El diputado Alejandro Riquelme manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se están gestionando procesos de cobro a usuarios por estacionamientos, advirtiendo que no se está utilizando la vía correcta desde el punto de vista legal ni administrativo, lo que podría generar efectos negativos tanto para el sistema judicial como para los propios ciudadanos. “Quiero ser muy claro: aquí nadie está defendiendo el no pago. Las deudas tienen que cumplirse, eso es básico en cualquier sociedad que funcione. Pero también es fundamental que los cobros se realicen respetando los procedimientos que establece la ley”, señaló el parlamentario. En ese sentido, Riquelme enfatizó que el cobro de obligaciones corresponde, en primera instancia, a la relación directa entre la empresa prestadora del servicio y el usuario, existiendo para ello mecanismos formales que permiten exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, resguardando al mismo tiempo el debido proceso. Sin embargo, según indicó, lo que se ha observado es una tendencia a utilizar los Juzgados de Policía Local como una vía alternativa de cobranza, lo que a su juicio distorsiona el rol de estos tribunales. “Los Juzgados de Policía Local no pueden transformarse en oficinas de cobranza. Son tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo, atendiendo materias relevantes para la comunidad, y lo que estamos viendo es que se les está sumando una presión adicional que no corresponde”, afirmó. El diputado también recalcó que esta práctica no solo impacta en el funcionamiento del sistema judicial, sino que puede afectar directamente a los usuarios, quienes enfrentan procedimientos que no necesariamente son los más adecuados para este tipo de situaciones. “Cuando se utilizan vías que no son las correctas, se genera incertidumbre, se tensiona el sistema y se perjudica a las personas. Aquí lo responsable es actuar conforme a derecho, utilizando los mecanismos que existen para estos casos”, agregó. Asimismo, el parlamentario informó que, debido a esta situación, ha enviado una solicitud formal de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determine la legalidad y procedencia del uso de los Juzgados de Policía Local como mecanismo de cobranza indirecta. “Le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie con claridad sobre si este mecanismo se ajusta o no a derecho. Aquí no puede haber espacios grises cuando se trata del uso de instituciones públicas”, explicó. Riquelme también precisó que este debate debe abordarse con responsabilidad, entendiendo el contexto en que se originan muchas de estas deudas. “Este no es un tema que proteja a los deudores como algunos han querido instalar. Aquí hay muchas personas que en su momento no pudieron pagar simplemente porque no existían mecanismos adecuados de cobro o recaudación, como la falta de cobradores o canales accesibles”, señaló. En esa línea, agregó que recién en una etapa reciente la empresa implementó sistemas de pago más modernos, como el pago mediante código QR que permite regularizar deudas de manera posterior (ex post), lo que evidencia que el problema no solo radica en los usuarios, sino también en las condiciones en que se facilitaba el cumplimiento de las obligaciones. “Antes de judicializar masivamente, hay que hacerse cargo de cómo se gestionó el cobro. No se puede cargar toda la responsabilidad en las personas cuando durante mucho tiempo no existieron herramientas adecuadas para pagar”, sostuvo. Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a abordar esta situación con responsabilidad institucional, evitando medidas que, aunque puedan parecer eficientes en el corto plazo, terminan generando problemas mayores a futuro. “Esto no se trata de buscar atajos. Se trata de hacer las cosas bien. Si hay deudas, se tienen que cobrar, pero por los canales que corresponde. De lo contrario, lo único que logramos es recargar tribunales que ya están al límite y generar un sistema menos justo y menos eficiente”, afirmó. Finalmente, el diputado reiteró que su posición apunta a resguardar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el correcto funcionamiento de las instituciones. “No promovemos el no pago, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el cobro debe hacerse bien, de manera legal y ordenada, respetando a las personas y cuidando nuestras instituciones”, concluyó.
