Durante el primer trimestre de 2026, y de acuerdo con registros institucionales, en la Región de Magallanes se registró la pérdida de 3.954 horas de atención de especialidad debido a la no presentación de usuarios a sus consultas. Esta situación tensiona de manera directa la capacidad de respuesta de la red asistencial, considerando además que, en el mismo período, se generaron 5.838 solicitudes de interconsultas para especialidades médicas, cifra que contribuye al incremento de la lista de espera y refleja mayores tiempos de respuesta, así como una menor capacidad de resolución del sistema de salud regional. Al respecto, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, señaló que la pérdida de horas, genera una presión adicional sobre el sistema, especialmente en especialidades de alta demanda. “La disminución de horas disponibles impacta directamente en nuestra capacidad resolutiva. En la región de Magallanes, donde contamos con un número limitado de especialistas y en algunos casos únicos en su área, esta situación incide de manera significativa en la disponibilidad de atenciones. Como consecuencia, se ve afectado el acceso oportuno a la salud, así como la posibilidad de realizar diagnósticos precoces, lo que puede repercutir en la oportunidad y efectividad de los tratamientos.” En esa misma línea, la autoridad de salud, agregó que durante el primer trimestre se registró un 9,9% de NSP, correspondiente a citas médicas de especialidad a las que los usuarios no asistieron. Esta situación incide directamente en una menor cantidad de consultas efectivas, limita la posibilidad de diagnósticos oportunos y, en algunos casos, retrasa el inicio de tratamientos, lo que puede repercutir en la evolución de las patologías. Desde el ámbito técnico, Milisette Neira, referente (s) Unidad de Gestión Clínica de Oferta y Demanda, indicó que “la gestión eficiente de las agendas médicas, tanto como el ausentismo por parte de los pacientes a sus horas de especialidad, van a ayudar a recuperar la capacidad productiva y disminuir los tiempos de espera, en este sentido, sé solita a las personas que asistan a sus consultas de especialidad, y en caso de que no puedan asistir, llamar o avisar con anticipación para reprogramar sus horas; esto nos ayudará a mejorar la atención de especialidad y a reducir los tiempos de espera”, sostuvo la profesional. Al revisar el detalle de los establecimientos, el Hospital Clínico de Magallanes concentró 3.509 consultas de especialidad perdidas, mientras que en el Hospital de Puerto Natales la cifra llegó a 445 atenciones. Si bien el número es menor, sigue siendo relevante considerando que en el mismo periodo ese recinto registró 2.951 atenciones efectivas de especialidad. En tanto, las horas de atención de medicina general y otras horas de profesionales de salud perdidas en los hospitales comunitarios de Porvenir y Puerto Williams, además del Hospital de Puerto Natales, alcanzaron 2.438 atenciones. Durante el periodo analizado, las consultas de especialidad realizadas en los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas sumaron 35.950 atenciones, lo que da cuenta del volumen de demanda que enfrenta la red asistencial regional.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación en la Casa de los Intendentes para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes. En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora. La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública. En este contexto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo interinstitucional que se está desarrollando para asegurar una correcta implementación de la normativa. “Esta fue una segunda reunión de coordinación junto al alcalde y al concejal Flores para abordar cómo estamos implementando esta ley, que busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”, señaló. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de avanzar desde la normativa hacia su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Ya se han realizado coordinaciones con las aerolíneas y ahora corresponde definir los procedimientos entre Fiscalía, PDI, Carabineros y tribunales. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”, afirmó. El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que “el listado de pasajeros es relevante para poder proteger y aumentar la seguridad en un área relevante de Magallanes, como es su acceso aéreo, por ello, vamos a coordinar la implementación de un procedimiento de alcance regional a base del trabajo interagencial para que en el menor tiempo posible se comience a cumplir la ley y ese listado se convierta en una herramienta para el trabajo de PDI y Carabineros”. En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, valoró la aplicación de la normativa y recalcó la necesidad de fortalecer los controles. “Queremos que Magallanes no se convierta en refugio de prófugos ni de delincuentes. Esta ley exige que las aerolíneas entreguen el listado de pasajeros, pero también que las instituciones lo soliciten y utilicen. Está vigente desde enero y es fundamental que se aplique. No se trata de cerrar la puerta a los migrantes, sino de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia enfrenten los procesos correspondientes”, sostuvo. Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes. Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.
