La relación entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los vecinos y vecinas que necesitan viviendas donde formar sus hogares, tuvo su comienzo formal en 2021: en junio de ese año, el pleno del Consejo Regional aprobó el Convenio de Programación entre la cartera nacional y el gobierno subnacional. Ese acuerdo inicial contemplaba una inversión de más de $357 mil millones, de los cuales más de $94 mil millones iban a provenir del Gobierno Regional y más de $262 mil millones del sector. Todo para el sexenio 2021-2027. El objetivo era lograr el desarrollo equitativo de las distintas comunas de Magallanes, disminuir el déficit habitacional y responder a la demanda de viviendas de los magallánicos, especialmente de aquellas familias vulnerables y de sectores medios. En el contexto de la administración del Presidente José Antonio Kast ya instalada y el penúltimo año de vigencia del Convenio, el Gobernador Jorge Flies, junto a Pedro Ossandón, Administrador (s) Regional; Francisca Del Fierro, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional; y Áxel González, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional; se reunieron con el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, Rodolfo Guajardo; el director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Omar González; y los profesionales de la Secretaría, para evaluar los avances del trabajo conjunto de las instituciones. Luego de la exposición, el Gobernador Flies contó que “tenemos un convenio de programación bastante avanzado: está en la etapa final en los marcos presupuestarios y también las obras que están contempladas”. En esa línea, complementó que la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional, a cargo de supervisar el convenio, acordó revisar el documento. En ese sentido, señaló la máxima autoridad regional, “quiero destacar, primero, la excelente presentación de Vivienda, con un diagnóstico muy bueno, de lo bueno y de lo complejo que ha sido, por ejemplo, la identificación de grupos vulnerables, muchas entregas de casas con tres dormitorios a familias unipersonales y eso significó gastos adicionales por más de $20 mil millones que, probablemente, hay que focalizar mejor”. Flies también adelantó que hubo “un número importante de mejoras” propuestas por parte de su administración “que nos permiten, no solamente apuntar a una buena focalización de grupos vulnerables, sino también un mejor acceso a grupos medios a través de un sistema mixto, como lo que estamos haciendo en Ciudad de los Vientos (en Punta Arenas), o el Programa Urbano Habitacional (PUH); o en aquellos proyectos de casas que van con aporte del Gobierno Regional y con créditos hipotecarios que están sobredemandados”. “Esto nos deja en un muy bien pie para presentar esta situación a la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional y estar, ojalá, en pocos meses más, con un nuevo convenio de programación”, cerró. Por su parte, el Seremi Guajardo aseguró que la evaluación le dejó “una percepción bastante positiva”: “Tenemos que comenzar a pensar, de manera seria, en un nuevo convenio, con todas las implicancias, las lecciones aprendidas que hemos visto estos cuatro años del Convenio (vigente)”. El Convenio inicial de 2021 contemplaba la construcción de un total de 6.790 soluciones habitacionales para familias en las distintas comunas de la región, de las cuales 4.500 corresponden a viviendas destinadas a sectores vulnerables, 2.000 para sectores medios, 150 viviendas tutelas para adultos mayores y 140 en comunas rurales.
