Un epicentro energético. En pocos años, San Gregorio, una comuna de poco más de 240 habitantes —según el Censo 2024— de la Región de Magallanes, pasó a convertirse en uno de los principales destinos de inversión energética del país, acumulando cerca de US$32.400 millones. La última señal la dio Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental ( SEA) un proyecto por US$690 millones para ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos. Con ello, la comuna reúne cuatro grandes iniciativas —tres ligadas al hidrógeno y amoníaco verde y una al petróleo y gas— consolidándose como un polo estratégico donde conviven la transición energética y el fortalecimiento de la producción de combustibles tradicionales. Los cuatro desembolsos considerados —que suman cerca de US$32.400 millones— corresponden a iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) o en proceso de tramitación, pero ninguna de ellas se encuentra actualmente en construcción. Los proyectos en carpeta. La mayor inversión anunciada para la comuna corresponde a H2 Magallanes (2025), de TotalEnergies, con un desembolso estimado en US$16.000 millones. El proyecto contempla la construcción de un complejo para producir hidrógeno y amoníaco verde destinado principalmente a la exportación. Sin embargo, su tramitación enfrenta un escenario complejo: la empresa suspendió la evaluación ambiental para responder los requerimientos, aunque no ha cancelado la iniciativa. De reactivarse la tramitación, la construcción no comenzaría antes de 2027 y la producción se postergaría, al menos, hasta 2030. Le sigue HNH Energy (2024) —un consorcio integrado por AustriaEnergy, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Ökowind— con una inversión de US$11.000 millones, que busca desarrollar un complejo integrado para la producción y exportación de amoníaco verde a partir de energía eólica. La iniciativa se encuentra en tramitación ambiental y es uno de los proyectos más avanzados de la industria del hidrógeno verde en Magallanes. A ese grupo se sumó este año Proyecto Acuario, impulsado por Consorcio Austral, que considera un monto de US$4.700 millones para desarrollar un nuevo complejo de producción de amoníaco verde en San Gregorio. El proyecto incorpora parques eólicos, una planta desalinizadora, sistemas de electrólisis e infraestructura portuaria para la exportación. El más reciente en incorporarse fue el proyecto de ENAP (2026), que ingresó al SEA con una inversión de US$690 millones. A diferencia de las otras iniciativas, enfocadas en combustibles limpios, la estatal busca ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos en el bloque Dorado-Riquelme y Manzano, reforzando la producción de gas natural y petróleo en Magallanes. “Esta inversión refuerza nuestro compromiso con la Región de Magallanes. Sabemos el rol estratégico que cumplimos para el abastecimiento energético y por eso estamos siempre desafiándonos”, señaló el gerente de Exploración y Producción de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante. Los datos de San Gregorio. Ubicada a unos 180 kilómetros al noreste de Punta Arenas, San Gregorio es una de las comunas menos pobladas de Chile. Según el Censo 2024, cuenta con 241 habitantes, de los cuales 151 son hombres y 90 mujeres, distribuidos en una extensa superficie de 6.883 kilómetros cuadrados. Su estructura productiva históricamente ha estado vinculada a la ganadería ovina, la producción de hidrocarburos y los servicios asociados a la actividad energética, marcada durante décadas por la presencia de ENAP en la zona. De acuerdo a datos de la CASEN 2017, San Gregorio registraba una pobreza por ingresos de 1,34% y una pobreza multidimensional de 5,83%, cifras inferiores al promedio nacional de ese período. La Biblioteca del Congreso Nacional señala que, hasta 2019, los rubros que reunían mayor cantidad de trabajadores eran administración pública y defensa, actividades de alojamiento y servicios de comidas, y transporte y almacenamiento. Pese a su reducido tamaño poblacional, San Gregorio comenzó en los últimos años a adquirir una relevancia estratégica por sus condiciones naturales y territoriales, transformándose en uno de los principales focos de inversión energética del país. Entre las principales razones figuran la calidad de sus vientos —considerados entre los mejores del mundo para la generación eólica—, la disponibilidad de extensas superficies de terreno, la cercanía al Estrecho de Magallanes y la existencia de infraestructura energética y logística desarrollada durante décadas por la industria del petróleo y el gas. Fuente: Ex-ante.cl
