El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, informó que los proyectos de transporte público para Punta Arenas y Puerto Natales continúan vigentes, luego de una confirmación entregada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Congreso. Según explicó el parlamentario, la aclaración se produjo tras consultas realizadas en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, donde autoridades del nivel central ratificaron la continuidad de iniciativas como el plan de electromovilidad, que contempla 100 buses para la región, y la implementación de un sistema de transporte en Puerto Natales. Estas declaraciones surgen luego de dichos del seremi de Transportes de Magallanes que generaron dudas sobre el futuro de estos proyectos. En ese contexto, Bianchi señaló que la información entregada por el ministerio contradice lo planteado a nivel regional. El legislador agregó que existe un compromiso del Gobierno con ambas iniciativas y expresó que se espera avanzar en su implementación, especialmente en el caso de Puerto Natales. Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad de abordar este tipo de temas con coordinación entre autoridades regionales y el nivel central, considerando su impacto en la comunidad.
El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación por eventuales irregularidades en procesos de contratación al interior del Gobierno Regional de Magallanes. Según el comunicado, los antecedentes apuntan a la adjudicación de contratos a una empresa con presuntos vínculos familiares con un alto funcionario. De acuerdo con lo expuesto, durante los años 2023 y 2024 se desarrollaron procesos de adquisición vinculados a proyectos en Puerto Edén, relacionados con la compra de madera para obras públicas. En este contexto, la empresa Forestal Los Robles Limitada habría resultado beneficiada tanto en una licitación pública como en una posterior contratación directa. El parlamentario sostuvo que los hechos podrían vulnerar principios de transparencia y probidad, señalando que un funcionario asesor jurídico del Gobierno Regional habría participado en distintas etapas del proceso, incluyendo la aprobación de bases, adjudicación y ampliación de contratos, manteniendo presuntos vínculos familiares con los socios de la empresa. Asimismo, el diputado indicó que la situación se vería agravada por la aprobación de una contratación directa posterior con la misma empresa, cuestionando la fundamentación de dicha decisión. En esa línea, solicitó que se revisen los actos administrativos involucrados y se determinen eventuales responsabilidades. Finalmente, Riquelme Ducci pidió que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, en el marco de una investigación que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades en el uso de recursos públicos.
En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
Tras una reunión sostenida con el Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, se expusieron las graves deficiencias que afectan la operatividad y estabilidad económica del sector pesquero artesanal, particularmente en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Se expuso ante la autoridad lo referido al cambio en la metodología de sanciones que pone en riesgo la viabilidad de la industria y además se comunicó el problema que genera el régimen de responsabilidades puesto que no se ajusta a la realidad del sector pesquero. Al respecto, el diputado Alejandro Riquelme destacó la importancia de este encuentro: Fue una reunión sumamente nutrida y necesaria. Logramos transmitir con total claridad las profundas inquietudes y el malestar que el gremio de la pesca artesanal de nuestra región nos había manifestado. Era fundamental que la autoridad escuchara de primera fuente cómo estas decisiones administrativas del Gobierno anterior están golpeando directamente el sustento de las familias magallánicas. Alzas de hasta un 374% en multas por cambio de metodología Uno de los puntos centrales de la exposición fue el impacto de la resolución publicada en diciembre de 2025, la cual modificó la metodología para el cálculo de sanciones de especies hidrobiológicas. Al transitar del precio de playa al valor Free on Board (FOB) —que refleja el precio del mercado internacional—, las multas han experimentado incrementos críticos: ●Centollón: Aumento del 374%. ●Centolla: Aumento del 143%. ●Erizo: Aumento del 131%. En la instancia, se precisó que esta modificación metodológica proviene de la administración anterior. No obstante, ante la desproporcionalidad de las cifras actuales, se estableció el compromiso de trabajar en conjunto para definir una nueva metodología. Responsabilidad de armadores ante faltas de tripulación Además, se planteó la problemática respecto a la atribución de responsabilidad por infracciones. Actualmente, ante faltas cometidas exclusivamente por la tripulación o el patrón de nave —especialmente al sobrepasar los porcentajes de tolerancia permitidos por ley—, las sanciones son imputadas directamente a los armadores. Sobre este punto, se analizó que la vía para corregir esta situación requiere de una reforma legal. Por ello, el diputado Riquelme manifiesta su voluntad de avanzar en un proyecto de ley que permita separar las responsabilidades ante negligencias. Finalmente, el diputado Riquelme reafirmó el compromiso de mantener el seguimiento de estos temas:Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Subsecretaría de Pesca y los gremios de Magallanes para asegurar soluciones efectivas. Nuestro objetivo es que la normativa sea justa y que se proteja la actividad pesquera, que es el corazón económico de nuestra zona.