El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, defendió este martes el trabajo que desarrolla la comisión especial del Consejo Regional encargada de analizar la actual concesión de Zona Franca, asegurando que el contrato vigente no está permitiendo que los beneficios del régimen franco lleguen efectivamente a los consumidores de la región. Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el actual modelo perdió el espíritu con el que fue concebida la Zona Franca y planteó que la nueva licitación prevista para el año 2030 representa una oportunidad para corregir las condiciones de la concesión. La Zona Franca nace como una forma de resguardarnos a nosotros los magallánicos de los altos precios, afirmó Arecheta, agregando que actualmente ese objetivo no se estaría cumpliendo debido a las condiciones establecidas en el contrato firmado en 2007. Según explicó, el problema no radica en la existencia de una empresa concesionaria, sino en las reglas bajo las cuales opera el contrato. Esto no es renovación. Esto es una nueva licitación. El consejero sostuvo que el modelo vigente genera incentivos que impiden que la rebaja tributaria se refleje plenamente en los precios que pagan los consumidores. Lo que pasa es que acá el problema es el contrato, señaló, indicando que parte importante de los ingresos termina siendo percibida tanto por la empresa administradora como por el Gobierno Regional. Asimismo, afirmó que el Consejo Regional constituyó por unanimidad una comisión especial para estudiar la concesión, instancia que ya comenzó su funcionamiento y que buscará elaborar un informe técnico antes del inicio del nuevo proceso licitatorio. Lo que vamos a hacer es un trabajo riguroso, aseguró, destacando que la comisión reúne consejeros con experiencia en materias económicas, jurídicas y de administración. Arecheta insistió en que la próxima concesión debe diseñarse con un contrato mucho más detallado y orientado a garantizar beneficios concretos para la comunidad. No puede ser que la Zona Franca sea construida para que los que se beneficien sean el Gobierno Regional y la concesionaria. En ese sentido, planteó que una consultora nacional especializada debiera participar en la elaboración de las nuevas bases, definiendo un modelo que permita recuperar el objetivo original del sistema franco. Comisión también abordará transparencia de la concesión Durante la entrevista, el consejero manifestó que uno de los aspectos que busca revisar la comisión corresponde a la información financiera de la concesión. Según indicó, existe poca claridad respecto de los costos operacionales y de la rentabilidad efectiva que obtiene la empresa administradora. No sabemos exactamente cuánto recibe, afirmó, agregando que resulta necesario transparentar la estructura económica del contrato antes de definir las condiciones de la futura licitación. También hizo un llamado a que la sociedad concesionaria entregue antecedentes ante el Consejo Regional. Tienen que dar cuenta porque está cumpliendo una función pública, señaló. Financiamiento para residencia de adultos mayores En la misma entrevista, Arecheta valoró la aprobación de $48,8 millones para la Fundación CAI, recursos destinados a mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores. Aunque respaldó la iniciativa, reconoció que la aprobación estuvo marcada por la preocupación respecto de la situación financiera que enfrenta la institución. Yo aprobé estos fondos con un poco de tristeza, expresó. El consejero sostuvo que el problema requiere una solución permanente y anunció que la Comisión Social del Consejo Regional citará a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar alternativas de financiamiento. Asimismo, llamó a que las visitas ministeriales a la región se concentren en resolver los problemas existentes. Los ministros tienen que venir a solucionar el problema, para eso la ciudadanía nos contrata. Declaraciones del delegado presidencial Consultado por la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, Arecheta estimó que la autoridad cometió un error, aunque valoró que posteriormente ofreciera disculpas públicas. El delegado cometió un error que él reconoció, afirmó. Añadió que, a su juicio, parte de la polémica se vio amplificada por la difusión de un registro audiovisual editado. Efectivamente se dieron más detalles de los que se deberían... El delegado ya ofreció las disculpas. Finalmente, sostuvo que corresponde dar por superado el episodio, aunque llamó a actuar con mayor prudencia en futuras declaraciones públicas. Hay que tener más cuidado con las declaraciones.
