuestra región en materia carcelaria, velando por que el trabajo sea con un enfoque de género desde la óptica de los derechos humanos”. Ante desafíos que son constantes, insta a trabajar “por un mejor sistema, que propicie espacios claros de reinserción social para hombre y mujeres que hoy cumplen condena, lo que se traduce en el objetivo fundamental de todo este trabajo”. La Mesa Penitenciaria es también integrada por la Defensoría Penal Pública, cuyo Jefe de Estudios Regional, Rodrigo Lillo, enfatiza que “la labor de la Mesa Penitenciaria que dirige la SEREMÍA de Justicia constituye una instancia (de coordinación) muy importante y muy eficiente para el abordaje de la situación de las personas privadas de libertad, para el resguardo de sus derechos y garantías”. Al ser la Defensoría Penal Pública o el INDH garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, destaca el permitirles dar a conocer a Gendarmería los requerimientos o nudos críticos, y a su vez la institución penitenciaria plantearles cuáles son las dificultades o limitaciones que tienen precisamente para dar satisfacción y garantizar estos derechos en forma adecuada, y cuáles son sus propuestas para mejorar estas condiciones. Particularmente reconoce avances en la situación de las condiciones carcelarias que se le ha hecho ver a la Gendarmería, también respecto de mujeres embarazadas o con hijos lactantes y la situación de la UPFHI, “unidad que trabaja con privados de libertad en situación de salud mental ambulatoria, que ha pasado por varias crisis. Y la mesa ha dado un soporte para conversar esas situaciones y plantear algunas propuestas. Si bien la solución también pasa por el Servicio de Salud, por lo menos se han planteado a ese nivel algunas propuestas y también se han dado a conocer cuáles son las dificultades que ocurren en la práctica”.
En día miércoles se desarrolló la segunda sesión del año de la Comisión Técnica de Igualdad de Derechos y Equidad de Género, encabezada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando. La instancia reúne a más de 60 servicios públicos, delegaciones y seremis de la región, con el objetivo de implementar, coordinar y articular acciones con perspectiva de género en sus instituciones. En esta oportunidad, las y los representantes revisaron el trabajo desplegado en el marco de la Agenda Regional de Género 2022-2026 que se acerca a su etapa de cierre y que ha significado la instalación de compromisos concretos para avanzar en igualdad de derechos. Durante la jornada también se presentó la campaña nacional de prevención de la violencia contra las mujeres “Una Ley en Nombre de Todas”, que busca visibilizar la reciente Ley Integral de Violencia de Género y acercar a la ciudadanía las herramientas disponibles para el ejercicio y resguardo de sus derechos. La Seremi Alejandra Ruiz Ovando destacó que: “Estos compromisos de género que hemos asumido como región no son un favor, son un acto de justicia. Los últimos años han demostrado que, con voluntad y convicción en los derechos humanos de las mujeres, es posible transformar la gestión pública en favor de mejorar la vida de las personas”. Por su parte, Yael Ampuero, encargada de género del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP), señaló: “Como servicio que está recién comenzando, para nosotros es fundamental participar en esta mesa. Necesitamos del apoyo de todos los ministerios y servicios que llevan más trayectoria. Nuestro desafío principal es visibilizar nuestras acciones hacia la comunidad educativa, así como los compromisos sostenidos con el Ministerio de la Mujer, como la difusión del Concurso Nacional de Manga que busca prevenir la violencia de género y cuya convocatoria está abierta hasta el 5 de octubre. Creemos que estas instancias son esenciales para avanzar en igualdad de derechos desde la educación pública”. La Comisión Técnica continuará su labor durante los próximos meses con el fin de sistematizar y socializar los resultados alcanzados con las organizaciones de mujeres, asegurando que la experiencia acumulada se proyecte en las nuevas etapas de trabajo y en los desafíos que se presenten para seguir construyendo una región más justa y libre de violencia.
