Para ir en ayuda de las personas que solicitaron el Aporte Fiscal para la clase media, el diputado independiente, Carlos Bianchi, presentará un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo mandate a la Tesorería General de la República a condonar los intereses a quienes no han podido regularizar sus deudas. Según el parlamentario, ya le notificó personalmente al Presidente Gabriel Boric de la solicitud, y espera sea rápidamente acogida lo que se supone era una gran ayuda terminó siendo una gran pesadilla. Aquellas personas que en su momento obtuvieron el bono solidario clase media, hoy algunos de ellos están debiendo más del doble con los usureros intereses que cobra la Tesorería, y es una situación intolerante. En los próximos días presentaremos un proyecto de acuerdo que ya está redactado, elaborado, para que en la discusión del Presupuesto la Tesorería General de la República elimine todos los intereses, así lo dice la Ley desde artículo 13, y exigiremos se eliminen de una vez por todas estos usureros intereses. Bianchi, como integrante de la Comisión de Hacienda, aprovechará la discusión del Presupuesto para el año 2026, y este lunes hacer la presentación en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Durante la jornada de este viernes se realizaron en Punta Arenas las primeras detenciones por órdenes emanadas del 1° Juzgado de Policía Local, debido al incumplimiento en el pago de multas municipales. Los procedimientos fueron materializados por Carabineros, con apoyo de inspectores de Seguridad Pública, en el marco del convenio de colaboración con la unidad O.S.14. Las órdenes de arresto despachadas correspondieron principalmente a sanciones de tránsito y daños a bienes municipales, equivalentes a 3 UTM (aproximadamente $205.000). Según la normativa, cuando un infractor no cancela lo adeudado, el tribunal puede aplicar medidas sustitutivas y, de no cumplirse, decretar directamente la reclusión nocturna como forma de apremio. El alcalde Claudio Radonich explicó que se trata de resoluciones dictadas por un tribunal autónomo. El juzgado de policía local no es algo menor. Es un tribunal de la República y sus sentencias son exigibles. En este caso, hubo condenas firmes y las personas no comparecieron, por lo que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las órdenes de arresto. Lo que buscamos es que no tengamos más detenciones y que los infractores asistan al tribunal cuando son citados. Entre los casos notificados se incluyen daños a semáforos y señalética, lo que genera un alto costo para la ciudad. Solo en 2024, la municipalidad debió invertir $93 millones en reponer esta infraestructura: $38 millones en semáforos y $55 millones en señalización. Cuando alguien destruye un semáforo, que cuesta alrededor de $5 millones, le quita esos recursos a la comunidad. Son fondos que podríamos destinar a salud u otras prioridades, pero debemos usarlos en reparaciones, agregó la autoridad comunal. Desde Carabineros, el mayor Sergio Castellón precisó que estas órdenes buscan obligar a los infractores a responder por sus faltas. Existen personas que acumulan partes o repiten infracciones sin cancelar las multas. En estos casos, el tribunal solicita la detención. Si el infractor paga en el momento, no se concreta la reclusión; de lo contrario, la sanción puede llegar a una permanencia nocturna en la cárcel local, señaló el comisario. En la misma línea, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que las detenciones continuarán ejecutándose en los próximos días. Hoy se materializaron cinco procedimientos, pero el tribunal seguirá emitiendo órdenes en la medida que haya condenas impagas. El llamado a la comunidad es a regularizar sus multas, porque de lo contrario se enfrentarán a sanciones más severas, como el arresto, remarcó el funcionario municipal. Las autoridades recalcaron que estas medidas no buscan criminalizar a los infractores, sino hacer cumplir las resoluciones judiciales y reforzar la responsabilidad de cada persona frente a las faltas cometidas.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Miguel Contreras Bravo conversó con la comunidad sobre diversos temas que marcan la agenda municipal y regional. Uno de los puntos tratados fue la reciente exposición realizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante el Concejo Municipal, la cual generó molestia entre los ediles. La directora del organismo (SAG) evitó referirse a la prensa tras su presentación, mientras que la seremi de Agricultura salió en su defensa. Otro tema destacado durante la conversación fue la deuda que mantienen diferentes entidades públicas con el municipio por concepto de aseo. Según expuso el concejal Contreras Bravo, los compromisos impagos superan los $327 millones, algunos de los cuales se arrastran desde el año 2012 y continúan acumulando intereses, generando un serio perjuicio a las finanzas municipales. El concejal señaló que es necesario transparentar esta situación y exigir que los organismos responsables cumplan con sus obligaciones, pues los montos adeudados afectan directamente el presupuesto destinado a servicios esenciales para la comunidad.