La incertidumbre que enfrentaba la Residencia Comunitaria Vida Austral encontró un respiro este lunes. El Consejo Regional aprobó por unanimidad $48.847.000 para asegurar la continuidad del establecimiento administrado por la Fundación Chay Austral, que entrega atención permanente a personas mayores en situación de dependencia leve y moderada en la ciudad de Punta Arenas. Los recursos permitirán ejecutar un programa de estimulación funcional y cognitiva entre agosto y diciembre de este año, incorporando profesionales especializados y equipamiento destinado a fortalecer la calidad de vida de sus residentes. La solicitud fue presentada por la propia Fundación Chay Austral bajo la modalidad de asignación directa de carácter excepcional, argumentando las dificultades que ha enfrentado para sostener financieramente la residencia debido a la demora en la materialización de convenios y subsidios públicos. El proyecto beneficiará directamente a 12 personas mayores, quienes requieren cuidados permanentes, rehabilitación y acompañamiento psicosocial. El respaldo unánime del Consejo, no sólo respondió a la necesidad de mantener funcionando la residencia durante el invierno. El debate también dejó en evidencia una preocupación compartida: el envejecimiento de la población y la falta de un financiamiento estable para dichos dispositivos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Arturo Díaz, valoró que la iniciativa reuniera el apoyo de todos sus colegas, señalando que hace mucho tiempo que no teníamos una votación unánime. Sin embargo, advirtió que el Gobierno Regional ha debido asumir responsabilidades que corresponden al Estado. Espero que haya políticas públicas que lleven a que el Gobierno Regional sea parte del apoyo, pero no la solución total a este problema, expresó. La preocupación fue compartida por la Consejera Roxana Gallardo, quien destacó que la aprobación de los recursos permitirá dar continuidad al funcionamiento de la residencia durante los próximos meses, aunque insistió en que la situación sigue siendo transitoria. Por ahora la situación está salvada, por lo menos para el invierno, precisó, agregando que, si no se logra una solución definitiva antes de septiembre, la continuidad del hogar volverá a estar en riesgo. Un diagnóstico similar planteó el Consejero Juan Morano, quien resaltó el esfuerzo realizado por la Fundación Chay Austral para sostener el funcionamiento del establecimiento pese a las dificultades económicas. Se han sacado la mugre, afirmó al referirse al trabajo desarrollado por la organización, recordando que, incluso con el respaldo entregado por el Consejo Regional, la continuidad del recinto dependerá de que organismos como Fonasa regularicen el financiamiento comprometido. Espero que el aparato público reaccione y también se comprometa con los adultos mayores de Magallanes, sostuvo. La residencia comunitaria comenzó a operar tras el cierre de la Casa Hogar Buen Samaritano y hoy constituye una de las principales alternativas para personas mayores que requieren atención permanente y cuentan con escasas redes de apoyo. La iniciativa aprobada permitirá fortalecer el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por trabajadora social, kinesesióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga, profesionales que desarrollarán acciones orientadas a preservar la autonomía, estimular las capacidades cognitivas y mejorar el bienestar físico y emocional de los residentes.
Este jueves, en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sesionó por primera vez en el año, y también por primera vez con las autoridades designadas por la nueva administración del Gobierno central, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUB) . Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo. De ellas, dos tuvieron especial relevancia para la administración del Gobernador Regional, Jorge Flies, pues coinciden con objetivos subnacionales: por una parte, el impulso a la infraestructura habilitante para el desarrollo de nuevas energías como el hidrógeno verde; y por otro lado, el apoyo a la pesca artesanal. ENAP Yuris Agüero, gerente de Nuevos Proyectos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) expuso a la Comisión la solicitud de concesión para un muelle flotante en el sector de bahía Laredo, en Punta Arenas, al que se sumaría también un pontón para descarga de elementos industriales. En él habrá dos sitios de atraque para al menos 25 naves consideradas. En concreto, la solicitud fue por 19.310 m2, con una intención de construcción contigua al espigón actual de la nacional. Tras el sufragio favorable de la Comisión (cuya determinación si bien no es vinculante, sí genera precedentes para lo que pueda resolver el ministerio de Defensa como institución definitoria), el Gobernador Flies destacó que el proyecto “ habilita un cuarto puerto que, en este caso, sería para descarga de equipos en el Estrecho de Magallanes y eso, en el contexto del hidrógeno verde, por