El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) aprobó un nuevo dictamen interpretativo sobre fraude en medios de pago, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores frente a operaciones no reconocidas en tarjetas y transacciones electrónicas en el marco de la Ley 20.009 y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC). La interpretación del SERNAC complementa a otros productos que ha desarrollado bajo su Agenda Antifraude, iniciativa que busca fortalecer la vigilancia y elevar los estándares de protección en el mercado financiero. El marco legal chileno reconoce como derechos de todo consumidor no solo aquellos enunciados en la ley general, sino también todos los contenidos en leyes y normativas especiales que protejan sus intereses. Cabe mencionar que el régimen de limitación de responsabilidad por operaciones no autorizadas forma parte del catálogo de derechos que el Servicio debe resguardar y supervisar. De esta manera, el dictamen otorga certeza jurídica sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, asegurando que la protección legal sea efectiva y oportuna frente a las vulnerabilidades del sistema, estableciendo criterios claros sobre la operatividad de los reclamos. En este sentido, el Dictamen determina que, si una persona consumidora cumple con los requisitos legales para reclamar por un fraude, la entidad financiera no puede, de manera unilateral, descartar la aplicación de la normativa ni negarse a iniciar el procedimiento correspondiente. En caso de que el proveedor estime que existió dolo o culpa grave por parte del consumidor, deberá acudir al tribunal competente, siendo el juez quien determine si procede o no la restitución de los fondos. Asimismo, el Servicio recalca que corresponde al emisor probar que una operación fue autorizada por el titular, no siendo suficiente el mero registro de la transacción. Además, las instituciones financieras tienen la obligación de disponer de canales gratuitos y permanentes para recibir avisos de extravíos, hurtos, robos o fraudes, y de informar de manera clara, veraz y oportuna sobre el procedimiento, requisitos y plazos asociados al reclamo. En caso de que una entidad financiera no respete estas obligaciones, las personas consumidoras pueden reclamar ante SERNAC o ejercer acciones ante los juzgados de policía local competente, incluso solicitando indemnización de perjuicios cuando corresponda. El SERNAC, en tanto, podrá ejercer todas las facultades que le otorga las facultades que le otorga la ley, incluyendo requerir información, denunciar infracciones, iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) o demandar colectivamente en defensa del interés general de las y los consumidores. En caso de querer ingresar un reclamo, se puede hacer directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país. Es importante señalar que los dictámenes interpretativos de SERNAC se emiten a solicitud, en el ejercicio de sus facultades legales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y orientar tanto a las personas consumidoras como a los proveedores respecto de la correcta aplicación de la normativa vigente.
A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica. Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad. Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores. A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo. En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país. --
El año 2025 fue particularmente noticioso para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en especial al ser promulgada la ley que reemplazará su institucionalidad por el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en el marco de procurar acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Si bien 2025 fue un año irregular, en que el servicio se mantuvo movilizado durante abril y mayo, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, señaló que: “dejando fuera la paralización, mejoramos todo lo que tiene que ver con cobertura, con actividades de promoción y prevención”. Esto, pese a verse obligados a posponer para el segundo semestre la implementación de medidas relacionadas con la calidad del servicio. Como avance novedoso destacó un posicionamiento de la institución en el rol educativo y asesoría en derechos: “La Corporación antes salía a promocionarse, y en 2025 nos tocó ver un incremento en solicitudes de capacitación por parte de la sociedad civil, para realizar charlas y talleres temáticos sobre ciertas leyes con grupos específicos que cumplen un rol promotor de los derechos de las personas”. En otro orden, indicó que mantuvieron altos estándares y cifras en aumento en materia de casos referidos a cautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de sus programas: la Niñez y Adolescencia Se Defienden y Programa Mi Abogado. Durante el año se atendió alrededor de 1.800 casos de NNA, quienes son patrocinados directamente por los curadores de ambos centros. No obstante, manifestó que mientras exista la actual Corporación de Asistencia Judicial “hasta el 2028, por lo menos