En una sesión telemática, la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes informó esta semana en detalle los nuevos estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), que aborda la operación de los espacios materno infantiles en las unidades penitenciarias de todo el país, como forma parte del “Plan de Mejora de Condiciones Carcelarias para Mujeres” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera esta instancia interinstitucional, en la que participan la SEREMÍA de Salud, Gendarmería, Servicio de Salud Magallanes, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de reclusión de mujeres gestantes privadas de libertad y sus hijos(as) menores de dos años, a una mayor sensibilización del personal penitenciario y a un resguardo de su atención médica y fortalecimiento del vínculo materno-infantil. Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil. Todo esto, bajo el principio rector de garantizar en todo momento un trato humano y respetar la dignidad inherente de las personas gestantes y/o con niños(as) lactantes que permanezcan privadas de libertad, de acuerdo a estándares internacionales en la materia (Unicef). “Esta resolución exenta, en el fondo, viene a proveer las instrucciones al personal de Gendarmería respecto al trato que deben tener las personas y adolescentes gestantes o con niños(as) lactantes y el funcionamiento de la misma sección materno infantil. Su definición es poder tener un espacio diferenciado dentro de un establecimiento penitenciario, que cuente con una infraestructura acondicionada y equipada adecuadamente, para poder recibir a personas gestantes con sus hijos(as) y con acceso a espacios seguros para niños(as) que permitan su estimulación temprana, debiendo todas las regiones del país contar con al menos una sección materna infantil para esta población de especial protección”, subrayó. Dentro de las priorizaciones, clasificación y segmentación, el documento se centra en ingresos y egresos de la sección materno infantil, aborda el tema de los procedimientos penitenciarios, regula el tema de salidas, traslados, régimen interno, registros, allanamientos, visitas, encomiendas, el uso de la fuerza, régimen disciplinario y situaciones de emergencia. Además contempla infraestructura penitenciaria, promoción y capacitación de los funcionarios que trabajarán en esa sección. Un aspecto novedoso dice relación ante casos de traslados operativos de personas gestantes (Artículos 22-24), en que a nivel regional o interregional se considerará la condición de embarazo y variables técnico-penitenciarias para determinar la unidad penitenciaria de destino. La medida no se ejecutará si sus condiciones de salud no permiten realizarla sin riesgo para su embarazo, vida o integridad personal. Cuando se trate de traslados fuera de la región, éstos se harán preferentemente por vía aérea en vuelo directo. En tanto, los traslados terrestres no podrán superar un máximo de seis horas, y con al menos una detención para descanso, lactancia y uso de servicios higiénicos. En salidas o traslados al exterior de madres con niños(as) lactantes se realizarán en vehículos distintos a los de Gendarmería, sin usar las medidas de coerción, descartando además el uso de chaleco amarillo. La autoridad sectorial enfatizó que “en el fondo, esto es parte del trabajo que ha marcado el sello de nuestra gestión y una de las prioridades desde que asumimos, que no se había visto antes, que es reducir la brecha de género al interior de las unidades penales. Particularmente de Punta Arenas, donde se aloja la mayor cantidad de la población femenina, y cuya realidad estaba un tanto postergada. Al respecto, no sólo trabajamos en la renovación de la Sección Femenina, sino también en la ampliación de convenios para poder desarrollar un trabajo de reinserción con la población penal. Y hoy día, se traduce también en hacernos cargo de la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad con lactantes”.