ejemplo, es fundamental ”. En esa línea, Agüero complementó que “ vamos a contar con una capacidad adicional a nivel portuario para la región. Y eso significa que podríamos generar mayor flexibilidad y la posibilidad de que lleguen proyectos, no solamente de hidrógeno verde, que son los que estaban en boga hoy en día, sino que otros proyectos como Data Center , por ejemplo; o cualquier proyecto industrial que requiera cantidades importantes de energía renovable a un precio razonable, que es lo que estamos esperando de los desarrollos de la región como recurso”. Así, la ampliación de Laredo de ENAP permitiría a HIF (empresa con quienes tienen un acuerdo de colaboración) “ importar todo el equipamiento que ellos necesitan para la construcción de su planta (Faro del Sur o Cabo Negro, que son los más avanzados en cuanto a permisos ambientales) y de su parque eólico. También estamos trabajando en habilitar una línea que les permita exportar sus productos, sea metanol, gasolina sintética o ambos ”, cerró Agüero. El proyecto podría significar oportunidades de trabajo para 60 personas en su etapa de construcción y 10 o 15 en la de operación. Pescadores Artesanales de Puerto Williams Ezio Firmani, copropietario junto a Ricardo Maragaño de la empresa Pesquera Marmag SpA, pidió una renovación de concesión de uso marítimo menor en la antigua planta Cidepes, en Puerto Williams. La idea es construir un patio de maniobra (estacionamientos, emisario, captación de agua, entre otros) y revivir la procesadora. En cifras, serían más de 25 los pescadores beneficiados (17 asociados a la pesquera y el resto provenientes de Punta Arenas y Tierra del Fuego). La construcción generaría empleo para 150 personas (nuevos puestos de trabajo), con una proyección de procesamiento de 20 toneladas diarias. El entusiasmo de Firmani fue valorado de forma transversal por el CRUBC. Para el Gobernador Flies, la iniciativa fue calificada como “ extraordinaria por lo que significa la organización de emprendimientos medios, especialmente de la pesca artesanal, que ha estado siete a ocho años ampliando la posibilidad de concesión para tener una planta de procesamiento en Puerto Williams, la que estaría funcionando directamente con las y los pescadores de la provincia”. Firmani, por su parte, adelantó que “ la idea es procesar nuestro propio producto, acortar la brecha entre el pescador y la industria y tratar de dar un valor agregado importante: que no solamente se vaya la centolla para afuera como un bloque, sino que sacarla desde la misma planta con una identidad, con algo. El jardín del mar que tenemos nosotros en Magallanes es exclusivo, hay que sacarle provecho a eso”. “ El impacto más directo es que nosotros, como armadores, no vamos a estar a la espera de barcos de acarreo o de una planta de procesos que nos pida nuestro producto. O sea, tener una planta de procesos abierta para los pescadores (…) El impacto más directo es que lo que pesquemos se va a entregar inmediato, fresco, al tiro, a cinco o seis horas de navegación (…) Y que tengamos una planta de procesos o un punto de venta de productos frescos del mar en Puerto William para desarrollar el turismo o para presentarlo a cualquier mercado, para nosotros va a ser extraordinario, va a ser un destino país ”, cerró. Por su parte, la máxima autoridad regional aprovechó de “ felicitar a ambos titulares, ENAP y a la empresa que estaría al servicio de la pesca artesanal de Puerto Williams y por qué no decirlo, tal como decían ellos, inclusive pescadores que bajan a pescar en la zona ”.
A través de un oficio dirigido al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, solicitó al gobernador Jorge Flies que la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, actualmente en su etapa final de remodelación, sea denominada Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes Mateo Martinic Beros, como homenaje al reconocido historiador e investigador de la región. Respecto de esta iniciativa, el alcalde señaló que estamos a poco tiempo de que la Biblioteca Regional y Archivo se inaugure, y tengo la convicción, como alcalde de nuestra ciudad, de que este recinto debe llevar el nombre de un historiador magallánico, premio nacional, una persona que ha dedicado su vida a nuestra región, no solo desde cargos públicos como intendente, sino también como historiador e investigador de nuestra historia. La autoridad comunal agregó que el nuevo edificio albergará parte del trabajo histórico desarrollado por Martinic, por lo que existe una estrecha vinculación entre este espacio cultural y la figura del investigador. Finalmente, Radonich enfatizó la importancia de reconocer a quienes han realizado contribuciones excepcionales al desarrollo regional y manifestó su confianza en que la propuesta sea acogida favorablemente. Esperamos que esta iniciativa sea bien recibida por parte del gobernador y, por cierto, por los servicios públicos que están vinculados a este tipo de denominaciones, concluyó.
