Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica. Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad. Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores. A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo. En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país. --
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia. Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno. Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio. Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica. Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad. Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores. A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo. En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país. --