Lo nuevo. Este pasado martes, el Servicio de Evaluación Ambiental ( SEA) publicó el ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones) de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de hidrógeno verde de HNH Energy, que cuenta con una inversión estimada de US$ 11.000 millones -el segundo más relevante en el sector-. La iniciativa, que ingresó a evaluación en julio de 2024, es impulsada por el consorcio HNH Energy compuesto por las firmas austríacas AustriaEnergy y Ökowing, y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CPI). El proyecto se desarrollará en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, ubicada a cerca de 120 kilómetros al noreste de la comuna de Punta Arenas, La inversión contempla la construcción de una planta de procesos para la producción de amoníaco verde en base a hidrógeno verde (H2V), para su posterior venta en el mercado internacional. También se construiría una planta desaladora de agua de mar, un parque eólico, un puerto multi propósito y su terminal marítimo, y líneas de transmisión eléctrica. Las recientes observaciones fueron dadas a conocer a casi tres meses desde la llegada a la Moneda de José Antonio Kast, el 11 de marzo, en un contexto donde el Gobierno ha planteado como prioridad acelerar la inversión y la tramitación de grandes proyectos. 20 exigencias. Las recientes observaciones presentadas al megaproyecto por organismos públicos suman 20, las cuales fueron presentadas tras el ingreso de la Adenda -documento por el cual la empresa responde a las exigencias de los entes públicos-, el 16 de abril de 2026. Parte de las solicitudes tienen relación con la vigilancia de mamíferos por ruido submarino, en la cual los entes pidieron a la compañía complementar el monitoreo visual, con tecnologías de monitoreo acústico pasivo. “Previo al inicio de las actividades de hincado de pilotes (etapa de construcción) y navegación (etapa de construcción y operación) asociada al proyecto, el titular deberá implementar un protocolo de detección, exclusión y manejo de mamíferos marinos y un plan de gestión de tráfico marítimo”, se lee en el documento. También, solicitaron incluir un monitoreo de vibraciones en las construcciones de la Zona Típica llamada Estancia San Gregorio, en los periodos que se realice el transporte de carga de sobrepeso durante la fase de construcción. Diferencia tras siete meses. Las 20 observaciones presentadas por los organismos exponen una diferencia a lo ocurrido durante el proceso de evaluación ambiental hasta la fecha. Hace siete meses, el 21 de octubre de 2025, las instituciones presentaron 364 observaciones al titular de la iniciativa, donde destacaban exigencias sobre afectación a lagartija magallánica por el ruido, el monitoreo semanal en meses de incubación del ñandú y la descripción detallada de sitios identificados como probables cementerios de grupos indígenas. El contraste también muestra un avance en la evaluación ambiental del proyecto porque durante el período del expresidente Gabriel Boric las observaciones apuntaban a aspectos amplios de la iniciativas, pero las nuevas exigencias se concentran mayormente en ajustes técnicos y medidas de protección patrimonial, una señal de que la tramitación ha ido avanzando hacia etapas más específicas de revisión. Vale decir que las observaciones son presentadas por diversos organismos y servicios públicos relacionados a los ministerios. Lento avance en la industria. En los último años, el hidrógeno verde se instaló como una de las principales promesas energéticas del país, con el objetivo de posicionar a Chile como un exportador relevante de energía limpia. Sin embargo, el desarrollo efectivo de la industria ha avanzado más lento de lo previsto, con pocos proyectos operativos. La única iniciativa de hidrogeno verde a escala industrial que cuenta con aprobación ambiental hasta la fecha es “Proyecto Volta – Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde”, que fue destrabada hace unas semanas por el Comité de Ministros. Esta iniciativa contempla una inversión de US$ 2.500 millones. Fuente: ex-ante.cl
