Por tercer día consecutivo se desarrolló este miércoles la audiencia de formalización de los controladores del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, imputados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por su presunta responsabilidad como autores de los delitos de estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios. Los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, su antiguo socio Rodrigo Topelberg Kleinkopf y el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores Cuevas pasaron dos noches en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber a la espera de la definición de sus medidas cautelares en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La jueza determinó la prisión preventiva de los hermanos Sauer, mientras que desestimó la máxima medida cautelar para Topelberg y Flores. El primero quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras que el segundo con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La magistrada determinó un plazo de 180 días para la investigación. Los cuatro, junto a Alberto Sauer Rosenwasser y al abogado Darío Cuadra Junes, fueron detenidos el lunes por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). El Ministerio Público los acusa de “crear un esquema en torno a la emisión de facturas falsas que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión”. En la primera jornada de formalización, el tribunal fijó el arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional para el padre de los Sauer y el abogado Cuadra. A principios de agosto de 2023, Rodrigo Topelberg , socio de los hermanos, presentó una querella contra sus examigos y los acusó de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas, destinado a obtener dinero del mercado de valores para mantener andando su mecanismo. Una querella del SII contra los Sauer, en tanto, señala que facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas irregulares por un total de $12.988.219.183. En la formalización el Ministerio Público reportó la adquisición de vehículos de alta gama y de bienes raíces por parte de los imputados, con dinero en efectivo, presuntamente por origen de actividades ilícitas. El órgano persecutor detalló que las sociedades indagadas efectuaron operaciones por cambio de divisas y recibieron envíos desde otros países. También, la Fiscalía Oriente develó operaciones de inyección de dineros en sociedades y triangulación de fondos entre cuentas corrientes de las mismas, en una compleja trama de delitos “de cuello y corbata” que dio origen al llamado caso Hermosilla, al conocerse en noviembre de 2023 el audio en que Luis Hermosilla hablaba con Daniel Sauer sobre presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Fuente: latercera.com
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca acceder a las más de 777.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, las cuales actualmente solo están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El documento se encuentra resguardado y en pleno análisis por el Ministerio Público, lo que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido. Según La Tercera PM, el CDE -querellante tanto en el caso del audio que vincula a Hermosilla con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como en la trama de filtraciones que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI)- prepara una solicitud para acceder al expediente. El objetivo del organismo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos. Sin embargo, desde el Consejo adelantaron al vespertino que, en caso de acceder al informe, no se sumergirán en todas las conversaciones de Hermosilla con sus clientes, pues el abogado está amparado en el secreto profesional, un deber que consigna el Código Procesal Penal. Así, el CDE solo se sumergirá en los chats en que se presenten indicios de delito, mismo criterio que estableció la Fiscalía. Desde el Ministerio Público, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, dijo a La Tercera PM que la Fiscalía Nacional -y, particularmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente y su Unidad de Alta Complejidad- investigará todos los hechos que revistan carácter de delito, en las causas relacionadas a temas de corrupción. Reitero: el Ministerio Público investiga todo y a todos en cuanto exista mérito para ello, y creo que hemos dado pruebas palpables y concretas que lo estamos haciendo, situación que se puede observar en el trabajo que estamos realizando, manteniendo el sigilo y la reserva de las investigaciones para el éxito de las mismas, agregó el persecutor. Fuente: cooperativa.cl
Este martes 19 de marzo se realizó una jornada de trabajo para abordar multidisciplinariamente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Magallanes. La actividad convocó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el programa Mi Abogado. Mediante este trabajo interinstitucional se espera poner en marcha el “Plan de Protección Magallanes”, que facilitará la persecución efectiva y oportuna de este delito. En relación a la convocatoria, Erick Amigo, director regional del Servicio de Protección Especializada, señaló: “La explotación sexual en la niñez y adolescencia no es un fenómeno nuevo en la región y su incidencia responde parcialmente a factores territoriales específicos como la densidad poblacional, clima y hábitos de los magallánicos. Si bien nuestro foco como institución está en el acompañamiento y reparación frente a una vulneración tan grave como ésta, también debemos aportar en su prevención y eventual persecución penal. Por eso estamos acá; para generar una respuesta concreta como Estado.” Refiriéndose a acciones específicas que se están ejecutando en el territorio, Camila Fernández, directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, precisó que “El Ministerio Público ha definido como objetivo estratégico abordar este fenómeno delictual. Además de la cantidad de casos que se dan en Magallanes, resulta preocupante que hayan personas que han sido víctimas de este ilícito en reiteradas ocasiones. Por ello, hemos creado un plan de persecución penal que trabajará de manera especializada el fenómeno, abordándolo también con perspectiva de género. Además del trabajo colaborativo que hagamos con el intersector, es preciso hacer un llamado a que la comunidad se involucre, pues estamos ante un fenómeno social, cultural y político, que nos compete a todos como ciudadanos”. Ahondando en el rol que juega la ciudadanía en el combate de este delito, María Francisca Barra, abogada de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez, señaló que “hoy existen cuatro líneas para abordar la explotación sexual de manera integral: prevención, reparación, persecución y – principalmente – el establecimiento de un sistema de garantías y protección integral. Dicho sistema involucra a todos; obviamente a las instituciones públicas, pero también a los privados. Además de las denuncias, hay un trabajo comunitario muy importante a realizar, pues junto a explotación sexual hay huellas socioculturales, estereotipos y estigmatizaciones que muchas veces invisibilizan o normalizan vulneraciones que afectan principalmente a niñas y adolescentes”. Magallanes es la cuarta región en el país en sumarse a la iniciativa de formular un Plan de Protección. Relevando su importancia para Magallanes, el delegado presidencial, José Ruíz enfatizó que “ninguna institución por si sola puede abarcar una problemática tan compleja como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además de las instituciones públicas, es esencial un contacto permanente con la sociedad civil pues muchas iniciativas beneficiosas para la región surgen de la misma ciudadanía. Como estado estamos acompañando, coordinando y esperamos entregar resultados, para así garantizar un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes de Magallanes”.
