El SERNAC de la región de Magallanes y Antártica Chilena, junto a Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio de Impuestos Internos, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, la municipalidades de Puerto Natales y de Torres del Paine y la División de fiscalización de transportes de la SEREMITT, desarrollaron una fiscalización a las empresas del mercado del turismo, servicios de alojamiento y restaurantes que operan en en la Provincia de Última Esperanza, tanto en la comuna de Puerto Natales como dentro del Parque Nacional Torres del Paine. El operativo multitarea, se realizó en el contexto de una planificación anual para esta época estival, periodo donde el Parque Torres del Paine ha recibido a cientos de turistas nacionales y extranjeros. El objetivo de esta acción es verificar en terreno aspectos normativos de la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo, como verificar la disponibilidad y corroborar que se esté informando adecuadamente toda comunicación relevante, en materias como: Información y publicación de precios. Información de productos y servicios. Deber de profesionalidad. Seguridad en el consumo de bienes y servicios. Por su parte, la Ley de Turismo (Ley N° 20.423), señala que, tanto los prestadores de servicios de alojamientos, y actividades de turismo aventura, deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. El Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, explicó que este tipo de despliegue conjunto y multitarea permite verificar en terreno si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en la Provincia de Última Esperanza en la temporada estival, cumple con todas las exigencias establecidas, evitando malas prácticas, lo que va en directo beneficio de las personas consumidoras. Además, este operativo nos permitió difundir los derechos contenidos en la ley de protección del consumidor en espacios junto a organizaciones sociales y funcionarios de OIRS de la Provincia. Por su parte, el Director Regional de SERNATUR, Víctor Román León, indicó que este operativo conjunto tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de la normativa turística y entregar mayor seguridad y confianza a quienes visitan nuestra región. En este trabajo se fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Turismo y el Decreto 19, y además se orienta a los prestadores que aún no están registrados para que se formalicen en el Registro Nacional de Servicios Turísticos. También se verifica en terreno que lo que se ofrece y publicita coincida efectivamente con el servicio que se entrega. Cabe destacar que SERNAC en conjunto con diversas instituciones ya han realizado estas fiscalizaciones integradas que permiten que cada servicio inspeccione el cumplimiento de las normativas sectoriales que protegen a las y los consumidores. En caso de detectar infracciones, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las personas consumidoras.
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.797, conocida como Ley Jacinta , se introducen modificaciones a la Ley de Tránsito, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad vial y las exigencias para quienes conducen. La norma rinde homenaje a Jacinta González Schnitzer, una lactante de cinco meses que falleció en 2022 tras ser atropellada por un conductor de 80 años con cáncer avanzado. La implementación de la ley fue valorada por Ignacio González, padre de la menor, quien calificó la medida como un avance fundamental para la protección en las calles. En ese sentido, subrayó que su objetivo no es punitivo, sino preventivo. Esta ley no busca perseguir a nadie, sino que todo lo contrario, es protección a la ciudadanía donde se ocupa de que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea idónea para ello, afirmó. El padre de la menor destacó además el componente de reparación que incorpora la norma, al fortalecer las indemnizaciones y los mecanismos de apoyo en caso de tragedia. A su juicio, la ley no solo apunta a prevenir accidentes, sino también a acompañar de mejor manera a las familias afectadas. Hoy sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles. Y por lo mismo, es una ley muy humana, que busca la prevención de pérdida de vidas (...) y en el caso que lamentablemente pase, acompañarlos de una parte mucho más humana, con apoyo laboral y financiero, agregó González. Nuevas exigencias y SOAP con doble cobertura En el plano operativo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detalló los alcances prácticos de la ley, tanto para la obtención de licencias como para el mercado de seguros. La autoridad confirmó que las aseguradoras ya están comercializando las nuevas pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), las cuales han duplicado sus montos de cobertura por invalidez o muerte, lo que ha implicado un alza de precio. Se empiezan a vender los nuevos seguros que tienen un valor distinto al que teníamos antes de la promulgación de la ley y que tienen una cobertura que es el doble de la que ofrecían los seguros anteriores, explicó Muñoz. Respecto a los conductores, el secretario de Estado aclaró que se estandarizarán los criterios médicos para evitar que personas con salud incompatibles obtengan licencia. Lo único relevante que cambia es esta declaración jurada por parte de cada postulante a una licencia de conducir, en el que tiene que indicar si es que está en conocimiento de alguna condición médica, sentenció el ministro. Fuente: Cooperativa.cl