La parlamentaria Javiera Morales presentó una solicitud de acuerdo a la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitando al Presidente de la República que garantice recursos suficientes y permanentes para enfrentar integralmente la crisis oncológica del sistema público de salud, advirtiendo que la respuesta del Gobierno no puede limitarse a medidas transitorias como la denominada “Alerta Sanitaria Oncológica” si esta no cuenta con financiamiento asegurado. El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo alertó que la región de Magallanes lidera el país en retrasos de atención de patologías GES, de la que se estima que hay cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas. A nivel nacional, más del 60% de los incumplimientos de prestaciones corresponden a diagnósticos, lo que significa que miles de pacientes aún no saben con certeza qué tipo de cáncer tienen ni en qué etapa se encuentra su enfermedad. Al respecto, la diputada Javiera Morales sostuvo que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde al deterioro del sistema público de salud sostenido durante años y que “no se resuelve con recortes presupuestarios, sino todo lo contrario, con recursos permanentes”. Es por ello que “se requiere inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y formación de especialistas para abordar con seriedad los casos de cáncer en Magallanes y el país y con principal énfasis en las regiones que tienen menor acceso”. Además, agregó que “este déficit no se puede resolver declarando una alerta sanitaria oncológica por 90 días, mediante la compra de prestaciones al sector privado, sino que requiere de recursos públicos de forma continua para fortalecer los hospitales y centros de salud. No se necesitan más eslóganes, se necesita inversión”. Asimismo, el proyecto remarca que el cáncer es desde 2019 la primera causa de muerte en Chile, con cerca de 30 mil fallecimientos al año, y que las brechas territoriales agravan la emergencia, ya que la concentración de oncólogos en la región Metropolitana y en el sector privado genera desigualdad de acceso, obligando en muchos casos a pacientes de regiones a trasladarse cientos de kilómetros para acceder a tratamientos como radioterapia. El texto también cuestiona que, pese a decretarse la alerta sanitaria, esta medida no incluye financiamiento propio garantizado y depende de reasignaciones presupuestarias en un contexto de ajuste fiscal transversal del 3% aplicado a los ministerios, incluyendo Salud, lo que podría limitar aún más la capacidad de respuesta del sistema público ante una enfermedad de alto impacto y urgencia vital. Finalmente, se solicita al Ejecutivo asegurar que el ajuste fiscal no afectará los recursos destinados a la atención oncológica, que se informe al Congreso en un plazo máximo de cinco días el impacto presupuestario desagregado en Salud, enviar en un plazo de 60 días un plan de financiamiento permanente para aumentar la capacidad de quimioterapia y radioterapia, y adoptar medidas concretas para reducir las desigualdades territoriales, incluyendo financiamiento de plazas de oncólogos en regiones, apoyo a traslados de pacientes e instalación o mejora de equipos de radioterapia.
Esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron las principales cifras respecto a las listas de espera del año 2025. En términos generales, fue un balance positivo, ya que se dio a conocer que se lograron los tiempos de espera más bajos desde que existe registro de esta medición (2016), y hubo más gente que egresó de las listas de espera, en comparación a la que ingresó. Sin embargo, siendo este el último balance de esta administración respecto a la glosa 6, el Gobierno no logró llegar a la meta prometida de reducir los tiempos de espera en menos de 200 días, aunque si se logró el objetivo en 14 servicios a lo largo del país en cuanto a consultas nuevas de especialidad, y siete en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Entre las principales cifras, el Ministerio destacó más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera no GES el 2025. Con ello, confirmaron que la mediana de espera fue la más baja desde que se creo el registro en 2016. Además, destacaron que en 2025 se procesaron 5,48 millones de garantías GES 2025, con un 98,1% de cumplimiento, el nivel más alto desde la pandemia. “Siempre hay espacios de mejora, y estamos trabajando para eso, pero ya mostrar que la mitad de los servicios de salud ya están cumpliendo la meta de tiempos de espera menor a 200 días, y algunos significativamente más bajos que esos, es un logro bien importante de la administración “, manifestó el subsecretario Martorell. El desglose de la disminución de tiempos en listas de espera Una de las cifras destacadas por las autoridades fue que hubo más egresos que ingresos en listas de espera. En 2025 ingresaron 3.408.243 nuevos registros y egresaron 3.849.392. Sobre la caída en la mediana, se constató que a diciembre de 2025, la mediana de espera en consultas nuevas de especialidad llegó a 225 días, y en intervenciones quirúrgicas a 251 días. Se trata de las cifras más bajas en 10 años. A modo de ejemplo, en marzo de 2022, fecha que asume la nueva administración. la cifras del primer ítem eran de 336 días, y del segundo de 490. En cuanto a consultas nuevas de especialidad, 68,1% de los casos esperó menos de un año para ser atendido. Pese a no lograr reducir los tiempos de espera a menos de 200 días a nivel nacional, 14 servicios a lo largo del país si lograron este objetivo. Son los casos de Aconcagua (92 días); Osorno (120 días), Metropolitano Oriente (127); Arica y Parinacota (144); Aysén (148); Concepción (152); Maule (161); Talcahuano (166); Atacama (177); Chiloé; Valparaíso San Antonio (196); Arauco (197); O’Higgins (198); y Ñuble (198). Otros seis servicios están próximos a cerrar esa meta. Esto último en consultas nuevas de especialidad. Respecto a listas de espera por intervenciones quirúrgicas, 63,5% de los casos espera de menos de un año. En este caso, siete servicios alcanzaron la meta. Sobre defunciones de pacientes en lista de espera, 35.415 (0,9%) fallecieron esperando un procedimiento. 93,4% en nueva especialidad, y 6,6% en intervenciones quirúrgicas. De todas formas, en la cartera destacaron que no es posible atribuir la causa de muerte a la prestación en espera. Fuente: The Clinic
Durante el primer trimestre de 2026, y de acuerdo con registros institucionales, en la Región de Magallanes se registró la pérdida de 3.954 horas de atención de especialidad debido a la no presentación de usuarios a sus consultas. Esta situación tensiona de manera directa la capacidad de respuesta de la red asistencial, considerando además que, en el mismo período, se generaron 5.838 solicitudes de interconsultas para especialidades médicas, cifra que contribuye al incremento de la lista de espera y refleja mayores tiempos de respuesta, así como una menor capacidad de resolución del sistema de salud regional. Al respecto, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, señaló que la pérdida de horas, genera una presión adicional sobre el sistema, especialmente en especialidades de alta demanda. “La disminución de horas disponibles impacta directamente en nuestra capacidad resolutiva. En la región de Magallanes, donde contamos con un número limitado de especialistas y en algunos casos únicos en su área, esta situación incide de manera significativa en la disponibilidad de atenciones. Como consecuencia, se ve afectado el acceso oportuno a la salud, así como la posibilidad de realizar diagnósticos precoces, lo que puede repercutir en la oportunidad y efectividad de los tratamientos.” En esa misma línea, la autoridad de salud, agregó que durante el primer trimestre se registró un 9,9% de NSP, correspondiente a citas médicas de especialidad a las que los usuarios no asistieron. Esta situación incide directamente en una menor cantidad de consultas efectivas, limita la posibilidad de diagnósticos oportunos y, en algunos casos, retrasa el inicio de tratamientos, lo que puede repercutir en la evolución de las patologías. Desde el ámbito técnico, Milisette Neira, referente (s) Unidad de Gestión Clínica de Oferta y Demanda, indicó que “la gestión eficiente de las agendas médicas, tanto como el ausentismo por parte de los pacientes a sus horas de especialidad, van a ayudar a recuperar la capacidad productiva y disminuir los tiempos de espera, en este sentido, sé solita a las personas que asistan a sus consultas de especialidad, y en caso de que no puedan asistir, llamar o avisar con anticipación para reprogramar sus horas; esto nos ayudará a mejorar la atención de especialidad y a reducir los tiempos de espera”, sostuvo la profesional. Al revisar el detalle de los establecimientos, el Hospital Clínico de Magallanes concentró 3.509 consultas de especialidad perdidas, mientras que en el Hospital de Puerto Natales la cifra llegó a 445 atenciones. Si bien el número es menor, sigue siendo relevante considerando que en el mismo periodo ese recinto registró 2.951 atenciones efectivas de especialidad. En tanto, las horas de atención de medicina general y otras horas de profesionales de salud perdidas en los hospitales comunitarios de Porvenir y Puerto Williams, además del Hospital de Puerto Natales, alcanzaron 2.438 atenciones. Durante el periodo analizado, las consultas de especialidad realizadas en los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas sumaron 35.950 atenciones, lo que da cuenta del volumen de demanda que enfrenta la red asistencial regional.