El senador Alejandro Kusanovic denunció graves irregularidades en el desembarco de turistas extranjeros en la zona de los fiordos y canales australes, particularmente en sectores como Caleta María, Fiordo Parry y el área de Jackson, acusando una preocupante falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes. El parlamentario señaló que existe incumplimientos a la normativa vigente que prohíbe el cabotaje de pasajeros en embarcaciones de menos de 400 pasajeros, además de cuestionar la laxitud en la entrega de permisos por parte de autoridades medioambientales. Según relatan operadores turísticos que trabajan en la zona, se han registrado situaciones alarmantes: “Me interné en el Fiordo Parry y me encontré con un crucero de gran tamaño desembarcando pasajeros, incluso equipado con helicóptero. Posteriormente, en el sector de Jackson —zona protegida donde a los operadores locales prácticamente se les impide el desembarque con pequeños grupos— habían cerca de 200 turistas extranjeros desembarcando sin mayores restricciones”, indicó el empresario magallánico Alejandro Solo de Zaldívar. El senador calificó estos hechos como “graves” y advirtió que reflejan una desigualdad en la aplicación de la normativa, acusando que: “Mientras hay operadores nacionales a los que se le imponen estrictas limitaciones, por otro lado, tenemos embarcaciones extranjeras que operan sin cumplir las leyes chilenas, desplazándose por nuestros fiordos y canales sin los controles correspondientes”, afirmó. Asimismo, informó que ya realizó una denuncia ante la autoridad marítima, acusando que embarcaciones con capacidad inferior a 400 pasajeros están operando irregularmente, vulnerando la Ley 21.774 que modificó recientemente el cabotaje marítimo y que prohíbe explícitamente este tipo de operaciones en la Zona Austral. “El incumplimiento de esta ley frena el desarrollo de nuestra industria marítima regional y nacional. Por lo tanto, es imperativo que la DIRECTEMAR, a través de la Gobernación Marítima, ejerza sus facultades de fiscalización”, enfatizó. El parlamentario también llamó la atención sobre el rol del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), señalando que “sus autorizaciones administrativas no pueden estar por sobre la ley. Deben actuar con responsabilidad y pleno conocimiento del marco legal vigente antes de emitir permisos”. En ese sentido, el legislador recordó que cualquier actividad comercial que se realiza en Chile se tiene que hacer con apego a las normas de territorio chileno. Finalmente, Kusanovic hizo un llamado a las autoridades a actuar con mayor rigor y coherencia: “Es hora de terminar con las interpretaciones antojadizas y aplicar la normativa vigente de cabotaje de pasajeros , la cual no permite realizar actividades económicas durante el tránsito, menos el descenso de pasajeros que no sea exclusivamente entre puertos nacionales. Esto termina vulnerando “el paso inocente” que afecta directamente a las comunidades locales y aquellas empresas nacionales que pagan sus impuestos y cumplen con la normativa vigente” concluyó.
Un velero francés llamado “Tanana”, que vendía expediciones a la Antártica por 12.500 euros (más de 13 millones de pesos chilenos), fue incautado por autoridades chilenas en la zona de Canal Beagle, ya que no contaba con autorización legal para desarrollar dicha actividad. La incautación se llevó a cabo el 1 de abril, con un operativo en el que participaron la Armada, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas. El Capitán de Puerto de Puerto Williams, el Teniente Primero Litoral René Rojas, explicó que este operativo “fue fruto de una investigación previa que determinó que la embarcación se encontraba efectuando travesías marítimas de forma remunerada en territorio marítimo nacional, lo que contraviene la normativa marítima legal vigente”. En la misma línea, el director de Aduanas de Magallanes, Reinhold Andronoff, explicó que la incautación del “Tanana” es similar a una que se realizó en 2025, haciendo alusión al caso del velero panameño “El Doblón”, que también fue sorprendido en actividades ilícitas similares. “Se trata de yates que declaran ante Aduanas que ingresan al país para desarrollar actividades privadas, sin embargo, a través de un trabajo investigativo, se detecta que están realizando labores comerciales, vendiendo paquetes turísticos para recorrer los fiordos de esta zona del país”, comentó Andronoff. Los viajes del “Tanana” El “Tanana” cuenta con un sitio web y redes sociales, plataformas en las que ofrece sus distintas expediciones. Algunas de ellas son en territorio chileno, como el caso de la península Antártica, el Cabo de Hornos y otros sectores de la Patagonia. En el caso específico de la expedición a la Antártica, se trata de un viaje cuyo precio es de 12.500 euros y su duración es de 26 días. El velero se aborda en Ushuaia (Argentina) y se dirige hacia la península Antártica pasando por territorio marítimo chileno. Fuente: theclinic.cl
Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de un ex trabajador de Nova Austral, imputado por su participación en la sustracción de salmones desde uno de los centros de cultivo de la compañía. El procedimiento judicial tiene su origen en un operativo realizado por Carabineros a fines de 2024 en el sector de Agua Fresca, instancia en la que se fiscalizó un camión de carga en cuyo interior se encontraron 12 sacos de salmón Coho sin faenar, con un peso total de 469,78 kilogramos. La carga no contaba con documentación sanitaria ni comercial que acreditara su origen legal ni su trazabilidad. Posteriormente, se determinó por Sernapesca que los salmones provenían del centro de cultivo Aracena 14. Tras detectar la sustracción, la compañía presentó una querella criminal en contra de todos quienes resultaren responsables. A partir de la investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, fue posible identificar a dos ex trabajadores de la empresa como presuntos partícipes del hecho ilícito. En este contexto, el imputado J.M.C.C. fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de sustracción de especies salmonídeas en grado consumado, quedando sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación, la cual fue fijada en un plazo de 60 días por el tribunal. En cuanto al segundo involucrado, su audiencia de formalización fue programada para el mes de abril del presente año. Consultado sobre el caso, el gerente legal y de compliance de Nova Austral, Ignacio Faraldo Portus, señaló: “Valoramos el rigor técnico y la celeridad de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI y de la Fiscalía para avanzar con esta investigación. Nuestra compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier ilícito que ponga en riesgo nuestra integridad operativa”. Agregó que “estas acciones delictivas constituyen hechos aislados que de ninguna manera representan la ética, el compromiso y el profesionalismo de los cientos de trabajadores que forman parte de Nova Austral. Como empresa, agotaremos todas las acciones legales necesarias para proteger nuestros activos, resguardar la trazabilidad de nuestros procesos productivos y reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento normativo”.
El senador Alejandro Kusanovic denunció graves irregularidades en el desembarco de turistas extranjeros en la zona de los fiordos y canales australes, particularmente en sectores como Caleta María, Fiordo Parry y el área de Jackson, acusando una preocupante falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes. El parlamentario señaló que existe incumplimientos a la normativa vigente que prohíbe el cabotaje de pasajeros en embarcaciones de menos de 400 pasajeros, además de cuestionar la laxitud en la entrega de permisos por parte de autoridades medioambientales. Según relatan operadores turísticos que trabajan en la zona, se han registrado situaciones alarmantes: “Me interné en el Fiordo Parry y me encontré con un crucero de gran tamaño desembarcando pasajeros, incluso equipado con helicóptero. Posteriormente, en el sector de Jackson —zona protegida donde a los operadores locales prácticamente se les impide el desembarque con pequeños grupos— habían cerca de 200 turistas extranjeros desembarcando sin mayores restricciones”, indicó el empresario magallánico Alejandro Solo de Zaldívar. El senador calificó estos hechos como “graves” y advirtió que reflejan una desigualdad en la aplicación de la normativa, acusando que: “Mientras hay operadores nacionales a los que se le imponen estrictas limitaciones, por otro lado, tenemos embarcaciones extranjeras que operan sin cumplir las leyes chilenas, desplazándose por nuestros fiordos y canales sin los controles correspondientes”, afirmó. Asimismo, informó que ya realizó una denuncia ante la autoridad marítima, acusando que embarcaciones con capacidad inferior a 400 pasajeros están operando irregularmente, vulnerando la Ley 21.774 que modificó recientemente el cabotaje marítimo y que prohíbe explícitamente este tipo de operaciones en la Zona Austral. “El incumplimiento de esta ley frena el desarrollo de nuestra industria marítima regional y nacional. Por lo tanto, es imperativo que la DIRECTEMAR, a través de la Gobernación Marítima, ejerza sus facultades de fiscalización”, enfatizó. El parlamentario también llamó la atención sobre el rol del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), señalando que “sus autorizaciones administrativas no pueden estar por sobre la ley. Deben actuar con responsabilidad y pleno conocimiento del marco legal vigente antes de emitir permisos”. En ese sentido, el legislador recordó que cualquier actividad comercial que se realiza en Chile se tiene que hacer con apego a las normas de territorio chileno. Finalmente, Kusanovic hizo un llamado a las autoridades a actuar con mayor rigor y coherencia: “Es hora de terminar con las interpretaciones antojadizas y aplicar la normativa vigente de cabotaje de pasajeros , la cual no permite realizar actividades económicas durante el tránsito, menos el descenso de pasajeros que no sea exclusivamente entre puertos nacionales. Esto termina vulnerando “el paso inocente” que afecta directamente a las comunidades locales y aquellas empresas nacionales que pagan sus impuestos y cumplen con la normativa vigente” concluyó.
