El Gobierno confirmó que se encuentra preparando su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la oposición reiterara que recurrirá al organismo para impugnar la megarreforma, particularmente en lo relacionado con las normas sobre invariabilidad tributaria. El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el próximo martes las normas despachadas por el Senado, permitiendo que el proyecto complete su tercer trámite constitucional y quede en condiciones de ser promulgado, sin necesidad de pasar por una comisión mixta. Respecto de la acción que impulsará la oposición ante el Tribunal Constitucional, Alvarado indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia de defensa y que buscará contar con especialistas en derecho constitucional. Según sostuvo, el Ejecutivo considera que las disposiciones sobre invariabilidad tributaria fueron elaboradas con sustento técnico y jurídico. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con las bancadas del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, cuyos parlamentarios han manifestado reparos a algunas modificaciones incorporadas durante la discusión en el Senado. El Ejecutivo espera reunir los respaldos necesarios para que la iniciativa sea despachada en esta etapa de su tramitación legislativa.
Greenpeace manifestó su rechazo a las normas de relocalización incorporadas en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, al señalar que estas permitirían el traslado de concesiones acuícolas hacia áreas marinas protegidas de la zona austral. Según la organización, las disposiciones facilitarían la instalación de centros de cultivo en ecosistemas de alta sensibilidad ambiental. La entidad afirmó que el mecanismo de micro-relocalizaciones fue incorporado sin estudios técnicos que evalúen sus efectos sobre la acumulación de residuos y otros impactos ambientales. En ese contexto, sostuvo que la medida permitiría trasladar operaciones actualmente ubicadas en parques nacionales hacia áreas marinas protegidas. En un documento difundido públicamente, Greenpeace indicó que las nuevas normas beneficiarían a empresas con historial de sanciones ambientales, mencionando el caso de Nova Austral. De acuerdo con la organización, la compañía podría trasladar al menos nueve de sus centros de cultivo a la Reserva Nacional Kawésqar. La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló que las disposiciones fueron incorporadas durante la tramitación legislativa y cuestionó que favorezcan a empresas que han enfrentado sanciones por infracciones ambientales. Asimismo, la organización expresó preocupación por la falta de claridad respecto de la capacidad de carga de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Finalmente, Greenpeace llamó al Senado a revisar estas disposiciones durante la discusión del proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de modificar las normas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.
La Mesa Técnica y Política conformada para abordar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, conocido como megarreforma, sostuvo este viernes una nueva reunión en el Congreso Nacional con el objetivo de avanzar hacia un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y los distintos sectores representados en el Senado. En el encuentro, encabezado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se acordó ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto. De esta forma, la Comisión de Medio Ambiente recibirá propuestas hasta las 20:00 horas del lunes 6, mientras que las comisiones de Trabajo y Hacienda lo harán hasta el miércoles 8 y el viernes 10, respectivamente. Tras la reunión, las autoridades valoraron la disposición al diálogo y manifestaron su optimismo respecto de alcanzar un protocolo de acuerdo durante la próxima semana. Entre los temas abordados estuvieron la rebaja del impuesto de primera categoría, mecanismos de compensación para resguardar los derechos sociales y medidas relacionadas con las contribuciones municipales y la recaudación fiscal. Los distintos representantes coincidieron en la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de las políticas sociales. Asimismo, destacaron que todas las fuerzas políticas participaron en la instancia, reafirmando la voluntad de construir acuerdos transversales durante la tramitación de la iniciativa.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el megaproyecto de Reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en una votación general que obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. La iniciativa, también denominada Plan de Reconstrucción Nacional, continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado. El texto aprobado contempla, entre otros puntos, una rebaja del impuesto corporativo, integración del sistema tributario, invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, exención de contribuciones para adultos mayores, crédito tributario al empleo y medidas vinculadas a permisos e inversión. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la votación como un avance para “aumentar la inversión y el empleo”, mientras que desde la oposición se cuestionó el eventual impacto fiscal de la propuesta. Desde la Región de Magallanes, la diputada Javiera Morales Alvarado cuestionó la aprobación de la iniciativa, señalando que, a su juicio, la reforma implicaría beneficios tributarios para grandes empresas y personas de mayores ingresos. La parlamentaria también criticó la invariabilidad tributaria por 25 años, afirmando que ello limitaría cambios futuros y podría incidir en recortes en salud, educación, vivienda, PGU y otras prestaciones sociales. En la misma línea, el diputado Carlos Bianchi Chelech afirmó que votó en contra de la reforma tributaria, argumentando que beneficiaría “automática e inmediatamente al 2% más rico de Chile”. Respecto a Magallanes, expresó preocupación por eventuales efectos en la red de salud, señalando que el Hospital de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir podrían enfrentar una pérdida cercana a los $4.000 millones, según indicó en su declaración. No obstante, el parlamentario sostuvo que sí respaldó materias vinculadas a permisología, considerando su impacto en actividades productivas como la acuicultura y la salmonicultura. Durante la tramitación en la Cámara se rechazaron artículos relacionados con la eliminación de la franquicia Sence para capacitación laboral y una norma sobre propiedad intelectual que había generado preocupación en actores culturales y medios de comunicación. También fueron aprobadas indicaciones vinculadas a sala cuna, reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe y no cobro de intereses sobre intereses a deudores, aunque el debate continuará en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar nuevas negociaciones.