La relación entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los vecinos y vecinas que necesitan viviendas donde formar sus hogares, tuvo su comienzo formal en 2021: en junio de ese año, el pleno del Consejo Regional aprobó el Convenio de Programación entre la cartera nacional y el gobierno subnacional. Ese acuerdo inicial contemplaba una inversión de más de $357 mil millones, de los cuales más de $94 mil millones iban a provenir del Gobierno Regional y más de $262 mil millones del sector. Todo para el sexenio 2021-2027. El objetivo era lograr el desarrollo equitativo de las distintas comunas de Magallanes, disminuir el déficit habitacional y responder a la demanda de viviendas de los magallánicos, especialmente de aquellas familias vulnerables y de sectores medios. En el contexto de la administración del Presidente José Antonio Kast ya instalada y el penúltimo año de vigencia del Convenio, el Gobernador Jorge Flies, junto a Pedro Ossandón, Administrador (s) Regional; Francisca Del Fierro, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional; y Áxel González, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional; se reunieron con el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, Rodolfo Guajardo; el director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Omar González; y los profesionales de la Secretaría, para evaluar los avances del trabajo conjunto de las instituciones. Luego de la exposición, el Gobernador Flies contó que “tenemos un convenio de programación bastante avanzado: está en la etapa final en los marcos presupuestarios y también las obras que están contempladas”. En esa línea, complementó que la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional, a cargo de supervisar el convenio, acordó revisar el documento. En ese sentido, señaló la máxima autoridad regional, “quiero destacar, primero, la excelente presentación de Vivienda, con un diagnóstico muy bueno, de lo bueno y de lo complejo que ha sido, por ejemplo, la identificación de grupos vulnerables, muchas entregas de casas con tres dormitorios a familias unipersonales y eso significó gastos adicionales por más de $20 mil millones que, probablemente, hay que focalizar mejor”. Flies también adelantó que hubo “un número importante de mejoras” propuestas por parte de su administración “que nos permiten, no solamente apuntar a una buena focalización de grupos vulnerables, sino también un mejor acceso a grupos medios a través de un sistema mixto, como lo que estamos haciendo en Ciudad de los Vientos (en Punta Arenas), o el Programa Urbano Habitacional (PUH); o en aquellos proyectos de casas que van con aporte del Gobierno Regional y con créditos hipotecarios que están sobredemandados”. “Esto nos deja en un muy bien pie para presentar esta situación a la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional y estar, ojalá, en pocos meses más, con un nuevo convenio de programación”, cerró. Por su parte, el Seremi Guajardo aseguró que la evaluación le dejó “una percepción bastante positiva”: “Tenemos que comenzar a pensar, de manera seria, en un nuevo convenio, con todas las implicancias, las lecciones aprendidas que hemos visto estos cuatro años del Convenio (vigente)”. El Convenio inicial de 2021 contemplaba la construcción de un total de 6.790 soluciones habitacionales para familias en las distintas comunas de la región, de las cuales 4.500 corresponden a viviendas destinadas a sectores vulnerables, 2.000 para sectores medios, 150 viviendas tutelas para adultos mayores y 140 en comunas rurales.
