Ante informaciones difundidas recientemente en distintos medios de comunicación respecto de un supuesto término del subsidio eléctrico, el Ministerio de Energía informa lo siguiente: 1. El subsidio eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados. 2. Para el año 2026, se encuentra confirmada la quinta convocatoria del subsidio, correspondiente al segundo semestre, cuyo proceso contempla: - Postulación y actualización de datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026. - Resultados disponibles antes de la segunda semana de agosto. - Aplicación del beneficio desde septiembre de 2026, distribuido en seis cuotas en la cuenta de electricidad. 3. Los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia, mientras que nuevos postulantes podrán acceder sujeto a disponibilidad presupuestaria. 4. El subsidio está dirigido principalmente a los hogares más vulnerables del país, pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares. 5. En relación con el proceso de normalización tarifaria y pago de deudas del sistema eléctrico, el Ministerio de Energía informa que: - Durante los años 2019 a 2023 se adoptaron decisiones de política pública que mantuvieron contenidas las tarifas eléctricas. - Estas decisiones generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema. - En distribución, el retraso tarifario del período 2020–2024 generó una deuda base cercana a $831.982 millones. - El descongelamiento tarifario permite normalizar los precios y recuperar gradualmente la deuda acumulada. - Cabe recordar que estas deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores, cuyos efectos hoy deben ser resueltos. 6. Respecto del nuevo proceso de pago de deuda con empresas distribuidoras, el Ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunta a resolver estas obligaciones sin generar nuevas alzas en las tarifas. 7. Destacamos que el Ministerio cuenta una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, que sesiona semanalmente, con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y sostenibilidad del instrumento. El Ministerio hace un llamado a informarse por canales oficiales y reitera que el subsidio eléctrico no ha sido eliminado y continúa vigente.
Hasta la Contraloría General de la República en Santiago llegó Alejandro Avendaño Gallardo, ex dirigente sindical, con el objetivo de reiterar y reforzar un pronunciamiento previamente ingresado el 16 de octubre de 2025 ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de las reiteradas y desproporcionadas alzas en las tarifas de la electricidad en la región, las cuales superan el 60%. Esta nueva gestión responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la única comunicación recibida desde la Contraloría Regional fue mediante correo electrónico con fecha 15 de diciembre de 2025, en la cual, en su apartado “III. Análisis y conclusiones”, se señalaba la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instruyendo a dicho organismo a responder directamente al interesado en un plazo de 15 días. Sin embargo, a la fecha, dicho mandato no ha sido cumplido, evidenciando una preocupante inacción institucional. Incluso, ante nuevas consultas, se ha indicado una extensión de plazo de 7 días adicionales, sin que ello haya derivado en respuesta alguna. Resulta inaceptable que un organismo fiscalizador de la relevancia de la Contraloría no cuente con la debida colaboración de la Superintendencia, lo que no solo retrasa la resolución de una problemática urgente, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, se ha planteado una inconsistencia estructural en la justificación de las alzas tarifarias. Las regiones de Aysén y Magallanes no forman parte del Sistema Eléctrico Nacional interconectado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente los mismos incrementos tarifarios que afectan al resto del país. Esta situación exige una revisión técnica y política profunda. A ello se suma un antecedente aún más preocupante: el propio gerente de Edelmag Magallanes ha informado públicamente respaldado por reportes de la Comisión para el Mercado Financiero, que la empresa registró un aumento de utilidades del 54% durante el año 2024, alcanzando los $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año anterior. Surge entonces una interrogante legítima: ¿cómo se justifica este incremento en las ganancias en un contexto donde se ha señalado la existencia de un congelamiento tarifario? Existen además dudas relevantes respecto al cálculo de tarifas en las regiones australes. Mientras Aysén genera energía principalmente a través de diésel, lo que implica mayores costos, Magallanes cuenta con una matriz energética donde más del 87% proviene de gas a precio preferencial, incluso inferior al que pagan los propios usuarios. A esto se suma la incorporación de energías renovables mediante el parque eólico Vientos Patagónicos, proyecto que fue presentado como una solución para abaratar costos, pero que en la práctica no ha significado ninguna rebaja en las tarifas para la ciudadanía, pese a la significativa inversión pública comprometida. Confío plenamente en que la Contraloría General de la República, con sus profesionales altamente capacitados, no se limitará a aceptar la falta de respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y ejercerá todas sus atribuciones para esclarecer estos hechos y resguardar el interés de la ciudadanía”, señaló Avendaño. Este caso no solo refleja una problemática regional, sino que también plantea un desafío nacional en materia de equidad, transparencia y regulación efectiva de los servicios básicos.
