La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), organización que reúne a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la federación expresó preocupación por los posibles efectos que la iniciativa podría generar en distintos organismos públicos, especialmente ante eventuales recortes presupuestarios y medidas que impacten la continuidad de programas estatales. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, así como la continuidad de servicios vinculados al acceso a la justicia, asistencia social y protección de derechos. Desde la organización también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa, acusando falta de diálogo con gremios y actores vinculados al funcionamiento del sector público. En esa línea, advirtieron que abordar la institucionalidad estatal únicamente desde criterios de eficiencia o reducción de costos podría afectar directamente a los sectores más vulnerables. El proyecto ya fue revisado por distintas comisiones técnicas de la Cámara, incluyendo Hacienda, y durante los próximos días deberá ser votado en la Sala. En caso de ser aprobado, continuará su tramitación en el Senado.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo a la implementación del segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral, que desde el 26 de abril fija una carga de 42 horas semanales en Chile. Según la organización, la aplicación actual estaría afectando a trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. Desde la federación señalaron que funcionarios de Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados no estarían accediendo a una reducción efectiva de su jornada. Esto, debido a una interpretación administrativa que establece que el tiempo de colación no se considera dentro de la jornada laboral. En la práctica, indicaron, esta situación implicaría que los trabajadores deban permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados a sus funciones, superando incluso el límite establecido para otros regímenes del sector público. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que esta medida “representa una transgresión a la ley”. La organización también advirtió que esta interpretación contradice el objetivo de la normativa, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y emplazó a las autoridades a revisar la situación. Además, anunciaron que exigirán el cumplimiento de la legislación vigente y evaluarán acciones judiciales y administrativas. Finalmente, FENADAJ informó que está coordinando acciones con otras entidades del sector público y llamó a sus afiliados a mantenerse informados frente a posibles cambios que puedan afectar sus derechos laborales.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por el Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según indican— afectaría la implementación de la Ley N° 21.561 que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas. De acuerdo con la organización, la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de ser considerado parte de la jornada laboral. Esto, afirman, se traduciría en un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, argumentando que podría vulnerar derechos laborales y afectar a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Desde la federación advierten que, en la práctica, las jornadas podrían alcanzar hasta 44,5 horas semanales. A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando los derechos laborales vigentes. Finalmente, FENADAJ informó que se mantiene en estado de alerta y que evaluará acciones para revertir la interpretación, insistiendo en la necesidad de aplicar criterios acordes con los principios del Derecho del Trabajo.
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), organización que reúne a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la federación expresó preocupación por los posibles efectos que la iniciativa podría generar en distintos organismos públicos, especialmente ante eventuales recortes presupuestarios y medidas que impacten la continuidad de programas estatales. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, así como la continuidad de servicios vinculados al acceso a la justicia, asistencia social y protección de derechos. Desde la organización también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa, acusando falta de diálogo con gremios y actores vinculados al funcionamiento del sector público. En esa línea, advirtieron que abordar la institucionalidad estatal únicamente desde criterios de eficiencia o reducción de costos podría afectar directamente a los sectores más vulnerables. El proyecto ya fue revisado por distintas comisiones técnicas de la Cámara, incluyendo Hacienda, y durante los próximos días deberá ser votado en la Sala. En caso de ser aprobado, continuará su tramitación en el Senado.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo a la implementación del segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral, que desde el 26 de abril fija una carga de 42 horas semanales en Chile. Según la organización, la aplicación actual estaría afectando a trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. Desde la federación señalaron que funcionarios de Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados no estarían accediendo a una reducción efectiva de su jornada. Esto, debido a una interpretación administrativa que establece que el tiempo de colación no se considera dentro de la jornada laboral. En la práctica, indicaron, esta situación implicaría que los trabajadores deban permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados a sus funciones, superando incluso el límite establecido para otros regímenes del sector público. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que esta medida “representa una transgresión a la ley”. La organización también advirtió que esta interpretación contradice el objetivo de la normativa, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y emplazó a las autoridades a revisar la situación. Además, anunciaron que exigirán el cumplimiento de la legislación vigente y evaluarán acciones judiciales y administrativas. Finalmente, FENADAJ informó que está coordinando acciones con otras entidades del sector público y llamó a sus afiliados a mantenerse informados frente a posibles cambios que puedan afectar sus derechos laborales.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por el Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según indican— afectaría la implementación de la Ley N° 21.561 que establece la reducción de la jornada laboral a 40 horas. De acuerdo con la organización, la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de ser considerado parte de la jornada laboral. Esto, afirman, se traduciría en un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, argumentando que podría vulnerar derechos laborales y afectar a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Desde la federación advierten que, en la práctica, las jornadas podrían alcanzar hasta 44,5 horas semanales. A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando los derechos laborales vigentes. Finalmente, FENADAJ informó que se mantiene en estado de alerta y que evaluará acciones para revertir la interpretación, insistiendo en la necesidad de aplicar criterios acordes con los principios del Derecho del Trabajo.
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