El Municipio de Punta Arenas informó que distintas entidades públicas mantienen deudas vigentes por concepto de aseo domiciliario, alcanzando al 22 de agosto de 2025 un total de $327.968.472. El catastro muestra que los compromisos impagos se remontan a más de una década, con registros que datan del año 2012. Durante este tiempo, el monto neto original, calculado en $210.276.608, ha crecido en un 56% debido a reajustes por IPC e intereses, que ya suman más de $117 millones adicionales. Entre las cuentas pendientes existen algunas que, aunque menores en monto, se mantienen sin pago desde hace más de diez años. Otras, en cambio, corresponden a cifras millonarias que por sí solas superan los $40 millones e incluso los $150 millones, transformándose en parte importante de la deuda total. Cristián Navarro, jefe del Departamento de Cobranzas del Municipio, explicó que la situación es preocupante. En conjunto con otras direcciones, realizamos un levantamiento de las deudas por derechos de aseo que mantienen algunos servicios públicos. Hoy nos encontramos con compromisos morosos desde el año 2012, que en total alcanzan cerca de $320 millones. Hay servicios con deudas superiores a los $150 millones, otros con $40 millones y también montos menores, pero en general se trata de cifras bastante altas. Por eso hemos iniciado un proceso de cobranza que notificará a cada institución el monto que adeuda, calculado con capital, intereses y reajustes, y si no regularizan su situación a corto plazo, la Municipalidad avanzará hacia la vía judicial. Como servicios públicos, todos estamos obligados a dar cumplimiento a la ley y el pago de los derechos de aseo es una obligación legal. Estos recursos, además, son fundamentales para que el Municipio pueda financiar servicios necesarios, donde nunca los recursos son suficientes. Desde la administración comunal se recalcó que resulta especialmente grave que organismos estatales, llamados a dar ejemplo de cumplimiento normativo, mantengan una morosidad que impacta directamente a las arcas municipales. El Municipio reiteró su llamado a regularizar los pagos y advirtió que aplicará todas las medidas administrativas y legales en caso de persistir la mora.
Para ir en ayuda de las personas que solicitaron el Aporte Fiscal para la clase media, el diputado independiente, Carlos Bianchi, presentará un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo mandate a la Tesorería General de la República a condonar los intereses a quienes no han podido regularizar sus deudas. Según el parlamentario, ya le notificó personalmente al Presidente Gabriel Boric de la solicitud, y espera sea rápidamente acogida lo que se supone era una gran ayuda terminó siendo una gran pesadilla. Aquellas personas que en su momento obtuvieron el bono solidario clase media, hoy algunos de ellos están debiendo más del doble con los usureros intereses que cobra la Tesorería, y es una situación intolerante. En los próximos días presentaremos un proyecto de acuerdo que ya está redactado, elaborado, para que en la discusión del Presupuesto la Tesorería General de la República elimine todos los intereses, así lo dice la Ley desde artículo 13, y exigiremos se eliminen de una vez por todas estos usureros intereses. Bianchi, como integrante de la Comisión de Hacienda, aprovechará la discusión del Presupuesto para el año 2026, y este lunes hacer la presentación en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Durante la jornada de este viernes se realizaron en Punta Arenas las primeras detenciones por órdenes emanadas del 1° Juzgado de Policía Local, debido al incumplimiento en el pago de multas municipales. Los procedimientos fueron materializados por Carabineros, con apoyo de inspectores de Seguridad Pública, en el marco del convenio de colaboración con la unidad O.S.14. Las órdenes de arresto despachadas correspondieron principalmente a sanciones de tránsito y daños a bienes municipales, equivalentes a 3 UTM (aproximadamente $205.000). Según la normativa, cuando un infractor no cancela lo adeudado, el tribunal puede aplicar medidas sustitutivas y, de no cumplirse, decretar directamente la reclusión nocturna como forma de apremio. El alcalde Claudio Radonich explicó que se trata de resoluciones dictadas por un tribunal autónomo. El juzgado de policía local no es algo menor. Es un tribunal de la República y sus sentencias son exigibles. En este caso, hubo condenas firmes y las personas no comparecieron, por lo que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las órdenes de arresto. Lo que buscamos es que no tengamos más detenciones y que los infractores asistan al tribunal cuando son citados. Entre los casos notificados se incluyen daños a semáforos y señalética, lo que genera un alto costo para la ciudad. Solo en 