El Fiscal Regional Cristián Crisosto, acompañado de Fiscales y abogados que componen el equipo conjunto de Investigación (ECI) de Magallanes y de la Antártica Chilena, viajaron a la ciudad de Rio Gallegos, para reunirse con sus pares del Ministerio Público de la Nación Argentina, en un esfuerzo por combatir el crimen transnacional en la región de la Patagonia, abordando específicamente, las complejas investigaciones en curso vinculadas a contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas y/o tráfico migratorio en ambos lados de la frontera. Durante el encuentro, se evaluó el progreso de las investigaciones en contexto ECI y se delinearon estrategias conjuntas para avanzar en los casos. Además, se establecieron pautas para el intercambio de pruebas y se acordaron acciones futuras. Cabe indicar que esta colaboración internacional demuestra el compromiso de Argentina y Chile en la lucha contra el crimen organizado, trabajando juntos para asegurar la seguridad en la Patagonia. Por el Ministerio Publico Fiscal de la Nación Argentina participaron el Fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, la Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano. En tanto, por Chile, el fiscal regional Cristián Crisosto; la Jefa de Asesoría Jurídica, Camila Fernández; el Fiscal de Crimen Organizado, Manuel Soto y la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Lorena Pereira.
Por tercer día consecutivo se desarrolló este miércoles la audiencia de formalización de los controladores del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, imputados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por su presunta responsabilidad como autores de los delitos de estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios. Los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, su antiguo socio Rodrigo Topelberg Kleinkopf y el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores Cuevas pasaron dos noches en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber a la espera de la definición de sus medidas cautelares en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La jueza determinó la prisión preventiva de los hermanos Sauer, mientras que desestimó la máxima medida cautelar para Topelberg y Flores. El primero quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras que el segundo con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La magistrada determinó un plazo de 180 días para la investigación. Los cuatro, junto a Alberto Sauer Rosenwasser y al abogado Darío Cuadra Junes, fueron detenidos el lunes por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). El Ministerio Público los acusa de “crear un esquema en torno a la emisión de facturas falsas que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión”. En la primera jornada de formalización, el tribunal fijó el arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional para el padre de los Sauer y el abogado Cuadra. A principios de agosto de 2023, Rodrigo Topelberg , socio de los hermanos, presentó una querella contra sus examigos y los acusó de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas, destinado a obtener dinero del mercado de valores para mantener andando su mecanismo. Una querella del SII contra los Sauer, en tanto, señala que facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas irregulares por un total de $12.988.219.183. En la formalización el Ministerio Público reportó la adquisición de vehículos de alta gama y de bienes raíces por parte de los imputados, con dinero en efectivo, presuntamente por origen de actividades ilícitas. El órgano persecutor detalló que las sociedades indagadas efectuaron operaciones por cambio de divisas y recibieron envíos desde otros países. También, la Fiscalía Oriente develó operaciones de inyección de dineros en sociedades y triangulación de fondos entre cuentas corrientes de las mismas, en una compleja trama de delitos “de cuello y corbata” que dio origen al llamado caso Hermosilla, al conocerse en noviembre de 2023 el audio en que Luis Hermosilla hablaba con Daniel Sauer sobre presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Fuente: latercera.com
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca acceder a las más de 777.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, las cuales actualmente solo están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El documento se encuentra resguardado y en pleno análisis por el Ministerio Público, lo que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido. Según La Tercera PM, el CDE -querellante tanto en el caso del audio que vincula a Hermosilla con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como en la trama de filtraciones que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI)- prepara una solicitud para acceder al expediente. El objetivo del organismo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos. Sin embargo, desde el Consejo adelantaron al vespertino que, en caso de acceder al informe, no se sumergirán en todas las conversaciones de Hermosilla con sus clientes, pues el abogado está amparado en el secreto profesional, un deber que consigna el Código Procesal Penal. Así, el CDE solo se sumergirá en los chats en que se presenten indicios de delito, mismo criterio que estableció la Fiscalía. Desde el Ministerio Público, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, dijo a La Tercera PM que la Fiscalía Nacional -y, particularmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente y su Unidad de Alta Complejidad- investigará todos los hechos que revistan carácter de delito, en las causas relacionadas a temas de corrupción. Reitero: el Ministerio Público investiga todo y a todos en cuanto exista mérito para ello, y creo que hemos dado pruebas palpables y concretas que lo estamos haciendo, situación que se puede observar en el trabajo que estamos realizando, manteniendo el sigilo y la reserva de las investigaciones para el éxito de las mismas, agregó el persecutor. Fuente: cooperativa.cl
