La Tesorería General de la República (TGR) hizo un llamado urgente a las personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE) a ponerse al día y suscribir nuevos convenios de pago, aprovechando las facilidades vigentes orientadas a aliviar la carga financiera de las familias. TGR busca ofrecer a las y los contribuyentes alternativas concretas para ordenar su carga financiera y proteger la estabilidad de sus hogares, facilitando el acceso a mecanismos de regularización que eviten acciones de cobranza judicial y garanticen una mayor tranquilidad. Estado de convenios A la fecha se ha registrado una recaudación total de $109.310.198.692. Si bien hay más de 62 mil convenios suscritos, existen 1.175 convenios caducados, de los cuales la gran mayoría (836 casos) ya cuentan con una demanda activa y se irá avanzando en el proceso de cobro. De cara al término del mes de julio, es clave recordar que la fecha de vencimiento es el último día de cada mes. Por ello, la institución hizo un llamado a mantener su convenio vigente pagando sus cuotas hasta la fecha mencionada. Facilidades del convenio CAE Para incentivar la suscripción de nuevos acuerdos, TGR enfatizó que las condiciones actuales permiten flexibilizar significativamente el pago del pie inicial, lo que a su vez impacta de manera directa en la disminución del monto y la cantidad de cuotas mensuales. Para ponerse al día, el convenio incluye facilidades adaptadas a los recursos disponibles: las cuotas mensuales no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no tendrán que pagar un 10% de pie inicial. Ahora dependerá de su sueldo; si gana menos de $1 millón, puede comenzar un convenio desde tan solo 1 UTM ($71.649), mientras que para rentas entre $1 y $2 millones, el pie máximo será de $1 millón, y para ingresos superiores a $2 millones, éste no superará el techo de $1,5 millones. Asimismo, los deudores tienen la libertad de personalizar el pie según sus posibilidades ya que si así lo desea, puede ajustar un pie mayor a los límites propuestos. De esta forma, si opta por entregar un pie más alto, podría terminar el convenio en menos tiempo o abarcar un porcentaje mayor de su deuda en un solo convenio. Esta es una alternativa pensada para cuidar la economía familiar y permite la regularización de la deuda con cuotas que puedan ser sostenibles en el tiempo. A la fecha, el balance de recaudación refleja que más de 18.700 usuarios ya han normalizado exitosamente su situación financiera, a través de la plataforma web de TGR y sus oficinas regionales. Medidas de cobro e instrumentos de embargo Si bien la prioridad del ente recaudador es promover el pago voluntario y ofrecer alternativas viables, TGR recordó que tiene el deber legal de recuperar estos recursos públicos adeudados. Por ello, se insta a los contribuyentes a acercarse a regularizar su deuda para prevenir y evitar el inicio o la continuidad de demandas ejecutivas y embargos de bienes. En esta fase de la cobranza, la institución reiteró que el proceso contempla la búsqueda y cobro de activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo. Asimismo, se han incorporado recientemente las billeteras virtuales y otras plataformas de inversión, como Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones, entre otras. A estas acciones se suma la implementación de la retención de remuneraciones, un mecanismo reciente y muy efectivo entregado por la ley para perseguir la recuperación de deudas tributarias o fiscales pendientes. ¿Cómo acceder a un convenio? Para conocer las condiciones del proceso, TGR invita a la ciudadanía a informarse de manera oportuna para evitar los tiempos y costos asociados de las acciones judiciales, vinculadas al proceso de cobro ejecutivo del CAE. Para revisar la situación particular de cada contribuyente, realizar simulaciones de convenios y suscribir facilidades de pago, las personas pueden ingresar al sitio tgr.gob.cl/cae o acudir a cualquiera de las oficinas de TGR a lo largo del país.
