El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde – HNH ENERGY”, según el Informe Consolidado de Evaluación emitido este martes. La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años. El desarrollo considera la construcción de una planta de procesos para producir amoníaco a partir de hidrógeno verde y una planta desaladora de agua de mar que abastecerá tanto la producción de hidrógeno como el funcionamiento del resto de las instalaciones. Asimimo, un parque eólico de 194 aerogeneradores con capacidad de 1,4 gigawatts para suministrar la energía eléctrica requerida, y un puerto con instalaciones para almacenar y exportar el amoníaco por vía marítima, además de recibir las piezas y partes del proyecto. Casi 7.000 empleos entre construcción, operación y cierre En materia de empleo, el informe consigna un máximo de 3.998 trabajadores durante la fase de construcción, 1.777 en la fase de operación y 1.110 en la etapa de cierre, lo que totaliza 6.885 personas a lo largo de las tres fases. Para alojar a quienes requieran permanencia en la zona, el proyecto contempla la habilitación de dos campamentos, identificados en el expediente como campamento 1.000 y campamento 3.000. El cierre del proyecto está previsto para iniciarse durante el primer semestre de 2083 y concluir en el segundo semestre de 2084, con la restauración de geoformas como última acción. Las municipalidades de Punta Arenas, San Gregorio y Laguna Blanca figuran entre los organismos convocados a pronunciarse sobre el informe. Por su envergadura y sus componentes, la iniciativa ingresó al sistema bajo múltiples tipologías de evaluación, entre ellas líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, subestaciones, centrales generadoras de energía superiores a 3 megawatts, terminales marítimos, emisarios submarinos, instalaciones fabriles sobre 2.000 KVA y proyectos de extracción de áridos. Durante la tramitación, el titular incorporó una serie de compromisos ambientales voluntarios recogidos en el informe, entre los que figuran la construcción de miradores interpretativos sobre el paisaje denominados Aikes y la gestión activa del patrimonio cultural de la Zona Típica Estancia San Gregorio con monitoreo de vibraciones sobre sus edificaciones. A eso se suma un plan de gestión vial, la promoción de la contratación de mano de obra local, un programa de buenas prácticas sociolaborales y el seguimiento de avifauna mediante monitoreo de carcasas en el entorno de los aerogeneradores. SEA valora que el titular subsanó los errores planteados durante la evaluación El SEA fundamentó su recomendación en que el titular subsanó los errores, omisiones e inexactitudes planteados durante la evaluación, que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable, con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales, que se hace cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que dieron origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental. El informe del SEA también establece que el proyecto se desarrollará por etapas, y que una segunda fase, correspondiente a un parque eólico adicional de aproximadamente 2,1 gigawatts, será evaluada ambientalmente en su oportunidad como un proyecto futuro, con el objetivo de entregar energía complementaria para que la planta opere a su máxima capacidad de producción. El plazo para que los organismos con competencia ambiental visen el Informe Consolidado de Evaluación vence el 24 de agosto, según el oficio remitido por el SEA. Entre los servicios que ya se pronunciaron figura el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Magallanes, que informó no tener observaciones. Fuente: cnnchile.com
Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$70.603 millones entre enero y julio de 2026, registrando un crecimiento de 15% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaborado con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas. La minería concentró el 61,4% de los envíos, con retornos por US$43.335 millones, un 21,7% más que en igual período de 2025. El cobre alcanzó US$35.605 millones, mientras que el litio llegó a US$3.713 millones, prácticamente triplicando sus retornos. En tanto, las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones, con un crecimiento de 5,8%. Dentro de este grupo destacó el sector de alimentos, cuyos envíos alcanzaron un nuevo máximo histórico de US$8.306 millones, cifra que representa el 31% de las exportaciones no mineras. Entre enero y julio, los alimentos chilenos llegaron a 147 mercados en los cinco continentes. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con US$2.335 millones, equivalente a cerca del 30% de las exportaciones del sector. Le siguieron Japón, Brasil, China, México y Corea del Sur. Entre los productos que registraron mayores aumentos destacaron los salmónidos, mejillones, berries congelados, carne bovina, leche en polvo y condensada, cerezas congeladas y aceite de oliva. Desde la SUBREI destacaron que el récord de las exportaciones de alimentos refleja la diversificación de la oferta chilena y la capacidad del sector para ampliar su presencia internacional. En julio, además, las exportaciones totales alcanzaron US$10.248 millones, el mayor valor registrado para ese mes.