en la Región de Magallanes, deberíamos ir apuntando a tener una mayor dotación que atienda adultos mayores. Existen 23 funcionarios dedicados con exclusividad a niños, niñas y adolescentes y apenas dos funcionarios dedicados con exclusividad a adultos mayores, siendo que la población chilena está envejeciendo”. Mirando a futuro, manifestó que cuando en la región ya esté el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, “veremos mejoras sustanciales con la unificación del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de la CAJ, más el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD, del Ministerio de Seguridad Pública), que se van a fusionar en uno solo y van a pertenecer a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Entonces hay un tremendo desafío en un periodo de dos años de potenciar para la región con los equipos, trabajando mancomunadamente en una sola institución, en una atención a víctimas integral que va a favorecer a toda la comunidad”. Más allá de la integralidad de su Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), valoró el trabajo que se realiza con las víctimas, brindando atención psicológica más allá del término del proceso judicial, hasta lograr en concreto una restauración de esa víctima. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó el papel relevante que cumplen estos centros de información para dar a conocer a la ciudadanía la importante labor que realiza la Corporación en materia de acceso a la Justicia, así como también su presencia territorial a lo largo del año como servicio dependiente de Justicia, a través de “Plazas de Justicia y DD.HH.” y operativos de “Justicia + Cerca”. Aun cuando las estadísticas de las líneas de atención de la CAJ se vieron afectadas puntualmente por una movilización nacional, resaltó el compromiso de sus funcionarias y funcionarias por fortalecer la calidad de atención en sus distintas líneas, lo cual redunda en una mayor satisfacción de sus usuarios/as. AVANCES Y CIFRAS Sin dejar de lado sus principales avances y logros, la institución informó que durante 2025, la Corporación logró entregar asesoría a 8.044 personas en la Región de Magallanes, por debajo de 2024, en que totalizaron 8.305 orientaciones e informaciones propiamente jurídicas a cargo de sus profesionales, abogados, técnicos jurídicos y trabajadores sociales. En materia de consultas atendieron a 6.476 personas: 5.381 consultas en su Dirección Regional, 843 en la ODL, 65 en el CAVI y 187 consultas en los centros de mediación. En relación a los patrocinios, la Corporación de Asistencia Judicial tramitó 1.864 causas en todas las materias en tribunales, respecto de las 2.223 ingresadas el año anterior. En el 2025, su Dirección Regional mantuvo atención prioritaria en orientación y información los días viernes a mujeres inscritas en el Registro de Cuidadoras. También rige un convenio a nivel nacional entre Gendarmería y la CAJ que establece un mecanismo y protocolo de atención preferente a mujeres privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. En promoción de derechos y prevención desarrollaron un total de 38 actividades en la región, entre capacitaciones, charlas y cobertura territorial en sus diferentes unidades, accediendo a comunas sin presencia física permanente de la CAJ, como Río Verde, Porvenir, Laguna Blanca, Torres del Paine, San Gregorio, y localidades como Villa O’Higgins y Puerto Williams. Sólo el abogado del convenio CAJ-SENADIS realizó 20 de ellas, las que convocaron a 458 participantes en la temática de discapacidad, como grupo vulnerable. En orientación e información, remarcó el alcanzar un índice del 90.5% de satisfacción usuaria en el periodo, dada la consolidación de un estándar de calidad en la modalidad de demanda espontánea, con listas de espera muy disminuidas, que incluso les permite atender a la persona en el mismo día y no más allá de 48 horas. Asimismo, reconoció a partir del segundo semestre el impulso brindado por la nueva Jefa de la Oficina de Defensa Laboral (ODL) para retomar con fuerza el patrocinio judicial, y llegar a grupos vulnerables de trabajadores y capacitarlos en temáticas propias de la ley laboral. Durante el año pasado, Donatti añadió que los ingresos a tribunales fueron el único indicador al debe (por un pequeño porcentaje), incidido por factores como falta de dotación y la paralización: “Al abrir las puertas después del paro tuvimos que adecuar a todos nuestros profesionales para atender a esa gente que solicitaba venir por orientación e información, quedándoles menos tiempo para que ellos pudieran dedicarse a redactar demandas e ingresar a tribunales”. Finalmente, señaló que se mantienen también a la espera de ver cómo se implementará la solución colaborativa de conflictos, hoy radicada en su Centro de Mediación, donde tienen dos funcionarias. Bajo el amparo de la nueva ley, podría plasmarse en mayores recursos y dotación, para llegar a y así darle un impulso que merece: “La idea es no judicializar tanto y poder tener una resolución alternativa al conflicto fuera del ámbito judicial”.