Durante una conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el contador Adolfo Canales Guentelican abordó diversos temas de contingencia tributaria y financiera, entre ellos el balance de la Operación Renta 2026, los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República y el debate nacional sobre el levantamiento del secreto bancario. Respecto al proceso de Operación Renta recientemente concluido, Canales sostuvo que, si bien la mayoría de las devoluciones fueron pagadas correctamente, aún existen contribuyentes que mantienen montos retenidos sin una explicación clara. En ese contexto, llamó a las pequeñas y medianas empresas a mantener la confianza en sus asesores contables y esperar los procesos de revisión que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII). “El llamado es a tener paciencia cuando las declaraciones están correctamente realizadas. Muchas veces estos casos terminan resolviéndose mediante reprocesos automáticos”, explicó. El profesional también criticó las dificultades que, a su juicio, continúan presentando las plataformas informáticas del SII, planteando la necesidad de una modernización profunda de los sistemas tecnológicos utilizados por el organismo. Según indicó, una actualización de esta magnitud requeriría voluntad política, recursos significativos y una planificación de largo plazo. Otro de los temas que concentró la conversación fue el aumento de los embargos realizados por la Tesorería General de la República, especialmente en casos relacionados con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras obligaciones fiscales. Canales señaló que la legislación vigente permite a la Tesorería embargar cuentas corrientes y cuentas de ahorro para cobrar deudas impagas con el Estado, aunque reconoció que la aplicación de estas medidas ha generado preocupación entre los afectados. A su juicio, el principal desafío es evitar que estos procedimientos terminen afectando remuneraciones y pensiones que, por ley, cuentan con protección especial. “Es necesario generar mecanismos que permitan distinguir previamente cuándo los recursos depositados corresponden a sueldos o pensiones, para evitar que las personas queden sin ingresos mientras resuelven su situación”, sostuvo. En esa línea, planteó que corresponde al mundo político avanzar en modificaciones legales que permitan compatibilizar el cobro de las deudas con una protección efectiva de los recursos destinados a la subsistencia de las familias. Finalmente, el contador se refirió al debate sobre el levantamiento del secreto bancario, materia que recientemente volvió a instalarse en la agenda pública tras la discusión de iniciativas orientadas a fortalecer la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. Canales manifestó su respaldo a medidas que permitan investigar movimientos financieros vinculados a delitos graves, especialmente aquellos relacionados con organizaciones criminales y operaciones de gran magnitud. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio debe aplicarse con criterios claros y diferenciados. “El foco debe estar en quienes mueven grandes sumas de dinero sin poder justificar su origen y en las redes vinculadas al crimen organizado, evitando afectar injustamente a pequeños emprendedores o contribuyentes de menores ingresos”, afirmó. Durante la entrevista, el profesional insistió en la importancia de fortalecer la educación financiera y tributaria de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante información clara y asesoría especializada. Antes de finalizar su participación, Canales también anunció avances en la conformación de un centro de exalumnos del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas, iniciativa que busca reunir a distintas generaciones de egresados en el marco de los próximos 90 años de la institución y desarrollar acciones de apoyo en beneficio de la comunidad educativa.
Tesorería General de la República (TGR) informa que más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Como consecuencia de ello, el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos. En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, TGR continúa desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal. “En lo que va del año, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona. Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló el Tesorero General, Hernán Nobizelli. En aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde. Es importante precisar que, a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE. A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios. Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM. Respecto de diversas informaciones difundidas a través de redes sociales, la institución aclaró que el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales. El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar. Finalmente, la institución reiteró el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país. Corte de Apelaciones de Arica respalda facultades de cobro de TGR En este contexto, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó recientemente un recurso de protección interpuesto en contra de Tesorería General de la República, validando el marco legal que faculta a la institución para efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado. La sentencia, dictada en la causa Rol N° 300-2026, rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro. La resolución judicial ratifica la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal. Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias. De esta forma, los tribunales superiores de justicia han sostenido que el recurso de protección no constituye la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de estas obligaciones, ni tampoco para cuestionar el procedimiento legal establecido para su cobro. TGR continuará ejerciendo las acciones que la ley le confiere para la recuperación de recursos públicos, resguardando el debido proceso y promoviendo alternativas de regularización para quienes mantengan obligaciones pendientes con el Fisco.