El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, defendió este martes el trabajo que desarrolla la comisión especial del Consejo Regional encargada de analizar la actual concesión de Zona Franca, asegurando que el contrato vigente no está permitiendo que los beneficios del régimen franco lleguen efectivamente a los consumidores de la región. Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el actual modelo perdió el espíritu con el que fue concebida la Zona Franca y planteó que la nueva licitación prevista para el año 2030 representa una oportunidad para corregir las condiciones de la concesión. La Zona Franca nace como una forma de resguardarnos a nosotros los magallánicos de los altos precios, afirmó Arecheta, agregando que actualmente ese objetivo no se estaría cumpliendo debido a las condiciones establecidas en el contrato firmado en 2007. Según explicó, el problema no radica en la existencia de una empresa concesionaria, sino en las reglas bajo las cuales opera el contrato. Esto no es renovación. Esto es una nueva licitación. El consejero sostuvo que el modelo vigente genera incentivos que impiden que la rebaja tributaria se refleje plenamente en los precios que pagan los consumidores. Lo que pasa es que acá el problema es el contrato, señaló, indicando que parte importante de los ingresos termina siendo percibida tanto por la empresa administradora como por el Gobierno Regional. Asimismo, afirmó que el Consejo Regional constituyó por unanimidad una comisión especial para estudiar la concesión, instancia que ya comenzó su funcionamiento y que buscará elaborar un informe técnico antes del inicio del nuevo proceso licitatorio. Lo que vamos a hacer es un trabajo riguroso, aseguró, destacando que la comisión reúne consejeros con experiencia en materias económicas, jurídicas y de administración. Arecheta insistió en que la próxima concesión debe diseñarse con un contrato mucho más detallado y orientado a garantizar beneficios concretos para la comunidad. No puede ser que la Zona Franca sea construida para que los que se beneficien sean el Gobierno Regional y la concesionaria. En ese sentido, planteó que una consultora nacional especializada debiera participar en la elaboración de las nuevas bases, definiendo un modelo que permita recuperar el objetivo original del sistema franco. Comisión también abordará transparencia de la concesión Durante la entrevista, el consejero manifestó que uno de los aspectos que busca revisar la comisión corresponde a la información financiera de la concesión. Según indicó, existe poca claridad respecto de los costos operacionales y de la rentabilidad efectiva que obtiene la empresa administradora. No sabemos exactamente cuánto recibe, afirmó, agregando que resulta necesario transparentar la estructura económica del contrato antes de definir las condiciones de la futura licitación. También hizo un llamado a que la sociedad concesionaria entregue antecedentes ante el Consejo Regional. Tienen que dar cuenta porque está cumpliendo una función pública, señaló. Financiamiento para residencia de adultos mayores En la misma entrevista, Arecheta valoró la aprobación de $48,8 millones para la Fundación CAI, recursos destinados a mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores. Aunque respaldó la iniciativa, reconoció que la aprobación estuvo marcada por la preocupación respecto de la situación financiera que enfrenta la institución. Yo aprobé estos fondos con un poco de tristeza, expresó. El consejero sostuvo que el problema requiere una solución permanente y anunció que la Comisión Social del Consejo Regional citará a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar alternativas de financiamiento. Asimismo, llamó a que las visitas ministeriales a la región se concentren en resolver los problemas existentes. Los ministros tienen que venir a solucionar el problema, para eso la ciudadanía nos contrata. Declaraciones del delegado presidencial Consultado por la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, Arecheta estimó que la autoridad cometió un error, aunque valoró que posteriormente ofreciera disculpas públicas. El delegado cometió un error que él reconoció, afirmó. Añadió que, a su juicio, parte de la polémica se vio amplificada por la difusión de un registro audiovisual editado. Efectivamente se dieron más detalles de los que se deberían... El delegado ya ofreció las disculpas. Finalmente, sostuvo que corresponde dar por superado el episodio, aunque llamó a actuar con mayor prudencia en futuras declaraciones públicas. Hay que tener más cuidado con las declaraciones.