Otorgar orientación y asesoría jurídica a toda persona que lo requiera, y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quien no cuente con los recursos para hacerlo, son el leit motiv de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución dependiente de Justicia que en los últimos años se ha volcado en especializar sus atenciones para mejorar el acceso a la justicia a grupos de especial interés. Uno de ellos son las personas extranjeras, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria o irregular y, por lo tanto, pueden acceder directamente a sus servicios. Como fenómeno global, la migración se ha hecho presente en Chile y también en nuestra región. Conforme a ello, la CAJ ha venido articulando -especialmente en la última década- su acceso a la justicia como algo garantizado constitucionalmente, a fin de brindar transversalmente su oferta pública a quienes entre ellos requieran asesoría jurídica o representación judicial. Al respecto, la incorporación de personas migrantes y/o indocumentadas como población objetivo de la institución, se funda en el principio de debido proceso y la igual protección de los derechos establecidos en la ley, recogidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Ante ello, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, manifiesta que deben velar para que estos ciudadanos hagan valer sus derechos fundamentales estando en el territorio nacional: “en el fondo, los derechos se mantienen, no se pierden, y la importancia de la CAJ es que nosotros somos el organismo llave para que puedan ejercer esos derechos ante el tribunal”. La Corporación ha coordinado su intervención con personas extranjeras con el Servicio Nacional de Migraciones como el organismo que implementa la política pública en materia de migraciones. Dentro de las definiciones adoptadas mantiene con el organismo especializado la asesoría en materia de regularización que requiere este segmento y, por otra parte, la defensa judicial que contempla nuestro Estado de Derecho frente a los decretos de expulsión del artículo 141 de la Ley N° 21.325. Otros enfoques de trabajo de la institución consideran la protección de las infancias que pueden, en razón de una situación no regularizada de sus grupos familiares, exponerlas a vulneraciones de derechos. Al respecto, las líneas infancia de la CAJ mantienen énfasis de trabajo como población objetivo. A su vez, el Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos (CAVI) de la CAJ hace un llamado a la comprensión, a que la comunidad considere la presencia de cualquier delito que pueda afectar a la población migrante sin regularización de su condición migratoria, como algo plenamente denunciable y dentro del ámbito persecutorio del Ministerio Público. Yarela Gallardo, Coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, subraya que muchas veces, uno de los riesgos que corren las personas migrantes es no denunciar delitos u otras vulneraciones de derechos, para no exponer una situación migratoria irregular: “Esta es una desinformación que no queremos entre nuestras personas migrantes, y la CAJ ha avanzado en procedimientos que permiten asignar representación judicial a quienes entre ellos mantengan una situación no regularizada, a efectos de reestablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los vulneran”. Aquello se trabajó el año pasado con el Servicio de Migraciones, el CAVI y la Oficina de Defensa Laboral (ODL), siendo en todos los casos restablecido el imperio de la ley. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destaca la relevancia de la función que desarrolla la CAJ, en materia de informar, orientar y representar a personas muchas veces invisibilizadas, que han debido emigrar de sus lugares de origen en procura de brindar un mejor futuro a sus familias. Al margen de su situación regular o irregular o de cómo llegaron al país, resalta la prioridad como grupos focales que revisten especialmente las infancias migrantes, con un tratamiento especial como sujetos de intervención de la Corporación.