2024, la municipalidad debió invertir $93 millones en reponer esta infraestructura: $38 millones en semáforos y $55 millones en señalización. Cuando alguien destruye un semáforo, que cuesta alrededor de $5 millones, le quita esos recursos a la comunidad. Son fondos que podríamos destinar a salud u otras prioridades, pero debemos usarlos en reparaciones, agregó la autoridad comunal. Desde Carabineros, el mayor Sergio Castellón precisó que estas órdenes buscan obligar a los infractores a responder por sus faltas. Existen personas que acumulan partes o repiten infracciones sin cancelar las multas. En estos casos, el tribunal solicita la detención. Si el infractor paga en el momento, no se concreta la reclusión; de lo contrario, la sanción puede llegar a una permanencia nocturna en la cárcel local, señaló el comisario. En la misma línea, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que las detenciones continuarán ejecutándose en los próximos días. Hoy se materializaron cinco procedimientos, pero el tribunal seguirá emitiendo órdenes en la medida que haya condenas impagas. El llamado a la comunidad es a regularizar sus multas, porque de lo contrario se enfrentarán a sanciones más severas, como el arresto, remarcó el funcionario municipal. Las autoridades recalcaron que estas medidas no buscan criminalizar a los infractores, sino hacer cumplir las resoluciones judiciales y reforzar la responsabilidad de cada persona frente a las faltas cometidas.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Miguel Contreras Bravo conversó con la comunidad sobre diversos temas que marcan la agenda municipal y regional. Uno de los puntos tratados fue la reciente exposición realizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante el Concejo Municipal, la cual generó molestia entre los ediles. La directora del organismo (SAG) evitó referirse a la prensa tras su presentación, mientras que la seremi de Agricultura salió en su defensa. Otro tema destacado durante la conversación fue la deuda que mantienen diferentes entidades públicas con el municipio por concepto de aseo. Según expuso el concejal Contreras Bravo, los compromisos impagos superan los $327 millones, algunos de los cuales se arrastran desde el año 2012 y continúan acumulando intereses, generando un serio perjuicio a las finanzas municipales. El concejal señaló que es necesario transparentar esta situación y exigir que los organismos responsables cumplan con sus obligaciones, pues los montos adeudados afectan directamente el presupuesto destinado a servicios esenciales para la comunidad.
El Municipio de Punta Arenas informó que distintas entidades públicas mantienen deudas vigentes por concepto de aseo domiciliario, alcanzando al 22 de agosto de 2025 un total de $327.968.472. El catastro muestra que los compromisos impagos se remontan a más de una década, con registros que datan del año 2012. Durante este tiempo, el monto neto original, calculado en $210.276.608, ha crecido en un 56% debido a reajustes por IPC e intereses, que ya suman más de $117 millones adicionales. Entre las cuentas pendientes existen algunas que, aunque menores en monto, se mantienen sin pago desde hace más de diez años. Otras, en cambio, corresponden a cifras millonarias que por sí solas superan los $40 millones e incluso los $150 millones, transformándose en parte importante de la deuda total. Cristián Navarro, jefe del Departamento de Cobranzas del Municipio, explicó que la situación es preocupante. En conjunto con otras direcciones, realizamos un levantamiento de las deudas por derechos de aseo que mantienen algunos servicios públicos. Hoy nos encontramos con compromisos morosos desde el año 2012, que en total alcanzan cerca de $320 millones. Hay servicios con deudas superiores a los $150 millones, otros con $40 millones y también montos menores, pero en general se trata de cifras bastante altas. Por eso hemos iniciado un proceso de cobranza que notificará a cada institución el monto que adeuda, calculado con capital, intereses y reajustes, y si no regularizan su situación a corto plazo, la Municipalidad avanzará hacia la vía judicial. Como servicios públicos, todos estamos obligados a dar cumplimiento a la ley y el pago de los derechos de aseo es una obligación legal. Estos recursos, además, son fundamentales para que el Municipio pueda financiar servicios necesarios, donde nunca los recursos son suficientes. Desde la administración comunal se recalcó que resulta especialmente grave que organismos estatales, llamados a dar ejemplo de cumplimiento normativo, mantengan una morosidad que impacta directamente a las arcas municipales. El Municipio reiteró su llamado a regularizar los pagos y advirtió que aplicará todas las medidas administrativas y legales en caso de persistir la mora.
