La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación por la falta de presupuesto que afecta a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) y advirtió que la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas requiere mayores recursos y una dotación adecuada de personal para responder a la demanda ciudadana. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que las Corporaciones de Asistencia Judicial han debido enfrentar durante años un aumento sostenido en la demanda de atención sin contar con los recursos necesarios. Según indicó, la situación se ha agravado con la incorporación de nuevas obligaciones legales y programas especializados. “Sin presupuesto no hay justicia. Hemos asumido nuevos mandatos legales y atendemos cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad, pero sin la dotación ni los equipos profesionales que se requieren”, afirmó la dirigenta. Desde la organización señalaron que programas dirigidos a personas mayores y a la defensa de niños, niñas y adolescentes operan con equipos reducidos y enfrentan una alta carga laboral. A ello se suma la situación de los centros de atención jurídica tradicionales, donde la falta de personal provoca retrasos en la atención de los usuarios. FENADAJ también manifestó inquietud por los cambios de autoridades ocurridos durante el proceso de instalación del nuevo servicio, advirtiendo que eventuales retrasos podrían afectar especialmente a las regiones y a las personas que dependen de la asistencia jurídica gratuita. En ese contexto, la organización llamó a fortalecer las Corporaciones de Asistencia Judicial durante la transición y asegurar los recursos necesarios para garantizar un acceso oportuno a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, acusando la ausencia de referencias al fortalecimiento del acceso a la justicia y a las instituciones encargadas de brindar orientación y representación jurídica a la ciudadanía. Desde la organización, que agrupa a trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, señalaron que el discurso presidencial no abordó materias que consideran fundamentales para garantizar derechos. Según indicaron, tampoco se entregaron señales respecto de las prioridades del Gobierno en esta área. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, manifestó inquietud por la falta de definiciones sobre el futuro del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La dirigenta sostuvo que existe incertidumbre en torno a la implementación de esta reforma y que no se informó sobre los pasos a seguir por parte del Ejecutivo. La Federación también advirtió la ausencia de anuncios vinculados al fortalecimiento de programas sociales ejecutados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, entre ellos Mi Abogado y Mejor Niñez. Según plantearon, estas iniciativas entregan atención a niños, niñas, adolescentes, víctimas y familias que requieren apoyo jurídico y protección. Finalmente, FENADAJ afirmó que la Cuenta Pública tampoco contempló medidas concretas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos ni iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de los organismos donde se desempeñan.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), organización que reúne a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la federación expresó preocupación por los posibles efectos que la iniciativa podría generar en distintos organismos públicos, especialmente ante eventuales recortes presupuestarios y medidas que impacten la continuidad de programas estatales. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, así como la continuidad de servicios vinculados al acceso a la justicia, asistencia social y protección de derechos. Desde la organización también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa, acusando falta de diálogo con gremios y actores vinculados al funcionamiento del sector público. En esa línea, advirtieron que abordar la institucionalidad estatal únicamente desde criterios de eficiencia o reducción de costos podría afectar directamente a los sectores más vulnerables. El proyecto ya fue revisado por distintas comisiones técnicas de la Cámara, incluyendo Hacienda, y durante los próximos días deberá ser votado en la Sala. En caso de ser aprobado, continuará su tramitación en el Senado.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo a la implementación del segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral, que desde el 26 de abril fija una carga de 42 horas semanales en Chile. Según la organización, la aplicación actual estaría afectando a trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. Desde la federación señalaron que funcionarios de Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados no estarían accediendo a una reducción efectiva de su jornada. Esto, debido a una interpretación administrativa que establece que el tiempo de colación no se considera dentro de la jornada laboral. En la práctica, indicaron, esta situación implicaría que los trabajadores deban permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados a sus funciones, superando incluso el límite establecido para otros regímenes del sector público. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que esta medida “representa una transgresión a la ley”. La organización también advirtió que esta interpretación contradice el objetivo de la normativa, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y emplazó a las autoridades a revisar la situación. Además, anunciaron que exigirán el cumplimiento de la legislación vigente y evaluarán acciones judiciales y administrativas. Finalmente, FENADAJ informó que está coordinando acciones con otras entidades del sector público y llamó a sus afiliados a mantenerse informados frente a posibles cambios que puedan afectar sus derechos laborales.