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) aprobó un nuevo dictamen interpretativo sobre fraude en medios de pago, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores frente a operaciones no reconocidas en tarjetas y transacciones electrónicas en el marco de la Ley 20.009 y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC). La interpretación del SERNAC complementa a otros productos que ha desarrollado bajo su Agenda Antifraude, iniciativa que busca fortalecer la vigilancia y elevar los estándares de protección en el mercado financiero. El marco legal chileno reconoce como derechos de todo consumidor no solo aquellos enunciados en la ley general, sino también todos los contenidos en leyes y normativas especiales que protejan sus intereses. Cabe mencionar que el régimen de limitación de responsabilidad por operaciones no autorizadas forma parte del catálogo de derechos que el Servicio debe resguardar y supervisar. De esta manera, el dictamen otorga certeza jurídica sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, asegurando que la protección legal sea efectiva y oportuna frente a las vulnerabilidades del sistema, estableciendo criterios claros sobre la operatividad de los reclamos. En este sentido, el Dictamen determina que, si una persona consumidora cumple con los requisitos legales para reclamar por un fraude, la entidad financiera no puede, de manera unilateral, descartar la aplicación de la normativa ni negarse a iniciar el procedimiento correspondiente. En caso de que el proveedor estime que existió dolo o culpa grave por parte del consumidor, deberá acudir al tribunal competente, siendo el juez quien determine si procede o no la restitución de los fondos. Asimismo, el Servicio recalca que corresponde al emisor probar que una operación fue autorizada por el titular, no siendo suficiente el mero registro de la transacción. Además, las instituciones financieras tienen la obligación de disponer de canales gratuitos y permanentes para recibir avisos de extravíos, hurtos, robos o fraudes, y de informar de manera clara, veraz y oportuna sobre el procedimiento, requisitos y plazos asociados al reclamo. En caso de que una entidad financiera no respete estas obligaciones, las personas consumidoras pueden reclamar ante SERNAC o ejercer acciones ante los juzgados de policía local competente, incluso solicitando indemnización de perjuicios cuando corresponda. El SERNAC, en tanto, podrá ejercer todas las facultades que le otorga las facultades que le otorga la ley, incluyendo requerir información, denunciar infracciones, iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) o demandar colectivamente en defensa del interés general de las y los consumidores. En caso de querer ingresar un reclamo, se puede hacer directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país. Es importante señalar que los dictámenes interpretativos de SERNAC se emiten a solicitud, en el ejercicio de sus facultades legales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y orientar tanto a las personas consumidoras como a los proveedores respecto de la correcta aplicación de la normativa vigente.
A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica. Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad. Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores. A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo. En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país. --
El año 2025 fue particularmente noticioso para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en especial al ser promulgada la ley que reemplazará su institucionalidad por el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en el marco de procurar acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Si bien 2025 fue un año irregular, en que el servicio se mantuvo movilizado durante abril y mayo, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, señaló que: “dejando fuera la paralización, mejoramos todo lo que tiene que ver con cobertura, con actividades de promoción y prevención”. Esto, pese a verse obligados a posponer para el segundo semestre la implementación de medidas relacionadas con la calidad del servicio. Como avance novedoso destacó un posicionamiento de la institución en el rol educativo y asesoría en derechos: “La Corporación antes salía a promocionarse, y en 2025 nos tocó ver un incremento en solicitudes de capacitación por parte de la sociedad civil, para realizar charlas y talleres temáticos sobre ciertas leyes con grupos específicos que cumplen un rol promotor de los derechos de las personas”. En otro orden, indicó que mantuvieron altos estándares y cifras en aumento en materia de casos referidos a cautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de sus programas: la Niñez y Adolescencia Se Defienden y Programa Mi Abogado. Durante el año se atendió alrededor de 1.800 casos de NNA, quienes son patrocinados directamente por los curadores de ambos centros. No obstante, manifestó que mientras exista la actual Corporación de Asistencia Judicial “hasta el 2028, por lo menos en la Región de Magallanes, deberíamos ir apuntando a tener una mayor dotación que atienda adultos mayores. Existen 23 funcionarios dedicados con exclusividad a niños, niñas y adolescentes y apenas dos funcionarios dedicados con exclusividad a adultos mayores, siendo que la población chilena está envejeciendo”. Mirando a futuro, manifestó que