La iniciativa surge tras la difusión de testimonios de deudores que afirmaron que la Tesorería General de la República (TGR), en conjunto con entidades bancarias, habría retenido el 100% de los recursos disponibles en sus cuentas como parte de los procesos de cobranza asociados al CAE. Algunos afectados señalaron haber perdido la totalidad de sus sueldos y ahorros, situación que ha generado preocupación y cuestionamientos respecto de los mecanismos de cobro aplicados. Ante este escenario, la parlamentaria informó que se encuentra colaborando con personas que mantengan deudas del CAE y que requieran apoyo para resolver dudas sobre su situación, conocer las alternativas de regularización disponibles o evaluar eventuales acciones administrativas y legales, incluso la presentación de Recursos de Protección o acciones ante el Tribunal Constitucional. “Lo que está haciendo este Gobierno al quitarle el sueldo a los deudores del CAE es ilegal e inmoral. El Crédito con Aval del Estado tiene medidas claras sobre cómo debe ser cobrado y no lo están cumpliendo. Nadie se debería quedar sin sueldo por haber estudiado”, señaló la diputada Javiera Morales. Además, indicó que “queremos acompañar a quienes hoy enfrentan incertidumbre por los procesos de cobranza del CAE. Muchas personas no saben cuáles son sus derechos, qué opciones tienen para regularizar su situación o cómo acceder a información oficial”. En paralelo, desde el Frente Amplio, oficiaron a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad y proporcionalidad de las medidas de cobro aplicadas por la Tesorería General de la República. El documento plantea dudas respecto de la retención total de fondos en cuentas bancarias sin resguardar recursos mínimos para necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud o transporte, y solicita aclarar si existen mecanismos de protección equivalentes a los que la legislación contempla para remuneraciones e ingresos mínimos. Asimismo, el oficio cuestiona la utilización del procedimiento ejecutivo tributario para el cobro de obligaciones derivadas del CAE, considerando que se trata de una deuda educacional y no tributaria, materia que actualmente está siendo objeto de revisión judicial. También solicita verificar si las acciones de embargo y retención se han aplicado efectivamente sólo a deudores con ingresos superiores a los umbrales informados públicamente por la TGR y revisar las condiciones de los convenios de pago ofrecidos, ante denuncias de personas que aseguran que éstos resultan imposibles de cumplir en la práctica. “Si el Estado está actuando fuera de la ley o vulnerando derechos básicos de las personas, eso debe ser aclarado. Por eso hemos solicitado la intervención de la Contraloría y estamos acompañando a quienes se han visto afectados por estos cobros”, agregó la parlamentaria. Las denuncias se producen en medio de una intensificación de las acciones de recuperación de deuda por parte de la TGR, que ha informado la ejecución de embargos y otras medidas contempladas en la legislación vigente para los deudores morosos del CAE. Asimismo, la entidad anunció recientemente nuevas modalidades de regularización y convenios de pago ajustados al nivel de renta de cada contribuyente. Desde el equipo de la parlamentaria hicieron un llamado a los deudores que tengan consultas o que hayan experimentado situaciones similares a hacerlas llegar mediante este formulario: https://tinyurl.com/bdfbfru5 Por otra parte, pueden acercarse a la oficina parlamentaria ubicada en Mejicana 252, en Punta Arenas, o contactarse al teléfono +56 9 5724 7759. En Puerto Natales pueden acudir a la sede de Blanco Encalada 598 o al número +56 9 9821 6955. También está disponible el correo electrónico contacto@javieramorales.cl.
Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución. Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días. El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente. Los embargos sobre bienes raíces se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza. Desde TGR recordaron que el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente y que, en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente. La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE a informarse sobre su situación y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles en su sitio web, tgr.cl/cae .