La Universidad de Magallanes realizará el miércoles 19 de agosto el lanzamiento oficial de TELARES, proyecto institucional cuyo nombre corresponde a “Transformación Educativa y Lugares Abiertos para Redes y Encuentros de Saberes”. La iniciativa cuenta con financiamiento del fondo Conocimientos 2030 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y considera una inversión superior a los $1.200 millones durante seis años. El proyecto busca desarrollar un modelo educativo interdisciplinario e inclusivo que articule las carreras de Psicología, Trabajo Social y Derecho, además de los programas de Magíster en Ciencias Sociales y Psicobiología del Desarrollo Humano. Entre sus acciones contempla la creación de un Centro Psico-socio-jurídico, pensado para integrar servicios de estas disciplinas y entregar atención, asistencia y asesoría a poblaciones vulnerables. El lanzamiento se realizará a partir de las 09:00 horas en el auditorio Ernesto Livacic del campus central de la UMAG. La jornada contempla la presentación del proyecto, a cargo del académico de Psicología Herman Elgueta, y una charla magistral del psicólogo y especialista en psicología comunitaria Ricardo Pérez-Luco, de la Universidad de La Frontera. La actividad finalizará con un espacio de diálogo sobre interdisciplinariedad y territorio. La directora titular del proyecto y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG, Marlene Alvarado Arteaga, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo de la universidad con las necesidades y desafíos de la comunidad regional. El lanzamiento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de UMAG TV.
Más de $617 millones fueron incorporados al presupuesto del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para financiar el pago de incentivos al retiro de 16 docentes y 12 asistentes de la educación, luego de una serie de gestiones y fiscalizaciones impulsadas por el diputado Alejandro Riquelme (PRep) ante distintas autoridades de Educación y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Las gestiones comenzaron el 22 de mayo, cuando Riquelme sostuvo una reunión con el seremi de Educación, Raúl Álvarado, oportunidad en que tomó conocimiento de los retrasos que afectaban a trabajadores de la educación de Magallanes que llevaban años esperando la materialización de beneficios que les correspondían legalmente. Ante esta situación, el pasado 9 de junio, el parlamentario formalizó sus gestiones mediante oficios dirigidos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y al Ministerio de Educación (Mineduc), solicitando conocer el estado de los procesos presupuestarios, los recursos comprometidos y pendientes de transferencia y las coordinaciones realizadas para asegurar el pago de las bonificaciones. En el oficio enviado a Dipres, se dejó constancia de la preocupación existente por docentes del proceso 2022 que todavía se encontraban esperando sus recursos. Las gestiones continuaron el 27 de julio, durante una reunión con la directiva del Colegio de Profesores, donde Riquelme informó las acciones de fiscalización que se encontraban en curso. Dos días después, el diputado abordó directamente esta situación con el director del SLEP Magallanes, buscando avanzar en una solución para los beneficiarios pendientes. Finalmente, el 6 de agosto, la Dipres respondió oficialmente al requerimiento parlamentario y confirmó que, mediante el Decreto de Modificación Presupuestaria N.º 565 del Ministerio de Hacienda, se incrementaron en $617.576.000 los recursos del SLEP Magallanes, destinados específicamente a financiar el incentivo al retiro de 12 asistentes de la educación y 16 docentes. “Comenzamos estas gestiones en mayo porque había profesores y asistentes de la educación que habían cumplido con todos los requisitos y seguían esperando recursos que les corresponden. Hoy tenemos un resultado concreto: se destrabaron más de 617 millones de pesos para Magallanes que permitirán financiar el retiro de 28 trabajadores de la educación”, destacó Riquelme. El parlamentario señaló que la gestión, sin embargo, no termina con la disponibilidad presupuestaria, ya que ahora corresponde avanzar en la materialización efectiva de los pagos. “Los recursos están. Ahora esperamos que el Mineduc y el SLEP actúen con la misma rapidez para que este dinero llegue efectivamente a los docentes y asistentes que llevan años esperando. Vamos a seguir fiscalizando hasta que el último de ellos reciba lo que por ley le corresponde”, enfatizó. Riquelme agregó que continuará realizando seguimiento al proceso, especialmente considerando que Dipres informó que el Mineduc debe solicitar los respectivos recursos de caja antes de efectuar los pagos, por lo que todavía existen actuaciones administrativas que deben concretarse para que los beneficiarios reciban finalmente sus incentivos.