El diputado Alejandro Riquelme expresó su preocupación tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que analiza los gastos municipales en celebraciones durante los años 2024 y 2025, el cual revela que varias comunas del país superan ampliamente el promedio nacional de gasto por habitante en este tipo de actividades. Según el informe, el gasto promedio nacional en celebraciones municipales alcanza los $9.064 por persona, sin embargo 36 comunas del país superan ese promedio, destacando particularmente algunas comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que presentan cifras considerablemente más altas. Entre ellas se encuentran Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, que registran gastos per cápita muy superiores al promedio nacional. De acuerdo con los antecedentes del informe, Río Verde registra un gasto de $981.871 por habitante, Laguna Blanca $154.081, Torres del Paine $105.109 y San Gregorio $37.637 por persona, cifras que superan ampliamente el promedio nacional de $9.064 por habitante. “Mientras muchas familias enfrentan dificultades económicas y existen enormes necesidades sociales en nuestras comunas, resulta inaceptable que algunos municipios estén destinando recursos tan elevados en celebraciones.Los recursos públicos deben utilizarse con responsabilidad y siempre priorizando el bienestar de las personas”, señaló el parlamentario. El diputado Riquelme enfatizó que esta situación debe analizarse con rigurosidad y transparencia, independiente del color político de las autoridades locales. “Quiero ser muy claro: vamos a fiscalizar a todos los municipios, sin importar su color político. La responsabilidad en el uso de los recursos públicos no tiene ideología”, afirmó. En ese sentido, anunció que durante las próximas semanas oficiará a las municipalidades de Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, así como también al resto de las comunas de la región, con el objetivo de revisar exhaustivamente las contrataciones, órdenes de compra y gastos asociados a celebraciones realizadas durante los últimos cuatro años. “El objetivo de esta fiscalización es asegurar que cada peso de los recursos municipales se utilice de manera correcta, eficiente y en beneficio directo de la comunidad. Si existen irregularidades o gastos injustificados, deberán explicarse con total transparencia”, agregó. Finalmente, el parlamentario indicó que la revisión también buscará comparar estos gastos con la inversión municipal en áreas prioritarias como asistencia social, apoyo a familias vulnerables y programas comunitarios, para verificar si se está cumpliendo con los principios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos establecidos en la legislación municipal. “Las celebraciones pueden ser parte de la vida comunitaria, pero no pueden transformarse en un fin en sí mismo, ni en un gasto desproporcionado que apunte a resaltar las figuras políticas de turno, especialmente cuando existen tantas necesidades urgentes en nuestras comunas”, concluyó.
El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, informó que los proyectos de transporte público para Punta Arenas y Puerto Natales continúan vigentes, luego de una confirmación entregada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Congreso. Según explicó el parlamentario, la aclaración se produjo tras consultas realizadas en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, donde autoridades del nivel central ratificaron la continuidad de iniciativas como el plan de electromovilidad, que contempla 100 buses para la región, y la implementación de un sistema de transporte en Puerto Natales. Estas declaraciones surgen luego de dichos del seremi de Transportes de Magallanes que generaron dudas sobre el futuro de estos proyectos. En ese contexto, Bianchi señaló que la información entregada por el ministerio contradice lo planteado a nivel regional. El legislador agregó que existe un compromiso del Gobierno con ambas iniciativas y expresó que se espera avanzar en su implementación, especialmente en el caso de Puerto Natales. Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad de abordar este tipo de temas con coordinación entre autoridades regionales y el nivel central, considerando su impacto en la comunidad.
El diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación por eventuales irregularidades en procesos de contratación al interior del Gobierno Regional de Magallanes. Según el comunicado, los antecedentes apuntan a la adjudicación de contratos a una empresa con presuntos vínculos familiares con un alto funcionario. De acuerdo con lo expuesto, durante los años 2023 y 2024 se desarrollaron procesos de adquisición vinculados a proyectos en Puerto Edén, relacionados con la compra de madera para obras públicas. En este contexto, la empresa Forestal Los Robles Limitada habría resultado beneficiada tanto en una licitación pública como en una posterior contratación directa. El parlamentario sostuvo que los hechos podrían vulnerar principios de transparencia y probidad, señalando que un funcionario asesor jurídico del Gobierno Regional habría participado en distintas etapas del proceso, incluyendo la aprobación de bases, adjudicación y ampliación de contratos, manteniendo presuntos vínculos familiares con los socios de la empresa. Asimismo, el diputado indicó que la situación se vería agravada por la aprobación de una contratación directa posterior con la misma empresa, cuestionando la fundamentación de dicha decisión. En esa línea, solicitó que se revisen los actos administrativos involucrados y se determinen eventuales responsabilidades. Finalmente, Riquelme Ducci pidió que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, en el marco de una investigación que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades en el uso de recursos públicos.
En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, el diputado del Partido Republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, valoró el ingreso del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la seguridad en los establecimientos y reforzar la protección de quienes integran las comunidades educativas. El parlamentario señaló que la discusión sobre seguridad escolar ya no es teórica, recordando hechos recientes que han generado preocupación en el país. El año 2025 en Punta Arenas dos estudiantes fueron acuchillados; hace solo una semana una asistente social fue agredida en un liceo y hoy vimos un hecho igualmente preocupante con la agresión contra la ministra de Ciencias, en la Universidad Austral de Chile, indicó. A juicio de Riquelme, estos hechos demuestran que la violencia está entrando a espacios que deberían ser de educación y respeto, por lo que se requieren medidas concretas para proteger a estudiantes, profesores y funcionarios. En esa línea, destacó que la iniciativa ingresada impulsa herramientas claras para prevenir y enfrentar situaciones de violencia al interior de los establecimientos. Entre ellas, fortalecer la autoridad de los directores para actuar frente a hechos graves, mejorar los mecanismos preventivos dentro de los reglamentos internos y establecer medidas como la revisión de mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen. Para terminar con la violencia en los colegios se requieren decisiones firmes. Este proyecto busca precisamente recuperar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos educacionales, para que estudiantes puedan recibir una educación de calidad y los docentes puedan ejercer su labor con tranquilidad, afirmó el legislador. Asimismo, el diputado recordó que en ciudades como Calama, Puerto Montt, Rancagua, Linares o Valparaíso se han registrado amenazas de tiroteos y hechos de violencia escolar, situaciones que —según señaló— también han tenido expresiones en la región de Magallanes, como el ataque ocurrido en un estudiante del Instituto Don Bosco y la agresión a un alumno del Liceo Politécnico que casi le costó su vida. El objetivo es claro: que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros. No puede ser que los estudiantes que realmente quieren estudiar terminen siendo los más perjudicados por la violencia de unos pocos, sostuvo. Finalmente, Riquelme enfatizó que el Estado debe enviar una señal clara frente a estos hechos. No puede haber impunidad. No debe haber más beneficios del Estado para estudiantes que cometan delitos en los establecimientos educacionales. Si queremos terminar con la violencia en las salas de clases, tenemos que actuar con decisión y no seguir llegando tarde, concluyó.