El Puerto de San Antonio fue el escenario de la ceremonia de celebración de promulgación de la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, más conocida como Ley de Cabotaje, instancia que contó con la participación del ministro de Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, junto a otras autoridades como la directora de InvestChile, Karla Flores; la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros; el gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda; la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva; el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; junto a representantes de gremios y empresas portuarias. La ley, liderada en su tramitación legislativa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con el Ministerio de Economía, moderniza el transporte de carga naviero, impulsando la competitividad del país y permitiendo una mayor eficiencia logística en el transporte de carga, reduciendo las emisiones contaminantes y disminuyendo las tarifas del cabotaje marítimo de contenedores y otros costos asociados. Además, la nueva Ley que está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República para posterior publicación, contiene énfasis en seguridad y soberanía nacional, ya que en su elaboración participó el Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “Esta ley es tremendamente relevante pues viene a sacar del estancamiento histórico en el que estaba sumido el cabotaje en nuestro país. Si bien existía consenso sobre la necesidad de flexibilizar los servicios de cabotaje y por más de una década el Estado, en distintos gobiernos, buscó introducir cambios a la legislación vigente, no se logró avanzar. Pero hablo en pasado, porque el trabajo arduo durante este gobierno de dos ministerios y ambas Cámaras hoy hace posible que estemos dando este importante paso”. Muñoz agregó que “se trata de un nuevo marco regulatorio que logró navegar entre las legítimas aspiraciones y preocupaciones de múltiples actores que influyen en esta industria, manteniendo la regulación actual que prohíbe a las navieras extranjeras realizar cabotaje en Chile, pero optimizando y flexibilizando el uso de las excepciones que la misma normativa contempla. Además, esta ley elimina las barreras de entrada a nuevos actores nacionales para mejorar la competencia, generando a su vez empleo y fomentando la marina mercante nacional”. En tanto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía Álvaro García, aseguró que “La ley del cabotaje es una gran noticia económica para el país, porque hace más competitiva nuestras exportaciones, permite que exportemos más al resto del mundo, generemos mejores empleos en Chile y hace más baratas las importaciones, es decir los bienes que consumimos cotidianamente las familias. Esta ley propicia el crecimiento económico y cuida el bolsillo de las familias. Hay que resaltar que en esta legislación contribuyó el gobierno impulsando una iniciativa que llevaba más de 10 años en tramitación, en estrecha colaboración con los parlamentarios, con el movimiento sindical a través de los gremios portuarios y con el sector empresarial. Cuando colaboramos, avanzamos. Y este es un ejemplo concreto de ello”. Se estima que la nueva Ley reducirá entre un 19% y 39% la tarifa del flete de contenedores y otros costos asociados, lo que representará un ahorro entre US$128 millones y US$267 millones al año. Además, la ley permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia, lo cual favorecerá principalmente a las MiPymes importadoras y exportadoras. Al respecto, la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva, señaló que “La Ley de Cabotaje es un paso extraordinariamente significativo en términos de eficiencia, resiliencia e integración. Permitirá, por ejemplo, mitigar los efectos de cierres temporales de puertos, al poder mover carga de comercio exterior entre nuestros propios puertos. Y desde la mirada de la competitividad y la integración regional, abre nuevas oportunidades para fortalecer los corredores bioceánicos”. Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio indicó que “hoy celebramos un hito histórico para la logística y el comercio exterior de nuestro país. Esta iniciativa abre la puerta a una mayor eficiencia en el transporte de carga, lo que podría traducirse en reducciones de tarifas de flete y ahorros en la cadena logística, fortaleciendo la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales”.
