La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando en la actualización de los lineamientos sobre el uso de tecnologías de seguridad en establecimientos educacionales, en el contexto de la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Esta normativa establecerá un nuevo marco para la implementación de herramientas como cámaras, pórticos y detectores de metales. La nueva regulación permitirá a los sostenedores implementar estos dispositivos, siempre que exista acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, se fijarán condiciones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y equipos educativos, junto con asegurar el respeto a sus derechos. En este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que el enfoque está puesto en la prevención y la convivencia. “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”, indicó la autoridad, agregando que “no hay aprendizajes posibles sin convivencia”. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el actual Dictamen N°65 dejará de aplicarse en materias relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad, aunque se mantendrá vigente en lo referido a la revisión de mochilas y artículos personales, aspecto que podría ser modificado en futuras reformas legales. Paralelamente, la Superintendencia trabaja junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de reglamentos que definirán la aplicación práctica de la normativa. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y criterios técnicos para la implementación de las medidas en los establecimientos.
El Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes manifiesta su profunda preocupación ante los actuales procesos de selección de directores y directoras de establecimientos educacionales que se desarrollan bajo el sistema de Alta Dirección Pública. Como magisterio regional, hemos señalado en reiteradas ocasiones que quienes asuman estos cargos de liderazgo deben ser evaluados no solo por sus méritos académicos o administrativos, sino también por su trayectoria ética, su capacidad de liderazgo humano y su respeto hacia los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lamentablemente, en diversas oportunidades hemos visto que se designan directivos con antecedentes de agobio, maltrato y vulneración de derechos, pese a las denuncias conocidas por las comunidades escolares. No se escucha la voz del profesorado, ni se consideran los testimonios ni antecedentes que el Colegio de Profesoras y Profesores ha puesto en conocimiento de las autoridades. A esto se suma que los procesos sumarios se prolongan indefinidamente, sin resultados ni sanciones oportunas. Existen casos en nuestra región donde los sumarios llevan más de un año sin resolución, y donde las y los docentes continúan expuestos a los mismos ambientes hostiles, sin protección ni acompañamiento. En algunos establecimientos, las profesoras y profesores viven hace más de dos años situaciones de acoso y maltrato, sin que los fiscales ni las autoridades den una respuesta concreta. Debemos recordar que el agobio o maltrato no siempre proviene directamente del director, sino también de integrantes de sus equipos de gestión o liderazgo, frente a lo cual muchas veces los directores no asumen responsabilidad ni intervienen para poner fin a estas conductas. Esto demuestra la urgencia de revisar no solo perfiles técnicos, sino también las competencias éticas y relacionales de quienes dirigen nuestras escuelas. Reiteramos, además, qué si bien la Alta Dirección Pública realiza la selección técnica, la decisión final recae en el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, quien actualmente se encuentra subrogando el cargo luego de la suspensión del titular en marzo de este año, sin que a la fecha exista respuesta de la Dirección de Educación Pública (DEP), respecto a esta situación. Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile – Regional Magallanes, exigimos transparencia, responsabilidad y participación efectiva en todos los procesos de selección y gestión directiva. Los liderazgos escolares deben construirse desde el respeto, la colaboración y el bienestar de las comunidades educativas, no desde el temor ni la impunidad.
La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando en la actualización de los lineamientos sobre el uso de tecnologías de seguridad en establecimientos educacionales, en el contexto de la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Esta normativa establecerá un nuevo marco para la implementación de herramientas como cámaras, pórticos y detectores de metales. La nueva regulación permitirá a los sostenedores implementar estos dispositivos, siempre que exista acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, se fijarán condiciones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y equipos educativos, junto con asegurar el respeto a sus derechos. En este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que el enfoque está puesto en la prevención y la convivencia. “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”, indicó la autoridad, agregando que “no hay aprendizajes posibles sin convivencia”. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el actual Dictamen N°65 dejará de aplicarse en materias relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad, aunque se mantendrá vigente en lo referido a la revisión de mochilas y artículos personales, aspecto que podría ser modificado en futuras reformas legales. Paralelamente, la Superintendencia trabaja junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de reglamentos que definirán la aplicación práctica de la normativa. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y criterios técnicos para la implementación de las medidas en los establecimientos.
El Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes manifiesta su profunda preocupación ante los actuales procesos de selección de directores y directoras de establecimientos educacionales que se desarrollan bajo el sistema de Alta Dirección Pública. Como magisterio regional, hemos señalado en reiteradas ocasiones que quienes asuman estos cargos de liderazgo deben ser evaluados no solo por sus méritos académicos o administrativos, sino también por su trayectoria ética, su capacidad de liderazgo humano y su respeto hacia los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lamentablemente, en diversas oportunidades hemos visto que se designan directivos con antecedentes de agobio, maltrato y vulneración de derechos, pese a las denuncias conocidas por las comunidades escolares. No se escucha la voz del profesorado, ni se consideran los testimonios ni antecedentes que el Colegio de Profesoras y Profesores ha puesto en conocimiento de las autoridades. A esto se suma que los procesos sumarios se prolongan indefinidamente, sin resultados ni sanciones oportunas. Existen casos en nuestra región donde los sumarios llevan más de un año sin resolución, y donde las y los docentes continúan expuestos a los mismos ambientes hostiles, sin protección ni acompañamiento. En algunos establecimientos, las profesoras y profesores viven hace más de dos años situaciones de acoso y maltrato, sin que los fiscales ni las autoridades den una respuesta concreta. Debemos recordar que el agobio o maltrato no siempre proviene directamente del director, sino también de integrantes de sus equipos de gestión o liderazgo, frente a lo cual muchas veces los directores no asumen responsabilidad ni intervienen para poner fin a estas conductas. Esto demuestra la urgencia de revisar no solo perfiles técnicos, sino también las competencias éticas y relacionales de quienes dirigen nuestras escuelas. Reiteramos, además, qué si bien la Alta Dirección Pública realiza la selección técnica, la decisión final recae en el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, quien actualmente se encuentra subrogando el cargo luego de la suspensión del titular en marzo de este año, sin que a la fecha exista respuesta de la Dirección de Educación Pública (DEP), respecto a esta situación. Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile – Regional Magallanes, exigimos transparencia, responsabilidad y participación efectiva en todos los procesos de selección y gestión directiva. Los liderazgos escolares deben construirse desde el respeto, la colaboración y el bienestar de las comunidades educativas, no desde el temor ni la impunidad.