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) abrió la convocatoria 2026 para financiar proyectos de investigación e innovación en seguridad y salud en el trabajo. El proceso contempla un presupuesto de $1.664 millones y está dirigido a universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y personas investigadoras. Las postulaciones estarán abiertas entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través de la plataforma Fondos.gob.cl. Los recursos provienen del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la Ley N°16.744. Entre las áreas priorizadas para esta versión se encuentran la salud mental y los riesgos psicosociales, la aplicación de inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales, los trastornos musculoesqueléticos y la ergonomía. También se consideran iniciativas relacionadas con vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, control de factores de riesgo ocupacional y nuevas estrategias de gestión preventiva. La convocatoria contempla además proyectos especiales relacionados con la prevención de la silicosis y la hipoacusia de origen ocupacional, la evaluación ergonómica de manipuladoras y manipuladores de alimentos de Junaeb, las condiciones laborales de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y los efectos de la exposición a solventes y plaguicidas en la salud de las personas trabajadoras.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde – HNH ENERGY”, según el Informe Consolidado de Evaluación emitido este martes. La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años. El desarrollo considera la construcción de una planta de procesos para producir amoníaco a partir de hidrógeno verde y una planta desaladora de agua de mar que abastecerá tanto la producción de hidrógeno como el funcionamiento del resto de las instalaciones. Asimimo, un parque eólico de 194 aerogeneradores con capacidad de 1,4 gigawatts para suministrar la energía eléctrica requerida, y un puerto con instalaciones para almacenar y exportar el amoníaco por vía marítima, además de recibir las piezas y partes del proyecto. Casi 7.000 empleos entre construcción, operación y cierre En materia de empleo, el informe consigna un máximo de 3.998 trabajadores durante la fase de construcción, 1.777 en la fase de operación y 1.110 en la etapa de cierre, lo que totaliza 6.885 personas a lo largo de las tres fases. Para alojar a quienes requieran permanencia en la zona, el proyecto contempla la habilitación de dos campamentos, identificados en el expediente como campamento 1.000 y campamento 3.000. El cierre del proyecto está previsto para iniciarse durante el primer semestre de 2083 y concluir en el segundo semestre de 2084, con la restauración de geoformas como última acción. Las municipalidades de Punta Arenas, San Gregorio y Laguna Blanca figuran entre los organismos convocados a pronunciarse sobre el informe. Por su envergadura y sus componentes, la iniciativa ingresó al sistema bajo múltiples tipologías de evaluación, entre ellas líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, subestaciones, centrales generadoras de energía superiores a 3 megawatts, terminales marítimos, emisarios submarinos, instalaciones fabriles sobre 2.000 KVA y proyectos de extracción de áridos. Durante la tramitación, el titular incorporó una serie de compromisos ambientales voluntarios recogidos en el informe, entre los que figuran la construcción de miradores interpretativos sobre el paisaje denominados Aikes y la gestión activa del patrimonio cultural de la Zona Típica Estancia San Gregorio con monitoreo de vibraciones sobre sus edificaciones. A eso se suma un plan de gestión vial, la promoción de la contratación de mano de obra local, un programa de buenas prácticas sociolaborales y el seguimiento de avifauna mediante monitoreo de carcasas en el entorno de los aerogeneradores. SEA valora que el titular