El SERNAC de la región de Magallanes y Antártica Chilena, junto a Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio de Impuestos Internos, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, la municipalidades de Puerto Natales y de Torres del Paine y la División de fiscalización de transportes de la SEREMITT, desarrollaron una fiscalización a las empresas del mercado del turismo, servicios de alojamiento y restaurantes que operan en en la Provincia de Última Esperanza, tanto en la comuna de Puerto Natales como dentro del Parque Nacional Torres del Paine. El operativo multitarea, se realizó en el contexto de una planificación anual para esta época estival, periodo donde el Parque Torres del Paine ha recibido a cientos de turistas nacionales y extranjeros. El objetivo de esta acción es verificar en terreno aspectos normativos de la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo, como verificar la disponibilidad y corroborar que se esté informando adecuadamente toda comunicación relevante, en materias como: Información y publicación de precios. Información de productos y servicios. Deber de profesionalidad. Seguridad en el consumo de bienes y servicios. Por su parte, la Ley de Turismo (Ley N° 20.423), señala que, tanto los prestadores de servicios de alojamientos, y actividades de turismo aventura, deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. El Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, explicó que este tipo de despliegue conjunto y multitarea permite verificar en terreno si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en la Provincia de Última Esperanza en la temporada estival, cumple con todas las exigencias establecidas, evitando malas prácticas, lo que va en directo beneficio de las personas consumidoras. Además, este operativo nos permitió difundir los derechos contenidos en la ley de protección del consumidor en espacios junto a organizaciones sociales y funcionarios de OIRS de la Provincia. Por su parte, el Director Regional de SERNATUR, Víctor Román León, indicó que este operativo conjunto tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de la normativa turística y entregar mayor seguridad y confianza a quienes visitan nuestra región. En este trabajo se fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Turismo y el Decreto 19, y además se orienta a los prestadores que aún no están registrados para que se formalicen en el Registro Nacional de Servicios Turísticos. También se verifica en terreno que lo que se ofrece y publicita coincida efectivamente con el servicio que se entrega. Cabe destacar que SERNAC en conjunto con diversas instituciones ya han realizado estas fiscalizaciones integradas que permiten que cada servicio inspeccione el cumplimiento de las normativas sectoriales que protegen a las y los consumidores. En caso de detectar infracciones, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las personas consumidoras.
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.797, conocida como Ley Jacinta , se introducen modificaciones a la Ley de Tránsito, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad vial y las exigencias para quienes conducen. La norma rinde homenaje a Jacinta González Schnitzer, una lactante de cinco meses que falleció en 2022 tras ser atropellada por un conductor de 80 años con cáncer avanzado. La implementación de la ley fue valorada por Ignacio González, padre de la menor, quien calificó la medida como un avance fundamental para la protección en las calles. En ese sentido, subrayó que su objetivo no es punitivo, sino preventivo. Esta ley no busca perseguir a nadie, sino que todo lo contrario, es protección a la ciudadanía donde se ocupa de que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea idónea para ello, afirmó. El padre de la menor destacó además el componente de reparación que incorpora la norma, al fortalecer las indemnizaciones y los mecanismos de apoyo en caso de tragedia. A su juicio, la ley no solo apunta a prevenir accidentes, sino también a acompañar de mejor manera a las familias afectadas. Hoy sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles. Y por lo mismo, es una ley muy humana, que busca la prevención de pérdida de vidas (...) y en el caso que lamentablemente pase, acompañarlos de una parte mucho más humana, con apoyo laboral y financiero, agregó González. Nuevas exigencias y SOAP con doble cobertura En el plano operativo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detalló los alcances prácticos de la ley, tanto para la obtención de licencias como para el mercado de seguros. La autoridad confirmó que las aseguradoras ya están comercializando las nuevas pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), las cuales han duplicado sus montos de cobertura por invalidez o muerte, lo que ha implicado un alza de precio. Se empiezan a vender los nuevos seguros que tienen un valor distinto al que teníamos antes de la promulgación de la ley y que tienen una cobertura que es el doble de la que ofrecían los seguros anteriores, explicó Muñoz. Respecto a los conductores, el secretario de Estado aclaró que se estandarizarán los criterios médicos para evitar que personas con salud incompatibles obtengan licencia. Lo único relevante que cambia es esta declaración jurada por parte de cada postulante a una licencia de conducir, en el que tiene que indicar si es que está en conocimiento de alguna condición médica, sentenció el ministro. Fuente: Cooperativa.cl