Con el objetivo de garantizar una salida expedita y segura de los carros bomba, la Municipalidad de Punta Arenas instaló señalética que restringe el estacionamiento en calle Roca, frente al cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos. La medida regirá a partir del lunes 5 de enero y abarcará los primeros 45 metros de la cuadra, entre las calles 21 de Mayo y Lautaro Navarro. La iniciativa busca mantener despejada la calzada para permitir el adecuado radio de giro y maniobra de los vehículos de emergencia, considerando el retorno de la 1ª Compañía a su cuartel, recientemente renovado y plenamente operativo. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la decisión responde a una necesidad operativa concreta. Estamos con un cuartel nuevo, totalmente operativo, y los carros ya están acá. El problema es que, al salir a una emergencia, topan con vehículos estacionados, lo que dificulta o impide el giro. Por eso, desde el lunes 5 de enero, esta media cuadra quedará sin estacionamiento y quienes no respeten la medida serán infraccionados, señaló, haciendo un llamado a la colaboración de la comunidad. Le pedimos nuevamente empatía, porque no queremos cursar multas, sino que se entienda que esto es un beneficio para toda la comunidad de Punta Arenas, agregó. Desde Bomberos, el director de la 1ª Compañía, Ángel Iglesias, valoró la implementación de la restricción, indicando que se trata de una problemática histórica. Hace muchos años tenemos dificultades por vehículos estacionados frente al cuartel. A veces se pierde tiempo valioso buscando a los dueños o esperando que los muevan, y eso puede ser crítico en una emergencia, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la prohibición y evitar estacionar sobre las veredas del frontis de la compañía. Por su parte, el director subrogante de la Dirección de Tránsito del municipio, Jaime Sánchez, precisó que la prohibición considera tanto el estacionamiento como la detención de vehículos. Bomberos puede requerir salir en cualquier momento, por lo que el espacio debe estar siempre despejado. La señalización indica claramente el tramo donde no se puede estacionar y, más adelante, dónde se retoma el estacionamiento concesionado, explicó. Desde el municipio reiteraron que la restricción abarca aproximadamente 45 metros, equivalentes a media cuadra y al radio de giro necesario para los carros bomba, lo que busca beneficiar a toda la comunidad de Punta Arenas, asegurando una respuesta rápida y segura ante incendios, accidentes u otras emergencias.
El diputado Alejandro Riquelme manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se están gestionando procesos de cobro a usuarios por estacionamientos, advirtiendo que no se está utilizando la vía correcta desde el punto de vista legal ni administrativo, lo que podría generar efectos negativos tanto para el sistema judicial como para los propios ciudadanos. “Quiero ser muy claro: aquí nadie está defendiendo el no pago. Las deudas tienen que cumplirse, eso es básico en cualquier sociedad que funcione. Pero también es fundamental que los cobros se realicen respetando los procedimientos que establece la ley”, señaló el parlamentario. En ese sentido, Riquelme enfatizó que el cobro de obligaciones corresponde, en primera instancia, a la relación directa entre la empresa prestadora del servicio y el usuario, existiendo para ello mecanismos formales que permiten exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, resguardando al mismo tiempo el debido proceso. Sin embargo, según indicó, lo que se ha observado es una tendencia a utilizar los Juzgados de Policía Local como una vía alternativa de cobranza, lo que a su juicio distorsiona el rol de estos tribunales. “Los Juzgados de Policía Local no pueden transformarse en oficinas de cobranza. Son tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo, atendiendo materias relevantes para la comunidad, y lo que estamos viendo es que se les está sumando una presión adicional que no corresponde”, afirmó. El diputado también recalcó que esta práctica no solo impacta en el funcionamiento del sistema judicial, sino que puede afectar directamente a los usuarios, quienes enfrentan procedimientos que no necesariamente son los más adecuados para este tipo de situaciones. “Cuando se utilizan vías que no son las correctas, se genera incertidumbre, se tensiona el sistema y se perjudica a las personas. Aquí lo responsable es actuar conforme a derecho, utilizando los mecanismos que existen para estos casos”, agregó. Asimismo, el parlamentario informó que, debido a esta situación, ha enviado una solicitud formal de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determine la legalidad y procedencia del uso de los