Ante informaciones difundidas recientemente en distintos medios de comunicación respecto de un supuesto término del subsidio eléctrico, el Ministerio de Energía informa lo siguiente: 1. El subsidio eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados. 2. Para el año 2026, se encuentra confirmada la quinta convocatoria del subsidio, correspondiente al segundo semestre, cuyo proceso contempla: - Postulación y actualización de datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026. - Resultados disponibles antes de la segunda semana de agosto. - Aplicación del beneficio desde septiembre de 2026, distribuido en seis cuotas en la cuenta de electricidad. 3. Los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia, mientras que nuevos postulantes podrán acceder sujeto a disponibilidad presupuestaria. 4. El subsidio está dirigido principalmente a los hogares más vulnerables del país, pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares. 5. En relación con el proceso de normalización tarifaria y pago de deudas del sistema eléctrico, el Ministerio de Energía informa que: - Durante los años 2019 a 2023 se adoptaron decisiones de política pública que mantuvieron contenidas las tarifas eléctricas. - Estas decisiones generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema. - En distribución, el retraso tarifario del período 2020–2024 generó una deuda base cercana a $831.982 millones. - El descongelamiento tarifario permite normalizar los precios y recuperar gradualmente la deuda acumulada. - Cabe recordar que estas deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores, cuyos efectos hoy deben ser resueltos. 6. Respecto del nuevo proceso de pago de deuda con empresas distribuidoras, el Ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunta a resolver estas obligaciones sin generar nuevas alzas en las tarifas. 7. Destacamos que el Ministerio cuenta una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, que sesiona semanalmente, con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y sostenibilidad del instrumento. El Ministerio hace un llamado a informarse por canales oficiales y reitera que el subsidio eléctrico no ha sido eliminado y continúa vigente.
Hasta la Contraloría General de la República en Santiago llegó Alejandro Avendaño Gallardo, ex dirigente sindical, con el objetivo de reiterar y reforzar un pronunciamiento previamente ingresado el 16 de octubre de 2025 ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de las reiteradas y desproporcionadas alzas en las tarifas de la electricidad en la región, las cuales superan el 60%. Esta nueva gestión responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la única comunicación recibida desde la Contraloría Regional fue mediante correo electrónico con fecha 15 de diciembre de 2025, en la cual, en su apartado “III. Análisis y conclusiones”, se señalaba la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instruyendo a dicho organismo a responder directamente al interesado en un plazo de 15 días. Sin embargo, a la fecha, dicho mandato no ha sido cumplido, evidenciando una preocupante inacción institucional. Incluso, ante nuevas consultas, se ha indicado una extensión de plazo de 7 días adicionales, sin que ello haya derivado en respuesta alguna. Resulta inaceptable que un organismo fiscalizador de la relevancia de la Contraloría no cuente con la debida colaboración de la Superintendencia, lo que no solo retrasa la resolución de una problemática urgente, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, se ha planteado una inconsistencia estructural en la justificación de las alzas tarifarias. Las regiones de Aysén y Magallanes no forman parte del Sistema Eléctrico Nacional interconectado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente los mismos incrementos tarifarios que afectan al resto del país. Esta situación exige una revisión técnica y política profunda. A ello se suma un antecedente aún más preocupante: el propio gerente de Edelmag Magallanes ha informado públicamente respaldado por reportes de la Comisión para el Mercado Financiero, que la empresa registró un aumento de utilidades del 54% durante el año 2024, alcanzando los $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año anterior. Surge entonces una interrogante legítima: ¿cómo se justifica este incremento en las ganancias en un contexto donde se ha señalado la existencia de un congelamiento tarifario? Existen además dudas relevantes respecto al cálculo de tarifas en las regiones australes. Mientras Aysén genera energía principalmente a través de diésel, lo que implica mayores costos, Magallanes cuenta con una matriz energética donde más del 87% proviene de gas a precio preferencial, incluso inferior al que pagan los propios usuarios. A esto se suma la incorporación de energías renovables mediante el parque eólico Vientos Patagónicos, proyecto que fue presentado como una solución para abaratar costos, pero que en la práctica no ha significado ninguna rebaja en las tarifas para la ciudadanía, pese a la significativa inversión pública comprometida. Confío plenamente en que la Contraloría General de la República, con sus profesionales altamente capacitados, no se limitará a aceptar la falta de respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y ejercerá todas sus atribuciones para esclarecer estos hechos y resguardar el interés de la ciudadanía”, señaló Avendaño. Este caso no solo refleja una problemática regional, sino que también plantea un desafío nacional en materia de equidad, transparencia y regulación efectiva de los servicios básicos.