La Tesorería General de la República (TGR) hizo un llamado urgente a las personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE) a ponerse al día y suscribir nuevos convenios de pago, aprovechando las facilidades vigentes orientadas a aliviar la carga financiera de las familias. TGR busca ofrecer a las y los contribuyentes alternativas concretas para ordenar su carga financiera y proteger la estabilidad de sus hogares, facilitando el acceso a mecanismos de regularización que eviten acciones de cobranza judicial y garanticen una mayor tranquilidad. Estado de convenios A la fecha se ha registrado una recaudación total de $109.310.198.692. Si bien hay más de 62 mil convenios suscritos, existen 1.175 convenios caducados, de los cuales la gran mayoría (836 casos) ya cuentan con una demanda activa y se irá avanzando en el proceso de cobro. De cara al término del mes de julio, es clave recordar que la fecha de vencimiento es el último día de cada mes. Por ello, la institución hizo un llamado a mantener su convenio vigente pagando sus cuotas hasta la fecha mencionada. Facilidades del convenio CAE Para incentivar la suscripción de nuevos acuerdos, TGR enfatizó que las condiciones actuales permiten flexibilizar significativamente el pago del pie inicial, lo que a su vez impacta de manera directa en la disminución del monto y la cantidad de cuotas mensuales. Para ponerse al día, el convenio incluye facilidades adaptadas a los recursos disponibles: las cuotas mensuales no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no tendrán que pagar un 10% de pie inicial. Ahora dependerá de su sueldo; si gana menos de $1 millón, puede comenzar un convenio desde tan solo 1 UTM ($71.649), mientras que para rentas entre $1 y $2 millones, el pie máximo será de $1 millón, y para ingresos superiores a $2 millones, éste no superará el techo de $1,5 millones. Asimismo, los deudores tienen la libertad de personalizar el pie según sus posibilidades ya que si así lo desea, puede ajustar un pie mayor a los límites propuestos. De esta forma, si opta por entregar un pie más alto, podría terminar el convenio en menos tiempo o abarcar un porcentaje mayor de su deuda en un solo convenio. Esta es una alternativa pensada para cuidar la economía familiar y permite la regularización de la deuda con cuotas que puedan ser sostenibles en el tiempo. A la fecha, el balance de recaudación refleja que más de 18.700 usuarios ya han normalizado exitosamente su situación financiera, a través de la plataforma web de TGR y sus oficinas regionales. Medidas de cobro e instrumentos de embargo Si bien la prioridad del ente recaudador es promover el pago voluntario y ofrecer alternativas viables, TGR recordó que tiene el deber legal de recuperar estos recursos públicos adeudados. Por ello, se insta a los contribuyentes a acercarse a regularizar su deuda para prevenir y evitar el inicio o la continuidad de demandas ejecutivas y embargos de bienes. En esta fase de la cobranza, la institución reiteró que el proceso contempla la búsqueda y cobro de activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo. Asimismo, se han incorporado recientemente las billeteras virtuales y otras plataformas de inversión, como Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones, entre otras. A estas acciones se suma la implementación de la retención de remuneraciones, un mecanismo reciente y muy efectivo entregado por la ley para perseguir la recuperación de deudas tributarias o fiscales pendientes. ¿Cómo acceder a un convenio? Para conocer las condiciones del proceso, TGR invita a la ciudadanía a informarse de manera oportuna para evitar los tiempos y costos asociados de las acciones judiciales, vinculadas al proceso de cobro ejecutivo del CAE. Para revisar la situación particular de cada contribuyente, realizar simulaciones de convenios y suscribir facilidades de pago, las personas pueden ingresar al sitio tgr.gob.cl/cae o acudir a cualquiera de las oficinas de TGR a lo largo del país.
