El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, realizó una extensa evaluación de la agenda económica y legislativa del Gobierno durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde criticó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, defendió una mayor protección para los derechos sociales, abordó el desarrollo de proyectos estratégicos para Magallanes y planteó la necesidad de reformular el modelo de Zona Franca. Uno de los principales cuestionamientos del parlamentario apuntó a la reforma tributaria, la que —según sostuvo— beneficia principalmente a las grandes empresas y no entrega respuestas inmediatas a la ciudadanía. Este proyecto, Christopher, que beneficia al 1% más rico que hace que esa empresa millonaria pague menos impuestos, pero que los socios de esas empresas no paguen el impuesto a la utilidad, a la ganancia. (...) A mí no me dio para respaldar algo que solo va a beneficiar a este 1% más rico. ¿Y qué pasa con el resto de la gente?, afirmó. Bianchi también criticó el acuerdo alcanzado para incorporar una devolución parcial del IVA en la compra de pañales y algunos medicamentos, asegurando que el beneficio es insuficiente y de difícil acceso para las familias. En resumen, lo que negoció Quiroz con este partido, comillas de la gente es que si es que la persona primero tiene que comprar con una boleta electrónica, luego tiene que imprimir la boleta electrónica. Luego postula a una probable rebaja y después de 2 meses. Si es que el Estado le devuelve 3534 pesos. En ese contexto, anunció que votará en contra del proyecto cuando sea discutido en la Cámara. Vamos a votar este proyecto la próxima semana. Tal cual está por supuesto que yo no lo voy a votar a favor, vamos a hacer juicios críticos muy fuertes porque no estamos para que haya una burla pocas veces vista antes hacia la gente. Respecto de los argumentos del Gobierno sobre los efectos futuros de la reforma, el diputado cuestionó que se solicite a la población asumir sacrificios durante varios años antes de ver resultados. Tú no puedes decirle a un país entero que hay que pagar este costo y que se aguanten. Que se la banquen 10 años, 5 años, porque si no, bueno, para qué está administrando cuando lo que debiera ser un administrador, un presidente de la República o presidenta o el gobierno que sea primero es gobernar, administrar. Proyecto para proteger beneficios sociales Durante la conversación, Bianchi explicó que presentó una reforma constitucional inspirada en el principio de invariabilidad que el Ejecutivo propone para las grandes inversiones, pero orientada a resguardar beneficios sociales. Según explicó, la iniciativa busca impedir que futuros gobiernos modifiquen durante un período determinado materias como pensiones, beneficios previsionales y derechos laborales. Yo hice un proyecto de ley de reforma constitucional que lo que hace es aplicar la misma invariabilidad que este gobierno aplica para las grandes inversiones. Para las personas. Añadió que la propuesta busca entregar estabilidad a quienes dependen de políticas públicas. Yo quiero ver si eso aplica también para proteger, sobre todo las pensiones y sobre todo los temas laborales. Desarrollo de Magallanes En materia regional, el parlamentario manifestó que Magallanes posee condiciones únicas para transformarse en uno de los principales polos de crecimiento económico del país gracias a la diversidad de su matriz productiva. Somos la región que tiene la mayor diversificación económica. Gas, petróleo, carbón, hidrógeno verde, pesca, acuicultura, salmonicultura, turismo, maderero, ganadero. O sea, no hay ninguna región de Chile, ninguna, ninguna que tenga esta matriz tan diversificada como nosotros. En esa línea, sostuvo que la región podría crecer por sobre el promedio nacional. Yo creo que Magallanes puede crecer sobre el 5%, sobre el 5%, sobre el 4%. El diputado llamó además a acelerar inversiones en infraestructura portuaria, conectividad y proyectos energéticos, señalando que el desarrollo regional requiere liderazgo y mayor coordinación público-privada. Tenemos un futuro promisorio. Diría que tenemos una región no solo maravillosa, hermosa, una Patagonia hermosa que ya se la quisiera cualquier país del mundo, pero nos falta creernos esta historia y nos falta un liderazgo fuerte que conecte toda esta diversificación económica con el resto del mundo para llevar a cabo inversiones mucho más grandes que la que tenemos hoy día. Asimismo, manifestó su respaldo a las iniciativas que generen empleo respetando la normativa ambiental. Hay que apoyar y hay que respaldar absolutamente toda actividad que genere buen trabajo, que respete el medio ambiente, que cumpla con las normas. Críticas al modelo de Zona Franca Otro de los temas abordados fue el futuro de la concesión de Zona Franca, cuyo contrato vence en los próximos años. Bianchi sostuvo que el sistema perdió parte de su objetivo original de regular precios para los habitantes de la región. Zona Franca dejó el espíritu inicial que era de regulación de los precios. A juicio del legislador, el modelo debe ser revisado antes de una eventual nueva licitación. Yo espero que haya una administración distinta. Espero que en esto haya una participación distinta de la gobernación, que tenga una administración más involucrada, no solo recibir el cheque una vez al año. Finalmente, manifestó su intención de reunirse con empresarios y usuarios históricos del recinto franco para conocer sus propuestas de cara a la futura administración. Tengo todo el deseo de juntarme con los verdaderos actores de la Zona Franca, con los que llevan años haciendo, dando trabajo, haciendo empresa con mucho esfuerzo, magallánicos renombrados que están allí. Me encantaría volver a juntarme para conocer detalles de cómo ellos proyectan la Zona Franca.