La incertidumbre que enfrentaba la Residencia Comunitaria Vida Austral encontró un respiro este lunes. El Consejo Regional aprobó por unanimidad $48.847.000 para asegurar la continuidad del establecimiento administrado por la Fundación Chay Austral, que entrega atención permanente a personas mayores en situación de dependencia leve y moderada en la ciudad de Punta Arenas. Los recursos permitirán ejecutar un programa de estimulación funcional y cognitiva entre agosto y diciembre de este año, incorporando profesionales especializados y equipamiento destinado a fortalecer la calidad de vida de sus residentes. La solicitud fue presentada por la propia Fundación Chay Austral bajo la modalidad de asignación directa de carácter excepcional, argumentando las dificultades que ha enfrentado para sostener financieramente la residencia debido a la demora en la materialización de convenios y subsidios públicos. El proyecto beneficiará directamente a 12 personas mayores, quienes requieren cuidados permanentes, rehabilitación y acompañamiento psicosocial. El respaldo unánime del Consejo, no sólo respondió a la necesidad de mantener funcionando la residencia durante el invierno. El debate también dejó en evidencia una preocupación compartida: el envejecimiento de la población y la falta de un financiamiento estable para dichos dispositivos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Arturo Díaz, valoró que la iniciativa reuniera el apoyo de todos sus colegas, señalando que hace mucho tiempo que no teníamos una votación unánime. Sin embargo, advirtió que el Gobierno Regional ha debido asumir responsabilidades que corresponden al Estado. Espero que haya políticas públicas que lleven a que el Gobierno Regional sea parte del apoyo, pero no la solución total a este problema, expresó. La preocupación fue compartida por la Consejera Roxana Gallardo, quien destacó que la aprobación de los recursos permitirá dar continuidad al funcionamiento de la residencia durante los próximos meses, aunque insistió en que la situación sigue siendo transitoria. Por ahora la situación está salvada, por lo menos para el invierno, precisó, agregando que, si no se logra una solución definitiva antes de septiembre, la continuidad del hogar volverá a estar en riesgo. Un diagnóstico similar planteó el Consejero Juan Morano, quien resaltó el esfuerzo realizado por la Fundación Chay Austral para sostener el funcionamiento del establecimiento pese a las dificultades económicas. Se han sacado la mugre, afirmó al referirse al trabajo desarrollado por la organización, recordando que, incluso con el respaldo entregado por el Consejo Regional, la continuidad del recinto dependerá de que organismos como Fonasa regularicen el financiamiento comprometido. Espero que el aparato público reaccione y también se comprometa con los adultos mayores de Magallanes, sostuvo. La residencia comunitaria comenzó a operar tras el cierre de la Casa Hogar Buen Samaritano y hoy constituye una de las principales alternativas para personas mayores que requieren atención permanente y cuentan con escasas redes de apoyo. La iniciativa aprobada permitirá fortalecer el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por trabajadora social, kinesesióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga, profesionales que desarrollarán acciones orientadas a preservar la autonomía, estimular las capacidades cognitivas y mejorar el bienestar físico y emocional de los residentes.
Este jueves, en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sesionó por primera vez en el año, y también por primera vez con las autoridades designadas por la nueva administración del Gobierno central, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUB) . Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo. De ellas, dos tuvieron especial relevancia para la administración del Gobernador Regional, Jorge Flies, pues coinciden con objetivos subnacionales: por una parte, el impulso a la infraestructura habilitante para el desarrollo de nuevas energías como el hidrógeno verde; y por otro lado, el apoyo a la pesca artesanal. ENAP Yuris Agüero, gerente de Nuevos Proyectos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) expuso a la Comisión la solicitud de concesión para un muelle flotante en el sector de bahía Laredo, en Punta Arenas, al que se sumaría también un pontón para descarga de elementos industriales. En él habrá dos sitios de atraque para al menos 25 naves consideradas. En concreto, la solicitud fue por 19.310 m2, con una intención de construcción contigua al espigón actual de la nacional. Tras el sufragio favorable de la Comisión (cuya determinación si bien no es vinculante, sí genera precedentes para lo que pueda resolver el ministerio de Defensa como institución definitoria), el Gobernador Flies destacó que el proyecto “ habilita un cuarto puerto que, en este caso, sería para descarga de equipos en el Estrecho de Magallanes y eso, en el contexto del hidrógeno verde, por