La construcción de la nueva planta de Cervecería Austral en Punta Arenas deberá ser reevaluada antes de iniciar su ejecución, luego de que la empresa reconociera que las condiciones actuales del mercado y el aumento de los costos de construcción han cambiado de manera significativa el escenario original del proyecto. La iniciativa, anunciada en 2024 y cuya primera piedra fue instalada el 26 de marzo de ese año, contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares. El proyecto proyectaba la construcción de modernas instalaciones en el kilómetro 17,7 de la Ruta 9 Sur, destinadas a fortalecer la capacidad productiva de la histórica cervecería magallánica. No obstante, a más de dos años de aquel hito, las obras aún no comienzan y el terreno permanece prácticamente sin modificaciones. El gerente general de Cervecería Austral, Felipe Cobarrubias, explicó que el contexto económico y la evolución de la industria obligan a revisar el diseño inicial de la iniciativa. “En 2024 pusimos la primera piedra con una idea de proyecto, con determinadas dimensiones, capacidades e inversiones. Hoy existen factores muy relevantes que obligan a reevaluar esa propuesta”, señaló el ejecutivo. Entre los principales elementos que la compañía está analizando se encuentra la desaceleración del mercado de la cerveza y de las bebidas alcohólicas a nivel mundial. Según indicó Cobarrubias, la industria enfrenta una contracción importante en comparación con los niveles de crecimiento previos a 2019, sin que exista claridad sobre cuándo podría retomarse una tendencia expansiva. A ello se suma el fuerte incremento de los costos de construcción registrado tras la pandemia, fenómeno que también ha impactado a la Región de Magallanes. “Tenemos dos factores increíblemente relevantes para embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Eso nos obliga a pensar cuál será la oportunidad y la envergadura adecuada para iniciar este megaproyecto que sigue siendo un sueño para Cervecería Austral”, afirmó Cobarrubias. Pese a la revisión en curso, el ejecutivo aseguró que la empresa mantiene su intención de concretar la nueva planta. Sin embargo, reconoció que la etapa inicial deberá ajustarse para garantizar la viabilidad económica de la inversión. La nueva infraestructura busca consolidar la presencia de Cervecería Austral tanto en el mercado nacional como internacional, en el marco además de los 130 años de historia de la compañía. Por ahora, la empresa continuará evaluando las condiciones del proyecto antes de definir una nueva fecha para el inicio de las obras.
El megaproyecto químico de la Región de Magallanes HNH Energy solicitó extender el plazo para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el argumento de que necesitan de mayor tiempo que el otorgado. Su inversión total está fijada aproximadamente en US $11 mil millones y tiene como principal objetivo asentarse en la región austral para producir y exportar amoniaco verde: un compuesto químico producido a partir de hidrógeno verde que es una alternativa clave para descarbonizar grandes industrias. El freno al estudio de impacto ambiental En concreto, el pasado viernes 27 de marzo fue que se solicitó una extensión del plazo para presentar el informe y pidieron fijar el 17 de abril para finalizar el procedimiento en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Según pudo constatar Diario Financiero, las razones que presentaron para extender el plazo tienen relación con la consolidación, revisión y edición final de documentos; y verificación de archivos cargados e ingreso. Desde el SEA hubo una rápida respuesta: el director del organismo de la Región de Magallanes, José Luis Riffo, la acogió el mismo viernes 27 de marzo y resolvió que la nueva fecha para presentar el estudio sea la solicitada por HNH Energy. La solicitud corresponde a un ajuste acotado de plazo, orientado a la revisión, edición y consolidación final de los antecedentes (...). Con ello, se busca asegurar la presentación de un documento técnicamente sólido y consistente, que permita dar respuesta clara y completa a las observaciones, explicaron desde la empresa a Diario Financiero. Fuente: meganoticias.cl
En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