Durante una conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el contador Adolfo Canales Guentelican abordó diversos temas de contingencia tributaria y financiera, entre ellos el balance de la Operación Renta 2026, los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República y el debate nacional sobre el levantamiento del secreto bancario. Respecto al proceso de Operación Renta recientemente concluido, Canales sostuvo que, si bien la mayoría de las devoluciones fueron pagadas correctamente, aún existen contribuyentes que mantienen montos retenidos sin una explicación clara. En ese contexto, llamó a las pequeñas y medianas empresas a mantener la confianza en sus asesores contables y esperar los procesos de revisión que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII). “El llamado es a tener paciencia cuando las declaraciones están correctamente realizadas. Muchas veces estos casos terminan resolviéndose mediante reprocesos automáticos”, explicó. El profesional también criticó las dificultades que, a su juicio, continúan presentando las plataformas informáticas del SII, planteando la necesidad de una modernización profunda de los sistemas tecnológicos utilizados por el organismo. Según indicó, una actualización de esta magnitud requeriría voluntad política, recursos significativos y una planificación de largo plazo. Otro de los temas que concentró la conversación fue el aumento de los embargos realizados por la Tesorería General de la República, especialmente en casos relacionados con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras obligaciones fiscales. Canales señaló que la legislación vigente permite a la Tesorería embargar cuentas corrientes y cuentas de ahorro para cobrar deudas impagas con el Estado, aunque reconoció que la aplicación de estas medidas ha generado preocupación entre los afectados. A su juicio, el principal desafío es evitar que estos procedimientos terminen afectando remuneraciones y pensiones que, por ley, cuentan con protección especial. “Es necesario generar mecanismos que permitan distinguir previamente cuándo los recursos depositados corresponden a sueldos o pensiones, para evitar que las personas queden sin ingresos mientras resuelven su situación”, sostuvo. En esa línea, planteó que corresponde al mundo político avanzar en modificaciones legales que permitan compatibilizar el cobro de las deudas con una protección efectiva de los recursos destinados a la subsistencia de las familias. Finalmente, el contador se refirió al debate sobre el levantamiento del secreto bancario, materia que recientemente volvió a instalarse en la agenda pública tras la discusión de iniciativas orientadas a fortalecer la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. Canales manifestó su respaldo a medidas que permitan investigar movimientos financieros vinculados a delitos graves, especialmente aquellos relacionados con organizaciones criminales y operaciones de gran magnitud. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio debe aplicarse con criterios claros y diferenciados. “El foco debe estar en quienes mueven grandes sumas de dinero sin poder justificar su origen y en las redes vinculadas al crimen organizado, evitando afectar injustamente a pequeños emprendedores o contribuyentes de menores ingresos”, afirmó. Durante la entrevista, el profesional insistió en la importancia de fortalecer la educación financiera y tributaria de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante información clara y asesoría especializada. Antes de finalizar su participación, Canales también anunció avances en la conformación de un centro de exalumnos del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas, iniciativa que busca reunir a distintas generaciones de egresados en el marco de los próximos 90 años de la institución y desarrollar acciones de apoyo en beneficio de la comunidad educativa.
Tesorería General de la República (TGR) informa que más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Como consecuencia de ello, el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos. En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, TGR continúa desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal. “En lo que va del año, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona. Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló el Tesorero General, Hernán Nobizelli. En aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde. Es importante precisar que, a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE. A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios. Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM. Respecto de diversas informaciones difundidas a través de redes sociales, la institución aclaró que el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales. El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar. Finalmente, la institución reiteró el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país. Corte de Apelaciones de Arica respalda facultades de cobro de TGR En este contexto, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó recientemente un recurso de protección interpuesto en contra de Tesorería General de la República, validando el marco legal que faculta a la institución para efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado. La sentencia, dictada en la causa Rol N° 300-2026, rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro. La resolución judicial ratifica la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal. Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias. De esta forma, los tribunales superiores de justicia han sostenido que el recurso de protección no constituye la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de estas obligaciones, ni tampoco para cuestionar el procedimiento legal establecido para su cobro. TGR continuará ejerciendo las acciones que la ley le confiere para la recuperación de recursos públicos, resguardando el debido proceso y promoviendo alternativas de regularización para quienes mantengan obligaciones pendientes con el Fisco.