Un velero francés llamado “Tanana”, que vendía expediciones a la Antártica por 12.500 euros (más de 13 millones de pesos chilenos), fue incautado por autoridades chilenas en la zona de Canal Beagle, ya que no contaba con autorización legal para desarrollar dicha actividad. La incautación se llevó a cabo el 1 de abril, con un operativo en el que participaron la Armada, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas. El Capitán de Puerto de Puerto Williams, el Teniente Primero Litoral René Rojas, explicó que este operativo “fue fruto de una investigación previa que determinó que la embarcación se encontraba efectuando travesías marítimas de forma remunerada en territorio marítimo nacional, lo que contraviene la normativa marítima legal vigente”. En la misma línea, el director de Aduanas de Magallanes, Reinhold Andronoff, explicó que la incautación del “Tanana” es similar a una que se realizó en 2025, haciendo alusión al caso del velero panameño “El Doblón”, que también fue sorprendido en actividades ilícitas similares. “Se trata de yates que declaran ante Aduanas que ingresan al país para desarrollar actividades privadas, sin embargo, a través de un trabajo investigativo, se detecta que están realizando labores comerciales, vendiendo paquetes turísticos para recorrer los fiordos de esta zona del país”, comentó Andronoff. Los viajes del “Tanana” El “Tanana” cuenta con un sitio web y redes sociales, plataformas en las que ofrece sus distintas expediciones. Algunas de ellas son en territorio chileno, como el caso de la península Antártica, el Cabo de Hornos y otros sectores de la Patagonia. En el caso específico de la expedición a la Antártica, se trata de un viaje cuyo precio es de 12.500 euros y su duración es de 26 días. El velero se aborda en Ushuaia (Argentina) y se dirige hacia la península Antártica pasando por territorio marítimo chileno. Fuente: theclinic.cl
Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de un ex trabajador de Nova Austral, imputado por su participación en la sustracción de salmones desde uno de los centros de cultivo de la compañía. El procedimiento judicial tiene su origen en un operativo realizado por Carabineros a fines de 2024 en el sector de Agua Fresca, instancia en la que se fiscalizó un camión de carga en cuyo interior se encontraron 12 sacos de salmón Coho sin faenar, con un peso total de 469,78 kilogramos. La carga no contaba con documentación sanitaria ni comercial que acreditara su origen legal ni su trazabilidad. Posteriormente, se determinó por Sernapesca que los salmones provenían del centro de cultivo Aracena 14. Tras detectar la sustracción, la compañía presentó una querella criminal en contra de todos quienes resultaren responsables. A partir de la investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, fue posible identificar a dos ex trabajadores de la empresa como presuntos partícipes del hecho ilícito. En este contexto, el imputado J.M.C.C. fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de sustracción de especies salmonídeas en grado consumado, quedando sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación, la cual fue fijada en un plazo de 60 días por el tribunal. En cuanto al segundo involucrado, su audiencia de formalización fue programada para el mes de abril del presente año. Consultado sobre el caso, el gerente legal y de compliance de Nova Austral, Ignacio Faraldo Portus, señaló: “Valoramos el rigor técnico y la celeridad de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI y de la Fiscalía para avanzar con esta investigación. Nuestra compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier ilícito que ponga en riesgo nuestra integridad operativa”. Agregó que “estas acciones delictivas constituyen hechos aislados que de ninguna manera representan la ética, el compromiso y el profesionalismo de los cientos de trabajadores que forman parte de Nova Austral. Como empresa, agotaremos todas las acciones legales necesarias para proteger nuestros activos, resguardar la trazabilidad de nuestros procesos productivos y reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento normativo”.