subsanó los errores planteados durante la evaluación El SEA fundamentó su recomendación en que el titular subsanó los errores, omisiones e inexactitudes planteados durante la evaluación, que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable, con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales, que se hace cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que dieron origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental. El informe del SEA también establece que el proyecto se desarrollará por etapas, y que una segunda fase, correspondiente a un parque eólico adicional de aproximadamente 2,1 gigawatts, será evaluada ambientalmente en su oportunidad como un proyecto futuro, con el objetivo de entregar energía complementaria para que la planta opere a su máxima capacidad de producción. El plazo para que los organismos con competencia ambiental visen el Informe Consolidado de Evaluación vence el 24 de agosto, según el oficio remitido por el SEA. Entre los servicios que ya se pronunciaron figura el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Magallanes, que informó no tener observaciones. Fuente: cnnchile.com
Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$70.603 millones entre enero y julio de 2026, registrando un crecimiento de 15% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaborado con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas. La minería concentró el 61,4% de los envíos, con retornos por US$43.335 millones, un 21,7% más que en igual período de 2025. El cobre alcanzó US$35.605 millones, mientras que el litio llegó a US$3.713 millones, prácticamente triplicando sus retornos. En tanto, las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones, con un crecimiento de 5,8%. Dentro de este grupo destacó el sector de alimentos, cuyos envíos alcanzaron un nuevo máximo histórico de US$8.306 millones, cifra que representa el 31% de las exportaciones no mineras. Entre enero y julio, los alimentos chilenos llegaron a 147 mercados en los cinco continentes. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con US$2.335 millones, equivalente a cerca del 30% de las exportaciones del sector. Le siguieron Japón, Brasil, China, México y Corea del Sur. Entre los productos que registraron mayores aumentos destacaron los salmónidos, mejillones, berries congelados, carne bovina, leche en polvo y condensada, cerezas congeladas y aceite de oliva. Desde la SUBREI destacaron que el récord de las exportaciones de alimentos refleja la diversificación de la oferta chilena y la capacidad del sector para ampliar su presencia internacional. En julio, además, las exportaciones totales alcanzaron US$10.248 millones, el mayor valor registrado para ese mes.
La Universidad de Magallanes realizará el miércoles 19 de agosto el lanzamiento oficial de TELARES, proyecto institucional cuyo nombre corresponde a “Transformación Educativa y Lugares Abiertos para Redes y Encuentros de Saberes”. La iniciativa cuenta con financiamiento del fondo Conocimientos 2030 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y considera una inversión superior a los $1.200 millones durante seis años. El proyecto busca desarrollar un modelo educativo interdisciplinario e inclusivo que articule las carreras de Psicología, Trabajo Social y Derecho, además de los programas de Magíster en Ciencias Sociales y Psicobiología del Desarrollo Humano. Entre sus acciones contempla la creación de un Centro Psico-socio-jurídico, pensado para integrar servicios de estas disciplinas y entregar atención, asistencia y asesoría a poblaciones vulnerables. El lanzamiento se realizará a partir de las 09:00 horas en el auditorio Ernesto Livacic del campus central de la UMAG. La jornada contempla la presentación del proyecto, a cargo del académico de Psicología Herman Elgueta, y una charla magistral del psicólogo y especialista en psicología comunitaria Ricardo Pérez-Luco, de la Universidad de La Frontera. La actividad finalizará con un espacio de diálogo sobre interdisciplinariedad y territorio. La directora titular del proyecto y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG, Marlene Alvarado Arteaga, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo de la universidad con las necesidades y desafíos de la comunidad regional. El lanzamiento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de UMAG TV.