Con el objetivo de hacer seguimiento a los casos de mujeres privadas de libertad en condición de embarazo o con hijos menores de dos años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, encabeza la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Esta instancia, de carácter interinstitucional, se reúne mensualmente y cuenta con la participación de la Seremi de Salud, Gendarmería de Chile, el Servicio de Salud Magallanes, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. La autoridad sectorial destacó los avances sustantivos alcanzados durante el último año, los que han permitido monitorear de forma más sistemática las condiciones de mujeres embarazadas y madres en contexto de encierro, ya sea como imputadas o condenadas. Uno de los principales resultados de este trabajo es la elaboración del Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica de Personas Gestantes y/o Madres de Recién Nacidos Menores de Dos Años Privadas de Libertad, a cargo de profesionales de la Seremi de Salud. Este documento complementará el protocolo interno de Gendarmería de Chile en caso de urgencias obstétricas, permitiendo así una respuesta articulada y con enfoque de derechos. Actualmente, el módulo materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se encuentra ocupado en su totalidad, albergando a dos madres junto a sus hijos lactantes. En ese contexto, se destaca como avance significativo el que, fruto de una serie acciones desarrolladas en este ámbito, se fortalezca el trabajo entre las instituciones a través de este protocolo, pudiendo disponer de una herramienta definitoria, en materia de criterios y reglamentaciones. Esto, pensando que las personas al interior de las instituciones van rotando, por lo que el tener esta coordinación garantiza una actuación estandarizada tanto para el personal del Servicio de Salud como para Gendarmería. Además de lo anterior, el trabajo desarrollado por la Mesa permitió identificar una brecha en la etapa de gestación de una de las internas del módulo materno infantil. Esta detección oportuna contribuyó a generar ajustes y fortalecer la articulación intersectorial para resguardar de mejor manera los derechos de estas mujeres y sus hijos en relación con el reconocimiento de la sección materno-infantil como un espacio seguro, considerando no solo las condiciones materiales, sino también aspectos fundamentales vinculados al apego y acompañamiento significativo. En este sentido, se han visibilizado situaciones que requieren especial atención, como la posibilidad de incorporar el apoyo emocional del padre del lactante, cuando este también se encuentra privado de libertad. Todo lo anterior responde a la necesidad fortalecer una coordinación intersectorial anticipada, que permita resguardar de manera integral el bienestar tanto del bebé como de la madre, reconociendo la importancia del vínculo temprano y el enfoque de derechos en contextos de encierro. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos valora que, durante el reciente parto de una de las internas, el padre del bebé pudiera, estando bajo custodia de Gendarmería, disfrutar de ese momento en tranquilidad, disponiendo de todas las condiciones tanto de seguridad como de apoyo emocional: “Aquí se reconoce el interés superior del niño, garantizando que llegue al mundo en las mejores condiciones posibles, acompañado de ambos progenitores, quienes, aun estando privados de libertad, no pierden sus derechos como padres. Por ello, se requieren protocolos que definan estándares mínimos que permitan el ejercicio de esos derechos en condiciones de seguridad y dignidad.” En el mismo sentido, resalta que avances tan significativos como los alcanzados en esta mesa de trabajo, “inciden en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya sido galardonado recientemente como la primera Secretaría de Estado del país en recibir el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su nivel Oro”. Esto representa la máxima distinción en dicha certificación, fruto de diversos avances institucionales, entre los cuales se destaca la incorporación del enfoque de género en el acceso a la justicia, en la forma de enfrentar las condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad, capacitación en derechos de mujeres indígenas y protección especial de niñas y adolescentes.
Recientemente, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2025 de Gendarmería, se realizó en Punta Arenas el seminario denominado Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad, en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes. La actividad contó con las exposiciones de la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, además de la abogada del departamento nacional de DD.HH. de Gendarmería, Melisa Manfredi Manfredi. Al respecto, Manfredi explicó que esta instancia buscó internalizar la normativa institucional que regula la situación y trato hacia personas gestantes, así como de las secciones materno-infantiles al interior del sistema penitenciario, y que establece un trato digno hacia las mujeres en espera de dar a luz, así como aquellas en periodo de parto, y de las niñas y niños que están que están junto a sus madres en todos nuestros centros. En efecto, las mujeres embarazadas y con hijos pequeños que cumplen reclusión en el sistema penitenciario, constituyen una población de especial protección por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, y tomar conciencia de aquello es una necesidad general, manifestó durante su intervención en este seminario la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado. Una gran cantidad de ellas vienen de trayectorias de vida de mucha vulnerabilidad y comenten delitos vinculados a la obtención de recursos económicos para sostener a sus familias, y pasar de un sistema penitenciario diseñado sólo para hombres, debe considerar a la importante población de mujeres que se encuentran privadas de libertad, lo cual es un paso importante para seguir avanzando en un Chile para todos, explicó la seremi de Justicia. Por su parte, como expositora de este seminario, la seremi de la Mujer Alejandra Ruiz, explicó que en su intervención abordó el cómo incorporar las necesidades distintas que se tienen en razón del género con las políticas públicas para mejorar la gestión. Hay compromisos a todo nivel para incorporar este enfoque y mejorar la calidad de vida a través de la gestión pública, y en este caso, con el apoyo de los funcionarios de Gendarmería. En representación de Gendarmería, el director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, explico que el resguardo de los derechos de las personas gestantes, así como de las y los niños lactantes que están junto a sus madres bajo nuestro cuidado, responde al principio rector de respeto a la dignidad humana, que a su vez es una responsabilidad ética, legal y social ineludible. Seguiremos con estos espacios de diálogo y aprendizaje para fortalecer nuestro trabajo y generar cambios reales en beneficios de las personas privadas de libertad y de la sociedad en su conjunto, manifestó el director regional de Gendarmería.