Un epicentro energético. En pocos años, San Gregorio, una comuna de poco más de 240 habitantes —según el Censo 2024— de la Región de Magallanes, pasó a convertirse en uno de los principales destinos de inversión energética del país, acumulando cerca de US$32.400 millones. La última señal la dio Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental ( SEA) un proyecto por US$690 millones para ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos. Con ello, la comuna reúne cuatro grandes iniciativas —tres ligadas al hidrógeno y amoníaco verde y una al petróleo y gas— consolidándose como un polo estratégico donde conviven la transición energética y el fortalecimiento de la producción de combustibles tradicionales. Los cuatro desembolsos considerados —que suman cerca de US$32.400 millones— corresponden a iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) o en proceso de tramitación, pero ninguna de ellas se encuentra actualmente en construcción. Los proyectos en carpeta. La mayor inversión anunciada para la comuna corresponde a H2 Magallanes (2025), de TotalEnergies, con un desembolso estimado en US$16.000 millones. El proyecto contempla la construcción de un complejo para producir hidrógeno y amoníaco verde destinado principalmente a la exportación. Sin embargo, su tramitación enfrenta un escenario complejo: la empresa suspendió la evaluación ambiental para responder los requerimientos, aunque no ha cancelado la iniciativa. De reactivarse la tramitación, la construcción no comenzaría antes de 2027 y la producción se postergaría, al menos, hasta 2030. Le sigue HNH Energy (2024) —un consorcio integrado por AustriaEnergy, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Ökowind— con una inversión de US$11.000 millones, que busca desarrollar un complejo integrado para la producción y exportación de amoníaco verde a partir de energía eólica. La iniciativa se encuentra en tramitación ambiental y es uno de los proyectos más avanzados de la industria del hidrógeno verde en Magallanes. A ese grupo se sumó este año Proyecto Acuario, impulsado por Consorcio Austral, que considera un monto de US$4.700 millones para desarrollar un nuevo complejo de producción de amoníaco verde en San Gregorio. El proyecto incorpora parques eólicos, una planta desalinizadora, sistemas de electrólisis e infraestructura portuaria para la exportación. El más reciente en incorporarse fue el proyecto de ENAP (2026), que ingresó al SEA con una inversión de US$690 millones. A diferencia de las otras iniciativas, enfocadas en combustibles limpios, la estatal busca ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos en el bloque Dorado-Riquelme y Manzano, reforzando la producción de gas natural y petróleo en Magallanes. “Esta inversión refuerza nuestro compromiso con la Región de Magallanes. Sabemos el rol estratégico que cumplimos para el abastecimiento energético y por eso estamos siempre desafiándonos”, señaló el gerente de Exploración y Producción de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante. Los datos de San Gregorio. Ubicada a unos 180 kilómetros al noreste de Punta Arenas, San Gregorio es una de las comunas menos pobladas de Chile. Según el Censo 2024, cuenta con 241 habitantes, de los cuales 151 son hombres y 90 mujeres, distribuidos en una extensa superficie de 6.883 kilómetros cuadrados. Su estructura productiva históricamente ha estado vinculada a la ganadería ovina, la producción de hidrocarburos y los servicios asociados a la actividad energética, marcada durante décadas por la presencia de ENAP en la zona. De acuerdo a datos de la CASEN 2017, San Gregorio registraba una pobreza por ingresos de 1,34% y una pobreza multidimensional de 5,83%, cifras inferiores al promedio nacional de ese período. La Biblioteca del Congreso Nacional señala que, hasta 2019, los rubros que reunían mayor cantidad de trabajadores eran administración pública y defensa, actividades de alojamiento y servicios de comidas, y transporte y almacenamiento. Pese a su reducido tamaño poblacional, San Gregorio comenzó en los últimos años a adquirir una relevancia estratégica por sus condiciones naturales y territoriales, transformándose en uno de los principales focos de inversión energética del país. Entre las principales razones figuran la calidad de sus vientos —considerados entre los mejores del mundo para la generación eólica—, la disponibilidad de extensas superficies de terreno, la cercanía al Estrecho de Magallanes y la existencia de infraestructura energética y logística desarrollada durante décadas por la industria del petróleo y el gas. Fuente: Ex-ante.cl
