Esta mañana, Álvaro Vargas Riquelme, Seremi de Hacienda de Magallanes, participó en el programa “Buenos días región”, conducido por José Aguilante en Polar Comunicaciones. Durante su intervención, Vargas Riquelme informó a la ciudadanía acerca de la Ley de Incentivo al Turismo y el fast track legislativo económico. Este proyecto busca dinamizar la economía regional mediante el impulso del sector turístico, facilitando los trámites y acelerando los procesos legislativos para su implementación. Puedes ver la entrevista aquí:
El diputado Christian Matheson presentará antes de fin de mes un proyecto de resolución, solicitando al Presidente de la República Gabriel Boric, se establezca en la Región de Magallanes -específicamente en la Ruta 257, que une la Ruta 9 con Punta Delgada- un peaje para todo vehículo argentino de transporte de carga pesada. El parlamentario aseguró que esta medida aliviará la carga financiera del Estado chileno y permitirá una gestión más efectiva en cuanto a mantención de las rutas magallánicas. La iniciativa nace tras el anuncio de los gobernadores argentinos de Río Negro y Neuquén, Roberto Figueroa y Alberto Weretilneck –respectivamente-, quienes anticiparon que presentarán “un proyecto para provincializar el cobro de peajes en las rutas provinciales por la falta de fondos para el mantenimiento”. De aplicarse el proyecto argentino, obligará a los camioneros magallánicos que transportan carga desde y hacia la zona centro y sur de Chile y otros países paguen por transitar por rutas de la Patagonia Argentina, lo que redundará en un aumento de precios de los productos que llegan vía terrestre a la región. Según Matheson, “los camiones que transitan entre la Tierra del Fuego y la parte continental de Argentina, lo realizan por caminos chilenos, en virtud el Decreto Ley 618 de 1974. Estos camiones que anualmente son aproximadamente 60 mil, recorren 211 kilómetros de caminos pavimentados chilenos entre el Paso Fronterizo Integración Austral o Monte Aymond y el Paso San Sebastián, contribuyendo a su deterioro, sin que exista ninguna retribución para el Estado chileno por ese motivo”. Agregó que “hay que dejar en claro que gran parte de estos caminos han sido pavimentados con recursos provenientes del Plan Especial de Zonas Extremas, recursos administrados por la Gobernación Regional, por lo que se hace indispensable que se establezca un peaje a los vehículos de carga argentinos por el uso de estos caminos, en favor del Gobierno Regional, con la finalidad que se puedan mantener en buen estado y no tengamos que en un futuro próximo destinar recursos que son de todos los magallánicos a su reparación”.
Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, Jorge Acosta, director del programa de Salud del Instituto Res Publica, explicó los detalles de la nueva legislación aprobada por la Cámara que obliga a las isapres a devolver cobros excesivos a sus afiliados. Tras un año y medio de discusiones, esta ley corta busca corregir desequilibrios y asegurar reembolsos justos para los usuarios de estas instituciones de salud privada. Durante la entrevista conducida por José Aguilante, Acosta detalló que la medida es un paso importante para proteger los derechos de los consumidores y mejorar la transparencia en los cobros de las isapres. Puedes ver la entrevista aquí:
El exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza (2005-2010) afirmó que la ley corta de isapres despachada el lunes por el Congreso no soluciona la crisis de dicha industria, sino que sólo la posterga hasta el próximo gobierno. Con la normativa se le dio estabilidad (al sistema) en el corto plazo, si no hubiéramos aprobado esta ley, claramente la crisis y quiebra de las isapres se hubiera producido, como ya estaba anunciando el superintendente (Víctor Torres), en junio o julio de este año, apuntó el académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello. Aprobada la ley,esto (el colapso) lo corremos para un año y medio o dos años, pero faltó haber recalculado correctamente la deuda, evitar esta nueva fuga que va a haber de afiliados y haber hecho las reformas a las injusticias que tenía el sistema isapre. Como eso no se hizo, yo creo que corriste la crisis, ganaste un año, un año y medio, pero corriste la crisis y, en el fondo, se la estás chuteando al próximo gobierno, añadió Inostroza, militante de Amarillos y director de la isapre Esencial. PERDONAZO Y SALVATAJE A las críticas se sumó, desde otra perspectiva, el economista y académico de la Universidad de Santiago David Debrott, quien afirma que acá hay un perdonazo y hay