En una sesión telemática, la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes informó esta semana en detalle los nuevos estándares que establece la Resolución Exenta N.º 1426 (4 de marzo de 2025), que aborda la operación de los espacios materno infantiles en las unidades penitenciarias de todo el país, como forma parte del “Plan de Mejora de Condiciones Carcelarias para Mujeres” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera esta instancia interinstitucional, en la que participan la SEREMÍA de Salud, Gendarmería, Servicio de Salud Magallanes, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Este esfuerzo apunta a mejorar las condiciones de reclusión de mujeres gestantes privadas de libertad y sus hijos(as) menores de dos años, a una mayor sensibilización del personal penitenciario y a un resguardo de su atención médica y fortalecimiento del vínculo materno-infantil. Al respecto, se hizo una bajada de esta nueva normativa desde el nivel central, abordando en detalle algunas disposiciones referidas a cómo se ingresará y se utilizará una sección materna infantil. Todo esto, bajo el principio rector de garantizar en todo momento un trato humano y respetar la dignidad inherente de las personas gestantes y/o con niños(as) lactantes que permanezcan privadas de libertad, de acuerdo a estándares internacionales en la materia (Unicef). “Esta resolución exenta, en el fondo, viene a proveer las instrucciones al personal de Gendarmería respecto al trato que deben tener las personas y adolescentes gestantes o con niños(as) lactantes y el funcionamiento de la misma sección materno infantil. Su definición es poder tener un espacio diferenciado dentro de un establecimiento penitenciario, que cuente con una infraestructura acondicionada y equipada adecuadamente, para poder recibir a personas gestantes con sus hijos(as) y con acceso a espacios seguros para niños(as) que permitan su estimulación temprana, debiendo todas las regiones del país contar con al menos una sección materna infantil para esta población de especial protección”, subrayó. Dentro de las priorizaciones, clasificación y segmentación, el documento se centra en ingresos y egresos de la sección materno infantil, aborda el tema de los procedimientos penitenciarios, regula el tema de salidas, traslados, régimen interno, registros, allanamientos, visitas, encomiendas, el uso de la fuerza, régimen disciplinario y situaciones de emergencia. Además contempla infraestructura penitenciaria, promoción y capacitación de los funcionarios que trabajarán en esa sección. Un aspecto novedoso dice relación ante casos de traslados operativos de personas gestantes (Artículos 22-24), en que a nivel regional o interregional se considerará la condición de embarazo y variables técnico-penitenciarias para determinar la unidad penitenciaria de destino. La medida no se ejecutará si sus condiciones de salud no permiten realizarla sin riesgo para su embarazo, vida o integridad personal. Cuando se trate de traslados fuera de la región, éstos se harán preferentemente por vía aérea en vuelo directo. En tanto, los traslados terrestres no podrán superar un máximo de seis horas, y con al menos una detención para descanso, lactancia y uso de servicios higiénicos. En salidas o traslados al exterior de madres con niños(as) lactantes se realizarán en vehículos distintos a los de Gendarmería, sin usar las medidas de coerción, descartando además el uso de chaleco amarillo. La autoridad sectorial enfatizó que “en el fondo, esto es parte del trabajo que ha marcado el sello de nuestra gestión y una de las prioridades desde que asumimos, que no se había visto antes, que es reducir la brecha de género al interior de las unidades penales. Particularmente de Punta Arenas, donde se aloja la mayor cantidad de la población femenina, y cuya realidad estaba un tanto postergada. Al respecto, no sólo trabajamos en la renovación de la Sección Femenina, sino también en la ampliación de convenios para poder desarrollar un trabajo de reinserción con la población penal. Y hoy día, se traduce también en hacernos cargo de la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad con lactantes”.
