Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, informó sobre los avances en el proceso de pago del Bono EMPART destinado a jubilados del denominado 4% en la región. La autoridad regional explicó que una nueva nómina de beneficiarios permitirá concretar el pago del beneficio a 37 adultos mayores de Magallanes, en el marco de la implementación de la Ley N°21.724, normativa que reconoce a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977. Asimismo, Correa indicó que actualmente existen 182 casos que permanecen en etapa de apelación, antecedentes que continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y los organismos involucrados en el proceso administrativo. Desde la Seremi de Hacienda señalaron que el objetivo es continuar agilizando las revisiones para avanzar en la entrega del beneficio a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley, permitiendo dar respuesta a adultos mayores que por años esperaron el reconocimiento de este bono previsional.
Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Le sirve a Chile el debate que estamos teniendo hasta este momento, donde lo más probable es que se quiebre la convivencia nacional? No le sirve a nadie. Nosotros hoy día, como Bancada Independientes y PPD, hemos cumplido, hemos entregado 29 indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Queremos que el país crezca, queremos que al país le vaya mejor. No nos vamos a negar a avanzar, pero, además, le pedimos al gobierno que permita colegislar. En el día de hoy, se nos ha dicho que es altamente probable que el presidente de la Comisión de Hacienda en un solo acto, declare todas las indicaciones inadmisibles. Lo que estamos pidiendo es que se abra un debate serio, democrático. Nosotros hemos cumplido con 29 propuestas, 29 indicaciones que apuntan a la clase media, apuntan a los adultos mayores, apunta además a los estratos más desfavorecidos, pero además también apunta al crecimiento de Chile.
El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, informó que al asumir el cargo detectó casos pendientes y apelaciones sin resolver, iniciando coordinaciones con el nivel central para agilizar el proceso y avanzar en las respuestas para los postulantes. La autoridad regional señaló que actualmente existen 182 casos en etapa de apelación, los cuales continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y organismos involucrados en el proceso administrativo. El Bono EMPART corresponde a un beneficio establecido en la Ley N°21.724 y busca reconocer a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977. Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic valoró el avance de esta nueva nómina y destacó la importancia del beneficio para adultos mayores que durante años esperaron una respuesta. El parlamentario recordó además que esta iniciativa fue gestionada anteriormente junto a la agrupación de jubilados del 4%. Las autoridades recalcaron que el proceso continuará avanzando con nuevas revisiones y apelaciones, con el objetivo de entregar respuestas a quienes aún esperan acceder al beneficio.
El diputado Carlos Bianchi solicitó de manera urgente un pronunciamiento formal y la eventual apertura de una investigación respecto de graves irregularidades detectadas en cobros de impuestos que estarían afectando a contribuyentes, particularmente a micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes. La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas. “En Magallanes hemos conocido situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, que están golpeando injustamente a nuestras Mipymes”, señaló el parlamentario. Ante la Comisión de Hacienda, esta tarde, El diputado fue enfático: “Esto no es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido perseguidas, embargadas y ahogadas económicamente por deudas que, en muchos casos, simplemente no corresponden”. Ante este escenario, la Comisión, a solicitud del diputado Bianchi, acordó oficiar formalmente a ambas instituciones para exigir respuestas claras y medidas concretas: Que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República informen si han detectado y corregido cobros duplicados. Además que la Tesorería explique por qué se han realizado cobros y embargos sobre montos que no corresponderían, lo que podría constituir una actuación ilegal; Que se suspendan de inmediato todas las acciones de cobro, hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre su situación tributaria real y que se levanten los embargos vigentes en aquellos casos donde existan errores atribuibles al propio Estado. El parlamentario explicó que en marzo de 2026, tras revisar un libro de ventas en la oficina del SII en Punta Arenas, se detectaron inconsistencias relevantes, particularmente en los registros asociados al código 39 (boletas electrónicas) y código 48 (pagos electrónicos), donde el propio servicio identificó duplicidades en la información. Carlos Bianchi advirtió que esta situación no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la viabilidad de cientos de emprendimientos y que podría extenderse a todo el país. “Estamos frente a un problema serio, donde el propio Estado podría estar generando perjuicios económicos graves a contribuyentes. Aquí no basta con explicaciones: se requiere actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
El Gobierno ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para fijar el salario mínimo, introduciendo un cambio en la estrategia originalmente anunciada. Si bien se esperaba una propuesta única del 4% nominal, el Ministerio de Hacienda decidió dividir el alza en dos etapas, basándose estrictamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las etapas del reajuste De acuerdo con el documento, el proceso de incremento se desarrollará de la siguiente manera: Primer tramo (2026): El sueldo mínimo subirá de los $539.000 actuales a $546.546. Este incremento del 1,4% corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026. Segundo tramo (enero 2027): Se aplicará un nuevo reajuste conforme a la inflación acumulada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026. Según las proyecciones del Banco Central, esta segunda alza podría alcanzar el 2,6%. Proyecciones a largo plazo El proyecto no solo fija los montos inmediatos, sino que establece una hoja de ruta para la próxima administración del beneficio. Se estipula que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar. Para dicha propuesta, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral, buscando que las nuevas cifras comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2027. Con esto, el Gobierno busca dar estabilidad al poder de compra de los hogares frente a las fluctuaciones económicas previstas para este periodo legislativo. Fuente: adnradio.cl
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, informó sobre los avances en el proceso de pago del Bono EMPART destinado a jubilados del denominado 4% en la región. La autoridad regional explicó que una nueva nómina de beneficiarios permitirá concretar el pago del beneficio a 37 adultos mayores de Magallanes, en el marco de la implementación de la Ley N°21.724, normativa que reconoce a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977. Asimismo, Correa indicó que actualmente existen 182 casos que permanecen en etapa de apelación, antecedentes que continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y los organismos involucrados en el proceso administrativo. Desde la Seremi de Hacienda señalaron que el objetivo es continuar agilizando las revisiones para avanzar en la entrega del beneficio a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley, permitiendo dar respuesta a adultos mayores que por años esperaron el reconocimiento de este bono previsional.
Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Le sirve a Chile el debate que estamos teniendo hasta este momento, donde lo más probable es que se quiebre la convivencia nacional? No le sirve a nadie. Nosotros hoy día, como Bancada Independientes y PPD, hemos cumplido, hemos entregado 29 indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Queremos que el país crezca, queremos que al país le vaya mejor. No nos vamos a negar a avanzar, pero, además, le pedimos al gobierno que permita colegislar. En el día de hoy, se nos ha dicho que es altamente probable que el presidente de la Comisión de Hacienda en un solo acto, declare todas las indicaciones inadmisibles. Lo que estamos pidiendo es que se abra un debate serio, democrático. Nosotros hemos cumplido con 29 propuestas, 29 indicaciones que apuntan a la clase media, apuntan a los adultos mayores, apunta además a los estratos más desfavorecidos, pero además también apunta al crecimiento de Chile.
El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, informó que al asumir el cargo detectó casos pendientes y apelaciones sin resolver, iniciando coordinaciones con el nivel central para agilizar el proceso y avanzar en las respuestas para los postulantes. La autoridad regional señaló que actualmente existen 182 casos en etapa de apelación, los cuales continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y organismos involucrados en el proceso administrativo. El Bono EMPART corresponde a un beneficio establecido en la Ley N°21.724 y busca reconocer a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977. Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic valoró el avance de esta nueva nómina y destacó la importancia del beneficio para adultos mayores que durante años esperaron una respuesta. El parlamentario recordó además que esta iniciativa fue gestionada anteriormente junto a la agrupación de jubilados del 4%. Las autoridades recalcaron que el proceso continuará avanzando con nuevas revisiones y apelaciones, con el objetivo de entregar respuestas a quienes aún esperan acceder al beneficio.
El diputado Carlos Bianchi solicitó de manera urgente un pronunciamiento formal y la eventual apertura de una investigación respecto de graves irregularidades detectadas en cobros de impuestos que estarían afectando a contribuyentes, particularmente a micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes. La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas. “En Magallanes hemos conocido situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, que están golpeando injustamente a nuestras Mipymes”, señaló el parlamentario. Ante la Comisión de Hacienda, esta tarde, El diputado fue enfático: “Esto no es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido perseguidas, embargadas y ahogadas económicamente por deudas que, en muchos casos, simplemente no corresponden”. Ante este escenario, la Comisión, a solicitud del diputado Bianchi, acordó oficiar formalmente a ambas instituciones para exigir respuestas claras y medidas concretas: Que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República informen si han detectado y corregido cobros duplicados. Además que la Tesorería explique por qué se han realizado cobros y embargos sobre montos que no corresponderían, lo que podría constituir una actuación ilegal; Que se suspendan de inmediato todas las acciones de cobro, hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre su situación tributaria real y que se levanten los embargos vigentes en aquellos casos donde existan errores atribuibles al propio Estado. El parlamentario explicó que en marzo de 2026, tras revisar un libro de ventas en la oficina del SII en Punta Arenas, se detectaron inconsistencias relevantes, particularmente en los registros asociados al código 39 (boletas electrónicas) y código 48 (pagos electrónicos), donde el propio servicio identificó duplicidades en la información. Carlos Bianchi advirtió que esta situación no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la viabilidad de cientos de emprendimientos y que podría extenderse a todo el país. “Estamos frente a un problema serio, donde el propio Estado podría estar generando perjuicios económicos graves a contribuyentes. Aquí no basta con explicaciones: se requiere actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
El Gobierno ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para fijar el salario mínimo, introduciendo un cambio en la estrategia originalmente anunciada. Si bien se esperaba una propuesta única del 4% nominal, el Ministerio de Hacienda decidió dividir el alza en dos etapas, basándose estrictamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las etapas del reajuste De acuerdo con el documento, el proceso de incremento se desarrollará de la siguiente manera: Primer tramo (2026): El sueldo mínimo subirá de los $539.000 actuales a $546.546. Este incremento del 1,4% corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026. Segundo tramo (enero 2027): Se aplicará un nuevo reajuste conforme a la inflación acumulada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026. Según las proyecciones del Banco Central, esta segunda alza podría alcanzar el 2,6%. Proyecciones a largo plazo El proyecto no solo fija los montos inmediatos, sino que establece una hoja de ruta para la próxima administración del beneficio. Se estipula que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar. Para dicha propuesta, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral, buscando que las nuevas cifras comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2027. Con esto, el Gobierno busca dar estabilidad al poder de compra de los hogares frente a las fluctuaciones económicas previstas para este periodo legislativo. Fuente: adnradio.cl