un salvataje. En la ley corta quedó una disposición que habilita a las aseguradoras a adecuar los precios de sus planes base sin un mecanismo de contención dentro del Indicador de Costos de Salud (ICSA) en los próximos tres reajustes anuales. Con esto, las alzas de planes podrían ser mayores durante los años 2025, 2026 y 2027. El monto de la deuda, que se estableció claramente en el fallo (de la Corte Suprema), se está vulnerando, se va a pagar menos. Puede haber alzas que van a tener un tope, por cierto, pero son alzas extraordinarias, están por arriba de lo que la regulación establece, hasta el año 2027. Y adicionalmente, les permite agregar una prima que no existía en la práctica. (En consecuencia) el pago de la deuda, lo van a hacer los mismos afiliados que habían sido beneficiados con la sentencia, afirma Debrott. Respecto al modo en que la industria deberá devolver los dineros cobrados en exceso, se determinó que, en términos generales, podrá hacerse hasta en un plazo de 13 años, excepto para las personas mayores de 65, donde este plazo se reduce a cinco; y para los de 80 quedó establecido en dos. Las isapres van a tener que presentar un plan de pago donde van a exponer el número de contratos que están afectos a devolución, el monto de la devolución por cada contrato, por cada persona, y la forma cómo se va a efectuar la devolución, que, según la ley, va a ser a través de excedentes, explicó el exsuperintendente de salud, académico y abogado Patricio Fernández. También está la posibilidad del llamado Pronto Pago : esto es que las isapres hagan uso de la posibilidad de pagar anticipadamente el monto de la deuda a través de un pago único que va a estar afecto a un descuento de un máximo que podría llegar a ser un 35 por ciento, señaló el experto. La ley corta crea, además, una nueva modalidad de cobertura complementaria para los afiliados de Fonasa: quienes estén en los grupos B, C y D podrán optar a un seguro complementario para aumentar su protección financiera en prestadores privados. Fuente: cooperativa.cl
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputadoa aprobó una norma que abre la puerta a que ancianos que hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir las penas en sus casas bajo libertad condicional. Se trata de una indicación de los diputados Diego Schalper (RN), Johannes Kaiser (independiente, ex-Republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristian Araya (Republicanos), ingresada en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, propuesto en enero del 2023 por parlamentarios vinculados entonces a la bancada de Renovación Nacional. En la víspera, la referida comisión de la Cámara Baja, presidida por Andrés Longton -que además es autor de la ley-, visó con tres votos a favor y dos en contra -cinco en total, de 13 integrantes- la disposición particular que eventualmente podría aplicarse a criminales de lesa humanidad, de acuerdo con La Tercera. Se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación, establece la indicación. Kaiser defendió que hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad, algunos de 80, 84, 90 años, incluso más, que se encuentran muchas veces en estado de demencia, que se encuentran sufriendo enfermedades terminales, y que no pueden ser, por tanto, sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta, sus necesidades y demandas de atención que son distintas a las de la población general. Es efectivo que hay personas adultas mayores en todos los centros penitenciarios, pero la concentración de adultos mayores está en Punta Peuco, advirtió, por su parte, la oficialista Lorena Fries (Convergencia Social), quien votó en contra. Yo estaría de acuerdo con un proyecto así si se hubiera hecho la excepción respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Porque bajo esta indicación es posible también que (beneficie a) esas personas que no han contribuido, que ingresaron tardíamente a los recintos penitenciarios, pasaron muchos años en libertad. La verdad es que no me parece de justicia, reprochó quien fuera la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La ley en la que fue incluida la indicación es tramita recién en su primer trámite. La norma recuerda a la enmienda que el año pasado propuso Republicanos -sin éxito- en el Consejo Constitucional , en el fallido segundo proceso constituyente, bajo la cual -según advertía entonces el Gobierno- más de la mitad de los beneficiados iban a ser condenados por causas de DD. HH. Más recientemente, en enero el Senado rechazó un proyecto de ley similar. Fuente: cooperativa.cl