Más de $617 millones fueron incorporados al presupuesto del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para financiar el pago de incentivos al retiro de 16 docentes y 12 asistentes de la educación, luego de una serie de gestiones y fiscalizaciones impulsadas por el diputado Alejandro Riquelme (PRep) ante distintas autoridades de Educación y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Las gestiones comenzaron el 22 de mayo, cuando Riquelme sostuvo una reunión con el seremi de Educación, Raúl Álvarado, oportunidad en que tomó conocimiento de los retrasos que afectaban a trabajadores de la educación de Magallanes que llevaban años esperando la materialización de beneficios que les correspondían legalmente. Ante esta situación, el pasado 9 de junio, el parlamentario formalizó sus gestiones mediante oficios dirigidos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y al Ministerio de Educación (Mineduc), solicitando conocer el estado de los procesos presupuestarios, los recursos comprometidos y pendientes de transferencia y las coordinaciones realizadas para asegurar el pago de las bonificaciones. En el oficio enviado a Dipres, se dejó constancia de la preocupación existente por docentes del proceso 2022 que todavía se encontraban esperando sus recursos. Las gestiones continuaron el 27 de julio, durante una reunión con la directiva del Colegio de Profesores, donde Riquelme informó las acciones de fiscalización que se encontraban en curso. Dos días después, el diputado abordó directamente esta situación con el director del SLEP Magallanes, buscando avanzar en una solución para los beneficiarios pendientes. Finalmente, el 6 de agosto, la Dipres respondió oficialmente al requerimiento parlamentario y confirmó que, mediante el Decreto de Modificación Presupuestaria N.º 565 del Ministerio de Hacienda, se incrementaron en $617.576.000 los recursos del SLEP Magallanes, destinados específicamente a financiar el incentivo al retiro de 12 asistentes de la educación y 16 docentes. “Comenzamos estas gestiones en mayo porque había profesores y asistentes de la educación que habían cumplido con todos los requisitos y seguían esperando recursos que les corresponden. Hoy tenemos un resultado concreto: se destrabaron más de 617 millones de pesos para Magallanes que permitirán financiar el retiro de 28 trabajadores de la educación”, destacó Riquelme. El parlamentario señaló que la gestión, sin embargo, no termina con la disponibilidad presupuestaria, ya que ahora corresponde avanzar en la materialización efectiva de los pagos. “Los recursos están. Ahora esperamos que el Mineduc y el SLEP actúen con la misma rapidez para que este dinero llegue efectivamente a los docentes y asistentes que llevan años esperando. Vamos a seguir fiscalizando hasta que el último de ellos reciba lo que por ley le corresponde”, enfatizó. Riquelme agregó que continuará realizando seguimiento al proceso, especialmente considerando que Dipres informó que el Mineduc debe solicitar los respectivos recursos de caja antes de efectuar los pagos, por lo que todavía existen actuaciones administrativas que deben concretarse para que los beneficiarios reciban finalmente sus incentivos.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) abrió la convocatoria 2026 para financiar proyectos de investigación e innovación en seguridad y salud en el trabajo. El proceso contempla un presupuesto de $1.664 millones y está dirigido a universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y personas investigadoras. Las postulaciones estarán abiertas entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través de la plataforma Fondos.gob.cl. Los recursos provienen del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la Ley N°16.744. Entre las áreas priorizadas para esta versión se encuentran la salud mental y los riesgos psicosociales, la aplicación de inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales, los trastornos musculoesqueléticos y la ergonomía. También se consideran iniciativas relacionadas con vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, control de factores de riesgo ocupacional y nuevas estrategias de gestión preventiva. La convocatoria contempla además proyectos especiales relacionados con la prevención de la silicosis y la hipoacusia de origen ocupacional, la evaluación ergonómica de manipuladoras y manipuladores de alimentos de Junaeb, las condiciones laborales de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y los efectos de la exposición a solventes y plaguicidas en la salud de las personas trabajadoras.