Lo nuevo. Este pasado martes, el Servicio de Evaluación Ambiental ( SEA) publicó el ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones) de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de hidrógeno verde de HNH Energy, que cuenta con una inversión estimada de US$ 11.000 millones -el segundo más relevante en el sector-. La iniciativa, que ingresó a evaluación en julio de 2024, es impulsada por el consorcio HNH Energy compuesto por las firmas austríacas AustriaEnergy y Ökowing, y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CPI). El proyecto se desarrollará en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, ubicada a cerca de 120 kilómetros al noreste de la comuna de Punta Arenas, La inversión contempla la construcción de una planta de procesos para la producción de amoníaco verde en base a hidrógeno verde (H2V), para su posterior venta en el mercado internacional. También se construiría una planta desaladora de agua de mar, un parque eólico, un puerto multi propósito y su terminal marítimo, y líneas de transmisión eléctrica. Las recientes observaciones fueron dadas a conocer a casi tres meses desde la llegada a la Moneda de José Antonio Kast, el 11 de marzo, en un contexto donde el Gobierno ha planteado como prioridad acelerar la inversión y la tramitación de grandes proyectos. 20 exigencias. Las recientes observaciones presentadas al megaproyecto por organismos públicos suman 20, las cuales fueron presentadas tras el ingreso de la Adenda -documento por el cual la empresa responde a las exigencias de los entes públicos-, el 16 de abril de 2026. Parte de las solicitudes tienen relación con la vigilancia de mamíferos por ruido submarino, en la cual los entes pidieron a la compañía complementar el monitoreo visual, con tecnologías de monitoreo acústico pasivo. “Previo al inicio de las actividades de hincado de pilotes (etapa de construcción) y navegación (etapa de construcción y operación) asociada al proyecto, el titular deberá implementar un protocolo de detección, exclusión y manejo de mamíferos marinos y un plan de gestión de tráfico marítimo”, se lee en el documento. También, solicitaron incluir un monitoreo de vibraciones en las construcciones de la Zona Típica llamada Estancia San Gregorio, en los periodos que se realice el transporte de carga de sobrepeso durante la fase de construcción. Diferencia tras siete meses. Las 20 observaciones presentadas por los organismos exponen una diferencia a lo ocurrido durante el proceso de evaluación ambiental hasta la fecha. Hace siete meses, el 21 de octubre de 2025, las instituciones presentaron 364 observaciones al titular de la iniciativa, donde destacaban exigencias sobre afectación a lagartija magallánica por el ruido, el monitoreo semanal en meses de incubación del ñandú y la descripción detallada de sitios identificados como probables cementerios de grupos indígenas. El contraste también muestra un avance en la evaluación ambiental del proyecto porque durante el período del expresidente Gabriel Boric las observaciones apuntaban a aspectos amplios de la iniciativas, pero las nuevas exigencias se concentran mayormente en ajustes técnicos y medidas de protección patrimonial, una señal de que la tramitación ha ido avanzando hacia etapas más específicas de revisión. Vale decir que las observaciones son presentadas por diversos organismos y servicios públicos relacionados a los ministerios. Lento avance en la industria. En los último años, el hidrógeno verde se instaló como una de las principales promesas energéticas del país, con el objetivo de posicionar a Chile como un exportador relevante de energía limpia. Sin embargo, el desarrollo efectivo de la industria ha avanzado más lento de lo previsto, con pocos proyectos operativos. La única iniciativa de hidrogeno verde a escala industrial que cuenta con aprobación ambiental hasta la fecha es “Proyecto Volta – Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde”, que fue destrabada hace unas semanas por el Comité de Ministros. Esta iniciativa contempla una inversión de US$ 2.500 millones. Fuente: ex-ante.cl