La aprobación de casi la totalidad de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no puso fin a la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados este martes, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva que habían anticipado durante la tramitación de la iniciativa e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones más relevantes. Aunque las presentaciones tienen distintos patrocinantes, todas apuntan a frenar normas que la oposición considera incompatibles con la Constitución. Dos de ellas se enfocan en el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, mientras que la tercera cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma El primero de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que crean un régimen de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones por plazos de 10, 15 y hasta 20 años. En la presentación, los parlamentarios sostienen que impedir durante esos períodos la modificación de determinadas reglas tributarias vulnera el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuros gobiernos y del Congreso para modificar la legislación tributaria. A juicio de los requirentes, el proyecto no solo protege los contratos que eventualmente se suscriban con inversionistas, sino que busca hacer inalterables las propias normas legales, lo que califican como incompatible con una república democrática. El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas La segunda acción constitucional también fue ingresada por senadores y apunta a los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecen un régimen especial de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada mediante una sentencia firme. La norma permitiría que el titular de un proyecto reciba una compensación con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin necesidad de acreditar una falta de servicio por parte del Estado. Según el requerimiento, ello configura un estatuto privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y puede afectar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, advierte que la anulación de una RCA puede obedecer tanto a errores de la administración como a deficiencias del propio proyecto, por lo que consideran injustificado que el Estado deba asumir ese costo. El requerimiento de diputados de oposición La última presentación fue patrocinada por diputados de oposición y también centra sus cuestionamientos en la invariabilidad tributaria, aunque amplía las objeciones constitucionales respecto del diseño del proyecto. Los parlamentarios sostienen que permitir que una ley establezca su propia invariabilidad abre la puerta a que futuras legislaciones pretendan hacer lo mismo, afectando las potestades del Congreso y el funcionamiento del sistema democrático. En el escrito incluso se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”. Con los tres requerimientos ya ingresados, el Tribunal Constitucional deberá revisar primero si cumplen los requisitos de admisibilidad. En caso de acogerlos a trámite, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones y determinar si las normas cuestionadas se ajustan o no a la Constitución antes de la promulgación definitiva de la megarreforma. Fuente: biobiochile.cl
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
El Gobierno confirmó que se encuentra preparando su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la oposición reiterara que recurrirá al organismo para impugnar la megarreforma, particularmente en lo relacionado con las normas sobre invariabilidad tributaria. El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el próximo martes las normas despachadas por el Senado, permitiendo que el proyecto complete su tercer trámite constitucional y quede en condiciones de ser promulgado, sin necesidad de pasar por una comisión mixta. Respecto de la acción que impulsará la oposición ante el Tribunal Constitucional, Alvarado indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia de defensa y que buscará contar con especialistas en derecho constitucional. Según sostuvo, el Ejecutivo considera que las disposiciones sobre invariabilidad tributaria fueron elaboradas con sustento técnico y jurídico. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con las bancadas del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, cuyos parlamentarios han manifestado reparos a algunas modificaciones incorporadas durante la discusión en el Senado. El Ejecutivo espera reunir los respaldos necesarios para que la iniciativa sea despachada en esta etapa de su tramitación legislativa.