Esta mañana, Álvaro Vargas Riquelme, Seremi de Hacienda de Magallanes, participó en el programa “Buenos días región”, conducido por José Aguilante en Polar Comunicaciones. Durante su intervención, Vargas Riquelme informó a la ciudadanía acerca de la Ley de Incentivo al Turismo y el fast track legislativo económico. Este proyecto busca dinamizar la economía regional mediante el impulso del sector turístico, facilitando los trámites y acelerando los procesos legislativos para su implementación. Puedes ver la entrevista aquí:
El diputado Christian Matheson presentará antes de fin de mes un proyecto de resolución, solicitando al Presidente de la República Gabriel Boric, se establezca en la Región de Magallanes -específicamente en la Ruta 257, que une la Ruta 9 con Punta Delgada- un peaje para todo vehículo argentino de transporte de carga pesada. El parlamentario aseguró que esta medida aliviará la carga financiera del Estado chileno y permitirá una gestión más efectiva en cuanto a mantención de las rutas magallánicas. La iniciativa nace tras el anuncio de los gobernadores argentinos de Río Negro y Neuquén, Roberto Figueroa y Alberto Weretilneck –respectivamente-, quienes anticiparon que presentarán “un proyecto para provincializar el cobro de peajes en las rutas provinciales por la falta de fondos para el mantenimiento”. De aplicarse el proyecto argentino, obligará a los camioneros magallánicos que transportan carga desde y hacia la zona centro y sur de Chile y otros países paguen por transitar por rutas de la Patagonia Argentina, lo que redundará en un aumento de precios de los productos que llegan vía terrestre a la región. Según Matheson, “los camiones que transitan entre la Tierra del Fuego y la parte continental de Argentina, lo realizan por caminos chilenos, en virtud el Decreto Ley 618 de 1974. Estos camiones que anualmente son aproximadamente 60 mil, recorren 211 kilómetros de caminos pavimentados chilenos entre el Paso Fronterizo Integración Austral o Monte Aymond y el Paso San Sebastián, contribuyendo a su deterioro, sin que exista ninguna retribución para el Estado chileno por ese motivo”. Agregó que “hay que dejar en claro que gran parte de estos caminos han sido pavimentados con recursos provenientes del Plan Especial de Zonas Extremas, recursos administrados por la Gobernación Regional, por lo que se hace indispensable que se establezca un peaje a los vehículos de carga argentinos por el uso de estos caminos, en favor del Gobierno Regional, con la finalidad que se puedan mantener en buen estado y no tengamos que en un futuro próximo destinar recursos que son de todos los magallánicos a su reparación”.
Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, Jorge Acosta, director del programa de Salud del Instituto Res Publica, explicó los detalles de la nueva legislación aprobada por la Cámara que obliga a las isapres a devolver cobros excesivos a sus afiliados. Tras un año y medio de discusiones, esta ley corta busca corregir desequilibrios y asegurar reembolsos justos para los usuarios de estas instituciones de salud privada. Durante la entrevista conducida por José Aguilante, Acosta detalló que la medida es un paso importante para proteger los derechos de los consumidores y mejorar la transparencia en los cobros de las isapres. Puedes ver la entrevista aquí:
El exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza (2005-2010) afirmó que la ley corta de isapres despachada el lunes por el Congreso no soluciona la crisis de dicha industria, sino que sólo la posterga hasta el próximo gobierno. Con la normativa se le dio estabilidad (al sistema) en el corto plazo, si no hubiéramos aprobado esta ley, claramente la crisis y quiebra de las isapres se hubiera producido, como ya estaba anunciando el superintendente (Víctor Torres), en junio o julio de este año, apuntó el académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello. Aprobada la ley,esto (el colapso) lo corremos para un año y medio o dos años, pero faltó haber recalculado correctamente la deuda, evitar esta nueva fuga que va a haber de afiliados y haber hecho las reformas a las injusticias que tenía el sistema isapre. Como eso no se hizo, yo creo que corriste la crisis, ganaste un año, un año y medio, pero corriste la crisis y, en el fondo, se la estás chuteando al próximo gobierno, añadió Inostroza, militante de Amarillos y director de la isapre Esencial. PERDONAZO Y SALVATAJE A las críticas se sumó, desde otra perspectiva, el economista y académico de la Universidad de Santiago David Debrott, quien afirma que acá hay un perdonazo y hay