Tras una reunión sostenida con el Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, se expusieron las graves deficiencias que afectan la operatividad y estabilidad económica del sector pesquero artesanal, particularmente en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Se expuso ante la autoridad lo referido al cambio en la metodología de sanciones que pone en riesgo la viabilidad de la industria y además se comunicó el problema que genera el régimen de responsabilidades puesto que no se ajusta a la realidad del sector pesquero. Al respecto, el diputado Alejandro Riquelme destacó la importancia de este encuentro: Fue una reunión sumamente nutrida y necesaria. Logramos transmitir con total claridad las profundas inquietudes y el malestar que el gremio de la pesca artesanal de nuestra región nos había manifestado. Era fundamental que la autoridad escuchara de primera fuente cómo estas decisiones administrativas del Gobierno anterior están golpeando directamente el sustento de las familias magallánicas. Alzas de hasta un 374% en multas por cambio de metodología Uno de los puntos centrales de la exposición fue el impacto de la resolución publicada en diciembre de 2025, la cual modificó la metodología para el cálculo de sanciones de especies hidrobiológicas. Al transitar del precio de playa al valor Free on Board (FOB) —que refleja el precio del mercado internacional—, las multas han experimentado incrementos críticos: ●Centollón: Aumento del 374%. ●Centolla: Aumento del 143%. ●Erizo: Aumento del 131%. En la instancia, se precisó que esta modificación metodológica proviene de la administración anterior. No obstante, ante la desproporcionalidad de las cifras actuales, se estableció el compromiso de trabajar en conjunto para definir una nueva metodología. Responsabilidad de armadores ante faltas de tripulación Además, se planteó la problemática respecto a la atribución de responsabilidad por infracciones. Actualmente, ante faltas cometidas exclusivamente por la tripulación o el patrón de nave —especialmente al sobrepasar los porcentajes de tolerancia permitidos por ley—, las sanciones son imputadas directamente a los armadores. Sobre este punto, se analizó que la vía para corregir esta situación requiere de una reforma legal. Por ello, el diputado Riquelme manifiesta su voluntad de avanzar en un proyecto de ley que permita separar las responsabilidades ante negligencias. Finalmente, el diputado Riquelme reafirmó el compromiso de mantener el seguimiento de estos temas:Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Subsecretaría de Pesca y los gremios de Magallanes para asegurar soluciones efectivas. Nuestro objetivo es que la normativa sea justa y que se proteja la actividad pesquera, que es el corazón económico de nuestra zona.
El diputado Alejandro Riquelme expresó su preocupación tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que analiza los gastos municipales en celebraciones durante los años 2024 y 2025, el cual revela que varias comunas del país superan ampliamente el promedio nacional de gasto por habitante en este tipo de actividades. Según el informe, el gasto promedio nacional en celebraciones municipales alcanza los $9.064 por persona, sin embargo 36 comunas del país superan ese promedio, destacando particularmente algunas comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que presentan cifras considerablemente más altas. Entre ellas se encuentran Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, que registran gastos per cápita muy superiores al promedio nacional. De acuerdo con los antecedentes del informe, Río Verde registra un gasto de $981.871 por habitante, Laguna Blanca $154.081, Torres del Paine $105.109 y San Gregorio $37.637 por persona, cifras que superan ampliamente el promedio nacional de $9.064 por habitante. “Mientras muchas familias enfrentan dificultades económicas y existen enormes necesidades sociales en nuestras comunas, resulta inaceptable que algunos municipios estén destinando recursos tan elevados en celebraciones.Los recursos públicos deben utilizarse con responsabilidad y siempre priorizando el bienestar de las personas”, señaló el parlamentario. El diputado Riquelme enfatizó que esta situación debe analizarse con rigurosidad y transparencia, independiente del color político de las autoridades locales. “Quiero ser muy claro: vamos a fiscalizar a todos los municipios, sin importar su color político. La responsabilidad en el uso de los recursos públicos no tiene ideología”, afirmó. En ese sentido, anunció que durante las próximas semanas oficiará a las municipalidades de Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, así como también al resto de las comunas de la región, con el objetivo de revisar exhaustivamente las contrataciones, órdenes de compra y gastos asociados a celebraciones realizadas durante los últimos cuatro años. “El objetivo de esta fiscalización es asegurar que cada peso de los recursos municipales se utilice de manera correcta, eficiente y en beneficio directo de la comunidad. Si existen irregularidades o gastos injustificados, deberán explicarse con total transparencia”, agregó. Finalmente, el parlamentario indicó que la revisión también buscará comparar estos gastos con la inversión municipal en áreas prioritarias como asistencia social, apoyo a familias vulnerables y programas comunitarios, para verificar si se está cumpliendo con los principios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos establecidos en la legislación municipal. “Las celebraciones pueden ser parte de la vida comunitaria, pero no pueden transformarse en un fin en sí mismo, ni en un gasto desproporcionado que apunte a resaltar las figuras políticas de turno, especialmente cuando existen tantas necesidades urgentes en nuestras comunas”, concluyó.