El Gobierno confirmó que se encuentra preparando su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la oposición reiterara que recurrirá al organismo para impugnar la megarreforma, particularmente en lo relacionado con las normas sobre invariabilidad tributaria. El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el próximo martes las normas despachadas por el Senado, permitiendo que el proyecto complete su tercer trámite constitucional y quede en condiciones de ser promulgado, sin necesidad de pasar por una comisión mixta. Respecto de la acción que impulsará la oposición ante el Tribunal Constitucional, Alvarado indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia de defensa y que buscará contar con especialistas en derecho constitucional. Según sostuvo, el Ejecutivo considera que las disposiciones sobre invariabilidad tributaria fueron elaboradas con sustento técnico y jurídico. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con las bancadas del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, cuyos parlamentarios han manifestado reparos a algunas modificaciones incorporadas durante la discusión en el Senado. El Ejecutivo espera reunir los respaldos necesarios para que la iniciativa sea despachada en esta etapa de su tramitación legislativa.
Greenpeace manifestó su rechazo a las normas de relocalización incorporadas en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, al señalar que estas permitirían el traslado de concesiones acuícolas hacia áreas marinas protegidas de la zona austral. Según la organización, las disposiciones facilitarían la instalación de centros de cultivo en ecosistemas de alta sensibilidad ambiental. La entidad afirmó que el mecanismo de micro-relocalizaciones fue incorporado sin estudios técnicos que evalúen sus efectos sobre la acumulación de residuos y otros impactos ambientales. En ese contexto, sostuvo que la medida permitiría trasladar operaciones actualmente ubicadas en parques nacionales hacia áreas marinas protegidas. En un documento difundido públicamente, Greenpeace indicó que las nuevas normas beneficiarían a empresas con historial de sanciones ambientales, mencionando el caso de Nova Austral. De acuerdo con la organización, la compañía podría trasladar al menos nueve de sus centros de cultivo a la Reserva Nacional Kawésqar. La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló que las disposiciones fueron incorporadas durante la tramitación legislativa y cuestionó que favorezcan a empresas que han enfrentado sanciones por infracciones ambientales. Asimismo, la organización expresó preocupación por la falta de claridad respecto de la capacidad de carga de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Finalmente, Greenpeace llamó al Senado a revisar estas disposiciones durante la discusión del proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de modificar las normas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.
La Mesa Técnica y Política conformada para abordar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, conocido como megarreforma, sostuvo este viernes una nueva reunión en el Congreso Nacional con el objetivo de avanzar hacia un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y los distintos sectores representados en el Senado. En el encuentro, encabezado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se acordó ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto. De esta forma, la Comisión de Medio Ambiente recibirá propuestas hasta las 20:00 horas del lunes 6, mientras que las comisiones de Trabajo y Hacienda lo harán hasta el miércoles 8 y el viernes 10, respectivamente. Tras la reunión, las autoridades valoraron la disposición al diálogo y manifestaron su optimismo respecto de alcanzar un protocolo de acuerdo durante la próxima semana. Entre los temas abordados estuvieron la rebaja del impuesto de primera categoría, mecanismos de compensación para resguardar los derechos sociales y medidas relacionadas con las contribuciones municipales y la recaudación fiscal. Los distintos representantes coincidieron en la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de las políticas sociales. Asimismo, destacaron que todas las fuerzas políticas participaron en la instancia, reafirmando la voluntad de construir acuerdos transversales durante la tramitación de la iniciativa.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el megaproyecto de Reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en una votación general que obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. La iniciativa, también denominada Plan de Reconstrucción Nacional, continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado. El texto aprobado contempla, entre otros puntos, una rebaja del impuesto corporativo, integración del sistema tributario, invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, exención de contribuciones para adultos mayores, crédito tributario al empleo y medidas vinculadas a permisos e inversión. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la votación como un avance para “aumentar la inversión y el empleo”, mientras que desde la oposición se cuestionó el eventual impacto fiscal de la propuesta. Desde la Región de Magallanes, la diputada Javiera Morales Alvarado cuestionó la aprobación de la iniciativa, señalando que, a su juicio, la reforma implicaría beneficios tributarios para grandes empresas y personas de mayores ingresos. La parlamentaria también criticó la invariabilidad tributaria por 25 años, afirmando que ello limitaría cambios futuros y podría incidir en recortes en salud, educación, vivienda, PGU y otras prestaciones sociales. En la misma línea, el diputado Carlos Bianchi Chelech afirmó que votó en contra de la reforma tributaria, argumentando que beneficiaría “automática e inmediatamente al 2% más rico de Chile”. Respecto a Magallanes, expresó preocupación por eventuales efectos en la red de salud, señalando que el Hospital de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir podrían enfrentar una pérdida cercana a los $4.000 millones, según indicó en su declaración. No obstante, el parlamentario sostuvo que sí respaldó materias vinculadas a permisología, considerando su impacto en actividades productivas como la acuicultura y la salmonicultura. Durante la tramitación en la Cámara se rechazaron artículos relacionados con la eliminación de la franquicia Sence para capacitación laboral y una norma sobre propiedad intelectual que había generado preocupación en actores culturales y medios de comunicación. También fueron aprobadas indicaciones vinculadas a sala cuna, reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe y no cobro de intereses sobre intereses a deudores, aunque el debate continuará en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar nuevas negociaciones.