La construcción de la nueva planta de Cervecería Austral en Punta Arenas deberá ser reevaluada antes de iniciar su ejecución, luego de que la empresa reconociera que las condiciones actuales del mercado y el aumento de los costos de construcción han cambiado de manera significativa el escenario original del proyecto. La iniciativa, anunciada en 2024 y cuya primera piedra fue instalada el 26 de marzo de ese año, contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares. El proyecto proyectaba la construcción de modernas instalaciones en el kilómetro 17,7 de la Ruta 9 Sur, destinadas a fortalecer la capacidad productiva de la histórica cervecería magallánica. No obstante, a más de dos años de aquel hito, las obras aún no comienzan y el terreno permanece prácticamente sin modificaciones. El gerente general de Cervecería Austral, Felipe Cobarrubias, explicó que el contexto económico y la evolución de la industria obligan a revisar el diseño inicial de la iniciativa. “En 2024 pusimos la primera piedra con una idea de proyecto, con determinadas dimensiones, capacidades e inversiones. Hoy existen factores muy relevantes que obligan a reevaluar esa propuesta”, señaló el ejecutivo. Entre los principales elementos que la compañía está analizando se encuentra la desaceleración del mercado de la cerveza y de las bebidas alcohólicas a nivel mundial. Según indicó Cobarrubias, la industria enfrenta una contracción importante en comparación con los niveles de crecimiento previos a 2019, sin que exista claridad sobre cuándo podría retomarse una tendencia expansiva. A ello se suma el fuerte incremento de los costos de construcción registrado tras la pandemia, fenómeno que también ha impactado a la Región de Magallanes. “Tenemos dos factores increíblemente relevantes para embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Eso nos obliga a pensar cuál será la oportunidad y la envergadura adecuada para iniciar este megaproyecto que sigue siendo un sueño para Cervecería Austral”, afirmó Cobarrubias. Pese a la revisión en curso, el ejecutivo aseguró que la empresa mantiene su intención de concretar la nueva planta. Sin embargo, reconoció que la etapa inicial deberá ajustarse para garantizar la viabilidad económica de la inversión. La nueva infraestructura busca consolidar la presencia de Cervecería Austral tanto en el mercado nacional como internacional, en el marco además de los 130 años de historia de la compañía. Por ahora, la empresa continuará evaluando las condiciones del proyecto antes de definir una nueva fecha para el inicio de las obras.
El megaproyecto químico de la Región de Magallanes HNH Energy solicitó extender el plazo para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el argumento de que necesitan de mayor tiempo que el otorgado. Su inversión total está fijada aproximadamente en US $11 mil millones y tiene como principal objetivo asentarse en la región austral para producir y exportar amoniaco verde: un compuesto químico producido a partir de hidrógeno verde que es una alternativa clave para descarbonizar grandes industrias. El freno al estudio de impacto ambiental En concreto, el pasado viernes 27 de marzo fue que se solicitó una extensión del plazo para presentar el informe y pidieron fijar el 17 de abril para finalizar el procedimiento en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Según pudo constatar Diario Financiero, las razones que presentaron para extender el plazo tienen relación con la consolidación, revisión y edición final de documentos; y verificación de archivos cargados e ingreso. Desde el SEA hubo una rápida respuesta: el director del organismo de la Región de Magallanes, José Luis Riffo, la acogió el mismo viernes 27 de marzo y resolvió que la nueva fecha para presentar el estudio sea la solicitada por HNH Energy. La solicitud corresponde a un ajuste acotado de plazo, orientado a la revisión, edición y consolidación final de los antecedentes (...). Con ello, se busca asegurar la presentación de un documento técnicamente sólido y consistente, que permita dar respuesta clara y completa a las observaciones, explicaron desde la empresa a Diario Financiero. Fuente: meganoticias.cl