Greenpeace manifestó su rechazo a las normas de relocalización incorporadas en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, al señalar que estas permitirían el traslado de concesiones acuícolas hacia áreas marinas protegidas de la zona austral. Según la organización, las disposiciones facilitarían la instalación de centros de cultivo en ecosistemas de alta sensibilidad ambiental. La entidad afirmó que el mecanismo de micro-relocalizaciones fue incorporado sin estudios técnicos que evalúen sus efectos sobre la acumulación de residuos y otros impactos ambientales. En ese contexto, sostuvo que la medida permitiría trasladar operaciones actualmente ubicadas en parques nacionales hacia áreas marinas protegidas. En un documento difundido públicamente, Greenpeace indicó que las nuevas normas beneficiarían a empresas con historial de sanciones ambientales, mencionando el caso de Nova Austral. De acuerdo con la organización, la compañía podría trasladar al menos nueve de sus centros de cultivo a la Reserva Nacional Kawésqar. La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló que las disposiciones fueron incorporadas durante la tramitación legislativa y cuestionó que favorezcan a empresas que han enfrentado sanciones por infracciones ambientales. Asimismo, la organización expresó preocupación por la falta de claridad respecto de la capacidad de carga de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Finalmente, Greenpeace llamó al Senado a revisar estas disposiciones durante la discusión del proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de modificar las normas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.
El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, realizó una extensa evaluación de la agenda económica y legislativa del Gobierno durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde criticó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, defendió una mayor protección para los derechos sociales, abordó el desarrollo de proyectos estratégicos para Magallanes y planteó la necesidad de reformular el modelo de Zona Franca. Uno de los principales cuestionamientos del parlamentario apuntó a la reforma tributaria, la que —según sostuvo— beneficia principalmente a las grandes empresas y no entrega respuestas inmediatas a la ciudadanía. Este proyecto, Christopher, que beneficia al 1% más rico que hace que esa empresa millonaria pague menos impuestos, pero que los socios de esas empresas no paguen el impuesto a la utilidad, a la ganancia. (...) A mí no me dio para respaldar algo que solo va a beneficiar a este 1% más rico. ¿Y qué pasa con el resto de la gente?, afirmó. Bianchi también criticó el acuerdo alcanzado para incorporar una devolución parcial del IVA en la compra de pañales y algunos medicamentos, asegurando que el beneficio es insuficiente y de difícil acceso para las familias. En resumen, lo que negoció Quiroz con este partido, comillas de la gente es que si es que la persona primero tiene que comprar con una boleta electrónica, luego tiene que imprimir la boleta electrónica. Luego postula a una probable rebaja y después de 2 meses. Si es que el Estado le devuelve 3534 pesos. En ese contexto, anunció que votará en contra del proyecto cuando sea discutido en la Cámara. Vamos a votar este proyecto la próxima semana. Tal cual está por supuesto que yo no lo voy a votar a favor, vamos a hacer juicios críticos muy fuertes porque no estamos para que haya una burla pocas veces vista antes hacia la gente. Respecto de los argumentos del Gobierno sobre los efectos futuros de la reforma, el diputado cuestionó que se solicite a la población asumir sacrificios durante varios años antes de ver resultados. Tú no puedes decirle a un país