En conversación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba Marín, informó sobre la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, bajo el lema “En defensa de la función pública. Ni un paso atrás en nuestros derechos”. La acción consistió en un banderazo convocado por la organización, cuyo objetivo fue visibilizar el descontento de los trabajadores públicos respecto al proyecto de ley sobre subsidio de incapacidad laboral, actualmente en evaluación en la comisión del Senado. Según indicó, dicho proyecto fue presentado sin consulta previa a los funcionarios y genera preocupación por eventuales retrocesos en derechos ya adquiridos. “Nosotros no estamos en contra que haya una fiscalización a las licencias médicas, pero lo que no queremos es que existan retrocesos en lo que ya hemos adquirido como funcionarios públicos hace mucho tiempo”, afirmó Córdoba. La presidenta de ANEF Magallanes recalcó que la manifestación buscó hacer un llamado tanto a las autoridades regionales como nacionales para retirar el proyecto de ley del Congreso y mejorarlo en un nuevo proceso de trabajo, esta vez con la participación de los trabajadores públicos.
Los avances sustantivos que ha significado la implementación de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada (Ley N°21.057) en la Región de Magallanes fueron abordados en la última sesión del año de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat. A seis años de la entrada en vigor de esta normativa en la región, la autoridad destacó el impacto positivo que ha tenido el sistema de entrevistas videograbadas en la persecución penal, especialmente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. En este contexto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos relevó el trabajo articulado de las instituciones que forman parte del sistema, así como el compromiso de las y los funcionarios que intervienen en su implementación: “La entrevista investigativa videograbada representa un cambio estructural en la forma en que el Estado se relaciona con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Su correcta implementación permite garantizar su derecho a ser oídos, evitando la revictimización y resguardando su dignidad e integridad durante todo el proceso penal. Estos avances no serían posibles sin el compromiso técnico y humano de las instituciones que conforman el sistema en la región”, señaló. Asimismo, la autoridad valoró la activa participación de los equipos profesionales de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), quienes se han capacitado en los estándares de interacción que deben regir el trato con niños, niñas y adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°21.057. Desde el Poder Judicial, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, destacó el indudable aporte de las entrevistas investigativas videograbadas a la persecución penal y a la mejora en la administración de justicia. “Se trata de un sistema que aporta información de alta calidad y genera el resguardo necesario para que las víctimas puedan participar del proceso penal. Desde esa perspectiva, se puede decir que hasta ahora ha cumplido su objetivo y ha operado sin mayores inconvenientes, contribuyendo a un mejor juzgamiento para los fines para los cuales fue diseñada”. En la misma línea, el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, afirmó que la entrevista investigativa videograbada “ha sido una de las políticas públicas más importantes que hemos tenido en el sistema de justicia penal para la protección de víctimas infantojuveniles”, destacando que constituye un avance sustantivo en la forma en que el sistema penal se relaciona con ellos resguardando sus derechos y su dignidad sin perjudicar la persecución penal. La entrevista videograbada en cifras De acuerdo con la subcomisión de implementación de la Entrevista Investigativa Videograbada en Magallanes, entre enero y junio de 2024 se recibieron 372 denuncias, mientras que en el primer semestre de 2025 estas alcanzaron las 190. En cuanto a entrevistas investigativas videograbadas, durante 2024 se realizaron 164, y al mes de junio de 2025 se contabilizaban 85. Durante 2025, el 37,6% de las entrevistas correspondieron a niñas y niños y el 62,4% a adolescentes. Por institución, el Ministerio Público concentró el 49,4% de las EIV realizadas, seguido por la Policía de Investigaciones y Carabineros. La región cuenta actualmente con 12 entrevistadores acreditados y siete salas especiales de entrevista videograbada, distribuidas en fiscalías, tribunales y Carabineros, lo que consolida una infraestructura adecuada para garantizar una implementación eficaz y con enfoque de derechos.
El Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes (UMAG) fue el escenario para la ceremonia de certificación del programa “Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos”, un programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), ejecutado en Magallanes por CADI UMAG, iniciativa que busca contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y jóvenes a través de la entrega de herramientas que fomenten el empoderamiento en la toma de decisiones, la igualdad y la no discriminación. Durante la emotiva jornada, cerca de 85 personas recibieron sus certificados de egreso, marcando el cierre de un proceso de formación que incluyó cursos teóricos y, para un grupo, la etapa práctica de 24 horas cronológicas. Este último grupo, de 28 personas, se convirtió oficialmente en personas facilitadoras para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, preparadas para replicar los aprendizajes adquiridos y contribuir al fortalecimiento de los derechos en todos los rincones de la Región. Al respecto, el Vicerrector Académico Subrogante de la UMAG, Mario Garay Aguilar, señaló “Hoy, la Universidad de Magallanes, como institución pública y regional, da un paso clave en su rol transformador. Estamos certificando a las nuevas personas facilitadoras del programa que se ejecuta en el CADI UMAG, quienes serán fundamentales para expandir esta iniciativa a cada rincón de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Para nosotros, es esencial entregar herramientas que fortalezcan la autonomía y el conocimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos en toda nuestra comunidad. Con ello, la UMAG reafirma su compromiso de ser un agente de cambio social y un centro que proyecta su labor más allá de las aulas, respondiendo activamente a las necesidades y desafíos del territorio”. Por su parte, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló “desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos. Este programa nos permite fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades, promoviendo el acceso a información, redes y herramientas que inciden directamente en su bienestar y calidad de vida” Además, la ceremonia de certificación incluyó presentaciones artísticas que enriquecieron la jornada; primero tuvimos a Emi Cofré González, cantautora e instrumentista magallánica, que además egresó como facilitadora para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien nos deleitó con música de su autoría; y luego, fue el turno de Gael Negrón Hernández, profesor y ex deportista de alto rendimiento en el fútbol, que incursiona en el arte musical, visibilizando la realidad de las personas trans y promoviendo espacios inclusivos. Ambas presentaciones artísticas aportaron desde sus propias expresiones y trayectorias a una jornada que buscó poner en valor la diversidad, promoviendo espacios seguros, dignos e inclusivos para todas las personas. Señalar que este programa a la fecha y durante el 2025, ha formado a 144 personas en su modalidad teórica, quienes han completado un proceso de capacitación que aborda temáticas fundamentales como: sexualidad, género, libertades y autonomías de poblaciones específicas para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos; así como el marco normativo nacional e internacional de Derechos Humanos y los mecanismos de exigibilidad de estos derechos. Actualmente, se encuentran en proceso de formación más de 40 personas, quienes aún deben completar los tres módulos correspondientes a esta etapa teórica. Respecto del curso práctico, este se enfoca en la promoción del ejercicio de los DSR con enfoque de género, derechos e interseccionalidad en contextos comunitarios. Se abordan contenidos como metodologías participativas, aspectos básicos de la comunicación efectiva y empática, habilidades para comunicar ideas y necesidades de forma clara, así como herramientas para liderar procesos de promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos a través de la comunicación. Esta etapa finaliza con la elaboración de un proyecto de irradiación, que permite a las y los participantes adquirir conocimientos prácticos para la postulación a fondos e implementación de iniciativas comunitarias. Actualmente, alrededor de 100 personas se encuentran desarrollando el curso práctico, con miras a egresar como personas facilitadoras para el ejercicio de los DSR en sus territorios.