Con el objetivo de hacer seguimiento a los casos de mujeres privadas de libertad en condición de embarazo o con hijos menores de dos años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, encabeza la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas con Hijos Lactantes. Esta instancia, de carácter interinstitucional, se reúne mensualmente y cuenta con la participación de la Seremi de Salud, Gendarmería de Chile, el Servicio de Salud Magallanes, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. La autoridad sectorial destacó los avances sustantivos alcanzados durante el último año, los que han permitido monitorear de forma más sistemática las condiciones de mujeres embarazadas y madres en contexto de encierro, ya sea como imputadas o condenadas. Uno de los principales resultados de este trabajo es la elaboración del Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica de Personas Gestantes y/o Madres de Recién Nacidos Menores de Dos Años Privadas de Libertad, a cargo de profesionales de la Seremi de Salud. Este documento complementará el protocolo interno de Gendarmería de Chile en caso de urgencias obstétricas, permitiendo así una respuesta articulada y con enfoque de derechos. Actualmente, el módulo materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se encuentra ocupado en su totalidad, albergando a dos madres junto a sus hijos lactantes. En ese contexto, se destaca como avance significativo el que, fruto de una serie acciones desarrolladas en este ámbito, se fortalezca el trabajo entre las instituciones a través de este protocolo, pudiendo disponer de una herramienta definitoria, en materia de criterios y reglamentaciones. Esto, pensando que las personas al interior de las instituciones van rotando, por lo que el tener esta coordinación garantiza una actuación estandarizada tanto para el personal del Servicio de Salud como para Gendarmería. Además de lo anterior, el trabajo desarrollado por la Mesa permitió identificar una brecha en la etapa de gestación de una de las internas del módulo materno infantil. Esta detección oportuna contribuyó a generar ajustes y fortalecer la articulación intersectorial para resguardar de mejor manera los derechos de estas mujeres y sus hijos en relación con el reconocimiento de la sección materno-infantil como un espacio seguro, considerando no solo las condiciones materiales, sino también aspectos fundamentales vinculados al apego y acompañamiento significativo. En este sentido, se han visibilizado situaciones que requieren especial atención, como la posibilidad de incorporar el apoyo emocional del padre del lactante, cuando este también se encuentra privado de libertad. Todo lo anterior responde a la necesidad fortalecer una coordinación intersectorial anticipada, que permita resguardar de manera integral el bienestar tanto del bebé como de la madre, reconociendo la importancia del vínculo temprano y el enfoque de derechos en contextos de encierro. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos valora que, durante el reciente parto de una de las internas, el padre del bebé pudiera, estando bajo custodia de Gendarmería, disfrutar de ese momento en tranquilidad, disponiendo de todas las condiciones tanto de seguridad como de apoyo emocional: “Aquí se reconoce el interés superior del niño, garantizando que llegue al mundo en las mejores condiciones posibles, acompañado de ambos progenitores, quienes, aun estando privados de libertad, no pierden sus derechos como padres. Por ello, se requieren protocolos que definan estándares mínimos que permitan el ejercicio de esos derechos en condiciones de seguridad y dignidad.” En el mismo sentido, resalta que avances tan significativos como los alcanzados en esta mesa de trabajo, “inciden en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya sido galardonado recientemente como la primera Secretaría de Estado del país en recibir el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su nivel Oro”. Esto representa la máxima distinción en dicha certificación, fruto de diversos avances institucionales, entre los cuales se destaca la incorporación del enfoque de género en el acceso a la justicia, en la forma de enfrentar las condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad, capacitación en derechos de mujeres indígenas y protección especial de niñas y adolescentes.
Recientemente, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2025 de Gendarmería, se realizó en Punta Arenas el seminario denominado Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad, en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes. La actividad contó con las exposiciones de la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, además de la abogada del departamento nacional de DD.HH. de Gendarmería, Melisa Manfredi Manfredi. Al respecto, Manfredi explicó que esta instancia buscó internalizar la normativa institucional que regula la situación y trato hacia personas gestantes, así como de las secciones materno-infantiles al interior del sistema penitenciario, y que establece un trato digno hacia las mujeres en espera de dar a luz, así como aquellas en periodo de parto, y de las niñas y niños que están que están junto a sus madres en todos nuestros centros. En efecto, las mujeres embarazadas y con hijos pequeños que cumplen reclusión en el sistema penitenciario, constituyen una población de especial protección por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, y tomar conciencia de aquello es una necesidad general, manifestó durante su intervención en este seminario la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado. Una gran cantidad de ellas vienen de trayectorias de vida de mucha vulnerabilidad y comenten delitos vinculados a la obtención de recursos económicos para sostener a sus familias, y pasar de un sistema penitenciario diseñado sólo para hombres, debe considerar a la importante población de mujeres que se encuentran privadas de libertad, lo cual es un paso importante para seguir avanzando en un Chile para todos, explicó la seremi de Justicia. Por su parte, como expositora de este seminario, la seremi de la Mujer Alejandra Ruiz, explicó que en su intervención abordó el cómo incorporar las necesidades distintas que se tienen en razón del género con las políticas públicas para mejorar la gestión. Hay compromisos a todo nivel para incorporar este enfoque y mejorar la calidad de vida a través de la gestión pública, y en este caso, con el apoyo de los funcionarios de Gendarmería. En representación de Gendarmería, el director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, explico que el resguardo de los derechos de las personas gestantes, así como de las y los niños lactantes que están junto a sus madres bajo nuestro cuidado, responde al principio rector de respeto a la dignidad humana, que a su vez es una responsabilidad ética, legal y social ineludible. Seguiremos con estos espacios de diálogo y aprendizaje para fortalecer nuestro trabajo y generar cambios reales en beneficios de las personas privadas de libertad y de la sociedad en su conjunto, manifestó el director regional de Gendarmería.