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación en la Casa de los Intendentes para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes. En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora. La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública. En este contexto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo interinstitucional que se está desarrollando para asegurar una correcta implementación de la normativa. “Esta fue una segunda reunión de coordinación junto al alcalde y al concejal Flores para abordar cómo estamos implementando esta ley, que busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”, señaló. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de avanzar desde la normativa hacia su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Ya se han realizado coordinaciones con las aerolíneas y ahora corresponde definir los procedimientos entre Fiscalía, PDI, Carabineros y tribunales. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”, afirmó. El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que “el listado de pasajeros es relevante para poder proteger y aumentar la seguridad en un área relevante de Magallanes, como es su acceso aéreo, por ello, vamos a coordinar la implementación de un procedimiento de alcance regional a base del trabajo interagencial para que en el menor tiempo posible se comience a cumplir la ley y ese listado se convierta en una herramienta para el trabajo de PDI y Carabineros”. En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, valoró la aplicación de la normativa y recalcó la necesidad de fortalecer los controles. “Queremos que Magallanes no se convierta en refugio de prófugos ni de delincuentes. Esta ley exige que las aerolíneas entreguen el listado de pasajeros, pero también que las instituciones lo soliciten y utilicen. Está vigente desde enero y es fundamental que se aplique. No se trata de cerrar la puerta a los migrantes, sino de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia enfrenten los procesos correspondientes”, sostuvo. Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes. Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.
La parlamentaria Javiera Morales presentó una solicitud de acuerdo a la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitando al Presidente de la República que garantice recursos suficientes y permanentes para enfrentar integralmente la crisis oncológica del sistema público de salud, advirtiendo que la respuesta del Gobierno no puede limitarse a medidas transitorias como la denominada “Alerta Sanitaria Oncológica” si esta no cuenta con financiamiento asegurado. El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo alertó que la región de Magallanes lidera el país en retrasos de atención de patologías GES, de la que se estima que hay cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas. A nivel nacional, más del 60% de los incumplimientos de prestaciones corresponden a diagnósticos, lo que significa que miles de pacientes aún no saben con certeza qué tipo de cáncer tienen ni en qué etapa se encuentra su enfermedad. Al respecto, la diputada Javiera Morales sostuvo que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde al deterioro del sistema público de salud sostenido durante años y que “no se resuelve con recortes presupuestarios, sino todo lo contrario, con recursos permanentes”. Es por ello que “se requiere inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y formación de especialistas para abordar con seriedad los casos de cáncer en Magallanes y el país y con principal énfasis en las regiones que tienen menor acceso”. Además, agregó que “este déficit no se puede resolver declarando una alerta sanitaria oncológica por 90 días, mediante la compra de prestaciones al sector privado, sino que requiere de recursos públicos de forma continua para fortalecer los hospitales y centros de salud. No se necesitan más eslóganes, se necesita inversión”. Asimismo, el proyecto remarca que el cáncer es desde 2019 la primera causa de muerte en Chile, con cerca de 30 mil fallecimientos al año, y que las brechas territoriales agravan la emergencia, ya que la concentración de oncólogos en la región Metropolitana y en el sector privado genera desigualdad de acceso, obligando en muchos casos a pacientes de regiones a trasladarse cientos de kilómetros para acceder a tratamientos como radioterapia. El texto también cuestiona que, pese a decretarse la alerta sanitaria, esta medida no incluye financiamiento propio garantizado y depende de reasignaciones presupuestarias en un contexto de ajuste fiscal transversal del 3% aplicado a los ministerios, incluyendo Salud, lo que podría limitar aún más la capacidad de respuesta del sistema público ante una enfermedad de alto impacto y urgencia vital. Finalmente, se solicita al Ejecutivo asegurar que el ajuste fiscal no afectará los recursos destinados a la atención oncológica, que se informe al Congreso en un plazo máximo de cinco días el impacto presupuestario desagregado en Salud, enviar en un plazo de 60 días un plan de financiamiento permanente para aumentar la capacidad de quimioterapia y radioterapia, y adoptar medidas concretas para reducir las desigualdades territoriales, incluyendo financiamiento de plazas de oncólogos en regiones, apoyo a traslados de pacientes e instalación o mejora de equipos de radioterapia.
Esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron las principales cifras respecto a las listas de espera del año 2025. En términos generales, fue un balance positivo, ya que se dio a conocer que se lograron los tiempos de espera más bajos desde que existe registro de esta medición (2016), y hubo más gente que egresó de las listas de espera, en comparación a la que ingresó. Sin embargo, siendo este el último balance de esta administración respecto a la glosa 6, el Gobierno no logró llegar a la meta prometida de reducir los tiempos de espera en menos de 200 días, aunque si se logró el objetivo en 14 servicios a lo largo del país en cuanto a consultas nuevas de especialidad, y siete en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Entre las principales cifras, el Ministerio destacó más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera no GES el 2025. Con ello, confirmaron que la mediana de espera fue la más baja desde que se creo el registro en 2016. Además, destacaron que en 2025 se procesaron 5,48 millones de garantías GES 2025, con un 98,1% de cumplimiento, el nivel más alto desde la pandemia. “Siempre hay espacios de mejora, y estamos trabajando para eso, pero ya mostrar que la mitad de los servicios de salud ya están cumpliendo la meta de tiempos de espera menor a 200 días, y algunos significativamente más bajos que esos, es un logro bien importante de la administración “, manifestó el subsecretario Martorell. El desglose de la disminución de tiempos en listas de espera Una de las cifras destacadas por las autoridades fue que hubo más egresos que ingresos en listas de espera. En 2025 ingresaron 3.408.243 nuevos registros y egresaron 3.849.392. Sobre la caída en la mediana, se constató que a diciembre de 2025, la mediana de espera en consultas nuevas de especialidad llegó a 225 días, y en intervenciones quirúrgicas a 251 días. Se trata de las cifras más bajas en 10 años. A modo de ejemplo, en marzo de 2022, fecha que asume la nueva administración. la cifras del primer ítem eran de 336 días, y del segundo de 490. En cuanto a consultas nuevas de especialidad, 68,1% de los casos esperó menos de un año para ser atendido. Pese a no lograr reducir los tiempos de espera a menos de 200 días a nivel nacional, 14 servicios a lo largo del país si lograron este objetivo. Son los casos de Aconcagua (92 días); Osorno (120 días), Metropolitano Oriente (127); Arica y Parinacota (144); Aysén (148); Concepción (152); Maule (161); Talcahuano (166); Atacama (177); Chiloé; Valparaíso San Antonio (196); Arauco (197); O’Higgins (198); y Ñuble (198). Otros seis servicios están próximos a cerrar esa meta. Esto último en consultas nuevas de especialidad. Respecto a listas de espera por intervenciones quirúrgicas, 63,5% de los casos espera de menos de un año. En este caso, siete servicios alcanzaron la meta. Sobre defunciones de pacientes en lista de espera, 35.415 (0,9%) fallecieron esperando un procedimiento. 93,4% en nueva especialidad, y 6,6% en intervenciones quirúrgicas. De todas formas, en la cartera destacaron que no es posible atribuir la causa de muerte a la prestación en espera. Fuente: The Clinic