Este martes 19 de marzo se realizó una jornada de trabajo para abordar multidisciplinariamente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Magallanes. La actividad convocó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el programa Mi Abogado. Mediante este trabajo interinstitucional se espera poner en marcha el “Plan de Protección Magallanes”, que facilitará la persecución efectiva y oportuna de este delito. En relación a la convocatoria, Erick Amigo, director regional del Servicio de Protección Especializada, señaló: “La explotación sexual en la niñez y adolescencia no es un fenómeno nuevo en la región y su incidencia responde parcialmente a factores territoriales específicos como la densidad poblacional, clima y hábitos de los magallánicos. Si bien nuestro foco como institución está en el acompañamiento y reparación frente a una vulneración tan grave como ésta, también debemos aportar en su prevención y eventual persecución penal. Por eso estamos acá; para generar una respuesta concreta como Estado.” Refiriéndose a acciones específicas que se están ejecutando en el territorio, Camila Fernández, directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, precisó que “El Ministerio Público ha definido como objetivo estratégico abordar este fenómeno delictual. Además de la cantidad de casos que se dan en Magallanes, resulta preocupante que hayan personas que han sido víctimas de este ilícito en reiteradas ocasiones. Por ello, hemos creado un plan de persecución penal que trabajará de manera especializada el fenómeno, abordándolo también con perspectiva de género. Además del trabajo colaborativo que hagamos con el intersector, es preciso hacer un llamado a que la comunidad se involucre, pues estamos ante un fenómeno social, cultural y político, que nos compete a todos como ciudadanos”. Ahondando en el rol que juega la ciudadanía en el combate de este delito, María Francisca Barra, abogada de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez, señaló que “hoy existen cuatro líneas para abordar la explotación sexual de manera integral: prevención, reparación, persecución y – principalmente – el establecimiento de un sistema de garantías y protección integral. Dicho sistema involucra a todos; obviamente a las instituciones públicas, pero también a los privados. Además de las denuncias, hay un trabajo comunitario muy importante a realizar, pues junto a explotación sexual hay huellas socioculturales, estereotipos y estigmatizaciones que muchas veces invisibilizan o normalizan vulneraciones que afectan principalmente a niñas y adolescentes”. Magallanes es la cuarta región en el país en sumarse a la iniciativa de formular un Plan de Protección. Relevando su importancia para Magallanes, el delegado presidencial, José Ruíz enfatizó que “ninguna institución por si sola puede abarcar una problemática tan compleja como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además de las instituciones públicas, es esencial un contacto permanente con la sociedad civil pues muchas iniciativas beneficiosas para la región surgen de la misma ciudadanía. Como estado estamos acompañando, coordinando y esperamos entregar resultados, para así garantizar un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes de Magallanes”.
El Fiscal Regional Cristián Crisosto, acompañado de Fiscales y abogados que componen el equipo conjunto de Investigación (ECI) de Magallanes y de la Antártica Chilena, viajaron a la ciudad de Rio Gallegos, para reunirse con sus pares del Ministerio Público de la Nación Argentina, en un esfuerzo por combatir el crimen transnacional en la región de la Patagonia, abordando específicamente, las complejas investigaciones en curso vinculadas a contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas y/o tráfico migratorio en ambos lados de la frontera. Durante el encuentro, se evaluó el progreso de las investigaciones en contexto ECI y se delinearon estrategias conjuntas para avanzar en los casos. Además, se establecieron pautas para el intercambio de pruebas y se acordaron acciones futuras. Cabe indicar que esta colaboración internacional demuestra el compromiso de Argentina y Chile en la lucha contra el crimen organizado, trabajando juntos para asegurar la seguridad en la Patagonia. Por el Ministerio Publico Fiscal de la Nación Argentina participaron el Fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, la Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano. En tanto, por Chile, el fiscal regional Cristián Crisosto; la Jefa de Asesoría Jurídica, Camila Fernández; el Fiscal de Crimen Organizado, Manuel Soto y la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Lorena Pereira.