Con énfasis en la propiedad de los locales educativos como garantía de continuidad del servicio y la correcta utilización de recursos públicos. La Superintendencia de Educación emitió el Dictamen N°76, pronunciamiento que consolida y clarifica las normas que regulan la tenencia y adquisición de inmuebles en los que funcionan los establecimientos educacionales subvencionados. Su objetivo principal es asegurar que el derecho a la educación se ejerza en espacios estables, protegidos y libres de incertidumbre patrimonial. El dictamen responde a una necesidad histórica de otorgar certeza jurídica a sostenedores y comunidades educativas, sistematizando criterios que la Supereduc ya había aplicado en consultas previas. De esta manera, se fortalece la previsibilidad regulatoria y se promueve un uso responsable de los recursos públicos. Uno de los aportes centrales del Dictamen N°76 es la clarificación de plazos para que los sostenedores sin fines de lucro cumplan con los requisitos de propiedad o comodato de los inmuebles. Estos plazos, diferenciados según la fecha de constitución de las entidades, permiten una planificación ordenada y evitan cargas inesperadas. Asimismo, el dictamen distingue entre dos regímenes de adquisición con cargo a la subvención escolar: el mecanismo de la Ley de Inclusión Escolar, destinado a quienes aún deben ajustarse a la normativa de tenencia, y el régimen permanente de la Ley de Subvenciones, que habilita la adquisición de inmuebles para crecimiento, cambio de domicilio o ampliación de capacidad. Esta diferenciación aporta flexibilidad y reconoce la diversidad de realidades de los sostenedores. En materia de financiamiento, el Dictamen N°76 reconoce tres vías autorizadas: compraventa directa, crédito hipotecario y créditos garantizados por CORFO. Cada mecanismo cuenta con limitaciones específicas que buscan proteger el patrimonio fiscal y asegurar que las operaciones se realicen con transparencia y proporcionalidad. La regulación también establece salvaguardas para el uso racional de recursos, vinculando el gasto al avalúo fiscal y a los ingresos del establecimiento. Estas medidas previenen operaciones abusivas y garantizan que las adquisiciones se orienten al beneficio directo de la comunidad escolar. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “este dictamen entrega certezas y consolida criterios que permiten a los sostenedores planificar con tranquilidad, asegurando que la infraestructura escolar esté siempre al servicio de la continuidad educativa”. En la misma línea, agregó: “Nuestro compromiso es acompañar a las comunidades educativas con reglas claras y previsibles, evitando que la normativa se interprete como una carga punitiva. El Dictamen N°76 es una herramienta de orientación y protección del derecho a la educación”. Este dictamen no constituye una nueva obligación, sino una clarificación y sistematización de normas ya vigentes, lo que contribuye a reducir la incertidumbre y a fortalecer la confianza en el sistema educativo. Finalmente, el Dictamen N°76 reafirma el rol de la Superintendencia de Educación como garante de inclusión, equidad y transparencia, consolidando un marco regulatorio que protege a los estudiantes y asegura que los recursos públicos se administren con responsabilidad y visión de futuro.
Con énfasis en la propiedad de los locales educativos como garantía de continuidad del servicio y la correcta utilización de recursos públicos. La Superintendencia de Educación emitió el Dictamen N°76, pronunciamiento que consolida y clarifica las normas que regulan la tenencia y adquisición de inmuebles en los que funcionan los establecimientos educacionales subvencionados. Su objetivo principal es asegurar que el derecho a la educación se ejerza en espacios estables, protegidos y libres de incertidumbre patrimonial. El dictamen responde a una necesidad histórica de otorgar certeza jurídica a sostenedores y comunidades educativas, sistematizando criterios que la Supereduc ya había aplicado en consultas previas. De esta manera, se fortalece la previsibilidad regulatoria y se promueve un uso responsable de los recursos públicos. Uno de los aportes centrales del Dictamen N°76 es la clarificación de plazos para que los sostenedores sin fines de lucro cumplan con los requisitos de propiedad o comodato de los inmuebles. Estos plazos, diferenciados según la fecha de constitución de las entidades, permiten una planificación ordenada y evitan cargas inesperadas. Asimismo, el dictamen distingue entre dos regímenes de adquisición con cargo a la subvención escolar: el mecanismo de la Ley de Inclusión Escolar, destinado a quienes aún deben ajustarse a la normativa de tenencia, y el régimen permanente de la Ley de Subvenciones, que habilita la adquisición de inmuebles para crecimiento, cambio de domicilio o ampliación de capacidad. Esta diferenciación aporta flexibilidad y reconoce la diversidad de realidades de los sostenedores. En materia de financiamiento, el Dictamen N°76 reconoce tres vías autorizadas: compraventa directa, crédito hipotecario y créditos garantizados por CORFO. Cada mecanismo cuenta con limitaciones específicas que buscan proteger el patrimonio fiscal y asegurar que las operaciones se realicen con transparencia y proporcionalidad. La regulación también establece salvaguardas para el uso racional de recursos, vinculando el gasto al avalúo fiscal y a los ingresos del establecimiento. Estas medidas previenen operaciones abusivas y garantizan que las adquisiciones se orienten al beneficio directo de la comunidad escolar. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “este dictamen entrega certezas y consolida criterios que permiten a los sostenedores planificar con tranquilidad, asegurando que la infraestructura escolar esté siempre al servicio de la continuidad educativa”. En la misma línea, agregó: “Nuestro compromiso es acompañar a las comunidades educativas con reglas claras y previsibles, evitando que la normativa se interprete como una carga punitiva. El Dictamen N°76 es una herramienta de orientación y protección del derecho a la educación”. Este dictamen no constituye una nueva obligación, sino una clarificación y sistematización de normas ya vigentes, lo que contribuye a reducir la incertidumbre y a fortalecer la confianza en el sistema educativo. Finalmente, el Dictamen N°76 reafirma el rol de la Superintendencia de Educación como garante de inclusión, equidad y transparencia, consolidando un marco regulatorio que protege a los estudiantes y asegura que los recursos públicos se administren con responsabilidad y visión de futuro.