entero que hay que pagar este costo y que se aguanten. Que se la banquen 10 años, 5 años, porque si no, bueno, para qué está administrando cuando lo que debiera ser un administrador, un presidente de la República o presidenta o el gobierno que sea primero es gobernar, administrar. Proyecto para proteger beneficios sociales Durante la conversación, Bianchi explicó que presentó una reforma constitucional inspirada en el principio de invariabilidad que el Ejecutivo propone para las grandes inversiones, pero orientada a resguardar beneficios sociales. Según explicó, la iniciativa busca impedir que futuros gobiernos modifiquen durante un período determinado materias como pensiones, beneficios previsionales y derechos laborales. Yo hice un proyecto de ley de reforma constitucional que lo que hace es aplicar la misma invariabilidad que este gobierno aplica para las grandes inversiones. Para las personas. Añadió que la propuesta busca entregar estabilidad a quienes dependen de políticas públicas. Yo quiero ver si eso aplica también para proteger, sobre todo las pensiones y sobre todo los temas laborales. Desarrollo de Magallanes En materia regional, el parlamentario manifestó que Magallanes posee condiciones únicas para transformarse en uno de los principales polos de crecimiento económico del país gracias a la diversidad de su matriz productiva. Somos la región que tiene la mayor diversificación económica. Gas, petróleo, carbón, hidrógeno verde, pesca, acuicultura, salmonicultura, turismo, maderero, ganadero. O sea, no hay ninguna región de Chile, ninguna, ninguna que tenga esta matriz tan diversificada como nosotros. En esa línea, sostuvo que la región podría crecer por sobre el promedio nacional. Yo creo que Magallanes puede crecer sobre el 5%, sobre el 5%, sobre el 4%. El diputado llamó además a acelerar inversiones en infraestructura portuaria, conectividad y proyectos energéticos, señalando que el desarrollo regional requiere liderazgo y mayor coordinación público-privada. Tenemos un futuro promisorio. Diría que tenemos una región no solo maravillosa, hermosa, una Patagonia hermosa que ya se la quisiera cualquier país del mundo, pero nos falta creernos esta historia y nos falta un liderazgo fuerte que conecte toda esta diversificación económica con el resto del mundo para llevar a cabo inversiones mucho más grandes que la que tenemos hoy día. Asimismo, manifestó su respaldo a las iniciativas que generen empleo respetando la normativa ambiental. Hay que apoyar y hay que respaldar absolutamente toda actividad que genere buen trabajo, que respete el medio ambiente, que cumpla con las normas. Críticas al modelo de Zona Franca Otro de los temas abordados fue el futuro de la concesión de Zona Franca, cuyo contrato vence en los próximos años. Bianchi sostuvo que el sistema perdió parte de su objetivo original de regular precios para los habitantes de la región. Zona Franca dejó el espíritu inicial que era de regulación de los precios. A juicio del legislador, el modelo debe ser revisado antes de una eventual nueva licitación. Yo espero que haya una administración distinta. Espero que en esto haya una participación distinta de la gobernación, que tenga una administración más involucrada, no solo recibir el cheque una vez al año. Finalmente, manifestó su intención de reunirse con empresarios y usuarios históricos del recinto franco para conocer sus propuestas de cara a la futura administración. Tengo todo el deseo de juntarme con los verdaderos actores de la Zona Franca, con los que llevan años haciendo, dando trabajo, haciendo empresa con mucho esfuerzo, magallánicos renombrados que están allí. Me encantaría volver a juntarme para conocer detalles de cómo ellos proyectan la Zona Franca.