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación por la falta de presupuesto que afecta a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) y advirtió que la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas requiere mayores recursos y una dotación adecuada de personal para responder a la demanda ciudadana. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que las Corporaciones de Asistencia Judicial han debido enfrentar durante años un aumento sostenido en la demanda de atención sin contar con los recursos necesarios. Según indicó, la situación se ha agravado con la incorporación de nuevas obligaciones legales y programas especializados. “Sin presupuesto no hay justicia. Hemos asumido nuevos mandatos legales y atendemos cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad, pero sin la dotación ni los equipos profesionales que se requieren”, afirmó la dirigenta. Desde la organización señalaron que programas dirigidos a personas mayores y a la defensa de niños, niñas y adolescentes operan con equipos reducidos y enfrentan una alta carga laboral. A ello se suma la situación de los centros de atención jurídica tradicionales, donde la falta de personal provoca retrasos en la atención de los usuarios. FENADAJ también manifestó inquietud por los cambios de autoridades ocurridos durante el proceso de instalación del nuevo servicio, advirtiendo que eventuales retrasos podrían afectar especialmente a las regiones y a las personas que dependen de la asistencia jurídica gratuita. En ese contexto, la organización llamó a fortalecer las Corporaciones de Asistencia Judicial durante la transición y asegurar los recursos necesarios para garantizar un acceso oportuno a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, acusando la ausencia de referencias al fortalecimiento del acceso a la justicia y a las instituciones encargadas de brindar orientación y representación jurídica a la ciudadanía. Desde la organización, que agrupa a trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, señalaron que el discurso presidencial no abordó materias que consideran fundamentales para garantizar derechos. Según indicaron, tampoco se entregaron señales respecto de las prioridades del Gobierno en esta área. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, manifestó inquietud por la falta de definiciones sobre el futuro del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La dirigenta sostuvo que existe incertidumbre en torno a la implementación de esta reforma y que no se informó sobre los pasos a seguir por parte del Ejecutivo. La Federación también advirtió la ausencia de anuncios vinculados al fortalecimiento de programas sociales ejecutados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, entre ellos Mi Abogado y Mejor Niñez. Según plantearon, estas iniciativas entregan atención a niños, niñas, adolescentes, víctimas y familias que requieren apoyo jurídico y protección. Finalmente, FENADAJ afirmó que la Cuenta Pública tampoco contempló medidas concretas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos ni iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de los organismos donde se desempeñan.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada. La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores. De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general. La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), organización que reúne a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. A través de un comunicado difundido en sus plataformas, la federación expresó preocupación por los posibles efectos que la iniciativa podría generar en distintos organismos públicos, especialmente ante eventuales recortes presupuestarios y medidas que impacten la continuidad de programas estatales. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, así como la continuidad de servicios vinculados al acceso a la justicia, asistencia social y protección de derechos. Desde la organización también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la discusión legislativa, acusando falta de diálogo con gremios y actores vinculados al funcionamiento del sector público. En esa línea, advirtieron que abordar la institucionalidad estatal únicamente desde criterios de eficiencia o reducción de costos podría afectar directamente a los sectores más vulnerables. El proyecto ya fue revisado por distintas comisiones técnicas de la Cámara, incluyendo Hacienda, y durante los próximos días deberá ser votado en la Sala. En caso de ser aprobado, continuará su tramitación en el Senado.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo a la implementación del segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral, que desde el 26 de abril fija una carga de 42 horas semanales en Chile. Según la organización, la aplicación actual estaría afectando a trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. Desde la federación señalaron que funcionarios de Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados no estarían accediendo a una reducción efectiva de su jornada. Esto, debido a una interpretación administrativa que establece que el tiempo de colación no se considera dentro de la jornada laboral. En la práctica, indicaron, esta situación implicaría que los trabajadores deban permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados a sus funciones, superando incluso el límite establecido para otros regímenes del sector público. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que esta medida “representa una transgresión a la ley”. La organización también advirtió que esta interpretación contradice el objetivo de la normativa, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y emplazó a las autoridades a revisar la situación. Además, anunciaron que exigirán el cumplimiento de la legislación vigente y evaluarán acciones judiciales y administrativas. Finalmente, FENADAJ informó que está coordinando acciones con otras entidades del sector público y llamó a sus afiliados a mantenerse informados frente a posibles cambios que puedan afectar sus derechos laborales.