Juzgados de Policía Local como mecanismo de cobranza indirecta. “Le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie con claridad sobre si este mecanismo se ajusta o no a derecho. Aquí no puede haber espacios grises cuando se trata del uso de instituciones públicas”, explicó. Riquelme también precisó que este debate debe abordarse con responsabilidad, entendiendo el contexto en que se originan muchas de estas deudas. “Este no es un tema que proteja a los deudores como algunos han querido instalar. Aquí hay muchas personas que en su momento no pudieron pagar simplemente porque no existían mecanismos adecuados de cobro o recaudación, como la falta de cobradores o canales accesibles”, señaló. En esa línea, agregó que recién en una etapa reciente la empresa implementó sistemas de pago más modernos, como el pago mediante código QR que permite regularizar deudas de manera posterior (ex post), lo que evidencia que el problema no solo radica en los usuarios, sino también en las condiciones en que se facilitaba el cumplimiento de las obligaciones. “Antes de judicializar masivamente, hay que hacerse cargo de cómo se gestionó el cobro. No se puede cargar toda la responsabilidad en las personas cuando durante mucho tiempo no existieron herramientas adecuadas para pagar”, sostuvo. Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a abordar esta situación con responsabilidad institucional, evitando medidas que, aunque puedan parecer eficientes en el corto plazo, terminan generando problemas mayores a futuro. “Esto no se trata de buscar atajos. Se trata de hacer las cosas bien. Si hay deudas, se tienen que cobrar, pero por los canales que corresponde. De lo contrario, lo único que logramos es recargar tribunales que ya están al límite y generar un sistema menos justo y menos eficiente”, afirmó. Finalmente, el diputado reiteró que su posición apunta a resguardar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el correcto funcionamiento de las instituciones. “No promovemos el no pago, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el cobro debe hacerse bien, de manera legal y ordenada, respetando a las personas y cuidando nuestras instituciones”, concluyó.
Con el objetivo de garantizar una salida expedita y segura de los carros bomba, la Municipalidad de Punta Arenas instaló señalética que restringe el estacionamiento en calle Roca, frente al cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos. La medida regirá a partir del lunes 5 de enero y abarcará los primeros 45 metros de la cuadra, entre las calles 21 de Mayo y Lautaro Navarro. La iniciativa busca mantener despejada la calzada para permitir el adecuado radio de giro y maniobra de los vehículos de emergencia, considerando el retorno de la 1ª Compañía a su cuartel, recientemente renovado y plenamente operativo. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la decisión responde a una necesidad operativa concreta. Estamos con un cuartel nuevo, totalmente operativo, y los carros ya están acá. El problema es que, al salir a una emergencia, topan con vehículos estacionados, lo que dificulta o impide el giro. Por eso, desde el lunes 5 de enero, esta media cuadra quedará sin estacionamiento y quienes no respeten la medida serán infraccionados, señaló, haciendo un llamado a la colaboración de la comunidad. Le pedimos nuevamente empatía, porque no queremos cursar multas, sino que se entienda que esto es un beneficio para toda la comunidad de Punta Arenas, agregó. Desde Bomberos, el director de la 1ª Compañía, Ángel Iglesias, valoró la implementación de la restricción, indicando que se trata de una problemática histórica. Hace muchos años tenemos dificultades por vehículos estacionados frente al cuartel. A veces se pierde tiempo valioso buscando a los dueños o esperando que los muevan, y eso puede ser crítico en una emergencia, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la prohibición y evitar estacionar sobre las veredas del frontis de la compañía. Por su parte, el director subrogante de la Dirección de Tránsito del municipio, Jaime Sánchez, precisó que la prohibición considera tanto el estacionamiento como la detención de vehículos. Bomberos puede requerir salir en cualquier momento, por lo que el espacio debe estar siempre despejado. La señalización indica claramente el tramo donde no se puede estacionar y, más adelante, dónde se retoma el estacionamiento concesionado, explicó. Desde el municipio reiteraron que la restricción abarca aproximadamente 45 metros, equivalentes a media cuadra y al radio de giro necesario para los carros bomba, lo que busca beneficiar a toda la comunidad de Punta Arenas, asegurando una respuesta rápida y segura ante incendios, accidentes u otras emergencias.