En los últimos meses, ha generado debate la suspensión en la tramitación ambiental que enfrentan megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde. Uno de ellos es H2 Magallanes, que está en pausa hasta el 7 de diciembre pese a la solicitud de TotalEnergies de permanecer así hasta el 31 de marzo de 2027. Pero también, debido a la emergencia -en este caso, por los incendios forestales en Biobío- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió hasta el 2 de febrero el proyecto de tierras raras en Penco. Según pudo recoger DF en la plataforma disponible por el SEA, en total, al 6 de febrero, hay 396 proyectos en actual calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de los cuales 293 están suspendidos y 103 activos. Es decir, 74% está suspendido y 26% activo. Y si bien desde la entidad ven que la mayor proporción del tiempo “en pausa”de las iniciativas proviene de la solicitud de extensión solicitadas por los titulares, expertos reconocen preocupación. El SEA aclara que la suspensión del plazo legal en el SEIA no equivale a la paralización de un proyecto ni a que el SEA deje de gestionarlo. Se trata -recalcan- de una figura prevista en la normativa, que opera dentro de un procedimiento con plazos legales muy acotados. Precisan que, del total de iniciativas presentadas, cuyo plazo legal de tramitación está en pausa, solo un 28% corresponde a plazos otorgados por el SEA en el marco de requerimientos técnicos propios del procedimiento. Un 69% se explica por extensiones de suspensión solicitadas por los propios titulares, quienes generalmente lo piden para contar con tiempo adicional para reunir, complementar antecedentes o abordar observaciones asociadas a la complejidad técnica de sus iniciativas. Y el 3% restante obedece a situaciones excepcionales, como medidas provisionales o detenciones derivadas de catástrofes naturales. El SEA dice realizar un monitoreo permanente de los tiempos de evaluación y períodos de detención. “Los niveles actuales de suspensión no constituyen una anomalía del sistema, sino que reflejan el funcionamiento de un procedimiento administrativo altamente reglado, que contempla procesos iterativos de preguntas y respuestas, en los cuales legalmente el SEA se encuentra obligado a otorgar un plazo al titular para que pueda subsanar las observaciones formuladas”, afirma. La lectura de los expertos Consultado por esta alta cifra de proyectos suspendidos, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, es enfático: “La evidencia confirma que la regla general del SEIA es una permanente suspensión. La discrecionalidad administrativa, tanto del SEA como de los demás organismos evaluadores, ha sido el principal causante de este fenómeno, que ha llegado a niveles preocupantes”. Puntualiza que “en los últimos diez años, los tiempos de aprobación de las DIA y EIA aumentaron en un 35% y 58 %, respectivamente. Ese aumento de tiempo se debe a las suspensiones del procedimiento de evaluación, las que a su vez son causadas por los Icsara cada vez más complejos. Ningún esfuerzo para revertir esta tendencia ha dado resultados”. Para la socia del estudio jurídico EELAW, Paulina Riquelme, hay varios elementos en el análisis. Sostiene que las pausas no responden a una estrategia buscada por los proponentes, sino al resultado de exigencias técnicas que materialmente no pueden ser abordadas dentro de los plazos legales ordinarios. “Si bien la suspensión de plazos es una herramienta prevista históricamente en el SEIA y no constituye en sí misma una anomalía, cuando el 74% de los proyectos en calificación se encuentran suspendidos deja de ser un fenómeno normal del sistema y pasa a reflejar una presión estructural”, alerta. Y añade: “La alta proporción de proyectos suspendidos pone en evidencia una brecha creciente entre el aumento sostenido de las exigencias técnicas y la capacidad real del SEA para administrarlas de manera eficiente y focalizada”. De acuerdo con información de Transparencia Activa, precisa, el SEA cuenta con aproximadamente 377 funcionarios, de los cuales solo 112 corresponden a evaluadores ambientales propiamente tales, excluyendo profesionales de participación ciudadana y medio humano. El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, comenta que se utiliza la palabra “suspendido” para dos situaciones diametralmente distintas. El primer tipo, dice, se da en la consulta indígena; y el segundo es en realidad el momento en que los desarrolladores de proyectos contestan las preguntas de la autoridad. “Sería bueno que se clasificaran con palabras distintas ya que requieren medidas de gestión completamente distintas”, dice. Y, en su reflexión, advierte: “Nos hemos acostumbrado a tardar más de dos años en decidir si las medidas ambientales propuestas por un titular son suficientes o no”. El SEA enfatiza que ha fortalecido una agenda orientada a anticipar y reducir la necesidad de suspensiones prolongadas, mediante la mejora continua de la gestión del sistema. Fuente: DF.cl