cuando en la región ya esté el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, “veremos mejoras sustanciales con la unificación del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de la CAJ, más el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD, del Ministerio de Seguridad Pública), que se van a fusionar en uno solo y van a pertenecer a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Entonces hay un tremendo desafío en un periodo de dos años de potenciar para la región con los equipos, trabajando mancomunadamente en una sola institución, en una atención a víctimas integral que va a favorecer a toda la comunidad”. Más allá de la integralidad de su Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), valoró el trabajo que se realiza con las víctimas, brindando atención psicológica más allá del término del proceso judicial, hasta lograr en concreto una restauración de esa víctima. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó el papel relevante que cumplen estos centros de información para dar a conocer a la ciudadanía la importante labor que realiza la Corporación en materia de acceso a la Justicia, así como también su presencia territorial a lo largo del año como servicio dependiente de Justicia, a través de “Plazas de Justicia y DD.HH.” y operativos de “Justicia + Cerca”. Aun cuando las estadísticas de las líneas de atención de la CAJ se vieron afectadas puntualmente por una movilización nacional, resaltó el compromiso de sus funcionarias y funcionarias por fortalecer la calidad de atención en sus distintas líneas, lo cual redunda en una mayor satisfacción de sus usuarios/as. AVANCES Y CIFRAS Sin dejar de lado sus principales avances y logros, la institución informó que durante 2025, la Corporación logró entregar asesoría a 8.044 personas en la Región de Magallanes, por debajo de 2024, en que totalizaron 8.305 orientaciones e informaciones propiamente jurídicas a cargo de sus profesionales, abogados, técnicos jurídicos y trabajadores sociales. En materia de consultas atendieron a 6.476 personas: 5.381 consultas en su Dirección Regional, 843 en la ODL, 65 en el CAVI y 187 consultas en los centros de mediación. En relación a los patrocinios, la Corporación de Asistencia Judicial tramitó 1.864 causas en todas las materias en tribunales, respecto de las 2.223 ingresadas el año anterior. En el 2025, su Dirección Regional mantuvo atención prioritaria en orientación y información los días viernes a mujeres inscritas en el Registro de Cuidadoras. También rige un convenio a nivel nacional entre Gendarmería y la CAJ que establece un mecanismo y protocolo de atención preferente a mujeres privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. En promoción de derechos y prevención desarrollaron un total de 38 actividades en la región, entre capacitaciones, charlas y cobertura territorial en sus diferentes unidades, accediendo a comunas sin presencia física permanente de la CAJ, como Río Verde, Porvenir, Laguna Blanca, Torres del Paine, San Gregorio, y localidades como Villa O’Higgins y Puerto Williams. Sólo el abogado del convenio CAJ-SENADIS realizó 20 de ellas, las que convocaron a 458 participantes en la temática de discapacidad, como grupo vulnerable. En orientación e información, remarcó el alcanzar un índice del 90.5% de satisfacción usuaria en el periodo, dada la consolidación de un estándar de calidad en la modalidad de demanda espontánea, con listas de espera muy disminuidas, que incluso les permite atender a la persona en el mismo día y no más allá de 48 horas. Asimismo, reconoció a partir del segundo semestre el impulso brindado por la nueva Jefa de la Oficina de Defensa Laboral (ODL) para retomar con fuerza el patrocinio judicial, y llegar a grupos vulnerables de trabajadores y capacitarlos en temáticas propias de la ley laboral. Durante el año pasado, Donatti añadió que los ingresos a tribunales fueron el único indicador al debe (por un pequeño porcentaje), incidido por factores como falta de dotación y la paralización: “Al abrir las puertas después del paro tuvimos que adecuar a todos nuestros profesionales para atender a esa gente que solicitaba venir por orientación e información, quedándoles menos tiempo para que ellos pudieran dedicarse a redactar demandas e ingresar a tribunales”. Finalmente, señaló que se mantienen también a la espera de ver cómo se implementará la solución colaborativa de conflictos, hoy radicada en su Centro de Mediación, donde tienen dos funcionarias. Bajo el amparo de la nueva ley, podría plasmarse en mayores recursos y dotación, para llegar a y así darle un impulso que merece: “La idea es no judicializar tanto y poder tener una resolución alternativa al conflicto fuera del ámbito judicial”.
