Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de una mujer de nacionalidad colombiana, que fue condenada en nuestro país. Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante de dicha unidad señaló: “Oficiales procedieron a la ubicación, detención y posterior expulsión de una ciudadana colombiana de 38 años de edad. Esta medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, fundamentada en el cumplimiento de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas”. Cabe señalar que, en octubre de 2019, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas detuvieron a la mujer en el aeropuerto de la ciudad, tras detectar que ingresó a la región portando droga adosada a su cuerpo. En dicha oportunidad, se incautaron cerca de cuatro mil dosis de Cannabis Sativa, Clorhidrato de Cocaína y comprimidos de Éxtasis, avaluados en ese entonces en 70 millones de pesos. Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.
Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, personal de la sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Magallanes fiscalizó a un vehículo en Punta Arenas en el que se encontraban dos mujeres. Según informó la institución, los funcionarios percibieron un fuerte olor a cannabis, por lo que realizaron una inspección del automóvil. En el procedimiento se incautaron 11 envoltorios que contenían un total de 14,2 gramos de marihuana, comprobado mediante prueba de campo efectuada por el OS7 de Magallanes. Además, la conductora fue sometida a un examen toxicológico, el cual arrojó positivo a la misma sustancia. Ambas mujeres fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000. El Ministerio Público instruyó que la conductora pase a control de detención este miércoles 3 de diciembre por conducción bajo efectos de sustancias psicotrópicas, mientras que su acompañante quedó apercibida.
Una investigación de inteligencia policial permitió a la PDI de Punta Arenas interceptar un nuevo envío de droga a la región. En el operativo, ejecutado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y coordinado con la Fiscalía Local, se incautaron 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a una mujer extranjera en situación irregular. El fiscal jefe (s) Cristian Crisosto explicó que el procedimiento no fue producto del azar. “En los últimos quince días ya se han incautado más de veinte kilos de droga, lo que refleja tanto el aumento de los intentos de ingreso como la eficiencia de las instituciones en su persecución”, comentó. La detenida fue formalizada por tráfico ilícito de drogas y quedó en prisión preventiva durante los seis meses que durará la investigación. El seremi de Gobierno, Andro Mímica, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y la llegada de más recursos para reforzar la seguridad regional. Mientras, la PDI confirmó que el operativo incluyó la participación de un can detector, pieza clave en la detección de la sustancia.
Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, alrededor de las 7:20 horas, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas acudió al servicio de urgencias del Hospital Regional, tras el ingreso de un hombre adulto con una herida cortopunzante en una de sus piernas. Según indicó la víctima, la lesión habría sido provocada por su conviviente, en el domicilio que ambos comparten en calle Teniente Luis Uribe, sector Barrio Prat. Posteriormente, personal policial concurrió al inmueble, donde se encontraba una mujer adulta, quien autorizó voluntariamente el ingreso de Carabineros y entregó el arma utilizada. La mujer fue detenida por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y trasladada a la unidad policial. Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Punta Arenas realizó las pericias correspondientes. El hombre fue intervenido quirúrgicamente durante el mediodía y se mantiene estable, sin riesgo vital. La imputada pasará este jueves 9 de octubre a control de detención, a la espera del informe médico que permitirá precisar la calificación del delito.
Durante este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió al reportaje que reveló que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) registrada como detenida desaparecida desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina. La versión oficial, consignada en el Informe Rettig, establecía que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973. Sin embargo, otras fuentes planteaban que logró escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde fue nacionalizada en 1984. Su paradero en Argentina fue constatado por un equipo de Chilevisión. Desde la cartera explicaron que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa” investigación administrativa del Programa de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, iniciada en 2024 a raíz del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del “episodio Liquiñe”, donde surgieron incongruencias en algunos testimonios. Los detalles Ante esas inconsistencias, detallaron que el Programa remitió oficios a distintas instituciones —PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR— entre mayo y agosto de 2024, sin obtener antecedentes. En abril de 2025 volvió a solicitarse información y en mayo de ese año Suecia entregó por primera vez documentos vinculados al caso. El ministerio precisó que la información recibida “no es concluyente” para acreditar que la persona identificada como Bernarda Vera sea efectivamente la víctima calificada por la Comisión Rettig, al carecer de trazabilidad documental y datos biométricos. Aun así, los antecedentes fueron remitidos al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, quien abrió un cuaderno reservado. “Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada ”, señaló la cartera. El ministerio añadió que este trabajo permitió también relevar el caso de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de Arica, que fue calificado por la Comisión Rettig, pero quedó fuera de los registros oficiales por un error de transcripción. Ambos casos ya fueron informados a tribunales. Además, el ministerio subrayó que la investigación seguirá con “el mismo rigor y responsabilidad” y criticó que la cobertura televisiva omitiera la información entregada previamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de Chilevisión. Fuente: adnradio.cl
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de una mujer de nacionalidad colombiana, que fue condenada en nuestro país. Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante de dicha unidad señaló: “Oficiales procedieron a la ubicación, detención y posterior expulsión de una ciudadana colombiana de 38 años de edad. Esta medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, fundamentada en el cumplimiento de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas”. Cabe señalar que, en octubre de 2019, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas detuvieron a la mujer en el aeropuerto de la ciudad, tras detectar que ingresó a la región portando droga adosada a su cuerpo. En dicha oportunidad, se incautaron cerca de cuatro mil dosis de Cannabis Sativa, Clorhidrato de Cocaína y comprimidos de Éxtasis, avaluados en ese entonces en 70 millones de pesos. Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.
Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, personal de la sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Magallanes fiscalizó a un vehículo en Punta Arenas en el que se encontraban dos mujeres. Según informó la institución, los funcionarios percibieron un fuerte olor a cannabis, por lo que realizaron una inspección del automóvil. En el procedimiento se incautaron 11 envoltorios que contenían un total de 14,2 gramos de marihuana, comprobado mediante prueba de campo efectuada por el OS7 de Magallanes. Además, la conductora fue sometida a un examen toxicológico, el cual arrojó positivo a la misma sustancia. Ambas mujeres fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000. El Ministerio Público instruyó que la conductora pase a control de detención este miércoles 3 de diciembre por conducción bajo efectos de sustancias psicotrópicas, mientras que su acompañante quedó apercibida.
Una investigación de inteligencia policial permitió a la PDI de Punta Arenas interceptar un nuevo envío de droga a la región. En el operativo, ejecutado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y coordinado con la Fiscalía Local, se incautaron 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a una mujer extranjera en situación irregular. El fiscal jefe (s) Cristian Crisosto explicó que el procedimiento no fue producto del azar. “En los últimos quince días ya se han incautado más de veinte kilos de droga, lo que refleja tanto el aumento de los intentos de ingreso como la eficiencia de las instituciones en su persecución”, comentó. La detenida fue formalizada por tráfico ilícito de drogas y quedó en prisión preventiva durante los seis meses que durará la investigación. El seremi de Gobierno, Andro Mímica, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y la llegada de más recursos para reforzar la seguridad regional. Mientras, la PDI confirmó que el operativo incluyó la participación de un can detector, pieza clave en la detección de la sustancia.
Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, alrededor de las 7:20 horas, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas acudió al servicio de urgencias del Hospital Regional, tras el ingreso de un hombre adulto con una herida cortopunzante en una de sus piernas. Según indicó la víctima, la lesión habría sido provocada por su conviviente, en el domicilio que ambos comparten en calle Teniente Luis Uribe, sector Barrio Prat. Posteriormente, personal policial concurrió al inmueble, donde se encontraba una mujer adulta, quien autorizó voluntariamente el ingreso de Carabineros y entregó el arma utilizada. La mujer fue detenida por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y trasladada a la unidad policial. Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Punta Arenas realizó las pericias correspondientes. El hombre fue intervenido quirúrgicamente durante el mediodía y se mantiene estable, sin riesgo vital. La imputada pasará este jueves 9 de octubre a control de detención, a la espera del informe médico que permitirá precisar la calificación del delito.
Durante este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió al reportaje que reveló que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) registrada como detenida desaparecida desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina. La versión oficial, consignada en el Informe Rettig, establecía que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973. Sin embargo, otras fuentes planteaban que logró escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde fue nacionalizada en 1984. Su paradero en Argentina fue constatado por un equipo de Chilevisión. Desde la cartera explicaron que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa” investigación administrativa del Programa de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, iniciada en 2024 a raíz del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del “episodio Liquiñe”, donde surgieron incongruencias en algunos testimonios. Los detalles Ante esas inconsistencias, detallaron que el Programa remitió oficios a distintas instituciones —PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR— entre mayo y agosto de 2024, sin obtener antecedentes. En abril de 2025 volvió a solicitarse información y en mayo de ese año Suecia entregó por primera vez documentos vinculados al caso. El ministerio precisó que la información recibida “no es concluyente” para acreditar que la persona identificada como Bernarda Vera sea efectivamente la víctima calificada por la Comisión Rettig, al carecer de trazabilidad documental y datos biométricos. Aun así, los antecedentes fueron remitidos al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, quien abrió un cuaderno reservado. “Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada ”, señaló la cartera. El ministerio añadió que este trabajo permitió también relevar el caso de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de Arica, que fue calificado por la Comisión Rettig, pero quedó fuera de los registros oficiales por un error de transcripción. Ambos casos ya fueron informados a tribunales. Además, el ministerio subrayó que la investigación seguirá con “el mismo rigor y responsabilidad” y criticó que la cobertura televisiva omitiera la información entregada previamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de Chilevisión. Fuente: adnradio.cl