Como parte de las obligaciones del Estado, existe a nivel regional una Mesa Penitenciaria, instancia permanente que brinda apoyo al trabajo de las instituciones que se preocupan diariamente por la atención de las personas privadas de libertad, poniendo acento en mejorar sus condiciones y resguardar sus derechos fundamentales como grupo de especial protección. Así lo señala la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, al referirse a una serie de avances en esta colaboración interinstitucional, cuya labor de seguimiento apunta a garantizar la seguridad intrapenitenciaria en las unidades penales y, a su vez, el resguardo de los derechos humanos de la población penal. La autoridad destacó que aquella coordinación - que integran la Secretaría Regional Ministerial (SEREMÍA) de Justicia y DD.HH., Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- se ha mantenido activa desde el inicio de su actual gestión, y ha servido para abordar temas contingentes enmarcados en sus dos objetivos. Para ello, se han dado a la tarea de buscar cómo incorporar a nuevas instituciones y al mundo privado en estas temáticas, así como también relevando la provisión de derechos de la población en materia de salud y el derecho a la cultura. Subraya que en su trabajo han logrado avances en aspectos tan sensibles como mejoras en el caso de las mujeres embarazadas o con hijos lactantes en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, articulando un protocolo de traslado de estas personas a centros de salud, el cual ya se encuentra en aplicación. En otras temáticas, se han articulado campañas incentivado a la sociedad civil y empresas a prestar apoyo hacia este grupo de la sociedad, lo que se ha concretado a través de donaciones, por ejemplo, útiles de aseo, insumos para talleres laborales, donaciones de bandejas para mejorar la entrega de raciones diarias en ciertos módulos. Asimismo, se realizan gestiones para adquirir más literas para la población penal, y se coordinan acciones con INACAP para elaborar un informe sobre la alimentación que reciben tanto las personas privadas de libertad como los funcionarios. En el ámbito de la reinserción social destaca la organización del Festival de la Voz, a realizarse este lunes 20 en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, como esfuerzo conjunto entre la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, que realzará el talento artístico de internos e internas, además de ofrecerles un sano esparcimiento con una atractiva parrilla de números musicales. En otro aspecto esencial, Gendarmería se ha reunido con el Servicio de Salud Magallanes para coordinar detalles de la renovación del convenio y el funcionamiento de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) durante 2026. El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, resalta que “esta Mesa Penitenciaria, donde participa el INDH, la Defensoría y también la Seremía de Justicia y DD.HH., nos permite visualizar y poder trabajar en conjunto para abordar todas las problemáticas que se generan al interior de las unidades penales de la región”. Valoró que el trabajar en forma conjunta y colaborativa les permite, en cierta manera, poder abordar en forma oportuna, rápida y con un objetivo principal de ir mejorando todo lo relacionado con su procedimiento interno. Ante el logro de acciones concretas orientadas a potenciar la reinserción social, el respeto y garantía absoluta a los derechos fundamentales, el Jefe Regional del INDH, Cristian Figueroa, subraya la oportunidad clave que brinda esta mesa intersectorial “para impulsar mejoras reales en la situación de las personas privadas de libertad en nuestra región. Este espacio de diálogo y articulación entre las distintas instituciones (…) nos ha permitido abordar de manera integral los desafíos que hoy tenemos en nuestra región en materia carcelaria, velando por que el trabajo sea con un enfoque de género desde la óptica de los derechos humanos”. Ante desafíos que son constantes, insta a trabajar “por un mejor sistema, que propicie espacios claros de reinserción social para hombre y mujeres que hoy cumplen condena, lo que se traduce en el objetivo fundamental de todo este trabajo”. La Mesa Penitenciaria es también integrada por la Defensoría Penal Pública, cuyo Jefe de Estudios Regional, Rodrigo Lillo, enfatiza que “la labor de la Mesa Penitenciaria que dirige la SEREMÍA de Justicia constituye una instancia (de coordinación) muy importante y muy eficiente para el abordaje de la situación de las personas privadas de libertad, para el resguardo de sus derechos y garantías”. Al ser la Defensoría Penal Pública o el INDH garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, destaca el permitirles dar a conocer a Gendarmería los requerimientos o nudos críticos, y a su vez la institución penitenciaria plantearles cuáles son las dificultades o limitaciones que tienen precisamente para dar satisfacción y garantizar estos derechos en forma adecuada, y cuáles son sus propuestas para mejorar estas condiciones. Particularmente reconoce avances en la situación de las condiciones carcelarias que se le ha hecho ver a la Gendarmería, también respecto de mujeres embarazadas o con hijos lactantes y la situación de la UPFHI, “unidad que trabaja con privados de libertad en situación de salud mental ambulatoria, que ha pasado por varias crisis. Y la mesa ha dado un soporte para conversar esas situaciones y plantear algunas propuestas. Si bien la solución también pasa por el Servicio de Salud, por lo menos se han planteado a ese nivel algunas propuestas y también se han dado a conocer cuáles son las dificultades que ocurren en la práctica”.