El Puerto de San Antonio fue el escenario de la ceremonia de celebración de promulgación de la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, más conocida como Ley de Cabotaje, instancia que contó con la participación del ministro de Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, junto a otras autoridades como la directora de InvestChile, Karla Flores; la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros; el gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda; la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva; el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; junto a representantes de gremios y empresas portuarias. La ley, liderada en su tramitación legislativa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con el Ministerio de Economía, moderniza el transporte de carga naviero, impulsando la competitividad del país y permitiendo una mayor eficiencia logística en el transporte de carga, reduciendo las emisiones contaminantes y disminuyendo las tarifas del cabotaje marítimo de contenedores y otros costos asociados. Además, la nueva Ley que está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República para posterior publicación, contiene énfasis en seguridad y soberanía nacional, ya que en su elaboración participó el Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “Esta ley es tremendamente relevante pues viene a sacar del estancamiento histórico en el que estaba sumido el cabotaje en nuestro país. Si bien existía consenso sobre la necesidad de flexibilizar los servicios de cabotaje y por más de una década el Estado, en distintos gobiernos, buscó introducir cambios a la legislación vigente, no se logró avanzar. Pero hablo en pasado, porque el trabajo arduo durante este gobierno de dos ministerios y ambas Cámaras hoy hace posible que estemos dando este importante paso”. Muñoz agregó que “se trata de un nuevo marco regulatorio que logró navegar entre las legítimas aspiraciones y preocupaciones de múltiples actores que influyen en esta industria, manteniendo la regulación actual que prohíbe a las navieras extranjeras realizar cabotaje en Chile, pero optimizando y flexibilizando el uso de las excepciones que la misma normativa contempla. Además, esta ley elimina las barreras de entrada a nuevos actores nacionales para mejorar la competencia, generando a su vez empleo y fomentando la marina mercante nacional”. En tanto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía Álvaro García, aseguró que “La ley del cabotaje es una gran noticia económica para el país, porque hace más competitiva nuestras exportaciones, permite que exportemos más al resto del mundo, generemos mejores empleos en Chile y hace más baratas las importaciones, es decir los bienes que consumimos cotidianamente las familias. Esta ley propicia el crecimiento económico y cuida el bolsillo de las familias. Hay que resaltar que en esta legislación contribuyó el gobierno impulsando una iniciativa que llevaba más de 10 años en tramitación, en estrecha colaboración con los parlamentarios, con el movimiento sindical a través de los gremios portuarios y con el sector empresarial. Cuando colaboramos, avanzamos. Y este es un ejemplo concreto de ello”. Se estima que la nueva Ley reducirá entre un 19% y 39% la tarifa del flete de contenedores y otros costos asociados, lo que representará un ahorro entre US$128 millones y US$267 millones al año. Además, la ley permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia, lo cual favorecerá principalmente a las MiPymes importadoras y exportadoras. Al respecto, la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva, señaló que “La Ley de Cabotaje es un paso extraordinariamente significativo en términos de eficiencia, resiliencia e integración. Permitirá, por ejemplo, mitigar los efectos de cierres temporales de puertos, al poder mover carga de comercio exterior entre nuestros propios puertos. Y desde la mirada de la competitividad y la integración regional, abre nuevas oportunidades para fortalecer los corredores bioceánicos”. Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio indicó que “hoy celebramos un hito histórico para la logística y el comercio exterior de nuestro país. Esta iniciativa abre la puerta a una mayor eficiencia en el transporte de carga, lo que podría traducirse en reducciones de tarifas de flete y ahorros en la cadena logística, fortaleciendo la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales”.