La aprobación de casi la totalidad de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no puso fin a la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados este martes, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva que habían anticipado durante la tramitación de la iniciativa e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones más relevantes. Aunque las presentaciones tienen distintos patrocinantes, todas apuntan a frenar normas que la oposición considera incompatibles con la Constitución. Dos de ellas se enfocan en el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, mientras que la tercera cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma El primero de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que crean un régimen de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones por plazos de 10, 15 y hasta 20 años. En la presentación, los parlamentarios sostienen que impedir durante esos períodos la modificación de determinadas reglas tributarias vulnera el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuros gobiernos y del Congreso para modificar la legislación tributaria. A juicio de los requirentes, el proyecto no solo protege los contratos que eventualmente se suscriban con inversionistas, sino que busca hacer inalterables las propias normas legales, lo que califican como incompatible con una república democrática. El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas La segunda acción constitucional también fue ingresada por senadores y apunta a los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecen un régimen especial de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada mediante una sentencia firme. La norma permitiría que el titular de un proyecto reciba una compensación con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin necesidad de acreditar una falta de servicio por parte del Estado. Según el requerimiento, ello configura un estatuto privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y puede afectar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, advierte que la anulación de una RCA puede obedecer tanto a errores de la administración como a deficiencias del propio proyecto, por lo que consideran injustificado que el Estado deba asumir ese costo. El requerimiento de diputados de oposición La última presentación fue patrocinada por diputados de oposición y también centra sus cuestionamientos en la invariabilidad tributaria, aunque amplía las objeciones constitucionales respecto del diseño del proyecto. Los parlamentarios sostienen que permitir que una ley establezca su propia invariabilidad abre la puerta a que futuras legislaciones pretendan hacer lo mismo, afectando las potestades del Congreso y el funcionamiento del sistema democrático. En el escrito incluso se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”. Con los tres requerimientos ya ingresados, el Tribunal Constitucional deberá revisar primero si cumplen los requisitos de admisibilidad. En caso de acogerlos a trámite, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones y determinar si las normas cuestionadas se ajustan o no a la Constitución antes de la promulgación definitiva de la megarreforma. Fuente: biobiochile.cl
Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones. Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados. Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto. La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio). No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración. Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir , ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales. Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo). Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso. El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto. Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda. Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto. Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar. La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial). La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso. No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico. El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación. Fuente: latercera.com
El Gobierno confirmó que se encuentra preparando su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la oposición reiterara que recurrirá al organismo para impugnar la megarreforma, particularmente en lo relacionado con las normas sobre invariabilidad tributaria. El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe el próximo martes las normas despachadas por el Senado, permitiendo que el proyecto complete su tercer trámite constitucional y quede en condiciones de ser promulgado, sin necesidad de pasar por una comisión mixta. Respecto de la acción que impulsará la oposición ante el Tribunal Constitucional, Alvarado indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia de defensa y que buscará contar con especialistas en derecho constitucional. Según sostuvo, el Ejecutivo considera que las disposiciones sobre invariabilidad tributaria fueron elaboradas con sustento técnico y jurídico. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con las bancadas del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, cuyos parlamentarios han manifestado reparos a algunas modificaciones incorporadas durante la discusión en el Senado. El Ejecutivo espera reunir los respaldos necesarios para que la iniciativa sea despachada en esta etapa de su tramitación legislativa.
Greenpeace manifestó su rechazo a las normas de relocalización incorporadas en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, al señalar que estas permitirían el traslado de concesiones acuícolas hacia áreas marinas protegidas de la zona austral. Según la organización, las disposiciones facilitarían la instalación de centros de cultivo en ecosistemas de alta sensibilidad ambiental. La entidad afirmó que el mecanismo de micro-relocalizaciones fue incorporado sin estudios técnicos que evalúen sus efectos sobre la acumulación de residuos y otros impactos ambientales. En ese contexto, sostuvo que la medida permitiría trasladar operaciones actualmente ubicadas en parques nacionales hacia áreas marinas protegidas. En un documento difundido públicamente, Greenpeace indicó que las nuevas normas beneficiarían a empresas con historial de sanciones ambientales, mencionando el caso de Nova Austral. De acuerdo con la organización, la compañía podría trasladar al menos nueve de sus centros de cultivo a la Reserva Nacional Kawésqar. La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló que las disposiciones fueron incorporadas durante la tramitación legislativa y cuestionó que favorezcan a empresas que han enfrentado sanciones por infracciones ambientales. Asimismo, la organización expresó preocupación por la falta de claridad respecto de la capacidad de carga de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Finalmente, Greenpeace llamó al Senado a revisar estas disposiciones durante la discusión del proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de modificar las normas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.