un salvataje. En la ley corta quedó una disposición que habilita a las aseguradoras a adecuar los precios de sus planes base sin un mecanismo de contención dentro del Indicador de Costos de Salud (ICSA) en los próximos tres reajustes anuales. Con esto, las alzas de planes podrían ser mayores durante los años 2025, 2026 y 2027. El monto de la deuda, que se estableció claramente en el fallo (de la Corte Suprema), se está vulnerando, se va a pagar menos. Puede haber alzas que van a tener un tope, por cierto, pero son alzas extraordinarias, están por arriba de lo que la regulación establece, hasta el año 2027. Y adicionalmente, les permite agregar una prima que no existía en la práctica. (En consecuencia) el pago de la deuda, lo van a hacer los mismos afiliados que habían sido beneficiados con la sentencia, afirma Debrott. Respecto al modo en que la industria deberá devolver los dineros cobrados en exceso, se determinó que, en términos generales, podrá hacerse hasta en un plazo de 13 años, excepto para las personas mayores de 65, donde este plazo se reduce a cinco; y para los de 80 quedó establecido en dos. Las isapres van a tener que presentar un plan de pago donde van a exponer el número de contratos que están afectos a devolución, el monto de la devolución por cada contrato, por cada persona, y la forma cómo se va a efectuar la devolución, que, según la ley, va a ser a través de excedentes, explicó el exsuperintendente de salud, académico y abogado Patricio Fernández. También está la posibilidad del llamado Pronto Pago : esto es que las isapres hagan uso de la posibilidad de pagar anticipadamente el monto de la deuda a través de un pago único que va a estar afecto a un descuento de un máximo que podría llegar a ser un 35 por ciento, señaló el experto. La ley corta crea, además, una nueva modalidad de cobertura complementaria para los afiliados de Fonasa: quienes estén en los grupos B, C y D podrán optar a un seguro complementario para aumentar su protección financiera en prestadores privados. Fuente: cooperativa.cl
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputadoa aprobó una norma que abre la puerta a que ancianos que hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir las penas en sus casas bajo libertad condicional. Se trata de una indicación de los diputados Diego Schalper (RN), Johannes Kaiser (independiente, ex-Republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristian Araya (Republicanos), ingresada en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, propuesto en enero del 2023 por parlamentarios vinculados entonces a la bancada de Renovación Nacional. En la víspera, la referida comisión de la Cámara Baja, presidida por Andrés Longton -que además es autor de la ley-, visó con tres votos a favor y dos en contra -cinco en total, de 13 integrantes- la disposición particular que eventualmente podría aplicarse a criminales de lesa humanidad, de acuerdo con La Tercera. Se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación, establece la indicación. Kaiser defendió que hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad, algunos de 80, 84, 90 años, incluso más, que se encuentran muchas veces en estado de demencia, que se encuentran sufriendo enfermedades terminales, y que no pueden ser, por tanto, sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta, sus necesidades y demandas de atención que son distintas a las de la población general. Es efectivo que hay personas adultas mayores en todos los centros penitenciarios, pero la concentración de adultos mayores está en Punta Peuco, advirtió, por su parte, la oficialista Lorena Fries (Convergencia Social), quien votó en contra. Yo estaría de acuerdo con un proyecto así si se hubiera hecho la excepción respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Porque bajo esta indicación es posible también que (beneficie a) esas personas que no han contribuido, que ingresaron tardíamente a los recintos penitenciarios, pasaron muchos años en libertad. La verdad es que no me parece de justicia, reprochó quien fuera la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La ley en la que fue incluida la indicación es tramita recién en su primer trámite. La norma recuerda a la enmienda que el año pasado propuso Republicanos -sin éxito- en el Consejo Constitucional , en el fallido segundo proceso constituyente, bajo la cual -según advertía entonces el Gobierno- más de la mitad de los beneficiados iban a ser condenados por causas de DD. HH. Más recientemente, en enero el Senado rechazó un proyecto de ley similar. Fuente: cooperativa.cl