En día miércoles se desarrolló la segunda sesión del año de la Comisión Técnica de Igualdad de Derechos y Equidad de Género, encabezada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando. La instancia reúne a más de 60 servicios públicos, delegaciones y seremis de la región, con el objetivo de implementar, coordinar y articular acciones con perspectiva de género en sus instituciones. En esta oportunidad, las y los representantes revisaron el trabajo desplegado en el marco de la Agenda Regional de Género 2022-2026 que se acerca a su etapa de cierre y que ha significado la instalación de compromisos concretos para avanzar en igualdad de derechos. Durante la jornada también se presentó la campaña nacional de prevención de la violencia contra las mujeres “Una Ley en Nombre de Todas”, que busca visibilizar la reciente Ley Integral de Violencia de Género y acercar a la ciudadanía las herramientas disponibles para el ejercicio y resguardo de sus derechos. La Seremi Alejandra Ruiz Ovando destacó que: “Estos compromisos de género que hemos asumido como región no son un favor, son un acto de justicia. Los últimos años han demostrado que, con voluntad y convicción en los derechos humanos de las mujeres, es posible transformar la gestión pública en favor de mejorar la vida de las personas”. Por su parte, Yael Ampuero, encargada de género del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP), señaló: “Como servicio que está recién comenzando, para nosotros es fundamental participar en esta mesa. Necesitamos del apoyo de todos los ministerios y servicios que llevan más trayectoria. Nuestro desafío principal es visibilizar nuestras acciones hacia la comunidad educativa, así como los compromisos sostenidos con el Ministerio de la Mujer, como la difusión del Concurso Nacional de Manga que busca prevenir la violencia de género y cuya convocatoria está abierta hasta el 5 de octubre. Creemos que estas instancias son esenciales para avanzar en igualdad de derechos desde la educación pública”. La Comisión Técnica continuará su labor durante los próximos meses con el fin de sistematizar y socializar los resultados alcanzados con las organizaciones de mujeres, asegurando que la experiencia acumulada se proyecte en las nuevas etapas de trabajo y en los desafíos que se presenten para seguir construyendo una región más justa y libre de violencia.
En conversación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba Marín, informó sobre la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 3 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, bajo el lema “En defensa de la función pública. Ni un paso atrás en nuestros derechos”. La acción consistió en un banderazo convocado por la organización, cuyo objetivo fue visibilizar el descontento de los trabajadores públicos respecto al proyecto de ley sobre subsidio de incapacidad laboral, actualmente en evaluación en la comisión del Senado. Según indicó, dicho proyecto fue presentado sin consulta previa a los funcionarios y genera preocupación por eventuales retrocesos en derechos ya adquiridos. “Nosotros no estamos en contra que haya una fiscalización a las licencias médicas, pero lo que no queremos es que existan retrocesos en lo que ya hemos adquirido como funcionarios públicos hace mucho tiempo”, afirmó Córdoba. La presidenta de ANEF Magallanes recalcó que la manifestación buscó hacer un llamado tanto a las autoridades regionales como nacionales para retirar el proyecto de ley del Congreso y mejorarlo en un nuevo proceso de trabajo, esta vez con la participación de los trabajadores públicos.