Otorgar orientación y asesoría jurídica a toda persona que lo requiera, y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quien no cuente con los recursos para hacerlo, son el leit motiv de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución dependiente de Justicia que en los últimos años se ha volcado en especializar sus atenciones para mejorar el acceso a la justicia a grupos de especial interés. Uno de ellos son las personas extranjeras, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria o irregular y, por lo tanto, pueden acceder directamente a sus servicios. Como fenómeno global, la migración se ha hecho presente en Chile y también en nuestra región. Conforme a ello, la CAJ ha venido articulando -especialmente en la última década- su acceso a la justicia como algo garantizado constitucionalmente, a fin de brindar transversalmente su oferta pública a quienes entre ellos requieran asesoría jurídica o representación judicial. Al respecto, la incorporación de personas migrantes y/o indocumentadas como población objetivo de la institución, se funda en el principio de debido proceso y la igual protección de los derechos establecidos en la ley, recogidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Ante ello, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, manifiesta que deben velar para que estos ciudadanos hagan valer sus derechos fundamentales estando en el territorio nacional: “en el fondo, los derechos se mantienen, no se pierden, y la importancia de la CAJ es que nosotros somos el organismo llave para que puedan ejercer esos derechos ante el tribunal”. La Corporación ha coordinado su intervención con personas extranjeras con el Servicio Nacional de Migraciones como el organismo que implementa la política pública en materia de migraciones. Dentro de las definiciones adoptadas mantiene con el organismo especializado la asesoría en materia de regularización que requiere este segmento y, por otra parte, la defensa judicial que contempla nuestro Estado de Derecho frente a los decretos de expulsión del artículo 141 de la Ley N° 21.325. Otros enfoques de trabajo de la institución consideran la protección de las infancias que pueden, en razón de una situación no regularizada de sus grupos familiares, exponerlas a vulneraciones de derechos. Al respecto, las líneas infancia de la CAJ mantienen énfasis de trabajo como población objetivo. A su vez, el Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos (CAVI) de la CAJ hace un llamado a la comprensión, a que la comunidad considere la presencia de cualquier delito que pueda afectar a la población migrante sin regularización de su condición migratoria, como algo plenamente denunciable y dentro del ámbito persecutorio del Ministerio Público. Yarela Gallardo, Coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, subraya que muchas veces, uno de los riesgos que corren las personas migrantes es no denunciar delitos u otras vulneraciones de derechos, para no exponer una situación migratoria irregular: “Esta es una desinformación que no queremos entre nuestras personas migrantes, y la CAJ ha avanzado en procedimientos que permiten asignar representación judicial a quienes entre ellos mantengan una situación no regularizada, a efectos de reestablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los vulneran”. Aquello se trabajó el año pasado con el Servicio de Migraciones, el CAVI y la Oficina de Defensa Laboral (ODL), siendo en todos los casos restablecido el imperio de la ley. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destaca la relevancia de la función que desarrolla la CAJ, en materia de informar, orientar y representar a personas muchas veces invisibilizadas, que han debido emigrar de sus lugares de origen en procura de brindar un mejor futuro a sus familias. Al margen de su situación regular o irregular o de cómo llegaron al país, resalta la prioridad como grupos focales que revisten especialmente las infancias migrantes, con un tratamiento especial como sujetos de intervención de la Corporación.