ejemplo, es fundamental ”. En esa línea, Agüero complementó que “ vamos a contar con una capacidad adicional a nivel portuario para la región. Y eso significa que podríamos generar mayor flexibilidad y la posibilidad de que lleguen proyectos, no solamente de hidrógeno verde, que son los que estaban en boga hoy en día, sino que otros proyectos como Data Center , por ejemplo; o cualquier proyecto industrial que requiera cantidades importantes de energía renovable a un precio razonable, que es lo que estamos esperando de los desarrollos de la región como recurso”. Así, la ampliación de Laredo de ENAP permitiría a HIF (empresa con quienes tienen un acuerdo de colaboración) “ importar todo el equipamiento que ellos necesitan para la construcción de su planta (Faro del Sur o Cabo Negro, que son los más avanzados en cuanto a permisos ambientales) y de su parque eólico. También estamos trabajando en habilitar una línea que les permita exportar sus productos, sea metanol, gasolina sintética o ambos ”, cerró Agüero. El proyecto podría significar oportunidades de trabajo para 60 personas en su etapa de construcción y 10 o 15 en la de operación. Pescadores Artesanales de Puerto Williams Ezio Firmani, copropietario junto a Ricardo Maragaño de la empresa Pesquera Marmag SpA, pidió una renovación de concesión de uso marítimo menor en la antigua planta Cidepes, en Puerto Williams. La idea es construir un patio de maniobra (estacionamientos, emisario, captación de agua, entre otros) y revivir la procesadora. En cifras, serían más de 25 los pescadores beneficiados (17 asociados a la pesquera y el resto provenientes de Punta Arenas y Tierra del Fuego). La construcción generaría empleo para 150 personas (nuevos puestos de trabajo), con una proyección de procesamiento de 20 toneladas diarias. El entusiasmo de Firmani fue valorado de forma transversal por el CRUBC. Para el Gobernador Flies, la iniciativa fue calificada como “ extraordinaria por lo que significa la organización de emprendimientos medios, especialmente de la pesca artesanal, que ha estado siete a ocho años ampliando la posibilidad de concesión para tener una planta de procesamiento en Puerto Williams, la que estaría funcionando directamente con las y los pescadores de la provincia”. Firmani, por su parte, adelantó que “ la idea es procesar nuestro propio producto, acortar la brecha entre el pescador y la industria y tratar de dar un valor agregado importante: que no solamente se vaya la centolla para afuera como un bloque, sino que sacarla desde la misma planta con una identidad, con algo. El jardín del mar que tenemos nosotros en Magallanes es exclusivo, hay que sacarle provecho a eso”. “ El impacto más directo es que nosotros, como armadores, no vamos a estar a la espera de barcos de acarreo o de una planta de procesos que nos pida nuestro producto. O sea, tener una planta de procesos abierta para los pescadores (…) El impacto más directo es que lo que pesquemos se va a entregar inmediato, fresco, al tiro, a cinco o seis horas de navegación (…) Y que tengamos una planta de procesos o un punto de venta de productos frescos del mar en Puerto William para desarrollar el turismo o para presentarlo a cualquier mercado, para nosotros va a ser extraordinario, va a ser un destino país ”, cerró. Por su parte, la máxima autoridad regional aprovechó de “ felicitar a ambos titulares, ENAP y a la empresa que estaría al servicio de la pesca artesanal de Puerto Williams y por qué no decirlo, tal como decían ellos, inclusive pescadores que bajan a pescar en la zona ”.
A través de un oficio dirigido al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, solicitó al gobernador Jorge Flies que la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, actualmente en su etapa final de remodelación, sea denominada Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes Mateo Martinic Beros, como homenaje al reconocido historiador e investigador de la región. Respecto de esta iniciativa, el alcalde señaló que estamos a poco tiempo de que la Biblioteca Regional y Archivo se inaugure, y tengo la convicción, como alcalde de nuestra ciudad, de que este recinto debe llevar el nombre de un historiador magallánico, premio nacional, una persona que ha dedicado su vida a nuestra región, no solo desde cargos públicos como intendente, sino también como historiador e investigador de nuestra historia. La autoridad comunal agregó que el nuevo edificio albergará parte del trabajo histórico desarrollado por Martinic, por lo que existe una estrecha vinculación entre este espacio cultural y la figura del investigador. Finalmente, Radonich enfatizó la importancia de reconocer a quienes han realizado contribuciones excepcionales al desarrollo regional y manifestó su confianza en que la propuesta sea acogida favorablemente. Esperamos que esta iniciativa sea bien recibida por parte del gobernador y, por cierto, por los servicios públicos que están vinculados a este tipo de denominaciones, concluyó.