La iniciativa surge tras la difusión de testimonios de deudores que afirmaron que la Tesorería General de la República (TGR), en conjunto con entidades bancarias, habría retenido el 100% de los recursos disponibles en sus cuentas como parte de los procesos de cobranza asociados al CAE. Algunos afectados señalaron haber perdido la totalidad de sus sueldos y ahorros, situación que ha generado preocupación y cuestionamientos respecto de los mecanismos de cobro aplicados. Ante este escenario, la parlamentaria informó que se encuentra colaborando con personas que mantengan deudas del CAE y que requieran apoyo para resolver dudas sobre su situación, conocer las alternativas de regularización disponibles o evaluar eventuales acciones administrativas y legales, incluso la presentación de Recursos de Protección o acciones ante el Tribunal Constitucional. “Lo que está haciendo este Gobierno al quitarle el sueldo a los deudores del CAE es ilegal e inmoral. El Crédito con Aval del Estado tiene medidas claras sobre cómo debe ser cobrado y no lo están cumpliendo. Nadie se debería quedar sin sueldo por haber estudiado”, señaló la diputada Javiera Morales. Además, indicó que “queremos acompañar a quienes hoy enfrentan incertidumbre por los procesos de cobranza del CAE. Muchas personas no saben cuáles son sus derechos, qué opciones tienen para regularizar su situación o cómo acceder a información oficial”. En paralelo, desde el Frente Amplio, oficiaron a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad y proporcionalidad de las medidas de cobro aplicadas por la Tesorería General de la República. El documento plantea dudas respecto de la retención total de fondos en cuentas bancarias sin resguardar recursos mínimos para necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud o transporte, y solicita aclarar si existen mecanismos de protección equivalentes a los que la legislación contempla para remuneraciones e ingresos mínimos. Asimismo, el oficio cuestiona la utilización del procedimiento ejecutivo tributario para el cobro de obligaciones derivadas del CAE, considerando que se trata de una deuda educacional y no tributaria, materia que actualmente está siendo objeto de revisión judicial. También solicita verificar si las acciones de embargo y retención se han aplicado efectivamente sólo a deudores con ingresos superiores a los umbrales informados públicamente por la TGR y revisar las condiciones de los convenios de pago ofrecidos, ante denuncias de personas que aseguran que éstos resultan imposibles de cumplir en la práctica. “Si el Estado está actuando fuera de la ley o vulnerando derechos básicos de las personas, eso debe ser aclarado. Por eso hemos solicitado la intervención de la Contraloría y estamos acompañando a quienes se han visto afectados por estos cobros”, agregó la parlamentaria. Las denuncias se producen en medio de una intensificación de las acciones de recuperación de deuda por parte de la TGR, que ha informado la ejecución de embargos y otras medidas contempladas en la legislación vigente para los deudores morosos del CAE. Asimismo, la entidad anunció recientemente nuevas modalidades de regularización y convenios de pago ajustados al nivel de renta de cada contribuyente. Desde el equipo de la parlamentaria hicieron un llamado a los deudores que tengan consultas o que hayan experimentado situaciones similares a hacerlas llegar mediante este formulario: https://tinyurl.com/bdfbfru5 Por otra parte, pueden acercarse a la oficina parlamentaria ubicada en Mejicana 252, en Punta Arenas, o contactarse al teléfono +56 9 5724 7759. En Puerto Natales pueden acudir a la sede de Blanco Encalada 598 o al número +56 9 9821 6955. También está disponible el correo electrónico contacto@javieramorales.cl.
Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución. Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días. El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente. Los embargos sobre bienes raíces se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza. Desde TGR recordaron que el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente y que, en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente. La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE a informarse sobre su situación y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles en su sitio web, tgr.cl/cae .
